1. La conformación del Frente Popular

Luego de un gobierno de ofensiva derechista¹, el Frente Popular se había planteado de modo abierto como un frente de colaboración de clases, con la promesa de enfrentar a los sectores identificados como los “más reaccionarios” entre los capitalistas. El frente estaba compuesto por partidos de la burguesía republicana progresista (Izquierda Republicana, liderada por Manuel Azaña, y Unión Republicana, liderada por Diego Martínez Barrio) junto con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España.

El acuerdo electoral que dio a luz al frente fue firmado el 15 de enero de 1936. Era un documento de ocho puntos; pero expresaba menos un acuerdo sobre un programa común que la aceptación, por parte de los partidos obreros, del programa de los republicanos burgueses. Se trataba de un programa liberal encerrado en un marco capitalista, que excluía de manera expresa la nacionalización de la tierra o de la banca, además del control obrero sobre la industria. El PSOE y el PC se comprometieron, por escrito, a renunciar a la revolución obrera² (Broué y Témime, 1962: 76-77; Malefakis, 1971: 38).

La presión para formar la coalición fue tal que la fuerte corriente anarquista (Federación Anarquista Ibérica-FAI), que dirigiría la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), por primera vez desechó su consigna tradicional de sabotear las elecciones y no votar, para llamar a un apoyo al Frente Popular (Broué y Témime, 1962: 78).

Al pacto electoral suscribió también el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Este reagrupamiento era la fusión del Bloque Obrero y Campesino (BOC), referenciado en Joaquín Maurín, con la Izquierda Comunista de España (ICE), dirigida por Andreu Nin y Juan Andrade, entre otros. Izquierda Comunista había llegado a ser la sección española de la Oposición de Izquierda; Nin fue durante un tiempo el principal interlocutor de León Trotsky en el país. No obstante, su fusión con el Bloque de Maurín en 1935 había implicado la ruptura con Trotsky; su ingreso al Frente Popular la profundizó (véase la sección 9 de este trabajo).

En debate con la vanguardia obrera española, Trotsky señalaba que el frente único es un acuerdo de acción común, que se desarrolla entre organizaciones de la clase obrera. El frente popular, en cambio, es un bloque con partidos de la burguesía. Dentro de un frente único, cada organización política obrera conserva su programa, su periódico político y su derecho de crítica, con el objetivo común de poner en movimiento a las masas detrás de sus propias reivindicaciones. En contraposición, la composición de un frente popular obliga a un partido obrero a renunciar de antemano a su programa, porque las banderas que levante tienen que resultar aceptables para el aliado burgués³ (Trotsky, “Lección de España, última advertencia”. 1977 [1937d]: 211)⁴.

2. De las elecciones de febrero al golpe militar de julio (1936)

La campaña electoral de febrero de 1936 en la II República Española parecía dominada por el derechismo burgués, mientras un número importante de referentes obreros seguía en la cárcel luego de la represión contra la rebelión obrera/popular en Asturias, dos años previa⁵. Estos sectores habían agitado el voto como declaración “contra la revolución” (Vilar, 1978: 140). Sin embargo, fueron derrotados por 4.206.156 de votos por el Frente Popular contra 3.783.601 de la coalición de derecha⁶. A pesar de su programa extremadamente limitado, el Frente Popular incluía demandas que movilizaron fuertemente a las masas, como la amnistía para los presos políticos (Broué y Témime, 1962: 78; Vilar, 1978: 140-141).

En palabras de Pierre Vilar (Op. cit.: 140), “el fracaso de la consigna ‘contra la revolución’ dio un sentido revolucionario [para las masas] a unas elecciones, unas Cortes y un programa aparentemente más moderados […]”. Sin esperar el decreto de amnistía, enormes manifestaciones abrieron las cárceles desde el día siguiente de las elecciones. En el campo también se desató una tendencia hacia la rebelión. En distintos puntos del país (como Extremadura, Andalucía y Castilla), los campesinos se instalaron en los dominios de los grandes propietarios para cultivarlos por su cuenta, sin esperar al decreto oficial de reforma agraria (Broué y Témime, 1962: 83-84).

La corporación militar, uno de los bastiones del Antiguo Régimen español, comenzó a conspirar contra el nuevo gobierno casi de inmediato (Vilar, 2000 [1986]: 47). Sus circuitos, no obstante, quedaron intactos.

Las únicas medidas que había tomado contra los posibles conspiradores el nuevo presidente de la República⁷, Manuel Azaña, fueron dar beneficios a los oficiales de alto rango que soliciten la baja para impulsarlos a abandonar la fuerza y enviar a los generales más sospechosos a puestos lejanos. Ninguna de las dos propuestas detuvo en lo más mínimo la conspiración golpista⁸ (Broué y Témime, 1962: 91-92; Vilar, 2000 [1986]: 47, 50).

El presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, planteó que las alertas sobre un proyecto golpista en curso eran meros rumores de café (Vilar, 1978: 141). El 18 de mayo, el Ministerio de Guerra frentepopulista sacó un comunicado para refutar los rumores sobre el estado de ánimo de la oficialidad y certificó que las fuerzas se mantenían en la más estricta disciplina (Broué, en Trotsky, 1977: 53, n. 3). El 17 de julio, una Junta Militar inició la sublevación.

3. Golpe militar y rebelión obrera

La intentona golpista fue parcialmente vencida por la clase trabajadora, que improvisó en pocas horas el armamento y la resistencia armada en distintas partes (pero no todas) del país. De este modo, España quedó dividida en una zona bajo control de los sublevados y otra bajo el gobierno republicano.

En Madrid, Valencia y Asturias, los trabajadores improvisaron en pocas horas el armamento y la resistencia, y vencieron tras encarnizados combates. En Barcelona los obreros habían empezado a armarse dos días antes por su cuenta, tomando escopetas de caza en los comercios, dinamita en las obras, etc.⁹; una vez en la batalla contra los golpistas, milicias obreras asaltaron los cuarteles derrotados (como el Cuartel de San Andrés) y confiscaron sus arsenales (Broué y Témime, 1962: 120-123)¹⁰. En las flotas navales, distintos capitanes que se declaraban a favor del alzamiento eran depuestos por sus tropas (Vilar, 2000 [1986]: 60).

Citando nuevamente a Pierre Vilar (1978: 143): “En efecto, el golpe de Estado triunfó, en el sentido de que privó a la República de casi todos sus cuadros militares […] Pero el golpe de Estado fracasó en el sentido de que el ejército no reconstituyó los poderes sino sobre una parte restringida del territorio [español]: en las otras partes fue desarmado por la población […] Lo mismo que el parlamentarismo de 1932 no había podido gobernar sin las masas, el pronunciamiento no pudo imponerse contra ellas”¹¹. Vilar también aclara que “el pueblo no es una vaga muchedumbre: partidos, sindicatos, ‘juventudes’ dan los cuadros de los combatientes populares” (ídem).

En el mismo movimiento que los llevaba al combate, las masas obreras liquidaron los problemas de la sociedad española aportando sus propias soluciones: acabaron con los viejos cuerpos de represión, se apoderaron de las fábricas y de las tierras, y comenzaron a ejercer el poder directamente a través de comités (también llamados juntas o consejos).

Estos comités, nacidos también en el combate contra el golpe, concentraban tanto funciones legislativas como ejecutivas; decidían sobre el orden público, el control de precios y el proceso de socialización de las empresas y de tierras en manos del clero y de los grandes propietarios (Broué y Témime, 1962: 139-143)¹².

En amplias zonas de Cataluña, de Aragón, del Levante, la propiedad cambió de manos en cuestión de semanas. Unas dos mil fábricas y empresas de todo tipo, incluyendo hoteles y comercios, fueron colectivizadas en distintos grados. Los embates que la República burguesa no había podido propinarle a los terratenientes en cinco años fueron propinados por la acción directa de campesinos y obreros armados (Broué y Témime, 1962: 170-182).

El intento de contrarrevolución preventiva de la junta militar, paradójicamente, desató la revolución proletaria.

4. Doble poder

No obstante, desde el inicio de la resistencia, el gobierno republicano se negó a entregar armas a los trabajadores. En los casos en que la distribución existió, fue porque los obreros se habían apoderado de las armas por la fuerza, y el poder oficial burgués sólo admitió sancionar, a regañadientes, los hechos ya consumados.

El poder que derrotó al golpe surgió por fuera y por debajo del gobierno legal; los altos funcionarios de la República veían con claridad que distribuir las armas entre la clase obrera movilizada significaba ceder ante un poder obrero¹³.

El Estado republicano había volado en pedazos entre la sublevación de su propio ejército, por un lado, y el ascenso de las masas obreras armadas, por el otro. El único dirigente burgués que aceptó la tarea de ponerse al frente del gobierno luego de las renuncias de Casares Quiroga y Martínez Barrio fue José Giral, referente de Izquierda Republicana, profesor universitario en un período en el que el cargo tenía aires de élite, y amigo personal de Manuel Azaña.

Su autoridad en los primeros días apenas superaba los alrededores de Madrid; donde sobrevivía menos por su acción propia que por el apoyo mecánico de las organizaciones obreras. Con el visto bueno o con la inacción de las corrientes proletarias, Giral fue reconstruyendo la autoridad policial oficial en la ciudad, que se transformó en el emblema del orden republicano (Broué y Témime, 1962: 132, 134-135).

Barcelona, en contraposición, se había convertido en el bastión de los consejos obreros. Los trabajadores patrullaban las calles con el fusil al hombro; las empresas estaban cubiertas de carteles de colectivización (Broué y Témime, 1962: 133-134)¹⁴.

Los primeros días, la mayoría de los comités, juntas y consejos funcionó sin especialización, ni reparto de atribuciones. El comité (o una asamblea del pueblo) era a la vez órgano deliberativo, tribunal y consejo de guerra. Muy pronto, al menos en las grandes ciudades, evolucionaron políticamente hacia la formación de cuerpos especializados orientados a mantener el orden revolucionario¹⁵, tanto contra los adversarios de la revolución como contra posibles aprovechadores y meros bandoleros (Broué y Témime, 1962: 156-157, 163-165). Eran los primeros rasgos claros de un Estado de nuevo tipo, surgido de la abolición del aparato estatal burgués, y orientado al combate contra el enemigo de clase.

A partir del verano de 1936, entonces, lo que existía en la España republicana era una situación de doble poder: dos poderes que se disputaban la capacidad de mando sobre la misma sociedad. Por un lado, subsistía el gobierno republicano, un fantasma del pasado legal. Por el otro, emergió el poder obrero, el de los comités, las milicias y los sindicatos, sobre todo la Confederación Nacional del Trabajo. Pero una dualidad tal no puede mantenerse eternamente. Uno de los dos poderes tiende a consumir al otro para sobrevivir… o a dejarse consumir por el otro y suicidarse.

5. Dilemas de los órganos de doble poder

En pocos días habían quedado destruidas las bases económicas de la burguesía en amplias regiones de España, a partir de la toma de las fábricas por parte de los obreros y la ocupación de los campos por parte de los campesinos.

Sin embargo, los comités obreros no reflejaban de modo tan claro el proceso de debate político en el seno de la clase. En algunos casos los elementos proletarios más activos sí cristalizaron, a través del desarrollo mismo de la lucha contra el fascismo, quiénes integraban los órganos de poder; en otros, sus miembros fueron elegidos mediante elecciones entre los obreros; pero en la mayoría de los casos los comités simplemente estaban a cargo de responsables de las distintas organizaciones políticas, según sus acuerdos. Esto le dio ventaja a la socialdemocracia del PSOE y al estalinismo en varios comités (Broué y Témime, 1962: 141-142)¹⁶.

El 21 de julio, terminados los combates en Barcelona, las organizaciones y corrientes políticas obreras catalanas fueron convocadas al palacio de la Generalitat, el órgano de gobierno republicano en Cataluña. Allí acudieron la CNT anarquista y la corriente que la animaba, la FAI, así como el POUM; también la Unión General de Trabajadores (UGT), dirigida por la socialdemocracia del PSOE (aunque con el PC en posiciones importantes) y el estalinismo (en tentativas de fundar su seccional para la región catalana, el Partit Socialista Unificat de Catalunya-PSUC).

El presidente del organismo, el nacionalista burgués catalán Lluís Companys, declaró que los grupos obreros eran los amos de la ciudad. Dado que ellos y sólo ellos habían vencido a los golpistas, y que las fuerzas policiales republicanas se habían disuelto al calor de los enfrentamientos, Companys les propuso formar un gobierno de unidad nacional en Cataluña, y admitió que renunciaría en caso contrario. Las corrientes aceptaron.

Diego Abad de Santillán, referente del anarquismo, declaró tiempo después: “Podíamos ser únicos, imponer nuestra voluntad absoluta, declarar caduca la Generalidad e instituir en su lugar el verdadero poder del pueblo; pero nosotros no creíamos en la dictadura cuando se ejercía contra nosotros y no la deseábamos cuando la podíamos ejercer nosotros […]” (Santillán, 1940; citado en Broué y Témime, 1962: 145). La negativa de desarrollar la dictadura del proletariado bajo los consejos sólo terminaría beneficiando al desarrollo de la dictadura del capital bajo Francisco Franco.

6. El doble poder en el resto del país

La tensión entre el poder obrero y el poder burgués se dejó sentir en la amplia mayoría de la zona republicana (para toda esta sección, Broué y Témime, 1962: 148-155).

En Valencia, el gobierno republicano formó una “Junta Delegada del Gobierno para el Levante” para oponer abiertamente la autoridad legal al “Comité Ejecutivo Popular”, que había surgido a partir del choque contra los militares. Como funcionario de la Junta Delegada, Martínez Barrio exigió el fin de la huelga que habían puesto en pie los obreros contra el fascismo, y el retorno a la legalidad. Martínez Barrio se encontraba bajo fuerte sospecha por parte de la clase trabajadora local, acusado de seguir buscando, todavía, un compromiso con un sector de la corporación militar.

El 23 de julio, la Junta Delegada anunció la disolución del Comité. El organismo quedó dividido políticamente: el partido de Manuel Azaña y el PC aceptaron la sumisión a la autoridad legal; pero el POUM, la FAI y la CNT, y el PSOE y su central sindical UGT desconocieron la orden. La situación se destrabó con el intento de sublevación militar en el cuartel de Paterna. El Comité Ejecutivo Popular logró movilizar a sus milicianos para asaltar y capturar exitosamente la base; los guardias civiles que debían responder a la Junta Delegada republicana, en cambio, se unieron al golpe. El gobierno reconoció su derrota frente al poder obrero; disolvió la Junta, y nombró gobernador civil al presidente del Comité. En definitiva, sancionó un hecho consumado.

En Asturias se desplegaron comités obreros y campesinos en pueblos y cuencas mineras, a un punto tal que surgieron no una sino dos autoridades provinciales contrapuestas. Una, el “Comité de Guerra de Gijón”, presidido por Segundo Blanco de la CNT; la otra, el “Comité Popular de Sama de Langreo”, dirigido por el PSOE, con presencia de miembros del PC y republicanos. Ambos se terminaron fusionando un par de meses más tarde.

En Aragón, la reconquista del territorio por parte de las milicias catalanas fue acompañada, en cada pueblo, por asambleas que juzgaban a los prisioneros y elegían comités. En esta región, al mando de los consejos casi siempre quedaban activistas anarquistas. En octubre, un congreso de comités, reunido cerca del cuartel general del destacado dirigente anarquista Buenaventura Durruti, eligió un Consejo de Defensa presidido por Joaquín Ascaso, referente del sindicato de la construcción que formaba parte de la CNT. El Consejo de Defensa actuó como un organismo regional, establecido a partir de la unión de los comités locales.

En algunas ciudades o regiones, como Santander en el norte o Málaga en el sur, las comisiones funcionaban incluso con sus propios ministerios soberanos, y sus autoridades debieron ser reconocidas, también a regañadientes, por la República.

Un caso particular se dio en el País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), que preconizaba mayor autonomía de la región en el marco del Estado español, siguió siendo incontestablemente mayoritario. Esta fuerza se pronunció el 19 de julio contra la sublevación y a los pocos días se adhirió al Frente Popular, pero era un partido de ardientes defensores de la Iglesia y de la propiedad (Vilar, 2000 [1986]: 104). Las juntas de defensa que se constituyeron en territorio vasco operaron como murallas contra la revolución social. Allí donde eran mayoría, los nacionalistas burgueses exigieron los puestos de comisario de orden público para imponer disciplina en la retaguardia. En pocas semanas, el PNV logró recuperar casi la totalidad de las armas pasadas a manos obreras en San Sebastián.

7. Hacia la liquidación del poder obrero

El obstáculo principal para que se destrabe la situación se encontraba en las direcciones del movimiento obrero: el estalinismo, la socialdemocracia (PSOE) y el anarquismo (CNT-FAI). Estos, arrastrados por el empuje de las masas, se preocupaban ante todo de encauzarlo en los marcos del acuerdo que conllevaba el Frente Popular.

El 4 de septiembre de 1936 el presidente del consejo de ministros Giral renunció, y se formó un nuevo gobierno de Frente Popular presidido por Francisco Largo Caballero. Secretario general de la UGT y jefe del ala izquierda del socialismo, Largo Caballero venía pronunciándose, al menos retóricamente, a favor de una revolución obrera y en contra de las tentativas reformistas y democratizantes, a partir de la experiencia agria de la revolución de Asturias de 1934¹⁷ (Broué y Témime, 1962: 84-85, 225-226). Con el importante matiz, eso sí, de que la dictadura del proletariado debía ejercerse a través del partido socialista en lugar de los consejos o soviets.

A contramano de su radicalización, ahora aceptaba encabezar un gobierno que se mantenía dentro del marco del Estado republicano en la expectativa de poder recibir apoyos de las repúblicas “democráticas” burguesas. De este modo, él también renunciaba a la revolución de manera (supuestamente) provisoria para ganar primero la guerra. En los hechos, entonces, su programa era similar al del burgués Giral (Broué y Témime, 1962: 233-234).

Un eslabón fundamental de la fagocitación del poder obrero fue la disolución de sus milicias. El Frente Popular reclamaba un ejército único y una disciplina militar única, en defensa de lo cual se presionaba por el desarme de las columnas de trabajadores y su disolución dentro del ejército estatal regular.

Las experiencias de ascenso y triunfo de toda revolución social moderna, incluyendo tanto las revoluciones burguesas del pasado como las revoluciones obreras del presente, plantearon la cuestión de la construcción de una fuerza armada centralizada que pueda defender al proceso revolucionario frente a sus agresores¹⁸.

Sin embargo, el debate en la zona republicana giraba en verdad, a diferencia del caso ruso, en torno a cuál sería el sujeto social detrás de la centralización. Los dirigentes frentepopulistas sostenían que primero había que ganar la guerra y solo después hacer la revolución; por ello, apostaban a que las fuerzas obreras estén conducidas por la oficialidad republicana (burguesa). En los hechos, esa estrategia significaba estrangular el proceso revolucionario.

El gobierno de Largo Caballero lanzó un decreto el 29 de septiembre de 1936 que movilizó masivamente a la población al frente mediante la conscripción, y al día siguiente emitió un segundo decreto de militarización de las milicias. El reparto de armas se convirtió en un mecanismo de presión fundamental, porque solamente las recibían las unidades “reorganizadas” bajo las directrices republicanas (Broué y Témime, 1962: 253-254).

El 26 de septiembre, dos meses después de que Lluís Companys y el nacionalismo burgués se pongan de rodillas frente al poder obrero, se constituyó un nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña que incluyó formalmente tanto a la FAI-CNT como al POUM. Los anarquistas recibieron las consejerías de Economía, Abastos (alimentos y distribución), y Sanidad y Asistencia Social; Andreu Nin recibió la Consejería de Justicia; los republicanos burgueses, con Companys a la cabeza, mantenían sin embargo la dirección política.

El 1 de octubre, el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña se disolvió a sí mismo. El 9 de octubre, un decreto adoptado en Consejo, con la aprobación de Andreu Nin y de los consejeros de la CNT, disolvió en toda Cataluña los comités locales (Broué y Témime, 1962: 246-247; Bolloten, 1971: 137). Nin tuvo que ir en persona a Lérida para persuadir a los militantes locales del POUM de entregar las armas (y, en la práctica, el poder) a la municipalidad oficial¹⁹ (Alba y Schwartz, 1988: 140).

8. El punto cúlmine de la liquidación: las jornadas de mayo (Cataluña 1937)

El eslabón central del proceso de liquidación del poder obrero fueron las duras Jornadas de Mayo de 1937 en Barcelona, cuando la Generalitat republicana intentó arrebatarle a la CNT la central telefónica, bastión del poder obrero.

El edificio de la Telefónica ilustra lo que era el doble poder. Tomado en julio por los hombres de la CNT, funcionaba bajo un comité conjunto de la UGT junto a la CNT con un delegado gubernamental, custodiado por milicianos. Eso permitía a los activistas obreros controlar o interrumpir a voluntad las comunicaciones del gobierno catalán.

La pugna por su control estuvo antecedida por una serie de choques y una tensión en crecimiento²⁰. En los días inmediatamente precedentes, corrió en Barcelona la noticia de una circular del Ministerio del Interior que ordenaba desarmar a todos los grupos obreros no integrados en la policía de Estado. Durante varias jornadas, según fuera la relación de fuerzas en cada lugar, obreros y policías se desarmaron unos a otros (Broué y Témime, 1962: 330-335; Bolloten, 1971: 139).

El 3 de mayo, finalmente, Rodríguez Salas, comisario de Orden Público y miembro del PSUC (seccional del PC español), se presentó para desarmar a los milicianos de la planta baja de la central telefónica, pero debió detenerse ante una ametralladora emplazada en los pisos superiores. La respuesta fue una insurrección de masas; la huelga general se expandió casi sola; en horas, los trabajadores levantaron barricadas y se hicieron dueños absolutos de buena parte de la ciudad.

Esa misma noche se reunió el comité regional de la CNT junto al comité ejecutivo del POUM. Delegados poumistas plantearon que el momento decisivo había llegado: era hora de ponerse a la cabeza del movimiento para destruir al enemigo interior… o el movimiento fracasaría, llevándose consigo a todos (Bolloten, 1971: 142). Los dirigentes de la CNT-FAI, sin embargo, no los siguieron, sino que apostaron por un apaciguamiento.

Al día siguiente, al comprobar que los obreros dominaban la ciudad, Companys desautorizó por radio la iniciativa de Rodríguez Salas. Las horas eran, en efecto, decisivas.

El comité regional de la CNT, no obstante, llamó a deponer las armas a su seccional barcelonesa y a la clase obrera, planteando que el fascismo era el enemigo principal. En esas mismas 24 horas, el reagrupamiento “Los Amigos de Durruti”, formado por antiguos compañeros del dirigente muerto en Madrid, llamó a constituir una junta revolucionaria; pero fueron desautorizados por la dirección de la FAI-CNT y, luego, expulsados (Broué y Témime, 1962: 336-338).

Elementos de la 26.ª división del ahora centralizado Ejército Popular (división de la CNT) junto con elementos de la 29.ª división (del POUM) se habían concentrado en Barbastro (Aragón) para marchar sobre Barcelona y reforzar el poder obrero. Los delegados del comité regional de la CNT, no obstante, persuadieron a sus propios jefes militares de detenerse en el camino.

Los dirigentes anarquistas admitieron después, para mostrar su buena fe en el Frente Popular, que habrían tomado el poder en cualquier momento si hubieran querido, dado que todas las fuerzas estaban de su lado. Para León Trotsky, esto equivalía a una confesión: quien renuncia a la conquista del poder se lo deja voluntariamente a quienes ya lo tienen (Trotsky, “Observaciones sobre la insurrección de mayo”, 1977 [1937b]: 218). Trotsky extrajo de mayo la conclusión de que los obreros anarquistas buscaban una salida por la “vía bolchevique”, mientras que sus dirigentes los empujaban hacia el campo del Frente Popular. Sus decisiones en mayo de 1937 significaron sabotear la insurrección, con lo cual salvaron la dictadura de la burguesía.

El 7 de mayo, finalmente, una expedición del ejército republicano ingresó por la fuerza en una Barcelona aislada. El balance oficial fue de 500 muertos, 1.000 heridos. Como en la Comuna de París de 1871, la represión salvaje no la ejecutó el ejército enemigo sino el gobierno burgués propio (esta vez, con protagonismo compartido con el estalinismo).

9. Rol del estalinismo

En el seno de la coalición contra la revolución, el estalinismo constituyó un factor esencial.

En primer lugar, porque la formación de frentes populares era teledirigida desde Moscú. Esta política era una ruptura total y sin coherencia con la orientación que la burocracia soviética levantaba hasta el momento, conocida como la línea del “tercer período” (de carácter sectario y ultraizquierdista). Sobre esta base, rechazaron la convocatoria a un frente único con la socialdemocracia para combatir al nazismo en Alemania. El resultado fue el triunfo de Hitler, quien accedió al poder en 1933.

Este viraje exhibe que la burocracia de Moscú no tenía una doctrina con peso propio, sino que su política consistía meramente en la defensa de sus propios intereses. Para 1936, Stalin y sus hombres buscaban con desesperación aliados diplomáticos entre los gobiernos capitalistas, para fortalecer su posición.

En segundo lugar, porque una vez puesta en movimiento la revolución, la camarilla de Stalin empeñó todas sus fuerzas en impedir una victoria proletaria que sea independiente del control de su aparato. Desde el inicio de la contienda, el estalinismo defendió la tesis de que era imposible hacer una revolución social y ganar la guerra a los fascistas al mismo tiempo. Sus periódicos de alcance internacional (como L’Humanité) precisaban que el proletariado ibérico no luchaba por el establecimiento de su propio poder sino sólo por la defensa del orden republicano dentro del respeto a la propiedad (Broué y Témime, 1962: 218-219, 222-223).

El Partido Comunista y su seccional catalana, el PSUC, asumieron un rol de máxima firmeza e instigación durante las Jornadas de Mayo de 1937. Fueron los abanderados de la necesidad de aplastar a los movimientos revolucionarios de la CNT y el POUM para consolidar un Estado centralizado y militarizado bajo dominio burgués.

El PSUC controlaba consejerías clave en el gobierno regional catalán, y desde ellas presionó activamente para ordenar el asalto al edificio de la Telefónica. Más aún, sus cuadros armados combatieron codo a codo con las fuerzas de seguridad del Estado republicano contra las barricadas de la CNT y del POUM²¹. Para evitar el desarrollo de un movimiento de solidaridad, la prensa comunista acusó públicamente al POUM de ser agentes del fascismo.

En el plano internacional, el estalinismo apostaba por una alianza diplomática o militar con las «democracias» imperialistas (principalmente Inglaterra y Francia) contra Franco. Para atraerlas, la España republicana debía despojarse de toda imagen roja (Bolloten, 1971: 129-130).

Esta estrategia condujo a todas luces a una derrota: Inglaterra y Francia decretaron una política de no intervención que incluía sanciones económicas a los países que entreguen armas a los combatientes; mientras las tropas sublevadas de todas formas recibían apoyo material y logístico, incluso refuerzo militar, por parte de la Italia fascista y la Alemania nazi (el infame bombardeo de Guernica fue realizado por la “Legión Cóndor” alemana y la “Aviación Legionaria” italiana).

10. El terror estalinista contra el POUM

El 15 de mayo, ya efectuada la represión barcelonesa, un ministro del PC (Vicente Uribe) exigió la disolución del POUM y la detención de sus dirigentes. Largo Caballero replicó que, como militante de organizaciones obreras largamente perseguidas por la reacción, se negaba a disolver una organización proletaria por la fuerza. Los ministros del PC forzaron a Largo Caballero a renunciar y lo reemplazaron con Juan Negrín, un elemento del PSOE abiertamente plegado al aparato estalinista (Broué y Témime, 1962: 345-346; Bolloten, 1971: 144-145).

A partir de aquel momento, se abrió la fase de represión sistemática. Negrín formó el Servicio de Investigación Militar, una policía política bajo dirección de los asesores soviéticos que montó cárceles secretas, espionaje e interrogatorios con tortura que reprodujeron en suelo español los procedimientos de la GPU de Stalin en los infames Procesos de Moscú (Bolloten, 1971: 146). El Estado que decía defender la democracia contra el fascismo se dotó de un aparato de terror interno contra la izquierda revolucionaria.

El Partido Comunista acusó a los poumistas de ser saboteadores “trotskistas”. Pero el término “trotskismo” era sólo una maldición que solían lanzar los sacerdotes del estalinismo. En rigor, el POUM había roto con Trotsky y su política años atrás.

Hacia 1934-1935, el dirigente histórico planteaba tomar iniciativas audaces para ganarse al activismo que giraba hacia la izquierda en los partidos socialdemócratas de masas. En el caso español, la evolución política de Largo Caballero, de refractario absoluto de la revolución de Octubre a coquetear (confusamente) con el leninismo, fue un síntoma de este giro que provenía de las bases (Broué y Témime, 1962: 63-65).

Trotsky propuso un ingreso a las filas del PSOE como tendencia con fisonomía propia, para desarrollar una discusión política, exhibir los límites de su dirección, y finalmente saldar la experiencia habiendo reclutado y atraído sectores importantes de las bases. En contraposición, Andreu Nin y los dirigentes de la Izquierda Comunista de España apostaron por la formación de un grupo reducido, supuestamente esclarecido, con el Bloque Obrero y Campesino de Maurín²². Esta última corriente defendía una línea de revolución por etapas para España (Alba y Schwartz, 1988: 29, 33-34) y se oponía a la fundación de la IV Internacional (Gorkin, 1977 [1937]).

Del mismo modo, León Trotsky también le proponía a Andreu Nin no mantener separada de forma artificial su propia central sindical (la Federación Obrera de Unidad Sindical), sino acercarse a las estructuras de la CNT, con la orientación de ganar a los activistas y acercarlos a posiciones nítidamente revolucionarias. Nin rechazó esta orientación y, en su lugar, impulsó disolver los gremios que conducía en las estructuras de la burocracia sindical (UGT), entregando su control al estalinismo. Esta política contribuyó a aislar y desarmar políticamente al grupo; dos meses después del inicio del proceso revolucionario, el POUM va a encontrarse sin base en los sindicatos (Alba y Schwartz, 1988: 130).

Aun así, la represión contra esos luchadores fue bestial. En junio de 1937, Nin, Juan Andrade y todo el ejecutivo del POUM fueron detenidos sobre la base de documentos burdamente falsificados. La represión corrió por cuenta del coronel Antonio Ortega Gutiérrez, director general de seguridad y miembro del PC.

Nin fue entregado a Aleksandr Orlov, jefe de la policía secreta rusa (NKVD) en España, y fue trasladado a una cárcel secreta en Alcalá de Henares. Allí, agentes estalinistas intentaron arrancarle una confesión falsa que permitiera un juicio público espectacular, como los que montaba la burocracia en Moscú. Nin, ya muy enfermo, resistió la tortura y se negó a confesar. Finalmente, fue asesinado en clandestinidad. Su cadáver jamás apareció (Broué y Témime, 1962: 351-357).

11. Hacia la derrota

El gobierno de Negrín liquidó en semanas lo que quedaba de la organización independiente de los trabajadores, con el periódico poumista suprimido el 28 de mayo, el comité ejecutivo del POUM detenido el 16 de junio, Nin desaparecido a manos de la policía secreta rusa, y el Consejo de Aragón disuelto en agosto bajo las balas de tropas del PC.

En ese mismo intervalo las fuerzas republicanas perdieron el norte bajo el ejército fascista. La ayuda gubernamental a ese frente, obstaculizada por la crisis política de mayo, se redujo a operaciones para despistar a las tropas enemigas (Vilar, 2000 [1986]: 83-84). Bilbao cayó en junio de 1937, frente a lo cual el ejército vasco negoció su rendición con las fuerzas de Mussolini para evitar una limpieza étnica (Pacto de Santoña). Franco no respetó el acuerdo, y procedió a ejecuciones masivas.

La caída del País Vasco permitió un ingreso masivo de las tropas fascistas por todo el norte. La República intentó responder con una guerra de desgaste en el valle del Ebro (julio a noviembre, 1938); pero su avance territorial fue nulo y agotó los recursos materiales de los republicanos. Su desenlace negativo facilitó el avance de Franco sobre toda Cataluña. La campaña para defender la región (diciembre-febrero, 1939), a su vez, desorganizó por completo los poderes republicanos y arrojó cuatrocientos mil refugiados sobre la frontera.

Mientras tanto, Inglaterra y Francia avanzaron en una política de compromisos con el nazismo en los infames Acuerdos de Múnich (septiembre, 1938), y sellaron el aislamiento del bando republicano y revolucionario español (Vilar, 2000 [1986]: 86). La ayuda del imperialismo “democrático”, máxima expectativa de Stalin, nunca llegó.

M. Casanova (1936), un militante trotskista que viajó a España para combatir contra el fascismo, comentó que “[…] al quedar aplastado el proletariado revolucionario comenzaron a aparecer y a profundizarse las contradicciones entre los asociados”, las cuales “desembocaron en un violento choque en marzo de 1939”, es decir, cuando el coronel Segismundo Casado dio un golpe de Estado dentro de la zona republicana. Casado buscaba negociar la capitulación a cambio de ciertas garantías; pero Francisco Franco sólo aceptaba una rendición incondicional.

El 28 de marzo, las tropas franquistas entraron en Madrid, la capital, dando por terminada la guerra. Lo que siguió fue una nítida campaña de venganza de clase, que incluyó sometimiento a trabajo esclavo, torturas, 300.000 prisioneros, 500.000 exiliados, y más de 114.000 desapariciones forzadas.

12. Proyecciones hacia el presente I: sobre democracia y guerra civil (de clase)

Con el surgimiento de fuerzas fascistizantes, el debate sobre el método para derrotarlas ha vuelto a estar a la orden del día.

Si comparamos los análisis “clásicos” de Trotsky sobre el fascismo con la situación actual, sin embargo, salta a la vista una diferencia clave. El lector más reticente a las comparaciones nos planteará que los mayores representantes hoy de la ultraderecha no han conseguido, hasta ahora, romper definitivamente con el marco del régimen democrático²³. La guerra civil contra las masas y la ruptura del orden democrático mediante la movilización reaccionaria de la pequeña burguesía, características comunes de los movimientos fascistas de los ‘30, no son elementos que las formaciones ultraderechistas estén pudiendo desarrollar en la actualidad.

La democracia imperialista como forma de Estado tiene un valor muy grande para la burguesía europea; apostar por desmontarla totalmente es una jugada todavía demasiado peligrosa para esta clase social. Desde el ocaso del período revolucionario de la burguesía (en la primera mitad del siglo XIX), la democracia como forma de Estado se desarrolló como una herramienta de control y de regimentación de las masas enormemente potente, un instrumento contrarrevolucionario de primer orden.

Luego del fin de la Revolución Francesa, durante las oleadas de revoluciones contra los vestigios del absolutismo, los luchadores de la naciente clase obrera todavía veían la instauración de una república democrática, enteramente burguesa, como antesala del socialismo. Se consideraba (acertadamente) que ésta permitía e impulsaba la movilización política del proletariado como clase, en comparación con lo áspero de la represión y la censura de los regímenes absolutistas.

No obstante, las elecciones hechas en Francia durante la última de estas olas (1848) no llevaron al poder ejecutivo a los agrupamientos obreros, sino a Luis Napoleón, sobrino del emperador Napoleón Bonaparte (Hobsbawm, 2010 [1975]: 37). El presidente gobernó cómodo, con un parlamento insignificante, y con el plebiscito electoral como mecanismo de presión para imponerse; hasta terminar liquidando la II República Francesa para reconvertirla en un nuevo régimen de poder absoluto (II Imperio) y rebautizarse “Napoleón III”.

Como sintetizó el historiador Eric Hobsbawm (2010 [1975]: 112), Luis Napoleón descubrió que la demagogia y las relaciones públicas se manipulan mejor desde la jefatura del Estado que desde ningún otro lugar. Se colocó como árbitro entre las clases sociales en pugna, pero sólo para mantener el estado de cosas existente. Esta experiencia de gobierno, analizada profusa y brillantemente por Marx en su famoso “El 18 de Brumario de Luis Napoleón”, mostró que la defensa del orden podía disfrazarse para cooptar a los partidarios de la transformación social y de las luchas populares (Hobsbawm, 2010 [1975]: 38).

Friedrich Engels llegó a la conclusión de que en las vísperas de la próxima revolución proletaria la consigna de la contrarrevolución iba a ser la democracia (Altamira, 1998: 34-35). Para 1917, Vladimir Lenin también concluyó que la democracia, como forma de Estado, era la mejor coraza protectora para el régimen social capitalista (Hobsbawm, 2009 [1987]: 120). Las experiencias del siglo XX comprueban esta lectura, porque la burguesía recurrió a los regímenes democráticos para capear situaciones revolucionarias de fondo.

En el caso europeo, se suma el agravante de que el imperialismo defiende la democracia en la metrópoli pero se la niega a los pueblos que oprime (Altamira, 1998: 34). Fue la democracia francesa la que experimentó y sistematizó con los métodos del terrorismo de Estado en sus colonias (Argelia, Vietnam) para intentar aplastar la lucha por la independencia; luego, esta misma democracia impartió cursos (literalmente) sobre estos métodos a la corporación militar argentina, para usarlas en la “contrainsurgencia”.

13. Proyecciones hacia el presente II: la izquierda con pretensiones revolucionarias

La idea de que la vía más segura para oponerse a estas formaciones fascistizantes es la unidad de todos los que defienden la democracia como régimen político (o como valor universal) se ha mostrado, de nuevo, una ilusión, un utopismo reaccionario.

Pero el ascenso de este tipo de formaciones, y del régimen capitalista como forma de Estado, sí se muestra útil como vía de presión contra la clase trabajadora en general o contra la izquierda en particular para que se integre al régimen. Bajo esta presión se clavó el último clavo en el cajón del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), una referencia del modelo de “partidos amplios” en todo el mundo.

En su Quinto Congreso, en diciembre de 2022, la mayoría histórica del Secretariado Unificado (SU) rompió por derecha con el NPA para disolverse en el frente de centroizquierda que encabezaba Jean-Luc Mélenchon (una coalición bautizada, de un modo curiosamente transparente, “Nuevo Frente Popular”-Nouveau Front Populaire)²⁴.

En la operación, el SU arrastró detrás suyo a sectores que históricamente venían del trotskismo; aunque es importante subrayar que dichos sectores ya habían abandonado hacía tiempo la lucha por el gobierno de los trabajadores (expresión popular de la dictadura del proletariado)²⁵.

En contraposición con estos desarrollos, el método del frente único consiste en la lucha por unir a las organizaciones de clase de la clase obrera, por poner de pie a los trabajadores detrás de sus propios reclamos y contra la ultraderecha, contra el fascismo y por la defensa de las libertades democráticas. Esa política choca necesariamente con las direcciones burocráticas y reformistas, alineadas con las fuerzas del régimen capitalista y opuestas a movilizar a la clase trabajadora contra los grupos fascistizantes en ascenso o contra las formaciones de gobierno de ultraderecha ya en el poder.

Un ejemplo lo tenemos en la Argentina, donde reivindicamos el llamado a una acción común para derrotar al gobierno de Javier Milei, propuesta que extendemos a todas las organizaciones obreras. Esta propuesta delimita los campos mediante el desarrollo de la lucha misma, porque choca con la burocracia sindical del peronismo, en la medida en que ésta le está dando un enorme aire al gobierno “libertario”. Gobierno que no podría llevar adelante su plan de guerra contra la clase trabajadora sin esa colaboración.

Las nuevas amenazas fascistizantes en nuestro siglo también se enfrentan con la movilización de los trabajadores, con métodos de lucha propios y con un programa que ataque los intereses de los capitalistas. Creer que se puede luchar contra estas fuerzas sin derribar la fuente que las nutre se ha mostrado como una mera ilusión. Por eso, tanto la independencia política de la clase obrera como su unidad en el combate siguen siendo las condiciones de las que depende cualquier avance en esta tarea.

Bibliografía

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Vilar, P. (2000 [1986]). La guerra civil española, Barcelona, Crítica.

Referencias

1. Véase la primera parte de este artículo. ↩︎
2. Durante el llamado “bienio negro” de diciembre de 1933 a febrero 1936, el Estado español estuvo bajo gobierno del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, con el apoyo parlamentario de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). El ingreso de la CEDA al gobierno a partir de octubre de 1934, formando una coalición, implicó mayores ataques contra la clase trabajadora. Esta coalición polarizó la dinámica política de la II República Española hasta extremos desconocidos, polarización cuya culminación sólo se alcanzaría con la guerra civil (Townson, 1994: 195). Pierre Vilar (2000 [1986]: 8) advierte que para la clase dominante ibérica, la experiencia democrática no era más que una anomalía maligna que debía ser extirpada quirúrgicamente.
   [1] El texto del acuerdo afirmaba que la república no era concebida como un régimen político animado por intenciones sociales y económicas de clase, sino como un espacio indiferenciado de libertad democrática, movido más bien por razones de interés público y de progreso social de carácter universal (policlasista). ↩︎
3. [1]“Los teóricos del Frente Popular no van más allá de la primera regla de la aritmética: la suma. Lá suma de comunistas, de socialistas, de anarquistas y de liberales, es mayor que cada uno de sus términos. Sin embargo la aritmética no basta, hace falta cuando menos conocimientos de mecánica. La ley del paralelogramo de fuerzas se verifica incluso en la política. La resultante es, como se sabe, tanto más pequeña cuanto más divergentes sean las fuerzas entre sí. Cuando los aliados políticos tiran en direcciones opuestas, la resultante es cero. El bloque de las diferentes agrupaciones políticas de la clase obrera es absolutamente necesario para resolver las tareas comunes. En ciertas circunstancias históricas, un bloque de este tipo, es capaz de arrastrar a las masas pequeñoburguesas oprimidas, cuyos intereses están próximos a los del proletariado, ya que la fuerza común de este bloque resulta mucho mayor que las resultantes de las fuerzas que lo constituyen. Por el contrario, la alianza del proletariado con la burguesía, cuyos intereses, actualmente, en las cuestiones fundamentales, forman un ángulo de 180°, no puede, en términos generales, sino paralizar la fuerza reivindicativa del proletariado” (Trotsky, “Lección de España: última advertencia”, 1977 [1937b]: 212). ↩︎
4. Para facilitar al lector identificar los textos de Trotsky, los citaremos con su título completo. ↩︎
5. Véase la primera parte de este artículo. ↩︎
6. La II República Española mantenía una ley favorable a las mayorías parlamentarias. La coalición de derecha fue a las elecciones confiada en alcanzar el primer puesto con comodidad, por lo cual esperaba que esta ley la beneficie en el reparto de escaños. El resultado fue el contrario. El derechista José María Gil Robles, que había prometido trescientos escaños para la CEDA, obtuvo sólo ochenta y ocho (Vilar, 2000 [1986]: 46-47).La acumulación de agravios de los dos años previos, el traslado de votos de centro hacia la izquierda por la desaparición del partido radical de Lerroux, y el beneficio que la ley electoral otorgaba a las coaliciones ayudaron a que el Frente Popular obtenga una victoria clara y contundente (Malefakis, 1971: 38). ↩︎
7. Recordamos al lector que distintos países de Europa cuentan con un régimen político donde el presidente de la república  es un “jefe de Estado”, una figura institucional que arbitra sin involucrarse en la gestión diaria del país; mientras que el primer ministro o, en el caso español, el presidente del Consejo de Ministros es el “jefe de gobierno”, la figura que ejerce el poder ejecutivo y toma las decisiones políticas cotidianas. ↩︎
8. La primera medida fue contraproducente, porque sólo incentivó a defeccionar a los oficiales con mayores simpatías por la república. La segunda, en cambio, fue completamente inocua. Azaña envió a Francisco Franco a las Islas Canarias, a Manuel Goded a las Islas Baleares, y al general Emilio Mora, a Navarra; sin embargo, los golpistas resolvieron el inconveniente simplemente organizando una reunión antes de partir cada uno a su nuevo puesto, utilizando a un coronel como conexión entre la capital y las islas Canarias, y usando transporte privado (pagado directamente por la gran burguesía española y por la Italia fascista) al momento de pasar a la acción (Broué y Témime, 1962: 91-92). Con el golpe en curso, Trotsky señaló que “el gobierno del Frente Popular ha mantenido a la casta de los oficiales con el dinero del pueblo, le ha dado autoridad, poder, armas y jóvenes obreros y campesinos, todo esto para preparar [objetivamente, agregamos nosotros] el aplastamiento de los obreros y campesinos” (Trotsky, “Primeras lecciones de España”, 1977 [1936b]: 53). ↩︎
9. El grupo dirigente formado por Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y Francisco Ascaso estudiaba desde tiempo atrás el plano de la ciudad, los accesos a los barrios obreros y la desembocadura de las Ramblas sobre el puerto. Cuando los regimientos salieron de los cuarteles, las sirenas de las fábricas funcionaron como sirena de alarma para que los obreros salgan a la defensa (Vilar, 2000 [1986]: 54, 61). ↩︎
10. A veces armados, muchas veces con las manos vacías o sin una dirección clara, columnas obreras avanzaron a pecho descubierto contra las ametralladoras de la plaza de Cataluña, dejando centenares de cadáveres en las calles antes de tomarlas. Cayeron allí el secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas catalana, el de las juventudes del POUM, y el secretario de los grupos anarquistas de Barcelona (Broué y Témime, 1962: 120-123). ↩︎
11. El historiador Stanley Payne(1971: 100) coincide en que el pronunciamiento fracasó como golpe. Una sublevación que falló en más de la mitad del territorio nacional difícilmente puede llamarse un éxito, escribe, porque lo que logró sólo fue el establecimiento de varios núcleos alternativos de poder armado en el norte, el oeste y el extremo sur. Estos puntos, sin embargo, podían coordinarse en un movimiento mayor y crear las condiciones de una guerra civil en regla. Vilar(2000 [1986]: 58) señala también que el cuerpo de oficiales quedó dividido casi por mitades, con veintidós generales en servicio en zona republicana contra diecisiete en zona sublevada, aunque veintiuno fueron ejecutados en la primera y ocho en la segunda. ↩︎
12. La Generalitat emitió un decreto de colectivizaciones el 24 de octubre de 1936, pero este decreto no hizo más que organizar y generalizar una situación de hecho. La revolución ya se había hecho por iniciativa de las masas. Lo que más interesa de la experiencia es la gestión de las empresas por parte de sus obreros en ausencia de la patronal, experiencia ante todo catalana. El Madrid sitiado sólo tenía el tres por ciento de las empresas españolas colectivizadas y en el País Vasco, como mencionamos en la sección 6, no se alteraron las relaciones de propiedad (Vilar, 2000 [1986]: 134-137). El geógrafo Pau Vila, que quiso aprovechar las colectivizaciones para constituir un fondo de archivos de empresa único en el mundo, tropezó con comités que habían quemado los archivos como en Francia en 1789 se habían quemado los archivos señoriales (que servían para organizar el cobro forzado de renta feudal) (Vilar, 2000 [1986]: 145). ↩︎
13. El presidente del Consejo de Ministros, Casares Quiroga, prefirió renunciar a su cargo el día mismo en que las guarniciones golpistas de Marruecos llegaron a la península (el 18 de julio), antes de armar a los trabajadores. Fue reemplazado por Diego Martínez Barrio, con la tarea de formar un gobierno de conciliación con las fuerzas derechistas, incluso con los hombres del golpe, para evitar la confrontación política y militar (Payne, 1971: 100). Pierre Vilar recuerda que Martínez Barrio, en la madrugada del 19 de julio, había intentado por teléfono un compromiso con los generales sublevados, propuesta que el general Emilio Mola rechazó (Vilar, 2000 [1986]: 52). La tentativa duró menos de un día; durante la jornada del 19 de julio, Martínez Barrio también presentó su renuncia (Broué y Témime, 1962: 108-109).
     
    Trotsky situó esta negativa en la naturaleza social del Frente Popular. Reemplazar el ejército de cuartel por una milicia popular resulta incompatible con el dominio de los explotadores; el revolucionario señalaba ácidamente que un gobierno de coalición de los obreros con la burguesía es, en su esencia, un gobierno de capitulación ante la casta de oficiales (Trotsky, 1977 [1936]: 56). ↩︎
14. Según Burnet Bolloten (1971: 130), en las ciudades principales, el Estado se fragmentó a medida que las guarniciones se rendían y la policía se desintegraba, de manera que el gabinete moderado y de “clase media” (pequeño-burgués) de José Giral poseía sólo “ropajes de poder”. Es decir, el poder estaba disperso entre los comités obreros, que organizaban escuadras de policía y milicias, prisiones y tribunales, patrullas de carreteras y de fronteras. Vilar comenta que el dominio obrero de Barcelona llegó a un punto tal que usar sombrero estaba mal visto, por ser considerado una prenda burguesa (Vilar, 2000 [1986]: 97). Como el poder del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña descansaba sobre las milicias revolucionarias y las escuadras de policía, era el órgano ejecutivo de hecho en la región. El gobierno de la Generalitat no estaba desprovisto del todo de poder, porque podía contar con los restos de la policía regular y con milicianos de los partidos moderados, pero estos estaban claramente superados en número por los revolucionarios armados (Bolloten, 1971: 136). ↩︎
15. Algunos ejemplos fueron la Comisión de Investigación de Aurelio Fernández en Barcelona, el Comité de Vigilancia en Málaga, y las Milicias de retaguardia (entre ellas las célebres Patrullas de Control). De estas últimas, la mitad de sus miembros eran designados por CNT-FAI y la otra mitad por el resto de las organizaciones. ↩︎
16. Diego Abad de Santillán, dirigente de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) (y del anarquismo argentino), confesó haber quedado aislado frente a sus propios amigos cuando propuso reforzar las posiciones obreras en lugar de devolver la autoridad a los organismos republicanos. Andreu Nin, que conocía la revolución rusa de primera mano por sus años en Moscú como secretario de la Internacional Sindical Roja, sostuvo que los comités no podían convertirse en soviets porque España no los necesitaba (Broué y Témime, 1962: 215-216). ↩︎
17. Sobre la revolución de Asturias (1934), véase la primera parte de este artículo. ↩︎
18. Trotsky desempeñó un rol positivo de mucha importancia en este respecto, al ponerse al frente de la construcción del Ejército Rojo. En la guerra civil rusa, el futuro fundador de la IV Internacional mostró la eficacia y potencia de tropas dotadas con recursos, centralizadas y profesionalizadas (contra un sector del partido bolchevique que apostaba por un caleidoscopio de guerrillas locales, autónomas y con aires “amateur”) (Marie, 2009). ↩︎
19. Víctor Alba (1916-2003) fue militante del POUM, superviviente de las masacres stalinistas y de la cárcel franquista. Tras exiliarse desarrolló una carrera literaria y académica. El texto citado es un muy interesante análisis de la trayectoria del POUM, en la cual sin embargo intenta impugnar las caracterizaciones de Trotsky en defensa del partido (y en particular del Bloque de Maurín). Al Richardson (1991) hizo una potente crítica del libro. ↩︎
20. El 17 de abril de 1937 los carabineros del gobierno republicano llegaron a Puigcerdá (en Cataluña) para arrebatar a los milicianos de la CNT el control de las aduanas que ejercían desde julio del año anterior. El entierro de Roldán Cortada, dirigente de la UGT afiliado al PSUC, se convirtió en una demostración de fuerza, con policías y tropas controladas por el estalinismo desfilando armadas durante tres horas y media. A la jornada siguiente, la policía de la Generalitat republicana hizo una expedición punitiva contra los anarquistas locales. (Broué y Témime, 1962: 330-331, 333-335). ↩︎
21. Las tropas del PC tuvieron un rol especialmente protagónico en la represión contra el Consejo de Aragón (Bolloten, 1971: 146-147). A pesar de tener una mirada favorable al stalinismo, Pierre Vilar documenta estos hechos (Vilar, 2000 [1986]: 102-103). ↩︎
22. Mucho más preocupante es la pasividad de nuestra sección española (con algunas honorables excepciones) durante los grandiosos acontecimientos revolucionarios [de 1934]. Siempre hemos criticado a los dirigentes de la sección española por estar impregnados de un espíritu puramente propagandístico y de una actitud expectante. Los camaradas deberían releer las discusiones internacionales con la dirección española. Y he aquí el punto significativo: los camaradas españoles han declarado abiertamente su hostilidad al giro francés. Esto confirma, una vez más, que la «intransigencia» en estas cuestiones no es otra cosa que una máscara tras la cual se ocultan la pasividad puramente periodística y propagandística. En lo que a nosotros concierne, seguiremos repitiendo: el mayor error perpetrado por sección alguna, es el cometido por la sección española al no adherirse al Partido Socialista cuando comenzaba la preparación para la lucha armada” (Trotsky, L. “Una vez más acerca de nuestro giro”, 1934a). Para el debate más a fondo, véase (Trotsky, “Los bolcheviques-leninistas españoles y la insurrección de octubre de 1934 [Extractos de cartas]”, 1977 [1934b]). ↩︎
23. Jair Bolsonaro hizo una muestra de fuerza al perder las elecciones, pero tuvo que entregar el poder al finalizar la jornada. Donald Trump atravesó un momento similar al terminar su primer mandato. GiorgiaMeloni, todavía en el gobierno, lo ejerce sin embargo dentro de los marcos de la Unión Europea; organización que se suponía que venía a impugnar. ↩︎
24. El bloque está conformado por Francia Insumisa de Jean-LucMélenchon, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la fuerza de centro-izquierda conocida como los Verdes. De más está decir que el armado no partió de una deliberación de la vanguardia obrera ni de sus organizaciones de lucha. Por el contrario, fue alentado desde medios centrales de la gran burguesía europeísta como variante de contención del descontento y de rescate del gobierno de Macron; con la ventaja adicional de captar a los elementos que esta burguesía juzgaba menos confiables. Su programa avala la totalidad de la política imperialista francesa, incluida la continuidad de la guerra en Ucrania y la soberanía sobre las islas del Pacífico donde el dominio colonial francés está cuestionado (Nueva Caledonia) y también del Caribe Latinoamericano. ↩︎
25. En perspectiva, el acuerdo con Mélenchon fue el corolario de una estrategia deliberadamente no-revolucionaria, la cual se había iniciado cuando la vieja Ligue Communiste Révolutionnaire (Liga Comunista Revolucionaria), del SU, se autodisolvió en 2009. En su último congreso, eliminaron la revolución obrera del propio programa… para reemplazarla por una variante de la democracia burguesa. ↩︎