El desgaste de Trump, jaqueado tanto en el frente interno como en el campo internacional, abre la disputa por el Congreso y la sucesión presidencial de 2028. El desenlace de las elecciones norteamericanas es seguido con atención mundialmente, porque su resultado va a condicionar el escenario mundial de la lucha de clases. Una derrota de Trump, aunque mayoritariamente a manos de candidatos del Partido Demócrata, que vendría inmediatamente después de la que sufrió Bolsonaro, constituye un golpe al auge derechista fascistoide que está levantando cabeza a escala global y plantea un cuadro de crisis política cuyo desenlace dependerá de cómo las masas entren en acción para enfrentar la ofensiva imperialista. Ni que hablar que un revés electoral de Trump constituirá también un cimbronazo para Milei, cuyo gobierno se viene sosteniendo en el respaldo que le otorga Estados Unidos.

Trump llega al 3 de noviembre golpeado por la carestía y sus guerras. Su ofensiva contra los trabajadores y otros pueblos no consigue restaurar una supremacía estadounidense cuestionada. La elección amenaza con quitarle el control del Congreso cuando procura concentrar el poder presidencial.

En estos comicios, se renuevan la Cámara de Representantes, parte del Senado y gobernaciones. Las legislativas condicionarán los últimos dos años de Trump, que culminarán en 2028, y su sucesión.

Asistimos al peor momento de Trump, quien recoge apenas un 31% de aprobación popular. Reuters/Ipsos otorga una ventaja demócrata de 47% a 35% entre votantes registrados. Su coalición se resquebraja incluso donde esperaba apoyos seguros (El País, 20/10).

Las encuestas disponibles al 24 de octubre revelan que en los distritos con voto cambiante en cada elección y que han sido determinantes para el desenlace de los comicios en el pasado, se constata una ventaja demócrata. En Míchigan, Ohio, Carolina del Norte y Georgia, que alcanzan 7 a 8 puntos en algunos de ellos. Pero el dato más ilustrativo es que en bastiones republicanos históricos o consolidados en la última década, Texas y Kansas registran para el Senado un empate, e Iowa y Alaska una ventaja demócrata. En Florida, los republicanos están arriba pero las diferencias se han venido achicando. Situaciones parecidas aparecen en la elección para la Cámara de Representantes.

La caída del apoyo republicano entre los latinos convive, como lo ponen en evidencia las encuestas, con un cuarto de ese electorado que no elige a ninguno de los dos grandes partidos. El distanciamiento con el magnate republicano coexiste con una desconfianza con los demócratas. Las elecciones reflejan, a su modo, un descrédito de los partidos tradicionales. El desencanto latino no se convierte automáticamente en adhesión opositora. El atractivo de los candidatos demócratas no es algo generalizado sino que se concentra en determinados distritos. Solo entre 40 y 50 de las 435 bancas de la Cámara son realmente competitivas; para el Senado, los demócratas necesitan cuatro ganancias netas para conquistar la mayoría. Adicionalmente, la configuración de distritos que han sufrido alteraciones promovidas desde la Casa Blanca limita la traducción de votos en escaños. La carestía y las persecuciones de los migrantes erosionan promesas con las que Trump había ganado terreno. Pero la campaña de sus rivales, que no da respuesta a las demandas de la población por sus condiciones de vida, no ofrece a los demócratas una restitución automática de los apoyos perdidos (El País, 23/9).

Entre los votantes negros, el rechazo al Partido Republicano es mucho más pronunciado: 70% prefiere al candidato demócrata, 7% al republicano, 6% a otro y 17% no se ha definido. También aquí importa el antecedente: Trump obtuvo 15% de sus votos en 2024, frente a 8% en 2020. El problema demócrata entre los negros no se reduce a impedir su desplazamiento hacia los republicanos. Incluye movilizar a quienes no encuentran razones suficientes para votar, pese a rechazar a Trump, y eso habla del deterioro del ascendiente de los demócratas, cuya imagen está asociada al establishment, divorciada de las aspiraciones populares.

Fracaso económico y deterioro de las condiciones de vida

Si hay algo que caracteriza el actual momento en el país es el malestar y decepción generalizados en la población. El sentimiento que existía contra Biden y que condujo a la derrota de los demócratas en 2024 hoy está recargado y tiene como blanco a los republicanos. En septiembre, los precios al consumidor aumentaron 0,6% y acumularon un 3,7% interanual, frente al 3,4% de agosto. La gasolina subió 9,1% en un mes y explicó más de la mitad del incremento mensual. La vivienda volvió a encarecerse.

Lejos de una resurrección, la economía norteamericana está a los tumbos. El empleo, por lo pronto, desmiente el renacimiento industrial prometido. Septiembre agregó apenas 29.000 puestos no agrícolas, con 4,2% de desocupación. Las revisiones restaron 60.000 empleos a julio y agosto. El bajo desempleo coexiste con una contratación debilitada y los puestos que se crean consisten en trabajo precario (Bureau of Labor Statistics, 2/10).

La combinación de inflación y contratación débil deteriora las posibilidades de los asalariados por dos vías. Los precios reducen el poder de compra; el menor dinamismo del empleo dificulta cambiar de trabajo.

Las expectativas están colocadas en la inteligencia artificial que en la actualidad sostiene la expansión pero, paralelamente, otros sectores están frenados. La valorización financiera de las Big Tech presupone ganancias futuras que tienen un carácter incierto y pueden terminar en un derrumbe si las expectativas no se terminan por cumplir como ocurrió en su momento con la crisis de las punto.com. Un colapso económico de este carácter se trasladará a la actividad económica, al crédito y al empleo.

El desmadre inflacionario obligó a la Reserva Federal a elevar su tasa un cuarto de punto, al 3,75%-4%. El crédito caro debilita la demanda y el empleo, hace más oneroso el pago de hipotecas y deudas que la población estadounidense posee y que han ido creciendo en los últimos años.

El aumento de las tasas de interés ejerce mayor presión sobre el dólar y los bonos que ya estaban en declinación y que acompañan una deuda pública superior a los 40 billones de dólares. Los déficits fiscales y gastos militares exigen financiamiento a intereses crecientes.

El frente externo

El frente externo se ha convertido en un factor de agravamiento de las contradicciones internas. La pretensión de Trump de lograr una consolidación de la hegemonía y primacía yanqui a escala global -y remontar por esa vía el declive histórico en su condición de primera potencia capitalista- tropieza cada vez con más obstáculos. Lo más preocupante es que no se trata de algo pasajero, sino que ni la guerra ni la apertura de las rutas petroleras parecen tener un final a la vista. La guerra contra Irán alimenta la carestía y el desgaste presidencial. Trump combina amenazas de destrucción de la nación persa con promesas de acuerdo. Las elecciones estadounidenses han impuesto apenas una pausa en la escalada militar en Medio Oriente que está llamada a profundizarse. Netanyahu preparó nuevos ataques este mes, pero Trump rechazó reanudarlos antes de las legislativas. Pero ha dejado abiertas las puertas para hacerlo una vez concluidos los comicios, lo que ha ido de la mano con un respaldo más explícito al mandatario israelí, que también debe enfrentar antes sus propias elecciones (el 27/10/26).

La guerra es un factor clave junto con la inflación que ha terminado de horadar el apoyo al magnate. Recordemos que Trump había prometido sustraer a Estados Unidos de su involucramiento en los conflictos bélicos internacionales, pero lo que ha ocurrido es lo inverso. Un 70 por ciento de la población norteamericana está en contra de la guerra en Irán y hay un rechazo generalizado al genocidio en Gaza y a la actuación que ha tenido Estados Unidos respaldando al régimen sionista.

El problema de la guerra excede su impopularidad inmediata. Los gastos militares, la alteración del abastecimiento energético y las exigencias de los aliados se transmiten al presupuesto y a los precios internos. Washington debe combinar su pretensión de disciplinar a otros Estados con la necesidad de evitar consecuencias que erosionen su base doméstica. De allí las oscilaciones entre amenazas, treguas y acuerdos parciales. Interpretarlas como simples cambios de humor presidencial impediría ver las contradicciones de una política imperialista que dispone de una enorme capacidad destructiva, pero encuentra crecientes dificultades para convertirla en resultados duraderos.

El acuerdo para importar diésel ruso da una medida del atolladero en que se encuentra el gobierno yanqui. La búsqueda de apuro de algún recurso para abaratar el petróleo lo lleva a recostarse en Rusia y levantar sanciones que el propio Washington y la OTAN impusieron al régimen de Putin. La medida ha despertado, como era de esperar, objeciones europeas, pero también de los propios republicanos. Su efecto sobre el abastecimiento, sin embargo, sería limitado. El rédito principal lo saca Rusia mientras divide a los aliados de Washington (El País, 16/10).

Trump, paralelamente, tuvo que dar marcha atrás con los aranceles originales, aunque las tensiones están lejos de resolverse. La cumbre Trump-Xi apenas prorrogó dos meses la tregua comercial. La interdependencia frena una ruptura y proporciona instrumentos de presión. Minerales críticos, semiconductores y compras agrícolas siguen en disputa. La guerra comercial divide incluso a candidatos republicanos. Mike Rogers, en Míchigan, John Sununu, en Nuevo Hampshire, y Susan Collins, en Maine, cuestionan los aranceles por sus efectos locales (Financial Times, 16/10).

El movimiento obrero

Un párrafo especial lo merece el movimiento obrero. El movimiento sindical tiene un peso gravitante en la vida nacional más allá del bipartidismo, pero eso no se traduce en una fuerza política independiente. Su capacidad de acción la colocan al servicio de candidatos que conservan sus compromisos con el capital. Esto no se resuelve con una campaña demócrata que incorpore más dirigentes sindicales. Plantea quién decide el programa y a qué intereses quedan sometidos. La clase obrera no interviene como clase. Los trabajadores que concurren a las marchas contra Trump lo hacen diluidos como un ciudadano más.

En el UAW automotriz, Shawn Fain combina la confrontación con las empresas con el apoyo a aranceles selectivos y a renegociar el acuerdo comercial norteamericano. En ese sentido, es un apoyo velado a la política de Trump. Estamos en presencia de una fragmentación aún más pronunciada del movimiento sindical, al que se lo ata a dos variantes capitalistas, la de los demócratas o la de los republicanos. El nacionalismo en el que está enrolada la UAW no es progresivo y divide a los trabajadores: las automotrices invocan los aranceles y la competencia china para reducir costos laborales. Defender el empleo exige una acción común con trabajadores mexicanos y canadienses, independiente del Estado capitalista y sus partidos.

El proteccionismo no elimina el antagonismo con las empresas beneficiadas. Si una automotriz recibe protección comercial y luego exige flexibilizar turnos o reducir empleos, la dirección obrera no puede aceptarlo en nombre de una supuesta identidad de intereses. Es necesario defender la independencia política y sindical de los trabajadores que no puede quedar supeditada a la nacionalidad de los accionistas, ni a la promesa patronal de futuras inversiones. Debe ser la defensa efectiva del trabajo, los salarios y la organización independiente a ambos lados de las fronteras. Sin esa delimitación, la disputa con China o con México termina funcionando como justificación para el chantaje empresario.

El ascenso de la DSA

Los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) han logrado canalizar a su favor el descrédito de los referentes políticos tradicionales que conducen los dos grandes partidos de Estados Unidos. Su crecimiento recoge la radicalización de jóvenes, organizadores sindicales e inquilinos que enfrentan el costo de vida y la ofensiva represiva. Su actividad combina campañas, organización social e inserción en instituciones dirigidas por el Partido Demócrata. Esa combinación es, precisamente, una fuente de conflictos.

Mamdani, elegido alcalde de Nueva York, mantuvo a Jessica Tisch, que fue nombrada bajo el mandato de su antecesor al frente de la policía, según The New Yorker. La decisión chocó con la agenda de reducción del presupuesto policial de DSA local. Del mismo modo, Mamdani apoyó la reelección como gobernadora del distrito a quien hoy viene ejerciendo el cargo y que forma parte de la cúpula conservadora del Partido Demócrata.

La Comisión Electoral Nacional de DSA declara como objetivo construir un partido socialista de masas independiente, opuesto a las fuerzas políticas de la clase dominante. Su balance de la convención de 2025 informa resoluciones para presentar candidaturas con boletas independientes, revisar los criterios de respaldo y organizar una red de socialistas electos. Existe, por lo tanto, una orientación formal hacia la independencia, pero en la práctica se sigue postulando candidaturas y expectativas en el espacio demócrata (DSA, Comisión Electoral Nacional, declaración vigente y balance del 21/8/2025). Hay 282 candidatos respaldados o recomendados por secciones de DSA durante las primarias, de los cuales solo 29 tenían apoyo nacional. Los criterios de selección no son uniformes y ese respaldo no acredita por sí solo una posición socialista común. No se pueden sumar todas esas candidaturas como si integraran una bancada homogénea.

Dentro de ese universo, se discute qué significa construir un partido propio mientras se utiliza la boleta demócrata. Una organización puede formar cuadros, recaudar fondos y sostener un programa separado, pero sus candidatos quedan sometidos a presiones para asegurar la mayoría parlamentaria, respaldar a la conducción y preservar las perspectivas electorales del conjunto. Si cada conflicto se posterga en nombre de una ruptura futura, las posiciones institucionales acumuladas pasan a actuar como factor de presión para seguir atado a la estructura que se pretendía superar. El aparato demócrata no es un recipiente vacío: selecciona prioridades, distribuye recursos y reclama disciplina.

La discusión sobre Nithya Raman, candidata a la alcaldía de Los Ángeles, ofrece un caso concreto. Dos miembros del DSA local, Cesar Kundassery y Keir Hichens, defendieron su respaldo en una contribución publicada por Socialist Majority. Plantean la importancia de intervenir en la disputa por el gobierno municipal y aprovechar una campaña con capacidad de ampliar la organización. El texto expresa la posición de sus autores, no una resolución oficial del caucus. Pero es bastante representativo de la posición que prevalece en el nucleamiento (Socialist Majority, 20/8).

Los autores reivindican, siguiendo al sociólogo marxista francés Nicos Poulantzas, una vía democrática al socialismo que combine posiciones en el Estado, reformas que desplacen poder hacia los trabajadores y organización desde abajo. Su propuesta no excluye la movilización, pero le reservan un papel de presión en el marco del orden social vigente. El punto de divergencia con una estrategia revolucionaria reside en qué ocurre ante la resistencia capitalista a esas reformas y en el papel del Estado que se pretende transformar gradualmente. Ganar una alcaldía otorga atribuciones administrativas; no equivale a conquistar el poder de la clase obrera.

Groundwork de Los Ángeles objetó el respaldo orgánico. Recordó las condenas demócratas a Raman por aceptar el apoyo de Democrats for Israel y votar el nombramiento de un jefe policial asociado a las deportaciones de la época de Obama y que ha subrayado su “autonomía” respecto al DSA. Propuso apoyo crítico frente a Karen Bass, pero conservar libertad para combatir sus medidas y no presentar su eventual gobierno como propio. La sección de DSA terminó respaldando a Raman con 66% de los votos, según la crónica de The New Yorker (Groundwork, 25/8; The New Yorker, edición digital del 18/10).

El desacuerdo interno implica una diferencia de grado, pero no de fondo. No estamos en presencia de una corriente revolucionaria enfrentada con otra reformista. Groundwork defiende también disputar cargos ejecutivos y atravesar las contradicciones de administrar el Estado capitalista. Es una diferencia sobre responsabilidad política y control de los candidatos, dentro de una estrategia reformista. El desacuerdo sobre Raman no suprime ese horizonte estratégico común (Groundwork, 25/8).

Este debate trasciende lo que sucede en Los Ángeles. Un gobernante electo que se reclame socialista puede aceptar consultas con la organización que lo apoyó y convivir con el presupuesto, la policía y las condiciones de inversión de una ciudad capitalista. El control orgánico sobre un funcionario no modifica por sí mismo el carácter de las instituciones que administra. La prueba política aparece cuando las demandas obreras chocan con esos límites: si el gobierno llama a la movilización contra los propietarios de viviendas o exige a sus bases moderarse para preservar su administración. Esto es lo que ocurre con Mamdani, que ha pasado a ser un rehén del Estado capitalista y se ha visto obligado a sacrificar la satisfacción de demandas sociales muy sentidas que lo condujeron al triunfo en la campaña electoral.

La integración a un partido que es pilar del imperialismo no es inocua. No se trata de un partido que se podría “regenerar”. Las expectativas de una evolución progresiva son infundadas. Los demócratas ofrecen a la burguesía una conducción confiable, canalizando el rechazo hacia el recambio institucional. Sus choques con Trump no modifican su carácter de clase. Sesenta candidatos, incluidos diez legisladores, lo ratificaron al firmar el compromiso capitalista de Promise to America frente a las acusaciones republicanas de comunismo (Reuters, 30/9).

La función de las corrientes que se reclaman de izquierda y hasta socialistas que integran el Partido Demócrata es atraer y mantener dentro de la estructura de un partido histórico del capital a capas importantes de la juventud y los trabajadores con el argumento de que es un “terreno de disputa”. Es una vía para evitar que la radicalización que anida en esos sectores evolucione hacia la construcción de una organización política independiente. El DSA es funcional a los intereses de la clase capitalista de la cual es tributario el Partido Demócrata. En nombre de respetar la disciplina interna y la unidad partidaria, terminan apoyando a los candidatos del establishment. Bernie Sanders cerró filas con el partido: luego de las primarias llamó a votar por Hillary Clinton y después por Biden. Una política similar es la que se está insinuando frente a las elecciones de 2028, pero esta vez en torno a la candidatura para presidenta de Alexandria Ocasio-Cortez. Todavía no es una candidatura formalmente definida, ni una decisión de DSA, pero empieza a tomar vuelo lo que va de la mano con la promesa de una transformación del partido. La película, sin embargo, hoy es conocida y ha probado ser una encerrona. Lejos de empujar al partido hacia la izquierda, quienes se han adaptado a las presiones de la cúpula conservadora son las fracciones llamadas progresistas. Lo de Palestina es muy revelador, pues tanto Sanders como Ocasio-Cortez reivindican el “derecho a la defensa de Israel” y votaron en la Cámara de Diputados créditos al gobierno de Netanyahu con el argumento de que se trataba de un armamento defensivo.

El Wall Street Journal informa que candidatos respaldados por DSA preparan exigencias a Jeffries, uno de los hombres fuertes del elenco dirigente del Partido Demócrata, a cambio de darle su apoyo para presidir la Cámara. El cálculo presupone que una bancada demócrata ajustada necesitará sus votos. La DSA pasaría a ser fagocitada por la maquinaria del partido y furgón de cola del establishment que lo comanda (The Wall Street Journal, 18/10).

Por fuera del bipartidismo, se presenta el Partido Verde, con referentes como Jill Stein y Howie Hawkins. Defiende salud universal, fin de la ayuda a Israel y un programa ecosocialista de propiedad pública y planificación energética. Recoge parte del rechazo al imperialismo. Su independencia de los demócratas lo diferencia de DSA.

Su programa declara oponerse al capitalismo, pero propone combinar empresas privadas, cooperativas y empresas públicas y reformar las corporaciones para hacerlas socialmente responsables. Esa conciliación del anticapitalismo con la pequeña propiedad y la reforma institucional configura un ecologismo reformista en los marcos del orden social capitalista vigente.

La defensa del derecho de los verdes a competir electoralmente contra la proscripción que ejerce el régimen no debe confundirse con la independencia de clase, que exige un programa y una organización obrera que dispute el poder. Es necesario no diluir estas diferencias. Las trabas a terceras candidaturas refuerzan el monopolio del bipartidismo. El argumento del voto útil a los trabajadores es un argumento tramposo pues conduce, de asumir esa premisa, a renunciar indefinidamente a una representación política propia. De todos modos, debemos tener presente que la independencia de una boleta no resuelve por sí sola la independencia política y social: es necesario examinar el programa, su relación con las luchas y la clase sobre la cual busca apoyarse para llevarlo adelante.

En este contexto, es necesario valorar la presentación de una candidatura obrera independiente como la de Kshama Sawant, que obtuvo 17,22% en la primaria del noveno distrito de Washington, por fuera del bipartidismo. Quedó excluida porque solo pasan los dos candidatos más votados, pero alcanzó alrededor de 35% en Seattle. Su campaña vinculó salud, vivienda e inmigración con la intervención obrera y el socialismo, una construcción que excede la coyuntura electoral. Si bien tiene un alcance acotado geográficamente, su candidatura ha tenido el enorme mérito de demostrar que hay un terreno para que germine una fuerza política independiente del aparato del Partido Demócrata y que pueda abrirse paso entre la masa.

¿Puede haber un desconocimiento de los resultados?

Ante un escenario que se le presenta adverso, Trump ha intensificado las maniobras para condicionar los resultados, apuntando a restringir el voto opositor.

La persecución de inmigrantes es uno de sus instrumentos, a sabiendas de que en ese sector el resultado le va a ser desfavorable: ICE detuvo cerca de 49.600 personas en julio, el máximo mensual del segundo mandato; más de la mitad carecía de antecedentes penales.

El Ministerio de Justicia demandó a California para impedir el cómputo postal de más de 20.000 personas hasta verificar su ciudadanía. La Casa Blanca perdió 26 demandas por los padrones, pero persiste en su tentativa.

La Corte Suprema aceptó una cautelar contra la orden electoral de Trump para condicionar el voto por correo. El hecho de que haya mayoría conservadora en la Corte no significa que actúe como un bloque subordinado totalmente a Trump y convalide automáticamente cada iniciativa presidencial. No avaló, por ejemplo, los anuncios de Trump sobre aranceles, lo que obligó a Washington a dar marcha atrás con la medida y buscar otros artilugios para hacerla pasar. El máximo tribunal vela por los intereses generales de la burguesía y procura evitar, en su calidad de árbitro en última instancia de la organización social capitalista, una fractura del Estado que comprometa al conjunto del régimen.

De todos modos, no podemos ignorar el antecedente de la derrota de Trump en noviembre de 2020 y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Puede repetirse un desconocimiento de resultados, pero bajo otras condiciones: en 2026 hay numerosas elecciones legislativas y estatales, sin una transferencia presidencial que bloquear. Impugnaciones de bancas y presiones sobre recuentos pueden adquirir alcance nacional si deciden el control del Congreso. Cada cámara tiene atribuciones sobre la elección de sus miembros (Constitución, artículo I, sección 5; Senado, 6/1/2021).

El desconocimiento puede adoptar una forma escalonada. Primero, deslegitimar padrones o modalidades de votación; después, judicializar recuentos, presionar a funcionarios o impugnar certificaciones; finalmente, intentar que las autoridades políticas conviertan esas disputas en un cambio del resultado. No todos esos pasos requieren ocupar militarmente los centros electorales. El carácter descentralizado de los comicios dificulta una operación única, pero proporciona numerosos puntos de intervención. La importancia de cada conflicto dependerá de cuántas bancas estén en juego y de si su resolución define una mayoría.

Es necesario observar la actitud que tomarán las fuerzas armadas. No olvidemos que la cúpula militar sufrió una depuración. Trump destituyó a C. Q. Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto; a Lisa Franchetti, jefa de la Armada, y a James Slife, vicejefe de la Fuerza Aérea. Hegseth desplazó también a los máximos abogados militares. Dan Caine fue elegido para reemplazar a Brown. La purga continuó durante la guerra con Irán: Hegseth, ministro de Defensa, destituyó al jefe del Ejército, Randy George. Reuters informó también los desplazamientos de David Hodne, responsable de transformación y entrenamiento, y William Green, jefe de capellanes. El recambio busca una cadena de mando más subordinada a la Casa Blanca y debilita los controles jurídicos internos (Defense News, 22/2/2025).

Caine negó planes para enviar tropas federales o Guardia Nacional federalizada a centros electorales o incautar urnas y máquinas. No se puede decir, sin embargo, que las Fuerzas Armadas sean una correa de transmisión sin contradicciones de la voluntad presidencial. Pero atribuirles una neutralidad garantizada pasaría por alto el trabajo político del gobierno sobre el mando.

Tampoco debe reducirse el aparato coercitivo a los generales. Las agencias federales, los fiscales, las policías y las autoridades estatales pueden intervenir en la intimidación sin que exista un pronunciamiento militar nacional. El riesgo autoritario puede crecer mediante la utilización selectiva de instrumentos existentes, aun antes de una ruptura abierta de la legalidad. Una derrota estrecha puede llevar al gobierno a combinar litigios, denuncias de fraude y coerción sobre autoridades electorales. La violencia y una eventual ruptura mayor dependerán de apoyos estatales, divisiones burguesas y resistencia popular. La respuesta obrera exige evaluar esas contradicciones.

Los desafíos frente al panorama que se abre

Si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, el Ejecutivo conservará la presidencia y sus instrumentos administrativos, mientras se abrirán choques sobre presupuestos, citaciones e investigaciones. Recuperar también el Senado modificaría las condiciones para los nombramientos de funcionarios y jueces y la tramitación legislativa, y hasta sería un terreno para que prosperen los pedidos de juicio político contra el magnate. Pero un control parlamentario por parte de los demócratas no es sinónimo de un progreso automático para imponer un programa propio frente al presidente. Una derrota republicana puede agudizar las disputas del régimen; no desarma por sí sola la ofensiva contra los trabajadores. Con más razón si tenemos que los demócratas no quieren que la sangre llegue al río y defienden la gobernabilidad. Más allá de las fricciones existentes, la agenda antiobrera y belicista de Trump es una política de Estado que sostiene la burguesía norteamericana y es compartida por ambos partidos.

Un escenario inverso, sin embargo, tampoco clausuraría las tendencias de lucha. Una retención republicana del Congreso fortalecería al gobierno, pero las contradicciones económicas y las luchas que erosionaron su apoyo seguirían presentes. Y una elección disputada colocaría de inmediato el problema de defender el recuento y los derechos democráticos. Y hasta podría derivar en una crisis política de proporciones, a partir de la cual podría colarse la movilización popular. Un anticipo todavía en frasco chico de lo que podría ocurrir lo tenemos en las recientes protestas No King del pasado 17 de octubre, donde tuvieron lugar 3000 actos y manifestaciones en todos los rincones del país contra las restricciones y condicionamientos que pretende imponer la Casa Blanca contra el voto anticipado por correo. En cualquiera de esas variantes, la relación entre movilización y dirección política será decisiva. La intervención obrera puede alterar una situación que la disputa electoral refleja de manera parcial y deformada.

Esperar 2028 para cambiar de presidente no solo es apostar a otro presidente imperialista que seguirá de otra manera con los ajustes, sino que dejaría avanzar, ahora, despidos, represión, militarización y nuevos ataques a los trabajadores. Unir a asalariados documentados e indocumentados, enfrentar los operativos contra los inmigrantes, defender el derecho a la protesta e impulsar los conflictos sociales para llevarlos a un triunfo puede preparar una acción nacional. La huelga general exige una movilización independiente y enfrentar la subordinación sindical a los partidos del sistema.

La lucha contra la carestía, los despidos y los ataques a los migrantes conduce a enfrentar a las corporaciones que sostienen la guerra y financian a los dos partidos. Paralizar esa maquinaria golpearía al centro imperialista y a sus aliados en el mundo, como es el caso de Milei. El desgaste de Trump abre una oportunidad si los trabajadores disputan quién recoge sus frutos: una fuerza propia puede impedir que las energías acumuladas contra el gobierno terminen financiando políticamente un recambio político en los marcos del sistema. La construcción de una alternativa política de los trabajadores empieza en la organización de las luchas presentes y exige una perspectiva obrera y socialista, que apunte a transformar a la clase obrera en alternativa de poder.