Medio siglo pasó desde que se instauró el último golpe militar en Argentina que impuso un régimen de terror en todo el territorio nacional y que extendió sus zarpas hacia Latinoamérica por medio del Plan Cóndor.

Con el retorno de la democracia, existieron diversos planes con el objetivo de garantizar la inmunidad penal y política de los responsables del genocidio que nos costó 30.000 desaparecidos y 400 nietos que aún se buscan.

La tenaz movilización popular, logró dejar sin efecto varios de esos intentos encubridores consiguiendo un hito extraordinario: la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y posteriormente, los indultos menemistas o el 2×1 de Macri.

A pesar de ello, y a casi 20 años de la reapertura de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, la impunidad continúa.

Una de las críticas más importantes que realizan los organismos de derechos humanos es la realización de juicios a cuentagotas, con una cantidad limitada de genocidas, la mayoría de ellos, plana mayor de las fuerzas armadas, siendo casi inexistente la persecución penal de la pata civil y eclesiástica de los perpetradores.

Según la estadística de Fiscales, a 2025 tan solo 539 personas se encuentran detenidas, de las cuales 453 están en su casa bajo la figura de “arresto domiciliario”. En un país con 30000 desaparecidos y más de 600 centros clandestinos de detención, la cifra resulta irrisoria.

Sin embargo, celebramos que desde 2006 a la actualidad, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, informó que 1202 genocidas fueron condenadas en 353 sentencias en juicios de lesa humanidad. Ello demuestra la perseverancia de nuestro pueblo que a pesar de todo intento negacionista, sigue luchando por Memoria, Verdad y Justicia.

Las distintas políticas de encubrimiento enquistadas en el Estado, entre ellas la reticencia a abrir los archivos de la dictadura, permitió en gran medida la impunidad. La “impunidad biológica” se anota a 1201 milicos que murieron impunes, o bien fallecieron antes de llegar al juicio oral o durante la tramitación del mismo, por lo que fueron declarados inocentes (La muerte es una de las causales de inocencia en nuestro Código Penal). La lentitud en los procesos, colaborara sin dudas, con este proceso de impunidad.

Mención especial merecen los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención. Si bien fue un secreto a voces la existencia de abusos sexuales por parte de los perpetradores contra las compañeras, hubo que presentar batalla para que esos delitos sean reconocidos como delitos autónomos y comiencen a ser juzgados.  Solamente los datos oficiales indican que fueron víctimas de agresiones sexuales 230 mujeres y 40 varones.

61 sentencias reconocieron a los delitos de violencia sexual como parte del plan criminal desarrollado por lo que fueron condenados 174 genocidas mientras que 45 fueron absueltos.

Durante 2025, se dictaron 19 sentencias de las cuales existieron 60 personas que fueron juzgadas por primera vez. De ellas solo 9 fueron condenadas y 51 absueltas.

Por haber cometido crímenes de lesa humanidad, la semilibertad es la regla: solo el 13% de los genocidas están detenidos. Resulta interesante conocer los datos de la Procuraduría: El 83% de las personas condenadas está bajo arresto domiciliario. Esa cifra aumenta al 90% en el caso de los procesados.

Cada juicio demora más de 10 años entre el inicio de la investigación hasta obtener sentencia de primera instancia. Con esa lentitud  y la fragmentación de los juicios se consolida la impunidad biológica, el encubrimiento y la impunidad. 

Más allá de los límites que tienen los juicios,  a 50 años del golpe genocida, ponemos en valor a un pueblo de lucha, que con garra sentó en el banquillo de los acusados a los perpetradores de toda calaña y logró las condenas por las aberraciones que se cometieron desde 1976 al 1983. Realzamos la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos independientes del Estados, los sobrevivientes y Familiares, que no doblegaron su lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

50 años después seguimos exigiendo que nos digan dónde están. Dónde están los desaparecidos, dónde están los chicos nacidos en cautiverio.

A la memoria de todos los caídos y de Mirta Baravalle, Nora Cortiñas, Chicha Mariani, Cata Guagnini, Cachito Fukman, Pablo Rieznik de quienes tomamos las banderas para que llevarlas a la victoria.