Aportes para el análisis histórico y político a partir de la reedición del libro “Memorias del Apagón”, de Delia Maisel
En 2026 se cumplen 50 años del último golpe militar en nuestro país y también de lo que se conoce como los “apagones de Ledesma». Ambas conmemoraciones lógicamente están unidas en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, pero su vínculo guarda un valor simbólico y político fundamental. Los apagones de Ledesma constituyen la expresión más nítida y transparente del carácter de clase que representó el terrorismo de Estado de la dictadura militar.
Días atrás se realizó la 43.ª movilización desde Calilegua hasta Libertador General San Martín (Jujuy), sosteniendo la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Cuando se apagaron las usinas eléctricas de diversas localidades del departamento de Ledesma y, con camionetas identificadas de la empresa homónima, se llevaron adelante cientos de secuestros y detenciones, la mayoría de las cuales derivaron en las desapariciones forzadas, principalmente, de obreros del ingenio y de estudiantes.
Como bien documenta Delia Maisel en la reciente reedición de su libro “Memorias del Apagón: a 50 años de la masacre”, los testimonios de los sobrevivientes exponen la barbarie a la que está dispuesta a recurrir la clase capitalista y su aparato estatal para disciplinar y liquidar a la clase obrera. A lo largo del artículo señalaremos testimonios fundamentales de lo que fue la represión clandestina en Jujuy comenzando por los secuestros del apagón, el centro clandestino de Guerrero y el penal de Gorriti.
En este artículo intentamos repasar aspectos claves para entender el significado del “apagón de Ledesma”
Un enclave agroindustrial a costa de la superexplotación de obreros y enormes beneficios estatales
Para comprender el verdadero peso político de Ledesma, es necesario rastrear cómo se erigió el imperio económico sobre la base del despojo, la sobreexplotación humana y el apoyo permanente del Estado.
Las raíces del complejo azucarero en Libertador General San Martín se remontan al siglo XIX, pero su salto en la escala de acumulación capitalista se sustentó históricamente en el sometimiento y la mano de obra barata demandada a miles de trabajadores de pueblos originarios de la región —como los wichís, tobas y matacos— y otras poblaciones de la Puna, sometidas a condiciones de semi-esclavitud en las zafras.
Bajo las conducciones patronales de Herminio Arrieta y, a partir de 1970, de su yerno, Carlos Pedro Blaquier, el Ingenio Ledesma se transformó en el monopolio agroindustrial más poderoso del país. No sólo multiplicó la producción de azúcar en sus más de 40.000 hectáreas de cañaverales, sino que diversificó su matriz productiva aprovechando todos los subproductos de la caña para la obtención de alcohol y bioetanol de la melaza, y papel del bagazo, acaparando hoy cerca del 40% del mercado nacional. A esto se sumaron la producción citrícola a gran escala para proveer a multinacionales como Coca-Cola, negocios ganaderos y agrícolas en la pampa húmeda y, más recientemente, participaciones en yacimientos hidrocarburíferos e insumos clave para la extracción de litio.
Este proceso de diversificación e integración vertical convirtió a los Blaquier-Arrieta en una de las diez familias más ricas de la Argentina, con un patrimonio familiar estimado en más de 1.000 millones de dólares y ganancias brutas que, solo en 2024, superaron los 39.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares netos).
El dominio de la familia trascendió lo fabril, extendiéndose sobre los territorios (más de 200 mil hectáreas y propiedad de las áreas urbanas donde residían los trabajadores) y la infraestructura como ramales ferroviarios internos y usinas eléctricas propias.
Las cifras oficiales de ganancia líquida declarada por la empresa han sido históricamente astronómicas aunque solo representaran el beneficio declarado, y no el total de la renta real. La contracara de esa acumulación capitalista fue la expoliación directa y sistemática de sus trabajadores: las deudas para con sus empleados en concepto de vacaciones y aguinaldos no liquidados, sumado al pago en vales o fichas para ser canjeadas en las propias proveedurías, el fraude en el peso de las balanzas de la caña, etc.
Ledesma funcionó como eje gravitacional de las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, constituyendo el tipo “ciudad-empresa” donde el poder estatal (municipal, provincial) judicial, y represivo quedaba subordinado a la empresa.
Las luchas obreras de los años 60 y 70
Los años 60 y 70 se destacaron por un ascenso obrero en todo el país al calor del Cordobazo enfrentando a la dictadura de Onganía y abriéndose paso nuevas direcciones sindicales combativas, antiburocráticas y clasistas. Jujuy y en particular Ledesma no estuvieron exentos de ese proceso, a tal punto que la región fue marcada por las esferas militares como un “foco de agitación permanente”.
La conformación de listas antiburocráticas, principalmente impulsadas por el GOL (Grupos de Obreros de Ledesma), con figuras como Jorge Weiss (Vanguardia Comunista) generó la articulación histórica entre los obreros de la fábrica, del campo y profesionales y técnicos comprometidos. Su lucha no se agotó en reclamos salariales, sino en la disputa directa con la patronal sobre los ritmos de producción y las condiciones laborales.
Un momento decisivo de este proceso fue la huelga de 48 horas en 1972. Hacía más de 20 años que no se realizaban medidas de fuerza en el Ingenio. Los trabajadores denunciaban condiciones inhumanas. Con la paralización del ingenio, se impuso la fuerza de los trabajadores y la conquista de la obra social para los obreros (arrebatando el control de la empresa sobre enfermos y accidentados), el pago de deudas salariales y la recomposición de aportes patronales que el ingenio evadía. Otro gran triunfo fue que la patronal se vio obligada a negociar con los delegados organizados en el GOL (Grupo de Obreros de Ledesma). Estas victorias del colectivo obrero significaron una modificación histórica en la relación de fuerzas con la patronal.
La antesala del golpe: el terrorismo de Estado bajo los gobiernos de Perón e Isabelita
Jujuy y el Departamento de Ledesma tampoco fueron la excepción de la escalada represiva bajo los gobiernos peronistas previos al golpe de 1976.
El Estado en un proceso previo de contrainsurgencia bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, desde los años 60, identificó al Norte azucarero como un foco de «infiltración marxista» frente al ascenso combativo de la Federación Azucarera Regional y las huelgas de 1963, 1965 y el jujeñazo de 1971. Para su neutralización/aniquilamiento, en 1966 el estado instaló secciones de Gendarmería dentro del predio del ingenio.
Posteriormente, entre 1974 y 1975, los gobiernos de J. D. Perón e Isabel y las grandes patronales (encarnado en Jujuy por Blaquier), ya se habían sentado las bases del plan sistemático de aniquilación, mediante la aplicación de leyes represivas como la ley de seguridad nacional n° 20.840, los decretos de aniquilamiento y el accionar de la Triple A y despliegues como el “Operativo Independencia”, que actuaron como ensayos generales de la represión posteriormente aplicada a escala nacional. Con la radicalización del sindicato, SOEAIL, y la conquista de la Obra Social, se desató el secuestro y encarcelamiento de delegados, dirigentes y asesores del ingenio y se expandió hacia activistas políticos, estudiantes y familiares, buscando desarticular de raíz todo tipo de organización obrera.
El Ingenio Ledesma operó como un engranaje logístico central para el terrorismo de Estado. Ya en 1974, con un marco legal antisubversivo que criminalizaba el conflicto laboral, armaba listas negras en la fábrica y ordenaba la detención de dirigentes claves de la comisión directiva del sindicato.
El 21 de marzo del 75, la policía de la provincia, el ejército y la gendarmería nacional intervinieron el sindicato del azúcar del ingenio Ledesma para descabezar a la nueva dirección combativa y declararon ilegal la huelga que exigía la reincorporación de los despedidos y la libertad de los detenidos. Este hito dio cuenta de la coordinación militar y empresarial para imponer una derrota a la clase obrera.
El golpe y los apagones
Entre el 20 y 27 de julio de 1976, se interrumpió el suministro eléctrico en las localidades de Libertador, Calilegua y El Talar, para avanzar con el secuestro masivo de cientos de personas. La empresa Ledesma facilitó el acceso a las usinas, dispuso camionetas y elaboró las listas negras de personas para su desaparición.
En Memorias, los testimonios de Olga Aredez, Hilda del Valle Figueroa, Raúl Bartoletti y Eublogia Garnica dan cuenta de ello:
“Pude ver como lo subían a una camioneta. Eran varios soldados y policías armados. La camioneta era de color blanco y tenía el logotipo de la empresa Ledesma”.
“Era cerca de la medianoche. Y las luces se apagaron en todo el pueblo… Lo único que refulgía en la oscuridad eran los faros de la camionetita en la entrada a Calilegua. A su luz vi a los soldados… y a la gente que era sacada de sus casas al oscuro… casi al lado de mi casa, nos cruzamos con la camioneta blanca del Ingenio Ledesma. En la caja, atrás, había mucha gente sentada”.
“Mucho tiempo después supimos que los listados de las personas para detener habían salido del Ingenio Ledesma… Apagaron todas las luces del pueblo… La intención era ocultar cuando éramos detenidos”.
“El 20 de julio de 1976 vino el Ejército y la Policía de Jujuy, apagaron las luces de la casa… como estábamos vendados y a mí se me corría un poco la venda podía ver un poquito que estaban los tráiler de Ledesma, llenos de gente”
Como señala Maisel en Memorias del Apagón, la postal del operativo dejó al descubierto el verdadero rostro del monopolio azucarero: “Mientras el pueblo quedaba a oscuras, la empresa permanecía iluminada evidenciando la perversidad e impunidad del poder en contraste con la vulnerabilidad de los obreros”.
Por ello el caso del secuestro de Luis Aredez -médico de los trabajadores e intendente en 1973- es emblemático pues su sentencia de muerte no fue solo su filiación partidaria, sino el haber enfrentado a Ledesma en defensa de la salud de los obreros por encima de los costos de producción del ingenio. Testimonios de ejecutivos de la empresa acusaban a Aredez de gastar medicamentos “excediendo” el presupuesto destinado a salud. La impunidad tampoco terminó con su desaparición sino que su esposa, Olga Marquez de Aredez falleció de bagazosis, enfermedad ambiental producida por los desechos que el ingenio se negó históricamente a mitigar.
La lucha contra la impunidad
La vuelta de la democracia en 1983 no significó el fin de la impunidad, ni del dominio económico y político de los Arrieta-Blaquier en Jujuy, sino el inicio de una nueva etapa de resistencia contra un poder que trasciende las formas que adopta el Estado burgués. Puede resumirse en la frase de un ejecutivo del ingenio en la película Sol de Noche: “Nosotros compramos a todos y no dejamos impresiones digitales”.
Se requirió un pacto político para rescatar y garantizar la impunidad de la clase que había planificado el aniquilamiento de la vanguardia obrera. Primero con el gobierno radical de Alfonsín, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida buscaron blindar el brazo armado del estado, pero fundamentalmente a la burguesía industrial y financiera, como el directorio Arrieta-Blaquier. Esta política de impunidad se profundizó en el menemismo con los indultos de 1989 y 1990. Permitiéndole además avanzar en el dominio territorial y elevar la tasa de ganancia a base de despidos y precarización laboral.
Incluso tras el argentinazo del 2001, que forzó la nulidad de las leyes de la impunidad y la reapertura de los juicios, el Estado y sus instituciones siguieron protegiendo a los autores y beneficiarios de la dictadura.
Aunque el kirchnerismo llegó a cooptar una parte del movimiento de los DDHH, durante sus gobiernos mantuvieron relaciones fluidas con Blaquier y el grupo Ledesma. En 2011 fue “premiado”, por ejemplo, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le otorgó más del 20% del cupo total de producción de bioetanol para el abastecimiento interno, además de que fue ampliamente subsidiado y eximido impositivamente durante la “década ganada”, al punto en que se comprobó que entre 2006 y 2012 le permitieron evadir el pago del impuesto a las ganancias. Y con el macrismo, Luis Blaquier, el sobrino de Carlos, asumió en 2015 en un área sensible de la Anses, siendo nombrado subdirector del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) y se vieron beneficiados con la baja de retenciones. Con el gobierno de Alberto Fernández fueron beneficiarios del programa ATP, a pesar de haber consumado una serie de despidos, congelamiento de paritarias y recortes salariales aún cuando nunca detuvieron su actividad.
Aún así, frente al pacto de impunidad, siempre estuvo enfrente la movilización popular. Tras las primeras rondas de las madres en la plaza de Libertador, lideradas por Olga Aredez (quien marchó en soledad durante años, bajo el estigma de “loca” y denunció la bagazosis, que terminó afectando su propia salud), el 10 de diciembre de 1982, se realizó la primera Marcha del Apagón. Impulsada por sobrevivientes y organismos de DDHH, como CAPOMA, su consigna fue: ‘Aparición con vida. Juicio y castigo a todos los culpables’”. En 2012, lograron el procesamiento de Blaquier y Alberto Lemos, ex administrador, por su participación necesaria en los secuestros de las causas «Burgos» y «Arédez» —al proveer listas negras y la flota de camionetas del ingenio—, el aparato judicial intervino directamente para blindar a la clase capitalista. En 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal les dictó una escandalosa «falta de mérito», y la Corte Suprema de Justicia retuvo y paralizó el expediente durante seis años, hasta revocar el fallo recién en 2021. En 2022 el Tribunal Oral Federal de Jujuy decidió apartarlo del juicio por “incapacidad mental sobreviniente”. La causa judicial se encuentra “eternamente demorada”, y otras causas que recayeron sobre el grupo Ledesma y los Blaquier han sido cerradas de manera absolutamente irregular. A pesar de las pruebas claras y las denuncias sistemáticas, en marzo de 2023, Blaquier murió impune.
Al día de hoy con los hijos de Blaquier al mando de la empresa llevan adelante una nueva ofensiva antiobrera aplicando la reforma laboral, con más de 300 despidos en el último año y profundizando la tercerización en la mayoría de los sectores. Mientras despide trabajadores y paga salarios por debajo de la canasta básica, Santiago Blaquier compró el ingenio Concepción de Tucumán expandiendo cada vez más la influencia de Ledesma.
La memoria del apagón debe ser el combustible para que terminemos definitivamente con la impunidad de los Blaquier y toda la clase capitalista. En el último año hubo una revuelta de obreros contra la entrega sindical de la actual burocracia del SOEAIL, con un acampe en la puerta de Ledesma. La clase obrera vuelve a ponerse de pie y más temprano que tarde ajustará cuentas con sus verdugos.