Las polarizadas elecciones del 4 de octubre en Brasil entre el actual presidente, el centroizquierdista Lula, y el derechista Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encarcelado por su intentona golpista, están detonando una aguda y políticamente sangrienta crisis política. Esto está ligado al vaciamiento y quiebra del Banco Master, decretada en noviembre último, que ha sido calificada como la mayor estafa bancaria de la historia de Brasil.
Investigaciones policiales y de inteligencia ordenadas por un relator del Supremo Tribunal Federal (STF) acusan a Flavio Bolsonaro de haber recibido “aportes” del financista Daniel Vorcaro, dueño del banco, por 134 millones de reales. Bolsonaro Jr. se justificó diciendo que era un aporte voluntario para financiar la producción de una película (Dark Horse: Caballo Negro) en homenaje a su padre preso. Las investigaciones demuestran que ese dinero fue desviado hacia cuentas en Estados Unidos que administraría la familia Bolsonaro.
Como respuesta a esta denuncia pública, otro miembro del STF, el juez André Mendonça (exministro de Justicia y Seguridad Pública del expresidente Bolsonaro), dio a conocer una parte del sumario de la investigación policial sobre el fraude, que ya tiene un voluminoso expediente con centenares de páginas que traen transcripciones sacadas del celular secuestrado policialmente al banquero Vorcaro. En la misma se transcriben conversaciones que tuvo este con el vicepresidente del STF, Alexandre de Moraes, donde le pregunta “confidencialmente” si la situación era manejable o debía huir del país. También hizo público que el banquero Vorcaro había establecido un contrato por “asesoramientos” con el estudio jurídico de la esposa de Moraes, Viviane Barci, por 131 millones de reales. Moraes fue el magistrado que llevó adelante el proceso contra los golpistas que terminó con la prisión del expresidente Jair Bolsonaro.
No contento, Mendonça resolvió suspender de su cargo al jefe de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al director de inteligencia, Leandro Almada, colocando hombres de su confianza para frenar el curso de las investigaciones. Fue apoyado en esto por otros dos jueces del STF, mientras que un tercer juez del STF solicitó una “revisión” de la medida.
El vicepresidente del STF, Alexandre de Moraes, se desquitó retomando la investigación abierta, tiempo atrás, sobre el propio Mendonça por desarrollar una política de fake news (falsas noticias) a favor de los Bolsonaro y los golpistas encarcelados. Mientras tanto, en la Policía Federal, una decena de altos mandos amenazó con presentar su renuncia si sus jefes eran desplazados. Otro miembro del STF, Flávio Dino de Castro (exministro de Justicia de Lula), ordenó su reincorporación. Tuvo que intervenir directamente el presidente del STF, Edson Fachin, para detener la investigación de Moraes contra Mendonça, parar el pedido de destitución de jueces y sostener la reincorporación a sus funciones de los jefes de la Policía Federal e Inteligencia.
Son todos corruptos
Esta crisis en el seno de la corporación judicial ya tuvo una manifestación previa de entrada con el caso del Banco Master. El fraude bancario dejó un millón y medio de ahorristas perjudicados por un valor de 51 mil millones de reales, de los cuales ya se han restituido a los ahorristas menores unos 38 mil millones con fondos del Fondo Garantidor de Crédito (FGC), una entidad “privada” que se sostiene con ingresos mensuales del Banco Central y la banca privada asociada (0,01 %) sobre el total de depósitos bancarios de todo tipo existentes. Dias Toffoli, del STF, tomó bajo su órbita la “investigación” del desfalco, pero en realidad estaba “blindando” al financista vaciador con manipulaciones diversas. En febrero se vio obligado a renunciar al caso cuando salieron a la luz compras preferenciales, hechas por el banquero, de acciones de un resort turístico de la familia de Toffoli (20 millones de reales) y otras transferencias a otros holdings (se habla de 35 millones de reales) que fueron a parar a cuentas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. La continuidad de las investigaciones pasó entonces a manos de Mendonça, quien también está a su cargo una investigación del hijo del presidente Lula, “Lulinha”, acusado de gestionar “favores” gubernamentales.
Pero Mendonça mismo está sospechado de haber recibido “favores” del detenido financista Vorcaro, con fondos que le habría ofrecido par un Instituto privado de formación profesional y asesorías jurídicas, de la que “participa” el juez. A principios de septiembre, Mendonça se ha visto obligado a renunciar a la dirección del Instituto.
Se trata de una pelea sin cuartel, donde se tiran con acusaciones de corrupción entre las diferentes facciones del STF. Cada bando acusa al otro de sacar informes parcializados del expediente de la investigación del desfalco bancario para perjudicar a Lula o a Bolsonaro e incidir, espectacularmente, en el desarrollo de la campaña electoral.
Finalmente, el pleno del STF planteó que se hagan públicas todas las investigaciones realizadas (y no solo partes escogidas). A lo que Mendonça se opone, aduciendo que perjudicaría la continuidad de la investigación. (Probablemente se intentará postergar esto hasta después de las elecciones del 4 de octubre.)
Estamos en presencia de una crisis de poder dentro de la Corte Suprema de Brasil y entre los diversos poderes del Estado. Son todos corruptos. Se trata de una casta corrupta que usa su poder en el Estado para defender intereses particulares de las clases dominantes y enriquecerse por manipular la justicia. Moraes ha “reflexionado” cínicamente que hace falta elaborar un “código de ética” para los miembros del STF. La “ética” de los funcionarios capitalistas es hacer todo lo necesario para “forrarse” financieramente, ocultando sus manejos espurios.
En el Senado se han presentado infinidad de pedidos de juicio político para destituir a Moraes y otros jueces del STF. La elección popular (y su destitución también por la voluntad popular) de los jueces puede ser un paso democrático, pero no eliminará la corrupción capitalista, solo posible con un gobierno de trabajadores.
El intento de destitución del jefe de la Policía Federal por el juez bolsonarista ha sido comparado con un parcial intento de golpe de Estado.
Campaña electoral y ofensiva derechista
En la edición anterior de la revista En Defensa del Marxismo N° 99 (on line), señalamos que Lula había establecido, por un lado, un acuerdo político con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores para desarrollar el tratamiento de algunos proyectos en este corto período preelectoral y, por el otro, a fuerza de concesiones, establecido una superficial tregua con la ofensiva abierta (imposición de nuevos aranceles, etc.) de los yanquis. Pero advertíamos: “Esto no quiere decir que Trump y Rubio renuncien a seguir apoyando a Bolsonaro Jr. para desplazar a Lula en la elección presidencial…”.
Las ilusiones oficialistas de cierta paz preelectoral han sido hechas añicos con esta crisis institucional. Esto se manifestó en los actos que realizó la derecha por el día de la Independencia de Brasil (7 de septiembre). En un acto realizado en la avenida Paulista de San Pablo, aunque menor que otros años -contó con unos 30 mil asistentes-, se levantaron pancartas planteando “Moraes es Lula”, “Fuera Moraes, Fuera Lula”, “André Mendonça: héroe nacional” y globos gigantes con la figura de Donald Trump por un lado y la de Lula vestido como preso por el otro. Se trató de un acto de “unidad” de la derecha al que asistieron también representantes y candidatos de otros partidos derechistas. El discurso del candidato Flavio Bolsonaro planteó abiertamente defender al STF contra los Moraes y nombrar, en caso de ganar la elección presidencial, a “hombres y mujeres que se hayan pronunciado en contra del aborto, las drogas y la ideología de género”. (Hay que recordar, sin embargo, que Lula coincide en su oposición al derecho al aborto.)
Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado yanqui, había señalado que: “El liderazgo de Lula en Brasil representa un obstáculo directo para los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental” (Resumen Latinoamericano, 11/9). Trump quiere alinear al conjunto de Latinoamérica en el tratado del “Escudo de las Américas”, firmado en marzo de este año, que autoriza la intervención imperialista, incluso militar, contra el narcoterrorismo. Recordemos que Trump y Rubio acusaron la existencia de grupos narcoterroristas entre las bandas de traficantes existentes en Brasil.
Por de pronto, el proyecto que se votaría en el Senado para la derogación del régimen laboral superexplotador del 6×1 (6 días de trabajo por uno de descanso, con una semana de 44 horas semanales) para reemplazarlo por una semana laboral de 5×2 (con 40 horas semanales de labor y sin reducción salarial) habría sido postergado “para después de las elecciones”, rompiéndose el acuerdo que Lula había establecido con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, de las filas del “Centrão” conservador.
El Frente Amplio conservador
El 7 de septiembre, también se hizo un acto oficial y desfile militar en Brasilia al que concurrieron unas 10 mil personas. El mismo se realizó bajo el lema “Soberanía: la fuerza que une a Brasil”. Pero Lula, tratando de adaptarse a Trump/Rubio y la presión derechista, se bajó de su posición “soberanista” y no asistió al encuentro anual de los BRICS que se reunía en Nueva Delhi para no irritarlos, a pesar de ser uno de sus fundadores.
En San Pablo, las fuerzas del Frente Amplio realizaron un acto en la plaza de Sé con escasa asistencia (justificada por el frío de 10 °C) bajo el lema de “En defensa de la Tierra, la Paz y la Vivienda, alzamos la voz: Mujeres Vivas y Soberanía”. Tratándose de un acto de apoyo al oficialismo lulista, organizado en parte por sectores de la pastoral católica (que distribuyó unos 2.000 cafés con viandas para los desposeídos de la calle), fue muy minoritario, unos pocos miles. Ninguna de las consignas del acto está siendo impulsada por el gobierno del Frente Amplio. Respecto a la tierra, es la derecha la que está “regalando” tierras públicas a capitalistas amigos (más de 100 mil hectáreas en San Pablo). Mucha verborragia con los derechos de la mujer, pero el derecho al aborto no se propicia, a pesar de que, según las (incompletas) estadísticas oficiales, su práctica clandestina se lleva la vida de decenas de mujeres por año, dejando a miles mutiladas por malas praxis (especialmente negras o mestizas). No fueron actos de movilización por la soberanía, ni nada parecido. Terminó el acto con una misa en la catedral.
Lula hizo, el 16 de agosto último, su acto de lanzamiento de la campaña electoral del Frente Amplio en un estadio del cordón industrial de San Bernardo, en el gran San Pablo (ahí se había realizado la histórica asamblea general de los metalúrgicos que lanzó la huelga general contra la dictadura hace más de cinco décadas), donde según cifras oficiales concurrieron unos 40 mil asistentes. En el mismo, Lula anunció la plataforma electoral, que se llama “Construyendo el Futuro”. (Parece que fuera una moda del nacionalismo burgués latinoamericano: Kicillof también lanzó en septiembre del año pasado su “Movimiento Derecho al Futuro”.) Allí pinta una realidad inexistente de progreso de la situación de las masas y del desarrollo nacional. Pero la realidad es diferente: su gestión se trató de un gobierno ajustador que profundizó la austeridad estatal, especialmente en materia social (salud, educación, etc.). Lula se jacta de que impuso un “marco fiscal” que prohíbe incrementar los gastos sociales más allá del 2,5 % por encima de la inflación (la prohibición no corre para el pago de los intereses de la creciente deuda pública). El nuevo ministro de hacienda, Dario Durigan, se compromete ahora a profundizar esa restricción fiscal, disminuyendo los techos del “marco fiscal” a no más de 1,5 % de la inflación. Ya ha aprobado una ley con restricciones importantes en materia de salud y educación pública estatal para el presupuesto que se debatirá próximamente y anunciado una nueva reforma del sistema previsional que partirá de un aumento de la edad para el retiro jubilatorio. “La opinión de Durigan es la de Lula”, dice el diario Folha de S. Paulo. La polarización económica y social ha empeorado. El llamado índice de Gini, que marca el grado de polarización de ingresos, nos dice que este ha aumentado en detrimento de los más pobres cerca del 2 %. Al igual que la Argentina de Milei, un 82 % de las familias está endeudada y no llega a fin de mes con sus ingresos. Crece el costo de los alimentos, el trabajo informal y la desocupación juvenil. Al igual que el kirchnerismo, que nos habla de una “década ganada”, la situación que nos pinta el lulismo es ajena a la realidad.
Las conquistas antiobreras de Temer y Bolsonaro (reforma laboral y previsional) no han sido revertidas. No solo se están aplicando, sino que amenazan con profundizarse bajo un próximo gobierno lulista.
Es sintomático que la propaganda electoral de la derecha bolsonarista no hable de ajuste contra el pueblo, mientras que el lulismo insiste en aparecer como el garante de la disminución del déficit (a costa de los gastos sociales y la exención impositiva al gran capital) y el ordenamiento fiscal.
Lula se jacta de ser el “gran negociador”, de su habilidad para la “muñeca” política, pero no “enamora” al pueblo trabajador, que está sumido en un estancamiento de sus condiciones de vida en el marco de una miseria social. La ley de derogación del 6×1, de disminución del horario de trabajo semanal, sigue parada y es probable que siga siendo “negociada” a la baja, por supuesto. Las organizaciones obreras y de masas (CUT, MST, UNE, etc.), dirigidas por burocracias lulistas y frenteamplistas, están paralizadas, sumidas en el apoyo al gobierno frenteamplista y en no luchar “para no provocar la reacción de la derecha fascistoide”.
Demócratas frentepopulistas y derechistas fascitoides
La situación arriba descrita amenaza con un retroceso del Frente Amplio. Las últimas encuestas públicas indican que el bolsonarismo ha avanzado e incluso, en algunos casos, superado (levemente) al lulismo en la intención popular de voto.
Valerio Arcary es dirigente nacional del PSOL (representando a la Corriente Semear/Sembrar, que unificó a las organizaciones Insurgencia y Resistencia) acaba de realizar un diagnostico dramático: “La posibilidad de que Lula pierda las elecciones es peligrosa e inminente”. Semear o futuro em um Brasil Socialista (Sembrar el futuro y un Brasil Socialista) se adapta al proyecto lulista de “Construir el Futuro”. Para esta dirección del PSOL primero hay que vencer a la derecha fascista, votando al Frente Amplio de Lula y Alckmin, para luego en una segunda etapa encarar la lucha por “nuevos derechos sociales”. Pretende que la oposición obrera y de izquierda renuncie a sus presentaciones independientes y se vuelque al apoyo al Frente Amplio. Lo que dominaría es la lucha contra la derecha fascista. Pero lo que el PSOL no balancea es que Lula, en los últimos 4 años de gobierno, no ha avanzado en derogar los avances reaccionarios y antiobreros impuestos por Temer y Bolsonaro; por el contrario, los está profundizando con nuevos recortes selectivos. Para el PSOL uno de los objetivos es mantener un acuerdo con los sectores liberales de la burguesía, de la cual el Frente Amplio, con la presencia de Alckmin para la vicepresidencia, sería expresión. Pero estos sectores “liberales” no tienen ninguna progresividad: son la correa de transmisión para que se siga imponiendo el ajuste contra las masas trabajadoras y explotadas. Quieren frenar un avance en la recesión económica que se insinúa, mediante ajustes en el gasto público social e impedir el aumento excesivo del costo de la deuda pública. Lula se esfuerza por darle garantías en ese sentido. No ha sido ingenua su declaración pública de que él no es de izquierda. La derecha bolsonarista le promete a la burguesía una lluvia de inversiones de Trump (como Milei) si gana Bolsonaro.
El Frente Amplio de Lula y el PT es una pretendida alianza de colaboración de clases donde los trabajadores se subordinan a la burguesía “nacional y liberal”.
Joaquim Soriano, vicepresidente del PT, dice que hay que unir las dos etapas: la lucha electoral contra la derecha y por los derechos del trabajador. Pero son palabras verborrágicas: el PT y las organizaciones de masas que dirige no son un motor de la lucha obrera, sino de freno y desorganización de las tendencias combativas que surgen en las masas. Ahora, por ejemplo, se ha iniciado una huelga de los trabajadores bancarios, especialmente de la Caixa y del Banco do Brasil, dos de los bancos más grandes de Brasil, contra la firma de un mal convenio por parte de la burocracia sindical, que da como un triunfo un aumento igual al costo de vida marcado por el INPC, más un ¡0,6 %! Las propuestas de la dirección burocrática (Contraf-CUT) fueron rechazadas en tres oportunidades. Ahora esta dirección firmó, haciendo oídos sordos a los reclamos de las asambleas de la Caixa de São Paulo que votaron un 68 % en contra pidiendo más aumento y mejores servicios médicos y se declararon en huelga por tiempo indeterminado, que ya lleva varias jornadas firmes. 18 entidades de base del Banco do Brasil también votaron en contra del acuerdo ruin, pero la CUT hace mutis por el foro.
Esta no es forma de parar a la derecha. Al contrario, la desmovilización obrera y popular la alienta. Los sindicatos y organizaciones de masas de los campesinos, inquilinos, estudiantes y demás explotados puestos en pie de lucha por sus postergados reclamos en lo que puede barrer a la derecha.
El PSOL hace de furgón de cola del frente popular con la burguesía “nacional y liberal” y de la burocracia sindical que, objetivamente, actúa como guardiana de los intereses patronales.
La crisis y el conflicto dentro de los jueces del STF ha colocado a gran parte de esta izquierda detrás de Moraes. En general, la izquierda ha venido saludando la alianza de Lula (por el Poder Ejecutivo) con Moraes (por el Poder Judicial) como un instrumento de defensa de la democracia contra el avance del fascismo. Una reciente declaración de las federaciones sindicales, dirigidas por la CUT, plantea: “Es urgente garantizar la independencia, autoridad y credibilidad del Tribunal Supremo Federal (STF), la Policía Federal, la Fiscalía General de la República y demás instituciones de la República. El pleno funcionamiento de estas instituciones es expresión de una democracia sana y activa”. Depositan su confianza en el presidente del STF, Edson Fachin, como antes lo hacía Lula con Moraes (del cual ahora se alejó ante las denuncias de corrupción). Las centrales obreras se colocan detrás del STF, que decenas de veces se pronunció en sus fallos contra los reclamos de los trabajadores (habilitando que los acuerdos por empresa a la baja tuvieran prevalencia frente a los convenios colectivos de trabajo; instaurando que los trabajadores debían pagar las costas en los juicios laborales que perdieran, lo que hizo que estos descendieran abruptamente un 40 %, y un larguísimo etcétera de medidas antiobreras).
La declaración de las federaciones sindicales plantea “en nombre de los trabajadores brasileños” que “la democracia brasileña es superior a cualquier interés personal, político o electoral, y debe prevalecer sobre todos ellos”. Es un razonamiento falso: la corrompida democracia de los explotadores brasileños no puede estar por encima de los intereses de millones de trabajadores y explotados.
El PSOL frenteamplista
El PSOL está sumergido plenamente en una política oportunista y electoralista. Acaban de sacar una declaración llamando a que voten por su lista dentro del Frente Amplio lulista para que haya más diputadas mujeres. El aumento de las diputadas mujeres sería para ellos la evidencia de un avance de la lucha por la liberación de la mujer. ¿No importa que la mujer sea diputada defensora capitalista o de los intereses de la clase trabajadora? Con ese propósito han anunciado la constitución de un hipotético futuro bloque de la mujer que lucha por sus derechos, con mujeres diputadas de otras fuerzas (PT, etc.). Ya no llama la atención que en la plataforma para constituir ese bloque femenino no figure la lucha por el derecho al aborto.
Constitucionalismo del MRT/PTS
En la nota anterior publicada en EDM ya habíamos llamado la atención de que el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT, asociado al PTS de Argentina e integrante de la Corriente Revolución Permanente-Cuarta Internacional, CRP-CI) no hubiera fijado posición electoral. A tres semanas de la elección del 4 de octubre aún no lo ha hecho. En su lugar Contra la moderación, establece polémicas con sectores del PT que plantean constituir eventualmente una bancada combativa en el próximo parlamento. Para una corriente militante la participación en la campaña electoral es también un terreno de lucha contra las candidaturas y alternativas capitalistas. En la situación de Brasil es necesario llamar a no votar ni por la derecha bolsonarista ni por el frente de colaboración de clases lulista, y reagrupar el voto de la vanguardia en torno a una alternativa de independencia obrera si esta existe. En el caso de Brasil, se manifiesta en las candidaturas que presenta el PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado).
Ya hemos manifestado en la anterior nota publicada en EDM, nuestra posición por apoyar las listas del PSTU –con el que mantenemos divergencias políticas importantes- para reagrupar un voto de independencia obrera, en torno al objetivo anunciado de luchar “por un gobierno de la clase trabajadora y los pobres”. En su lista no solo participan dirigentes obreros sindicales de ConLutas, sino también representantes de otras tendencias de la izquierda que
rompieron con el PSOL denunciando la política oportunista de colaboración de clases.
En su lugar, el MRT se ha lanzado a una ¿abstracta? (en realidad, diversionista) campaña por una reforma constitucional. Parte de que “La Constitución de 1988 fue fruto de la movilización social contra la dictadura e incorporó importantes logros alcanzados por la clase trabajadora y los movimientos populares” (editorial de Esquerda Diário de Brasil, 8/9, reproducido por Izquierda Diario de Argentina). Caracteriza que lo que busca la derecha bolsonarista es un cambio reaccionario de la Constitución vigente: “Ahora, ante la crisis del caso Master, un sector de las grandes empresas aboga por cambios en el régimen político en un intento por aumentar el poder y la influencia de los banqueros y el gran capital…”. Propugna que los trabajadores tengan su propio proyecto constitucional, pugnando por la convocatoria de una asamblea constituyente. “Si los sectores más reaccionarios quieren mutilar o reescribir la Constitución por la derecha, tutelada por los banqueros, nosotros precisamos de una respuesta popular de los trabajadores”, afirma el MRT/PTS en el editorial señalado. “La salida debe ser luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que sea impuesta por la lucha, y que permita a la mayoría discutir y decidir sobre los fundamentos políticos, económicos y sociales del país” es la propuesta del MRT/PTS. En la Argentina también también han planteado que si llegan al poder convocaría a elecciones por una asamblea constituyente. Un planteo democratizante.
“Si los trabajadores de Brasil entran en escena con su propia fuerza, combinando sus luchas económicas con la batalla por una salida política revolucionaria para esta crisis, es posible avanzar en el sentido de cuestionar esta sociedad de explotación y opresión, desde la raíz”, finaliza el editorial. En la batalla electoral en curso entre dos fracciones políticas burguesas, de diversas características, que llevan adelante el ajuste contra el pueblo trabajador de diferentes formas, es necesario producir un reagrupamiento clasista independiente. Siendo el PSTU un partido minoritario, es necesario, sin embargo, pronunciarse y militar porque la vanguardia obrera y de lucha de los explotados de Brasil lo vote. Y no coquetear con sectores “combativos” del PT, planteando salidas “estratégicas” sin enfrentarlo concretamente en el terreno electoral. Se trata de un planteo vergonzosamente abstencionista, funcional al coqueteo con la izquierda lulista, con vistas al futuro postelectoral. Cabría esperar que los compañeros del MRT/PTS cambien su posición y se definan por comprometerse por este reagrupamiento electoral clasista contra el frente popular del nacionalismo burgués centroizquierdista y la derecha bolsonarista.
Frente a la crisis y las elecciones
La tarea fundamental que se le plantea a la vanguardia obrera y las corrientes de izquierda es la de recuperar las organizaciones sindicales y de los movimientos de los explotados como instrumentos de lucha por sus reivindicaciones. Esto significa expulsar a las burocracias corruptas que se subordinan al gobierno y a los partidos burgueses e imponer una política de independencia política y organizativa de la clase obrera y de los explotados. La derogación real del régimen laboral del 6×1 debe ser impuesta por la movilización independiente de la clase obrera. El PSOL, en cambio, considera, igual que Lula, que “ahora solo depende del presidente de la cámara, Davi Alcolumbre, guiar el fin de este inhumano viaje en el pleno para la votación de los parlamentarios” (boletín semanal del PSOL). Pero la ley (muy limitada) se está postergando. Apoyar las luchas obreras (bancarios, correos, etc.), imponer la derogación del 6×1 como primer paso para retomar la lucha por la derogación de las reformas laborales y previsionales antiobreras, plantea un cambio de orientación de la CUT y las centrales sindicales. Plena independencia obrera: asambleas, plenarios y coordinaciones; reclamar un congreso extraordinario con delegados elegidos por asambleas de la CUT y del movimiento obrero. En este camino, votar por la izquierda en las elecciones del 4 de octubre es solo un pequeño, pero definitorio, paso de una diferenciación contra el colaboracionismo de clases.