A noventa años del golpe militar encabezado por Francisco Franco contra la Segunda República española, la interpretación dominante sobre aquel proceso histórico continúa sosteniendo la idea de que la España contemporánea constituye el resultado de una transición democrática ejemplar, pacífica y consensuada que habría permitido superar las heridas de la Guerra Civil mediante un acuerdo entre sectores reformistas del franquismo y una oposición que habría sabido renunciar a sus objetivos históricos en nombre de la estabilidad institucional. Sin embargo, la persistencia de elementos estructurales del Estado surgido de la dictadura, la continuidad de las élites económicas y judiciales formadas bajo el franquismo, la supervivencia de la monarquía designada por el propio dictador y la existencia de miles de fosas comunes sin exhumar que siguen atravesando el territorio español obligan a cuestionar de raíz esa narrativa y a replantear la Transición no como una ruptura histórica sino como una operación de adaptación controlada de la contrarrevolución franquista a un nuevo escenario político.

Guerra civil, revolución y contrarrevolución

La guerra civil española no puede ser comprendida bajo la categoría liberal de enfrentamiento entre dos extremismos simétricos, sino como la expresión de una crisis orgánica del capitalismo español en la que las tareas democráticas básicas, como la reforma agraria, la cuestión nacional y la secularización del Estado, se entrelazaron con un ascenso extraordinario de la clase trabajadora y del campesinado pobre que, especialmente tras la derrota del golpe inicial en amplias zonas del país, dio lugar a formas de poder obrero y campesino que cuestionaron en la práctica los fundamentos de la propiedad capitalista. La insurrección de Asturias en 1934 había anticipado este proceso, mostrando la capacidad de la clase obrera para organizar embriones de poder propio frente al Estado, mientras que la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 expresó una radicalización política que alarmó profundamente a la oligarquía terrateniente, a la jerarquía eclesiástica y a los mandos militares que venían conspirando desde la propia proclamación de la República. El golpe del 18 de julio de 1936 no fue entonces un acto defensivo frente a un supuesto caos democrático, sino una respuesta consciente de las clases dominantes a un proceso social que amenazaba sus fundamentos materiales de existencia.

La guerra civil que siguió a ese golpe no se limitó a un enfrentamiento militar convencional sino que abrió una situación revolucionaria en vastas regiones del territorio español, donde la colectivización de la tierra, el control obrero de fábricas, la organización de milicias populares y la creación de comités revolucionarios expresaron un nivel de ruptura con la propiedad capitalista sin precedentes en la Europa occidental del siglo XX. Sin embargo, el desarrollo de esa dinámica revolucionaria chocó desde sus inicios con los límites políticos del Frente Popular, cuya estrategia de colaboración entre las organizaciones obreras y los partidos republicanos burgueses subordinó las aspiraciones revolucionarias de las masas a la preservación del orden capitalista y de las instituciones del Estado republicano. Lejos de impulsar hasta el final la expropiación de la burguesía y la construcción de un poder obrero propio, la dirección frentepopulista se empeñó en restaurar la autoridad estatal, desarmar políticamente a los organismos surgidos de la movilización popular y contener la iniciativa independiente de los trabajadores y campesinos. Este curso, que encontró su expresión más acabada en la acción del Partido Comunista bajo orientación estalinista, fue estrangulando progresivamente la energía revolucionaria que había emergido en julio de 1936 y debilitó las condiciones para derrotar militarmente al fascismo. El proceso revolucionario fue así contenido, desarticulado y finalmente derrotado no sólo por la fuerza militar franquista y la intervención decisiva de las potencias fascistas europeas sino también por la política contrarrevolucionaria del estalinismo, que subordinó la revolución española a los intereses diplomáticos de la Unión Soviética, y por la estrategia de conciliación de clases del Frente Popular, que impidió que la clase trabajadora llevara hasta sus últimas consecuencias la transformación social que había comenzado. La derrota de la República significó por lo tanto la derrota de una experiencia revolucionaria y la instauración de un régimen cuya función histórica no fue únicamente restaurar el orden sino destruir de manera sistemática toda capacidad de reorganización independiente de la clase trabajadora. 

El franquismo como contrarrevolución de masas

El franquismo se constituyó así como un régimen de contrarrevolución triunfante cuya dimensión represiva no puede ser reducida a una lógica de guerra civil prolongada sino que asumió desde el primer momento un carácter de reorganización social profunda basada en la eliminación física, política y cultural del enemigo de clase. Las investigaciones históricas coinciden en que entre 1936 y 1945 se produjeron cientos de miles de ejecuciones políticas, a lo que se suman cerca de medio millón de personas que pasaron por cárceles franquistas en condiciones de hacinamiento extremo, así como la existencia de una red de campos de concentración distribuidos por todo el territorio español que funcionaron como dispositivos de clasificación, trabajo forzado y eliminación social. El uso sistemático de trabajo esclavo de presos políticos en la construcción de infraestructuras públicas, incluyendo embalses, carreteras y el propio Valle de los Caídos, constituye uno de los ejemplos más claros del carácter económico de la represión, en la medida en que la violencia estatal no sólo buscaba castigar sino también reorganizar la fuerza de trabajo bajo nuevas condiciones de explotación.

En este marco, la producción ideológica del franquismo desempeñó un papel central en la legitimación de la violencia estatal, destacándose la figura del psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, quien elaboró la teoría del denominado “gen rojo”, una construcción pseudocientífica que atribuía al marxismo una supuesta base biológica degenerativa y que sirvió como justificación para políticas de separación de hijos de militantes republicanos encarcelados, anticipando prácticas que décadas más tarde serían reconocidas como parte del fenómeno de los bebés apropiados. Esta dimensión no puede ser interpretada como una desviación marginal del régimen sino como parte de un proyecto de ingeniería social orientado a la destrucción de la reproducción cultural y política de la clase trabajadora organizada, en el que la familia, la escuela y la Iglesia fueron integradas como dispositivos complementarios de control ideológico.

La consolidación del franquismo estuvo acompañada por una ofensiva sistemática contra los derechos y las conquistas sociales de las mujeres, que durante la Segunda República había experimentado avances significativos en materia de participación política, acceso a la educación, derechos civiles y autonomía personal. La dictadura identificó estas transformaciones como una de las expresiones más peligrosas de la modernización republicana y de la influencia de las organizaciones obreras y socialistas. La derrota de la revolución y de la República debía traducirse también en una restauración profunda del orden tradicional.

La expresión organizativa más importante de esta política fue la Sección Femenina de la Falange, dirigida durante décadas por Pilar Primo de Rivera. Esta institución se convirtió en un verdadero aparato estatal de disciplinamiento ideológico y social de las mujeres. Millones de jóvenes pasaron por sus programas de formación obligatoria, donde se impartían enseñanzas domésticas, doctrina religiosa y educación política destinada a reforzar los roles tradicionales de género. Para acceder a determinados empleos, títulos o trámites administrativos era necesario acreditar la realización del denominado Servicio Social, una suerte de equivalente femenino del servicio militar que buscaba moldear a las mujeres según los valores del régimen.

La legislación franquista consolidó jurídicamente esta subordinación. Las mujeres casadas enfrentan severas restricciones para trabajar, abrir cuentas bancarias, administrar bienes o celebrar contratos sin autorización del marido. El divorcio aprobado durante la República fue abolido. El aborto y los métodos anticonceptivos fueron perseguidos. La sexualidad quedó sometida al control combinado del Estado y de la Iglesia. La represión alcanzó además a miles de mujeres republicanas, sindicalistas y militantes de izquierda que sufrieron encarcelamientos, torturas, humillaciones públicas y formas específicas de violencia dirigidas a castigarlas por haber transgredido los modelos tradicionales de feminidad.

La Iglesia católica, lejos de constituir un actor secundario, funcionó como columna vertebral del régimen franquista al legitimar el golpe militar como una cruzada de salvación nacional y al asumir un papel central en la organización del sistema educativo, la regulación de la moral pública y la reproducción de una ideología nacionalcatólica que penetró todos los niveles de la vida social, consolidando un modelo de sociedad profundamente autoritario y anticomunista que sobrevivió en gran medida a la muerte del dictador. La permanencia de esta estructura ideológica constituye uno de los elementos de continuidad más significativos entre el franquismo y el régimen posterior.

Franco no cayó: murió gobernando

La idea de que el franquismo habría desaparecido con la muerte de Franco en 1975 no resiste un análisis riguroso de los procesos históricos posteriores, en la medida en que el dictador no fue derrocado sino que murió en ejercicio del poder luego de haber diseñado cuidadosamente un mecanismo sucesorio que garantizara la continuidad institucional del Estado, designando personalmente a Juan Carlos de Borbón como heredero de la jefatura del Estado. La monarquía española contemporánea no surge de una ruptura democrática sino de una decisión del propio aparato franquista, lo que constituye un dato estructural fundamental para comprender la naturaleza del régimen surgido de la Transición.

La Transición: contención de una crisis histórica

La llamada Transición española debe ser comprendida entonces no como un proceso de ruptura sino como una operación política compleja destinada a gestionar la crisis del franquismo en un contexto de ascenso de la movilización obrera y popular que amenazaba con desbordar los límites del orden social existente, particularmente en un escenario marcado por la crisis económica internacional de 1973, la recomposición del movimiento obrero en sectores industriales clave, la reorganización de la conflictividad estudiantil y el resurgimiento de las reivindicaciones nacionales en Cataluña y Euskadi. Las huelgas masivas de los años 1975 a 1977, la radicalización de los conflictos laborales y episodios como la masacre de Vitoria de 1976, en la que fuerzas policiales asesinaron a trabajadores en huelga, expresan la intensidad de esa crisis y la necesidad de una intervención política que permitiera canalizar dentro de límites institucionales controlables.

En este proceso, el papel de las direcciones reformistas del Partido Socialista (PSOE) y del Partido Comunista resultó decisivo para estabilizar el nuevo régimen, en la medida en que la política de reconciliación nacional impulsada por el PCE bajo la dirección de Santiago Carrillo implicó la renuncia a la ruptura republicana, la aceptación de la monarquía, la incorporación de la bandera franquista como símbolo del nuevo Estado y la subordinación de las demandas de autodeterminación nacional a la prioridad de la estabilidad institucional, mientras que los Pactos de la Moncloa de 1977 operaron como un mecanismo de contención de la movilización obrera al transferir el costo de la crisis económica sobre los trabajadores en nombre de la consolidación democrática.

El franquismo después de Franco

La Constitución de 1978 cristalizó este acuerdo histórico al institucionalizar un régimen que combinaba libertades democráticas formales con la preservación de elementos centrales de continuidad estatal, incluyendo la monarquía, la falta de depuración del aparato judicial, la continuidad de los cuerpos policiales y militares y la vigencia de una ley de amnistía que funcionó en la práctica como un dispositivo de impunidad para los crímenes de lesa humanidad del franquismo, estableciendo así los límites estructurales del nuevo orden político.

La persistencia de estos límites se expresó de manera particularmente clara en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando sectores militares vinculados a la tradición franquista irrumpieron en el Congreso de los Diputados en un episodio que evidenció la fragilidad de la institucionalidad democrática y la continuidad de núcleos golpistas dentro del aparato estatal, demostrando que la Transición no había implicado una depuración real de las estructuras de poder heredadas de la dictadura.

Del mismo modo, la cuestión nacional catalana, vasca y gallega, lejos de resolverse, permaneció como una contradicción estructural del régimen del 78, que si bien reconoció autonomías administrativas mantuvo intacto el principio de unidad indisoluble del Estado español, reproduciendo bajo formas democráticas limitaciones heredadas del franquismo que reaparecieron con fuerza en la crisis política catalana de 2017.

Las fosas comunes como verdad material del régimen

Finalmente, la existencia de miles de fosas comunes sin exhumar, que contienen los restos de víctimas de la represión franquista, constituye la expresión más tangible de la continuidad entre el pasado dictatorial y el presente democrático, en la medida en que la incapacidad del Estado español para garantizar memoria, verdad, justicia y reparación revela los límites históricos de una Transición que se construyó sobre la base del silencio y la impunidad.

Memoria, verdad y justicia para la clase trabajadora 

Desde esta perspectiva, la discusión sobre el franquismo no constituye un problema meramente historiográfico sino una cuestión política actual, en la medida en que las estructuras fundamentales del régimen surgido en 1978 continúan organizando la vida política española y reproduciendo, bajo nuevas formas institucionales, elementos esenciales de la contrarrevolución franquista, lo que convierte la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en una dimensión inseparable de la lucha por la transformación del orden social vigente.

La persistencia de miles de fosas comunes, la impunidad de los responsables del genocidio y la continuidad de las estructuras estatales heredadas de la dictadura no pueden ser entendidas como simples anomalías del pasado, sino como parte de un mismo proceso histórico en el que la burguesía española logró preservar, mediante la Transición, los resultados fundamentales de la victoria franquista sobre la revolución de 1936. En ese sentido, la memoria de la clase trabajadora española que enfrentó al genocidio franquista no constituye un ejercicio de conmemoración pasiva, sino una reivindicación política viva que interpela al presente.

La apertura de todas las fosas comunes, la desclasificación total de los archivos de la represión y el juicio a los responsables del franquismo constituyen no sólo una exigencia democrática elemental, sino una condición necesaria para romper con los límites históricos del régimen del 78. La tarea de completar esa ruptura no pertenece al pasado, sino a la lucha actual de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado español por terminar con todas las herencias de la contrarrevolución franquista.