La desaparición y posterior femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, y la investigación por grooming, abuso y explotación sexual de niñas y adolescentes en Villa de María de Río Seco constituyen dos hechos de una gravedad extraordinaria. Pero su importancia política no reside solamente en la brutalidad de los sucesos, sino en que ambos episodios abrieron una ventana sobre el funcionamiento del poder político cordobés. Los hechos deben ser analizados como manifestaciones de una descomposición política y social del núcleo dirigente del PJ y del agotamiento de todo un régimen cordobesista.
En este cuadro, la provincia de Córdoba será el epicentro de una masiva movilización nacional durante el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que aparece como la oportunidad de impulsar un programa de salida independiente frente al fracaso del gobierno de ultraderecha de Milei —enemigo de nuestro movimiento—, pero también de todas las variantes descompuestas de la oposición patronal.
Agostina Vega: un crimen del poder político
El brutal femicidio de Agostina Vega, una niña de 14 años, fue el motor de una movilización de más de cien mil personas en Córdoba en reclamo de justicia; un reclamo que se extendió a todo el país con masivas convocatorias en el marco de un nuevo aniversario del 3 de junio por Ni Una Menos.
Agostina desapareció el sábado 23 de mayo por la noche de su domicilio en el barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba. Horas después, la familia hizo la denuncia en la Unidad Judicial que funciona en la comisaría del barrio Juan Pablo II e hizo pública la búsqueda por redes sociales. Sin embargo, la denuncia no fue radicada formalmente hasta el lunes posterior y, por ende, tampoco se activaron los protocolos de búsqueda inmediata ni el Alerta Sofía.
A pesar de que desde el domingo se contaba con el testimonio clave del remisero que llevó a Agostina al encuentro con Claudio Barrelier (de 31 años) en las inmediaciones de su domicilio en el barrio de Cofico -lo que lo ubicaba como el principal sospechoso-, no se ordenó el allanamiento de su vivienda ni su detención. En una insólita espera a pesar de la gravedad del testimonio, la fiscalía recién le tomó declaración formal el martes, perdiendo casi 72 horas «de oro» que podrían haber servido para rastrear las cámaras de seguridad en tiempo real y hallar a Agostina con vida. La detención se produjo recién 80 horas más tarde, el miércoles, cuando la familia se movilizó y la desaparición trascendió en los medios de prensa nacionales.
Ese accionar de la justicia y de la policía de Llaryora no fue casual, sino que apuntó a establecer un manto de impunidad sobre el principal acusado, Claudio Barrelier, y la trama del poder que lo rodea. El asesino de Agostina no era un desconocido para el gobierno: era un puntero del peronismo cordobés e integrante de las 62 Organizaciones Peronistas, agrupación que comanda personalmente el abogado y exconcejal oficialista Ricardo Moreno, conocido por representar a distintos narcos y criminales que operan en Córdoba, como Pablo Esser (expresidente del club Sportivo Belgrano) y el “Porteño” Luzi.
Pero Ricardo Moreno no solo conocía a Barrelier, sino que era su padrino político: fue quien promovió su ingreso como empleado en la Municipalidad de Córdoba durante la intendencia de Martín Llaryora, actual gobernador de la provincia. También fue su abogado personal en la causa penal de 2025 por la privación ilegítima de la libertad de una joven mujer, quien logró escapar semidesnuda y maniatada de la misma vivienda donde fue asesinada Agostina, tras denunciar un intento de secuestro y violación. El hecho ocurrió con los vecinos de la zona como testigos; aun así, el fiscal Iván Rodríguez, que investigaba esa causa, lo dejó en libertad condicional bajo una fianza conseguida por el propio Moreno después de 20 días de detención. En audios que posteriormente se filtraron, Moreno se jactaba de su defensa a Barrelier manifestando que “el pibe se echó un moco” y que “no se deja tirado a los compañeros”.
Frente a la desaparición de Agostina, Barrelier designó como abogado defensor a Jorge Sánchez del Bianco, yerno de Ricardo Moreno. Sánchez es vocal titular del Colegio de Abogados, institución que conduce una lista llaryorista. Para dimensionar la incidencia que tiene Moreno en el gobierno, hay que mencionar también que su hija Carla Moreno (esposa de Sánchez del Bianco) también es funcionaria y ocupa un cargo «a dedo» en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Por otra parte, el concejal oficialista Diego Casado, sobrino de Ricardo Moreno, estuvo involucrado en marzo de este mismo año en un escándalo por haber representado a su suegro, el abogado Humberto Margara, en una causa por abuso sexual a una empleada, para el cual obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria y hasta la posibilidad de continuar ejerciendo la profesión.
Mientras la imagen de Agostina inundaba las redes sociales, la Justicia dejó pasar cuatro días enteros de una alarmante pasividad antes de ordenar la detención y el allanamiento de Barrelier. Esto no se debió a un accionar negligente; las filiaciones que rodearon el caso excedieron con creces la desidia habitual y expusieron un entramado de complicidades y encubrimiento político imposible de soslayar.
La trama oculta: el poder político y los negocios de la noche
El sábado por la noche, horas después de que se encontrara el cuerpo de Agostina Vega en un descampado en la zona del barrio Ferreyra de la ciudad de Córdoba, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad del gobierno, Juan Pablo Quinteros, dieron una conferencia de prensa con el único objetivo de encubrir los lazos del femicidio con el poder político del gobierno de Córdoba. En esa conferencia, el ministro Quinteros guardó silencio, mientras el fiscal hablaba solo de “homicidio” —sin hacer referencia a la figura legal de femicidio— y elogiaba el accionar de la justicia y de la policía de Córdoba.
En ese mismo momento, frente a la comisaría del barrio Juan Pablo II (la misma donde se negaron en un primer momento a recibir la denuncia por la desaparición), vecinos y familiares de Agostina realizaron una movilización que fue respondida por la policía de Córdoba con un fuerte operativo represivo, disparando balas de goma y arrojando gases hasta la madrugada contra quienes solo reclamaban justicia.
La conferencia de prensa y la represión pusieron en marcha el operativo de control de daños e impunidad del poder político. Sin embargo, la respuesta fue masiva: más de cien mil personas inundaron las calles del centro bajo la lluvia exigiendo la renuncia inmediata del fiscal Raúl Garzón, del ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros y la expulsión del concejal Ricardo Moreno. La movilización abrió una cloaca que no dejó de emanar descomposición.
Como resultado de la investigación sobre las cámaras de seguridad, resultó detenida por encubrimiento agravado Soledad Andreani, quien había colaborado con el traslado del cuerpo de Agostina al descampado. Se develó que Andreani y Barrelier se conocían porque ambos trabajaban en el establecimiento nocturno Wachitas Bar, ubicado en el barrio céntrico de Nueva Córdoba. Andreani fue la pieza que faltaba para vincular el femicidio de Agostina con los oscuros negocios de la noche cordobesa que funcionan con amparo estatal.
Es así que se comprobó que Wachitas Bar era promocionado sistemáticamente por la página oficial de la municipalidad como parte de la oferta turística de la ciudad, a pesar de contar con múltiples clausuras, no cumplir con las normas básicas de seguridad y tener como titular registral a un testaferro de apenas 22 años sin personal laboral a cargo.
Una testigo clave de identidad reservada aseguró que ejerció la prostitución en Wachitas Bar de 2020 a 2024, en habitaciones clandestinas del lugar, y que allí se proporcionaban drogas y se regenteaban menores para dicha actividad. La mujer dio detalles señalando a Soledad Andreani como la persona que estaba a cargo de las operaciones del bar y que era quien conseguía los clientes, quedándose con el 50% del servicio. Asimismo, se declaró que Barrelier operaba como seguridad y era quien se encargaba de guiar a los clientes dentro del establecimiento. A raíz de esto, Wachitas Bar fue clausurado y se abrió una investigación que derivó en el cierre de otros locales de similares características, como Malibú, Luzbelito, Point y Casablanca, entre otros.
¿Cómo podían funcionar estos antros en el corazón de la ciudad y ser promocionados por el propio gobierno? Solo con la participación directa del poder político en los negocios más oscuros de la noche: drogas, proxenetismo, abuso, corrupción y explotación sexual de menores.
El femicidio de Agostina echa luz sobre la injerencia estatal en las mafias que operan impunemente no solo en la ciudad, sino también en la provincia. Ricardo Moreno y su yerno, Sánchez del Bianco, como abogados del violador y femicida Barrelier, buscaron preservar la responsabilidad del gobierno de Martín Llaryora y del intendente Daniel Passerini. Lo mismo hicieron el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en una conferencia de prensa orientada a autofelicitar al gobierno en lugar de dar explicaciones de por qué tienen concejales y funcionarios encubridores de femicidas y mafiosos.
El femicidio de Agostina Vega produjo una conmoción social extraordinaria. Por este crimen del poder político fueron imputadas y detenidas cuatro personas —entre ellas Claudio Barrelier— como autores materiales, cómplices y encubridores. El oficialismo maniobró la renuncia de Ricardo Moreno en el Concejo Deliberante para evitar que se abriera un proceso de investigación y expulsión que pudiera destapar aún más las implicancias políticas. Sin embargo, sigue abierta la lucha por justicia para Agostina, unida a la pelea por terminar con décadas de encubrimiento e impunidad estatal.
Río Seco: el hambre como telón de fondo para el abuso y la corrupción de menores
Una investigación por grooming, abuso y explotación sexual de niñas y adolescentes, iniciada en julio de 2026 en la localidad norteña de Villa de María de Río Seco, derivó en la detención de quince personas. Entre ellas se encuentra José Aníbal Villarreal, quien figura en la última nómina oficial de asesores legislativos del mes de mayo como asesor del legislador oficialista Ernesto Ramón “Cañito” Flores. Se trata de otro capítulo en la descomposición en la que está envuelto el oficialismo provincial.
Una familia de Río Seco denunció la desaparición de su hija de 14 años. Tras días de búsqueda, la menor fue hallada junto a otra de la misma edad en una vivienda en la localidad de Sumampa, al sur de la provincia de Santiago del Estero, donde estaban siendo explotadas sexualmente. Lo que comenzó con la desaparición de una adolescente destapó una red de vulneración sistemática sobre al menos tres menores de entre 13 y 14 años. El cuadro de miseria extrema en el que operaban los abusadores expuso de forma cruda las condiciones de vida en el norte cordobés.
Las pericias sobre los teléfonos en la investigación dieron cuenta de que las menores eran captadas a través de redes sociales mediante grooming para inducirlas a mantener encuentros sexuales con personas adultas, recibiendo por ello montos que no superaban los 80 mil pesos. En las declaraciones en cámara Gesell, las propias víctimas relataron que con el dinero compraban sándwiches porque tenían hambre.
Las pruebas conducentes al funcionamiento de una red de captación de menores son concluyentes. Se comprobó la existencia de grupos de WhatsApp utilizados para socializar contactos entre grupos de remiseros de la zona. Además, las adolescentes tenían implantados anticonceptivos subdérmicos desde los once años sin que el sistema de salud disparara alerta ni protocolo alguno de protección infantil, evidenciando que contaban con el blindaje político de las autoridades locales en Río Seco.
Al igual que Barrelier con Moreno, es innegable que Villarreal tenía la protección política del legislador Ramón Flores. Cobraba un salario en la Legislatura pero se desempeñaba como un puntero del PJ en Río Seco. Los encuentros sexuales con las menores eran facilitados en un campo de propiedad de Ramón Flores, y han trascendido audios que obran en autos en los que Villarreal se jactaba de intercambiar chapas, puertas y bolsones por “terneritas” durante la campaña electoral con absoluta soltura e impunidad.
José Villarreal ya había sido imputado en 2021 por reducción a la servidumbre y abuso sexual con acceso carnal contra una menor vinculada a su entorno. Esa grave denuncia fue cajoneada en una comisaría de Río Seco y finalmente prescribió en la fiscalía. En ese momento, Ramón Flores era intendente de Río Seco y, a pesar de tener conocimiento de estos antecedentes, lo nombró como su asesor y le dio la administración de un campo de su propiedad.
Pero Villarreal no es el primer escándalo que involucra al legislador Ramón Flores. Entre los asesores nombrados por él figuran Ariel Rodríguez, condenado por peculado a tres años y medio de prisión, y Mario Giraudo, abogado condenado por encubrir el abuso sexual de una adolescente.
¿Quién es Ramón “Cañito” Flores? Fue intendente de Río Seco durante tres períodos, desde el año 2011 hasta 2023. Comenzó su militancia en 2007 como puntero del por entonces gobernador José Manuel de la Sota, pero continuó operando con todos los gobiernos del PJ hasta que llegó a la Legislatura en el año 2023. De caudillo del PJ pasó a ser uno de los nombres más poderosos del norte cordobés, a la altura del expresidente de la Unicameral Oscar González en Traslasierra. En Río Seco y en el norte de la provincia no vuela una mosca sin que Flores lo sepa y lo controle.
Finalmente, el repudio popular terminó obligando a Ramón Flores a renunciar a su cargo de legislador de Córdoba. Cabe subrayar que días atrás el oficialismo le había concedido una licencia como maniobra para protegerlo. La aceptación de la renuncia, tras haber rechazado los pedidos de expulsión que conllevaban la apertura de una investigación a fondo, representa un intento de rescate político al gobierno de Llaryora para encubrir su propia responsabilidad y descomposición.
El caso de Villa de María de Río Seco no es un hecho aislado ni producto de algunas «manzanas podridas», sino el reflejo de un cuadro generalizado de descomposición política en la provincia. La implicación de asesores y funcionarios del PJ en causas judiciales gravísimas evoca de forma directa precedentes de impunidad e investigación a la cúpula estatal, como por ejemplo el caso del exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, imputado por violencia de género; el del exdirector de Defensa Civil, Diego Concha (condenado por violencia de género y abuso sexual seguido de muerte); o las múltiples causas por corrupción y violencia institucional que involucran a cuadros vinculados al cordobesismo.
Una respuesta de fondo contra la descomposición e impunidad
La impunidad del peronismo no es nueva en Córdoba. A principios de 2026, la Policía de Córdoba asesinó a Tomás Orihuela, un joven de 19 años, en la comisaría de barrio General Paz. Unos días después, el gobernador Llaryora mandó a esa misma fuerza descompuesta a reprimir e infiltrar ilegalmente una asamblea docente para imponer un acuerdo salarial a la baja.
Los casos analizados no son idénticos, pero exigen una respuesta común: la movilización. En ese sentido, la marcha por justicia por Agostina el 3 de junio fue una expresión de esa fuerza que colocó en el centro la responsabilidad estatal y ratificó en todo el país que la lucha contra la violencia de género no puede quedar subordinada al Estado, ni a los partidos que gobiernan. Debe ser independiente.
Desarrollar a fondo un programa de transición aparece como un desafío central para sacar las conclusiones adecuadas en cuanto a una salida de clase frente al escenario de descomposición política que expone a nuestras pibas y mujeres a las peores atrocidades del sistema.
La Justicia se ha mostrado incapaz de dar respuestas no por desidia, negligencia o impericia, sino por su condición de clase y su rol como pilar de un sistema basado en la opresión y el sometimiento de las mujeres. La lucha por justicia -más aún cuando quienes deben ser sentados en el banquillo de los acusados son funcionarios- es incompatible con la existencia de magistrados designados «a dedo» mediante acuerdos políticos entre los gobernantes y sectores que concentran el poder. Vale decir: el gobierno del PJ ha montado su poderío sobre la base de una maquinaria judicial que garantiza impunidad a sus negocios más oscuros; no podría ser de otra manera.
Romper con esa lógica implica que los jueces y fiscales sean elegidos directamente por el voto popular, lo que permitiría que las mujeres, las diversidades, los sectores oprimidos y la clase trabajadora en general tengan control sobre quiénes administran la justicia. Pero también exige impulsar un fuero penal y civil unificado y especializado que centralice todas las causas de violencia de género, para terminar con el laberinto de revictimización y burocracia judicial hartamente conocido en estos juzgados.
Otro aspecto fundamental es la necesidad de crear un Consejo autónomo e independiente de los gobiernos, electo por las mujeres y diversidades, con cargos revocables y con presupuesto autárquico (es decir, con fondos propios garantizados y gestionados sin interferencia del Poder Ejecutivo), para que sean las propias mujeres quienes tomen en sus manos las riendas de las políticas de género.
Ambas iniciativas plantean la periodicidad y revocabilidad de los cargos, tanto de magistrados como de funcionarias: una verdadera respuesta frente al incumplimiento de los deberes del cargo y contra la casta judicial enquistada de forma vitalicia en los estrados del Poder Judicial.
Se trata de una salida programática diametralmente opuesta a la apropiación y cooptación estatal de las luchas y conquistas del movimiento que han desarrollado los gobiernos peronistas, tanto en la provincia como en el orden nacional, y cuyas nefastas consecuencias están a la vista. Nunca más válida la consigna: Ni Una Menos. El Estado es responsable.
El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries -que se realizará en Córdoba los días 10, 11 y 12 de octubre de 202- llegará a una provincia atravesada por una crisis del régimen político que durante décadas se presentó como garante del orden para la burguesía local, las patronales y los pools de siembra. Llegará cuando las mujeres y diversidades tienen razones concretas para discutir quién controla el Estado y quién paga el costo de la violencia, de las mafias que rodean al poder y del ajuste.
El Encuentro puede ser un punto de inflexión y, por eso, debe convertirse en una instancia para organizar una gran movilización independiente. Sobre esa base, la tarea estratégica es transformar la indignación social en una fuerza organizada, capaz de disputar el poder político al cordobesismo y a todas las variantes patronales.