El avance de la OTAN hacia el este europeo, ejerciendo gran presión militar sobre Rusia, y la respuesta de esta invadiendo Ucrania abriendo una guerra en el corazón de Europa, no es ni podía ser un acontecimiento sin grandes consecuencias a escala planetaria.

Una de esas consecuencias se manifestó a miles de kilómetros de esa guerra, en la plataforma continental de la Cuenca Austral (a poco más de 200 kilómetros de las Islas Malvinas) y en Vaca Muerta.

Uno de los primeros impactos de la guerra fue el encarecimiento del precio de los hidrocarburos y las sanciones y roces contra Rusia, que era un abastecedor fundamental de energía a Europa. Por ejemplo, a través del gasoducto Nord Stream I (al que luego se agregó la construcción de un segundo gasoducto similar) de 48 pulgadas, pero también por otras vías y ductos. Esto potenciado, lógicamente, por la guerra en curso de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita contra Irán y Yemen.

En este marco, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en mayo del año 2022, aplicó un impuesto especial (el Energy Profits Levy, EPL) sobre las ganancias extraordinarias en la actividad hidrocarburífera del Mar del Norte, con vigencia hasta el 31 de marzo del año 2030. Ese impuesto primero fue del 35 % y luego se subió al 38 %, llevando la carga impositiva total sobre las ganancias de las petroleras al 78 %.

Esto agravó un proceso preexistente en la explotación hidrocarburífera del Mar del Norte, ya que desde hacía años la producción registraba un descenso y grandes empresas como Shell y BP “han tenido complicado conseguir beneficios” (Reuters, 31/1/2017).

En el año 2019, un gigante como ConocoPhillips vendió sus activos en el Mar del Norte a la británica Chrysaor, la que ya había comprado en el 2017 activos de Shell en esa cuenca.

La imposición del impuesto especial y la disparada de precios produjeron una serie de fusiones y adquisiciones en las grandes operadoras del Mar del Norte (Harbour Energy, Equinor, Shell, TotalEnergies). La producción de la cuenca cayó abruptamente de 1,1 millones de barriles por día (b/d) en 2020 a un estimado de 474 000 b/d para septiembre de 2025. La producción petrolera del Reino Unido disminuyó en ese período (OilPrice.com, 16/12/2025).

En los últimos meses se produjo un salto de fusiones y anuncios de ventas de petroleras que operan en la cuenca del Mar del Norte. El año pasado Repsol formó una sociedad con NEO Energy.

En abril de 2026, TotalEnergies fusionó todos sus activos en la cuenca a Neo Energy para formar Neo Next. Y luego Neo Next, en junio, compró el 100 % de los activos en el Reino Unido de la japonesa Sojitz. A principios del año en curso se formó Adura, una asociación entre Shell y Equinor.

En julio de 2026, Harbour Energy compró las subsidiarias británicas de Waldorf Energy Partners.

Y en el pasado mes de agosto nada menos que una gigante como British Petroleum anunció la venta de todos sus activos en el Mar del Norte después de 60 años de presencia allí.

Por lo tanto, no resulta extraño que las empresas con operaciones en el Mar del Norte pusieran la mira en otras cuencas, donde se pudiera sacrificar cercanía a los centros de consumo a cambio de ventajas estatales o una carga impositiva más baja o el acceso al saqueo sin limitaciones. No es casualidad, entonces, que empresas británicas pusieran su interés en Argentina, aunque las que habían sido sancionadas por operar en territorios usurpados de las Islas Malvinas debían recurrir a subterfugios legales para hacerlo.

Tomando distintos acontecimientos ocurridos dentro de un período de una década o un poco más (desde 2014 al presente), se verifica un “despertar” hidrocarburífero en varios países de Sudamérica. Desde un poco antes, Exxon había iniciado la explotación hidrocarburífera en Guyana. En Brasil estalló la producción del Presal. En Argentina, desde 2013 Vaca Muerta es conocida por su potencialidad y se inicia la explotación intensiva con el pacto de Cristina Kirchner y Axel Kicillof con Chevron. En septiembre de 2024 inicia la producción off-shore en la Cuenca Austral el proyecto Fénix. Y hace apenas unos meses, Estados Unidos dio el golpe para quedarse con el petróleo de Venezuela a través de la injerencia de Chevron. El “patio trasero” y sus recursos pasaron a ser objetivos imperiales en función de sus propias necesidades y de la disputa con China.

De Premier Oil a Harbour Energy y la pata yanqui

El yacimiento de Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, fue descubierto en 2010 por la británica Rockhopper, la que, tras infructuosos intentos y una considerable deuda, terminó vendiendo la mayoría de la concesión a Premier Oil, otra empresa británica. La que, tras algunos años, terminó también endeudada y anunció que suspendía sus proyectos de inversión en Sea Lion. En el segundo semestre del año 2014, el precio del barril, que estaba en alrededor de los US$ 100 durante los dos años anteriores, se derrumbó a menos de U$S 30 en enero del año 2016, recortando las expectativas del negocio. Luego remontó, pero se volvió a desmoronar con la pandemia y en mayo del año 2020 estaba nuevamente por debajo de los U$S 30.

Es precisamente en este marco de precios bajos del año 2020 que una endeudada Premier Oil y Harbour Energy (fundada en el año 2014 por el grupo financiero de Estados Unidos EIG Global Energy Partners) se fusionan el 6 de octubre del año 2020 con Chrysaor Holdings Limited (otra controlada por EIG Global Energy).

Chrysaor se había convertido en una de las principales petroleras en el Mar del Norte tras comprar los activos de Shell en 2017 y de ConocoPhillips unos años después.

Pero Chrysaor era también propiedad del grupo financiero yanqui EIG Global Energy Partners, o sea que las tres fusionadas son controladas por los mismos inversores.

Cuando aparece en la mira buscar recursos en América Latina, debe considerarse un dato importante a tener en cuenta: la fecha en que Premier Oil cambió su nombre por Harbour Energy, que ocurrió en la bolsa de Londres en el año 2021.

De modo que cuando Harbour Energy se queda con los activos de Wintershall en la Argentina, se los apropia una empresa británica respaldada por fondos de Estados Unidos luego del cambio de nombre. Por eso la británica no arriesgó, ni arriesga al presente, su capital en la Argentina, donde sabe que está violando la ley. No entierra “fierros” en las áreas que posee, sino que, como lo afirma su CEO, Martín Rueda, “actualmente, Harbour no opera sus activos, sino que mantiene una asociación con Total en tres bloques de producción” (Mejor Energía, 10/09/2025).

Se previene de confiscaciones. Es consciente de que actúa como pirata.

El cambio de nombre: un taparrabos legal

Ya en julio del año 2012, la Cancillería argentina había enviado una nota a las bolsas de Londres y Nueva York y a la empresa Premier Oil sobre su actividad ilícita junto a la otra británica (Rockhopper Exploration PLC) en territorio usurpado al país. Dice la nota que «La Embajada de la República Argentina tiene el agrado de dirigirse a Premier Oil PLC en adición a la nota ERUNI 99/12, de fecha 19 de marzo de 2012, referida a actividades ilícitas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas. Por la presente se informa a Premier Oil PLC que la firma realiza actividades ilícitas de exploración hidrocarburífera en la plataforma continental argentina, por lo que la República Argentina ha declarado clandestina a la citada empresa, e ilegales sus actividades desarrolladas en la plataforma continental argentina, e iniciado las correspondientes acciones legales”.

El 13 de mayo del año 2013, por la Resolución 260/13 de la Secretaría de Energía se declararon ilegales las actividades y a la propia empresa Premier Oil por sus actividades en territorio usurpado.

Y el 2 de septiembre de 2013, por otra Resolución de la Secretaría de Energía (Nº 481/13), se inhabilitó a Premier Oil por 15 años para operar en el país.

Por lo que con ese nombre no podía adquirir activos en la Argentina sin llamar la atención. Por eso, cuando Wintershall le traspasa sus activos en el proyecto Fénix y en las áreas de Vaca Muerta en el año 2023, la que aparece es Harbour Energy, que pretende ser ajena a Premier Oil y no estar inhabilitada para operar en el país.

¿Por qué Wintershall?

Porque era una empresa que ya tenía activos en Sudamérica, además de grandes inversiones en Rusia, y fue fuertemente golpeada por la guerra en Ucrania a partir de febrero del año 2022. La alemana Wintershall, controlada por el gigante petroquímico BASF y la inversora LetterOne, se colocó rápidamente del lado de la OTAN y tomó medidas punitivas contra Rusia y sus intereses como proveedora de energía a Europa y especialmente a Alemania.

Apenas iniciada la guerra en Ucrania, Wintershall congeló sus inversiones en Rusia y paralizó su parte del financiamiento del gasoducto Nord Stream II, vital para la exportación gasífera de Rusia.

Putin respondió expropiando activos de la empresa en Rusia.

Esto colocó a Wintershall en serios problemas financieros y a merced de quien tuviera caja y le interesara -acuciado por los costos en el Mar del Norte y la carga impositiva extra por la guerra- comprar activos en otras cuencas. Era la oportunidad para los capitales tras Harbour Energy de quedarse con los activos de Wintershall, que incluían su participación en el proyecto Fénix y áreas en Vaca Muerta, que finalmente fueron solo dos porque a inicios del año 2022 Wintershall ya había vendido sus activos en Aguada Federal y Bandurria Norte a Vista Energy (la empresa que dirige el ex-YPF Miguel Galuccio).

Como se dice más arriba, para ese entonces Premier Oil había ya cambiado de nombre a Harbour Energy. Lo cual fue anunciado por la Bolsa de Londres el 31 de marzo de 2021 con un comunicado que no deja lugar a dudas, porque dice en inglés “Certificate of incorporation on change of name” y detalla que Premier Oil pasa a denominarse Harbour Energy.

A partir de ese día, la empresa británica con nuevo nombre no podía dejar de estar bajo el control de los organismos nacionales y provinciales ante la cesión a su favor de áreas a nivel nacional y en Vaca Muerta en particular. Máxime cuando la provincia de Neuquén está obligada por dos leyes a autorizar dichas cesiones mediante una norma legal y siempre y cuando dicha cesión reúna todos los requisitos legales. Por ejemplo, así se procedió con la cesión que Wintershall hizo a favor de Vista Energy sobre el área Bandurria Norte (Decreto 1851/2022).

Pero no se encuentra registro de un decreto que autorice la cesión de Wintershall a Harbour Energy. Lo cual se agrava ante la negativa del gobierno neuquino a responder la requisitoria en la Legislatura del diputado del Partido Obrero en el FIT-U, César Parra. La negativa hace presumir que sería muy difícil que el gobierno hubiera emitido tal decreto, ya que no existían en este caso los requisitos de ley, porque Harbour Energy, siendo Premier Oil, había sido declarada ilegal e inhabilitada para tener activos en el país.

Y, sin embargo, los tuvo y tiene hasta el día de hoy, por más que el presidente Milei y el gobernador Figueroa hagan votos de fe de soberanía nacional.

El gobierno de los Fernández y los neuquinos (2019-2023)

El ingreso a activos en el país de parte de la británica Harbour Energy se produjo concretamente a partir de la entrada en vigor de la adquisición de esos activos que pertenecían a Wintershall, el 30 de junio de 2023. Gobernaban el país Alberto Fernández y Cristina Fernández, quienes se llenaban la boca con el término “soberanía energética”. Obviamente, un gobierno del PJ no tenía muchos pergaminos para tal política, desde aquel pacto secreto con Chevron por el cual le entregaron, en una operación que implicó una ingeniería de empresas radicadas en paraísos fiscales, lo mejor del yacimiento de petróleo en Vaca Muerta.

La venta de Wintershall a Harbour Energy, que no es otra que la ilegal e inhabilitada Premier Oil, no podía ser desconocida por los gobiernos nacional ni provincial. Lo cual debería ser motivo de una investigación judicial, que, por supuesto, tampoco se realiza.

Tampoco al Ministerio Público Fiscal de Neuquén, que se dedica a armar causas truchas contra organizaciones populares, el hecho de que no sea pública ninguna norma que autorice la cesión a Harbour Energy lo motiva a una investigación.

A nivel nacional, el gobierno del PJ sufrió en marzo del año 2022 una fuerte interna entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez. Este último le reclamaba fondos al ministro para poder construir el gasoducto que en principio se llamó Néstor Kirchner, que fue oficialmente inaugurado en julio de 2023 y comenzó a funcionar a pleno un mes después, aún bajo el gobierno del PJ. Para ese entonces, una de las áreas que aportó gas a dicho gasoducto era Aguada Pichana Este, y lo sigue haciendo. Es decir, una de las áreas donde Harbour Energy forma parte de la concesión.

Lo cual deja sin autoridad política al PJ para impugnar que Milei haya incluido en el RIGI otro proyecto donde Harbour Energy es parte: el proyecto de GNL Southern Energy, que encabezan Pan American Energy y Golar, y del cual también participan YPF S.A., Pampa y Harbour Energy, y que usará gas proveniente del proyecto Fénix en la Cuenca Austral, donde también está Harbour Energy.

Todo el régimen burgués, tanto el nacional como los provinciales, destila colonialismo. Todos deben estar en el banquillo de los acusados.

La mano que mueve Harbour Energy

Ya se ha dicho que Harbour Energy es una controlada del grupo inversor yanqui EIG Global Energy Partners, cuyo presidente del directorio es Thomas Blair, un estadounidense que es también CEO de Harbour Energy, y desde el año 2013 de Prumo Logística S.A. en Brasil. Fue asesor del expresidente de Estados Unidos George Bush en materia energética.

Prumo Logística es una empresa brasileña que administra el complejo portuario-industrial privado más grande de Brasil. Obviamente está relacionada con el negocio hidrocarburífero, ya que por la terminal pasa el 30 % de las exportaciones de petróleo de Brasil y es la única terminal privada que puede operar con los buques de gran tamaño y calado (Very Large Crude Carriers). Allí operan grandes empresas como Shell, Equinor, Petrobras, Total, PetroChina, CNOOC, etc., y puede exportar 1,2 millones de barriles diarios.

Estos datos son pertinentes porque entre el 23 y el 26 de septiembre del año 2024 se organizó el evento Rio Oil & Gas (ROG) en Río de Janeiro. En él participó el gobernador de Neuquén junto al ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, y otros funcionarios. Coincidió en el evento con varios CEOs de empresas energéticas, entre ellos con Thomas Blair, titular de Harbour Energy y de Prumo Logística. No es el único punto de contacto. El boletín de prensa del gobierno neuquino, Neuquén Informa, del 7 de septiembre de este año anuncia que el gobernador se reunirá en Buenos Aires con un grupo de petroleras que adelantarán regalías para la construcción de varias rutas, entre las cuales menciona a Harbour Energy. El mismo gobernador compartió un encuentro con CEOs en la feria AOG del año 2025 que organizó el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas en La Rural en Palermo, donde uno de los expositores fue Martín Rueda, CEO de Harbour Energy para el país.

Pero el gobierno nacional no se queda atrás. El gabinete de Milei se reunió en enero de este año con el Director Ejecutivo de MidOcean Energy, Venter de la Rey, y el Vicepresidente Senior de MidOcean. La empresa interviene en el mercado internacional del GNL y dice que en Argentina busca “acceso a recursos de bajo costo y alta escala” (Alerta Digital, 16/1/2026). Pero MidOcean Energy es una empresa controlada por EIG Global Energy, cuyo CEO es Thomas Blair, que lo es también de Harbour Energy.

Esta participación de grandes empresas e intereses de Estados Unidos detrás de la británica Harbour Energy y otras empresas en la industria hidrocarburífera de Argentina tal vez sea la razón por la que la cesión de áreas de Vaca Muerta y en la Cuenca Austral, así como la participación de intereses británicos en el proyecto Southern Energy de GNL, hayan pasado sin cuestionamientos oficiales para empresas declaradas ilegales e inhabilitadas para operar en el país. Después de todo, la relación colonial del gobierno nacional con el de Estados Unidos y la pasión del gobernador de Neuquén por las giras por Washington y Houston son todo un síntoma. Cualquier acto de cuestionamiento en nombre de la soberanía nacional implica las explicaciones del caso de quienes actúan como vasallos ante el amo imperial, sea en Houston, Washington, Río de Janeiro, Londres o París.

Nadie puede argumentar que no se sabía. Están las huellas dactilares de todo el régimen burgués y los Estados nacional y provinciales en la entrega vil del recurso.