La democracia argentina ha terminado funcionando, en más de un aspecto, como continuidad histórica de la transformación iniciada por la última dictadura militar. El proceso cayó en medio de una pavorosa crisis política, social y económica, pero transformó estructuralmente nuestro país, sentando las bases de una tendencia que no ha hecho más que profundizarse a lo largo de los últimos 50 años.
Podríamos estar hablando de muchísimos temas distintos, que comparten este mismo patrón. Sin embargo, el objetivo de esta nota es mostrar cómo la dictadura marcó un antes y un después en materia económica, y cómo muchos de los problemas que atraviesan a la Argentina de manera recurrente durante este medio siglo hunden sus raíces en el modelo de acumulación que nos dejaron Martínez de Hoz y sus secuaces.
Al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que un estudio del modelo implementado por la dictadura, su programa, sus objetivos y sus políticas económicas nos traen directamente a la actualidad. Cincuenta años después del golpe genocida la burguesía argentina sigue buscando incesantemente quebrar a los trabajadores, someterlos a condiciones cada vez más precarias de trabajo, con salarios más bajos y una distribución del ingreso cada vez más regresiva. Pero empecemos por el principio…
Las interpretaciones más difundidas sobre la política económica de la última dictadura militar en la Argentina han tendido a oscilar entre dos polos igualmente limitados: por un lado, aquellas que la conciben como un experimento fallido, marcado por errores técnicos o inconsistencias de diseño, por sus resultados macroeconómicos y la crisis que empujó a su final; por otro, las que la reducen a una expresión puramente ideológica, como si el objetivo de los genocidas fuese el resultado de una ortodoxia económica que no tenían.
Sin embargo, un examen más detenido sugiere que dicho programa no puede comprenderse adecuadamente si se lo abstrae de dos dimensiones fundamentales. Por un lado, las transformaciones que atravesaba el capitalismo a escala global en la década de 1970; por otro, el desarrollo del clasismo que caracterizaba a la Argentina en los años previos al golpe, lo cual llevó a la burguesía a buscar una profunda revancha de clase orientada a recomponer las condiciones de explotación y disciplinar a la clase trabajadora. La política económica implementada a partir de 1976 aparece así como el resultado de la convergencia entre una crisis del orden económico internacional y una crisis interna de las relaciones de clase.
La desarticulación del modelo de industrialización sustitutiva no suponía solamente un cambio en la estructura productiva, sino especialmente un ataque al salario real y a la consolidación de las organizaciones del movimiento obrero. Desde esta perspectiva, la intervención represiva del Estado no aparece como un elemento externo o accesorio, sino como una condición constitutiva del programa económico.
Al respecto decía PO en el año 1980: “La huelga general de 1975 reveló que el gobierno peronista era incapaz de imponer a las masas su plan de austeridad y de acomodamiento con el gran capital nacional y extranjero, lo que planteó, para la clase dominante nativa, la necesidad de un cambio en los métodos de gobierno y de un cambio de frente ante el imperialismo y las masas”.[1]
Diversos testimonios de las principales cabezas del equipo económico reconocen lo evidente: el programa no podía implementarse en democracia. La resistencia obrera nunca hubiese permitido que se atacara de esa manera las conquistas históricas de los trabajadores en Argentina. La imposición de un esquema basado en la apertura externa, la valorización financiera y la caída del salario real requería, como contrapartida, la desarticulación de la capacidad de la clase trabajadora. Otro elemento para contrastar con el presente.
Vemos entonces que las políticas elegidas no fueron producto de la improvisación, como sugiere una parte de la bibliografía. Por el contrario, se trató de un dispositivo coherente de transformación estructural, orientado a desarticular el patrón de acumulación previo y a sentar las bases de una nueva lógica centrada en la valorización financiera, la reconfiguración (centralización) de sectores de la burguesía nacional en alianza con el capital financiero y la primarización de la economía. En segundo lugar, se lo inscribe en el marco de la reconfiguración del capitalismo mundial posterior a la crisis de los años setenta, poniendo especial énfasis en el papel desempeñado por la liquidez internacional y los ciclos de endeudamiento en América Latina.
Planteamos entonces que el endeudamiento externo, la liberalización financiera y la política cambiaria fueron la expresión local de una dinámica global caracterizada por la expansión del capital financiero en busca de nuevas esferas de valorización, articulada con una ofensiva sobre el trabajo orientada a recomponer las condiciones de rentabilidad del capital. En este sentido, el “programa” de la dictadura no solo transformó la estructura económica interna, sino que redefinió tanto la forma de inserción del país en el mercado mundial como el equilibrio de fuerzas entre las clases sociales.
No es casualidad que los militares hayan autodenominado su dictadura como “Proceso de Reorganización Nacional”. Ese nombre habla a las claras de un objetivo que trascendía la duración de los militares en el gobierno. Es en ese plano también que corresponde evaluar el éxito o el fracaso de los planes económicos. En este sentido, como señala Schorr: “se puede reconocer un objetivo esencial: la búsqueda por remover las bases estructurales del proceso de industrialización como medio para redefinir, con carácter irreversible y regresivo, la correlación de fuerzas entre las distintas clases sociales y fracciones de clase”.[2]
Este enfoque permite, a su vez, avanzar en una interpretación sobre la actualidad. Sin recurrir a analogías simplistas, resulta posible identificar la persistencia de ciertas lógicas estructurales -en particular, la centralidad de las finanzas, la recurrencia del endeudamiento y la utilización de instrumentos cambiarios como mecanismos de estabilización- que remiten a aquella transformación fundacional. Comprender la dinámica iniciada en los años setenta no implica, por tanto, un ejercicio meramente histórico, sino una vía privilegiada para analizar las formas contemporáneas de ofensiva patronal en Argentina.
Cuando el mundo tira para abajo…
La crisis del capitalismo en la década de 1970 marcó un punto de inflexión en la dinámica de la economía mundial. La ruptura del orden monetario internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial -expresada en el colapso del Sistema de Bretton Woods-, junto con el impacto de la crisis del petróleo de 1973, dio lugar a un escenario caracterizado por inestabilidad, inflación y una caída en las tasas de ganancia en los países centrales. En ese contexto, el capital incrementó su orientación hacia formas de valorización, que profundizaran su desplazamiento hacia la esfera financiera. Es decir, una característica del imperialismo señalada por Lenin tuvo un salto cualitativo con la ruptura del patrón dólar-oro y la desregulación posterior.
Este breve contexto internacional nos servirá en dos direcciones. En primer lugar, para comprender las interpretaciones que derivaron en políticas económicas por parte de los equipos de la dictadura siendo el más estudiado el de Martínez de Hoz. Según un muy buen trabajo de Lucas Terranova, hubo una sobredimensión de lo que la crisis energética iba a significar en términos de crisis alimentaria y de proceso de desindustrialización en los países centrales.
“El mundo, y específicamente los países más industrializados, están sufriendo las consecuencias de los profundos cambios económicos que ha traído aparejado el aumento del precio del petróleo en los últimos años. Las implicancias de este fenómeno parecen ser un bajo índice de crecimiento de la economía mundial en su conjunto, y complejos problemas de balanza de pagos (…). No parece sensato tratar de disimular estos hechos por medio de políticas inflacionarias que, inútilmente, tratan de revertir la situación a lo que fue antes del aumento en el precio de la energía”[a].[3]
El Partido Obrero caracterizó oportunamente la incapacidad que tendría la dictadura para hacer de la burguesía argentina una clase social “competitiva” a escala internacional. En el texto de Internacionalismo citado anteriormente se destaca que: “El proyecto de insertar a la burguesía nacional en el mercado mundial fracasó estrepitosamente. La producción nacional no encuentra salida debido en parte a la crisis económica internacional (cierre de mercados) y a la baja productividad del capital nacional. En definitiva, los subsidios estatales de los períodos anteriores fueron reemplazados por un endeudamiento general del Estado y del capital privado”[b].[4]
En segundo lugar, tener presente qué ocurría en la economía global mientras se gestaba y desarrollaba la dictadura argentina (y las dictaduras latinoamericanas) nos será de gran ayuda para entender un fenómeno crucial de la etapa como es el endeudamiento masivo que culminará posteriormente en las crisis de deuda de los años ´80.
Es que uno de los rasgos más importantes de esta nueva etapa fue la generación de una masa extraordinaria de liquidez a escala internacional. Los excedentes acumulados por los países exportadores de petróleo fueron reciclados a través del sistema bancario internacional (los petrodólares), dando lugar a una expansión sin precedentes del crédito. Lejos de permanecer en los países centrales, estos capitales se orientaron crecientemente hacia las economías periféricas, en particular hacia América Latina, donde encontraban condiciones más favorables para su valorización.
Observando Latinoamérica de conjunto, vemos cómo fue una política que trascendió cualquier frontera nacional: su deuda externa, que era de 75 mil millones de dólares en 1975, se fue a más de 315 mil millones de dólares en 1983. El servicio de la deuda (pago de intereses y de la devolución del principal) creció aún más rápido, alcanzando 66 mil millones de dólares en 1982, frente a los 12 mil millones de dólares en 1975.
De este modo, la experiencia argentina de la última dictadura no aparece como una excepción dentro de la región, sino como una de las formas más acabadas de articulación entre la dinámica del capital financiero global y la reestructuración de las economías periféricas. En ella convergen, de manera particularmente nítida, las tendencias que marcaron el inicio de una nueva fase del capitalismo a escala mundial.
Este proceso no puede ser entendido como una simple respuesta a las necesidades de financiamiento de los países de la región. Por el contrario, expresa una dinámica estructural del capital financiero global, que busca colocación allí donde las tasas de retorno resultan más elevadas. En este sentido, el endeudamiento externo latinoamericano de fines de los años setenta aparece como el resultado de la abundante liquidez internacional y de la necesidad de los grandes bancos de canalizar esos recursos hacia nuevos espacios de acumulación.
El fenómeno parasitario del endeudamiento se resume, entonces, en la incapacidad de una enorme masa de capital ficticio para valorizarse en el terreno productivo -es decir para extraer la plusvalía suficiente para obtener una determinada ganancia-, que es la base para el desarrollo del capital financiero a la escala actual
Este proceso adoptó una dinámica recurrente: una primera fase de ingreso masivo de capitales, seguida por un incremento sostenido del endeudamiento y, finalmente, una reversión de los flujos que desembocó en la crisis de la deuda de los años ochenta. Lejos de constituir un fenómeno excepcional, esta secuencia se inscribe en una modalidad de inserción dependiente en la economía mundial, caracterizada por la subordinación a los ciclos del capital financiero internacional.
Este punto resulta clave para comprender la especificidad del caso argentino. El programa de Martínez de Hoz no se limitó a aprovechar un contexto internacional favorable, sino que articuló activamente esas condiciones con una transformación profunda de la economía local. La liberalización financiera, la política cambiaria y el endeudamiento externo funcionaron de manera conjunta como dispositivos que permitieron canalizar la liquidez internacional hacia circuitos de valorización financiera en el plano interno.
Pocos elementos explican mejor la herencia económica de la dictadura -y su persistencia como verdadera “política de Estado” a lo largo de los distintos gobiernos- que el sometimiento a los acreedores externos y la subordinación estructural a la deuda. Semejante fenómeno merece un abordaje más profundo.
Deuda militar, deuda empresaria y legitimación democrática
En el caso argentino, estas tendencias globales adquirieron una forma específica a partir del programa económico implementado por la dictadura. En este esquema, el endeudamiento externo desempeña un papel fundamental.
La bicicleta financiera fue un mecanismo insoslayable en la búsqueda de generar una masa de recursos que pudiera ser valorizada en el mercado interno a través de tasas de interés elevadas y posteriormente transferida al exterior, lo que hoy denominamos carry trade. La deuda es un mecanismo central de obtención de renta financiera.
La dimensión de este desfalco es aterradora. Según el Banco Mundial, la deuda argentina se multiplicó durante la dictadura por seis, de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 mil millones, entre las cuales el aumento de la deuda externa pública fue de 7,4 veces y el de la deuda externa privada fue de 3,7 veces, una cifra claramente tergiversada por la estatización de la deuda privada a cargo de Domingo Cavallo en 1982.
La propia elección de Martínez de Hoz estuvo estrechamente vinculada a este plan, ya que fueron antes sus conexiones internacionales que su programa económico lo que llevó a los militares a inclinarse por él. Apenas 48 horas de producido el golpe, el FMI aprobó un giro de 110 millones de dólares que había estado bloqueado para el gobierno peronista, y en agosto otorgó un crédito de 260 millones, el mayor hasta entonces a un país latinoamericano. Bancos privados internacionales siguieron con préstamos masivos.
Schvarzer describe las distintas funciones que cumplió el endeudamiento en el esquema económico. En primer lugar, lo ubica como instrumento de legitimación del equipo económico (el acceso al crédito del FMI en 1976). Pasada esa primera instancia, sugiere que la deuda fue fundamentalmente el combustible del modelo (el ingreso de capitales que sostiene la tablita en 1979). Por último, considera que se utilizó como mecanismo de bloqueo de cualquier alternativa, ya que la altísima deuda a muy corto plazo descansaba en la “confianza” con el equipo económico. Esa progresión es lo que convierte al financiamiento externo en un componente permanente del esquema, no en un exceso coyuntural.
Los datos avalan fuertemente esta esquematización, ya que si tomamos el período hasta fines de 1979 notaremos que el incremento de la deuda externa se dirigió casi exclusivamente a la acumulación de reservas. El 90% de la variación nominal de la deuda entre 1976 y 1979 se destinó a ese fin. Otra parte fue utilizada en negociados de los militares: rearme y gastos de Defensa, organización del Mundial de Futbol de 1978, etc.
Una vez generado el “colchón” de reservas, los dólares acumulados se destinaron principalmente a compensar la demanda de divisas del sector privado local, es decir, dar salida a los capitales que hacían la bicicleta y se dolarizaban aceleradamente.
En sus propias palabras: “Progresivamente, las empresas privadas, las empresas públicas, el Estado nacional, las provincias y hasta las municipalidades se encontraron fuertemente endeudados, lo cual los ubicaba en una posición vulnerable y dependiente frente al sistema financiero. Al mismo tiempo, las facilidades otorgadas al movimiento internacional de capitales y divisas despojaron al Estado del control que antes ejercía y lo transfirieron de hecho a los grupos privados que manipulaban dichos fondos”.[5][c]
La deuda externa creció aceleradamente desde el año 1968 en adelante, pero con modificaciones relevantes tanto en términos de los deudores como de los acreedores externos. Si bien la deuda externa estatal fue mayoritaria a lo largo de todo el período, su incidencia relativa fue decreciente porque comenzó a expandirse el endeudamiento con el exterior de las grandes firmas industriales oligopólicas extranjeras y de la fracción diversificada de la oligarquía pampeana. [6] [7](Cafiero, 1974; O’Donnell, 1982).
Basualdo es otro de los economistas que estudiaron este problema de forma exhaustiva. Su aporte es, entre muchos otros, ponderar el peso de la fuga de capitales en esa dinámica tan perversa que nos condena hasta el día de hoy. Según él, mientras que en la segunda parte de la ISI el endeudamiento tenía un fin más productivo (de importación de maquinarias y otros bienes de capital), durante la dictadura se transformó en un mero “instrumento para obtener renta financiera dado que la tasa de interés interna (a la cual se coloca el dinero) era sistemáticamente superior al costo del endeudamiento externo en el mercado internacional”[d].[8]
Uno de los datos que nos permiten dimensionar la magnitud del fenómeno es la evolución de los intereses pagados que se acumularon entre 1975-2001. Se expandieron al 16% anual acumulativo, llegando al final de período a 117 mil millones de dólares, monto que supera el nivel del PBI que en 2002.
Aunque el artículo no tenga como eje las modificaciones legislativas de la dictadura, el marco en que se dio este proceso fue la ley de entidades financieras de 1977. Es un punto insoslayable ya que vale tanto para entender el esquema de Martínez de Hoz, pero especialmente porque es explicita para la continuidad y complicidad de todos los gobiernos democráticos que la mantuvieron. La ley financiera de 1977 impulsó la centralización del capital bancario, proliferando la formación de numerosos nuevos bancos (BIR, Los Andes, etc.); los mismos que en 1980 empezaron a quebrar hundiendo a los grupos que se querían financiar con ellos y dejando a centenares de miles de depositantes esquilmados.
La liberalización financiera que se desprende de dicha legislación introduce un cambio aún más profundo. Al permitir la libre determinación de tasas de interés y facilitar la movilidad de capitales, se genera un entorno en el cual la rentabilidad de las colocaciones financieras se masifica. Es el contexto de la “plata dulce”, que tan bien retrata la película homónima.
En la película, se presenta con agudeza no solo el ciclo de financiarización y posterior quebranto que determinará la caída de Martínez de Hoz y la decadencia económica de la dictadura, sino también como ese proceso de valorización financiera fue la contracara de una fuerte desindustrialización y primarización de la economía argentina.
El industricidio: apertura, financiarización y destrucción del tejido productivo
El programa económico antes descripto no está completo sin “la tablita”, probablemente la política más emblemática de la dictadura en materia financiera. Desde el Rodrigazo en adelante, las tasas de inflación se convirtieron en un problema permanente, y el gobierno genocida (aunque como veremos más adelante, se valió de ella) sufría del fracaso en su estabilización.
Fue entonces cuando deciden lanzar este programa que partía de un anclaje en las expectativas de devaluación que ya eran anunciadas de antemano y que hacía las veces de seguro de cambio para los especuladores. Fue, a su vez, un mecanismo esencial para la bicicleta a la que se hizo referencia anteriormente con su correspondiente endeudamiento externo, valorización doméstica y posterior fuga.
La desindustrialización argentina de la segunda mitad de la década de 1970 no fue el resultado inevitable de la competencia internacional ni el costo necesario de una modernización mal ejecutada. Fue el producto de una combinación deliberada de políticas que actuaron de manera sinérgica sobre el aparato productivo: apertura comercial acelerada, tipo de cambio atrasado, tasas de interés reales positivas y altísimas, y eliminación sistemática de los instrumentos de política industrial que habían sostenido el desarrollo manufacturero durante tres décadas. El resultado fue un retroceso de veinte años en el peso de la industria sobre el PBI: al finalizar la gestión de Martínez de Hoz, el nivel de industrialización había vuelto a valores de 1960. Esta fue, también, una tendencia latinoamericana, pero la Argentina estuvo a la vanguardia.
La magnitud de ese retroceso no puede comprenderse sin entender la articulación entre la reforma financiera de 1977 a la que hiciéramos referencia en el apartado anterior y la política comercial. La liberalización de tasas de interés encareció el crédito de manera brutal y lo orientó hacia el cortísimo plazo. Para el sector industrial, eso fue devastador. En esas condiciones, como documenta el libro de Odisio y Rougier que hemos utilizado, era más rentable para una empresa industrial operar como agente financiero que producir. La «bicicleta financiera» no fue solo un fenómeno bancario: colonizó la lógica de decisión del conjunto del empresariado.
Es altamente interesante como el libro de Zicari que citamos con anterioridad problematiza sobre el lugar común de que “los capitanes de la industria” armaron el programa económico de la dictadura, o que el gobierno militar fue simplemente una correa de transmisión de las ideas y los planteos de ese sector del empresariado argentino. Es más complejo.
Por un lado es notable la caracterización de nuestro partido en medio de la dictadura señalando que “La coalición empresaria de apoyo a Martínez de Hoz se fue escisionando a medida que avanzaba la crisis económica. Grandes sectores del gran capital comenzaron a plantear una reformulación del programa económico y, ya producido el crack industrial-financiero, a exigir una línea de rescate de los grupos en bancarrota”.
Por el otro, es importante abordar esa complejidad desde la contradicción de una burguesía nacional mayoritariamente golpeada por el plan económico y un núcleo reducido que no solo se acomodó, sino que salió estructuralmente fortalecido. Los datos son elocuentes: mientras miles de pequeñas y medianas empresas cerraban, las grandes firmas pertenecientes a grupos económicos nacionales y extranjeros pasaron de explicar el 40,6% de las ventas de la cúpula fabril en 1976 al 57,9% en 1983 (Azpiazu, Basualdo y Khavisse). Casos como Bridas, Pérez Companc o Techint ilustran ese ascenso: empresas que escalaron posiciones en el ranking de ventas durante los años del Proceso y que serían, no casualmente, los grandes beneficiarios de las privatizaciones menemistas una década después.
El grupo Clarín, Fate-Aluar, Roggio, Arcor, Bagó, Bunge y Born, Fortabat y el grupo Macri, entre otros. No constituían un bloque homogéneo: algunos eran grupos tradicionales con raíces en la oligarquía terrateniente del siglo XIX, otros eran empresas medianas que aprovecharon el período para dar un salto cualitativo. Lo que los unía era el mecanismo: contratos de obra pública, regímenes de promoción industrial y, al final del ciclo, la licuación de deudas vía seguros de cambio de Cavallo. El caso del grupo Macri es ilustrativo: en casi ocho años de dictadura multiplicó por siete el número de empresas que controlaba, acumuló contratos por obras como Yaciretá, el puente Misiones-Encarnación y la recolección de residuos de Buenos Aires, y terminó el período con una deuda millonaria estatizada.
Sobre ese terreno heterogéneo, pero hostil para la mayor parte de la industria, operó la apertura comercial. Y aquí conviene ser preciso sobre los mecanismos, porque el relato oficial tendió a presentar la apertura como un proceso gradual y técnicamente fundado en estudios de protección efectiva. Los hechos muestran otra cosa.
Lo que vuelve a esa combinación especialmente destructiva es que la apertura comercial se produjo sobre un tipo de cambio que se atrasaba sistemáticamente. El dólar barato que propició el “deme 2” de los sectores medios y benefició a los especuladores financieros era simultáneamente un subsidio a las importaciones y una penalidad a los exportadores industriales. La industria nacional competía contra productos importados abaratados por el tipo de cambio mientras sus propios costos financieros se disparaban. Como señala Schvarzer, los empresarios que esperaban que el programa colapsara por su propia incoherencia y que por eso no se adaptaron, no estaban equivocados en su diagnóstico, sino en el timing: el colapso llegó, pero tarde.
El resultado fue una desindustrialización que no fue uniforme sino selectiva, y esa selectividad es políticamente significativa. Cayeron las ramas de mayor valor agregado y más intensivas en trabajo calificado: la metalmecánica, la electrónica, la industria textil de indumentaria, el calzado. Ramas que concentraban la mayor densidad sindical y que habían sido la columna vertebral del modelo anterior. Lo que sobrevivió y en algunos casos se expandió fueron los sectores vinculados al procesamiento de materias primas -aceites, harinas, cueros- y algunos pocos proyectos de industria básica que contaron con regímenes especiales de promoción, financiamiento estatal y tarifas privilegiadas. La paradoja que señala el libro citado es que los sectores que prosperaron bajo el liberalismo de Martínez de Hoz fueron precisamente los que gozaron de protección y subsidio estatal.
El mecanismo de este enriquecimiento diferencial no fue el mercado libre que predicaba el programa sino exactamente lo contrario: el acceso privilegiado al Estado. Mientras la retórica oficial proclamaba el fin de los subsidios y la libertad de mercado, un núcleo reducido de grandes grupos capturaba contratos de obra pública, regímenes especiales de promoción industrial, preferencias en compras del Estado y, finalmente, la licuación de sus deudas privadas en 1982. El liberalismo de Martínez de Hoz fue, para los grandes grupos, un estatismo de amigos.
Hay una dimensión de la desindustrialización que raramente aparece en los análisis económicos pero que el libro de Odisio y Rougier documenta con precisión: su función territorial y política. La ordenanza de relocalización industrial de la provincia de Buenos Aires de julio de 1979, que establecía la erradicación obligatoria de industrias del conurbano bonaerense bajo el argumento sanitario de la contaminación, afectaba a la cuarta parte de los establecimientos del país y a más de un tercio de la población ocupada en el sector manufacturero. La nota del diario La Nación que la describió como «el destierro industrial» calculó que implicaba movilizar instalaciones por más de 8.000 millones de dólares y reubicar una población laboral de 1.200.000 personas.
El verdadero objetivo de dicha política -admitido por los protagonistas- era romper la concentración geográfica de obreros industriales altamente sindicalizados en el conurbano bonaerense, que constituían la base social y organizativa del sindicalismo y que había jugado un papel protagónico durante las jornadas de junio y julio de 1975. La desindustrialización fue también una ingeniería demográfica orientada a disolver la clase obrera industrial como sujeto político.
Esta dimensión conecta directamente con el argumento que desarrollaremos en la próxima sección sobre salarios y distribución. La destrucción del tejido industrial no solo redujo el empleo manufacturero y el salario promedio de la economía. Desarticuló la base desde la cual los trabajadores podían resistir la compresión salarial. Una clase obrera dispersa geográficamente, con sus organizaciones intervenidas y sus dirigentes desaparecidos, sin la densidad que le daba la concentración fabril del conurbano, era una clase obrera con una capacidad de resistencia radicalmente menor. La desindustrialización y la represión no fueron procesos paralelos: fueron complementarios. Y ambos fueron condiciones necesarias para que la redistribución regresiva del ingreso que describimos a continuación pudiera sostenerse en el tiempo sin generar una crisis de legitimidad insostenible.
La revancha de clase: salarios a punta de pistola
La transferencia desde el trabajo hacia el capital financiero no fue un efecto secundario, fue el mecanismo. Para dimensionar lo que ocurrió es necesario partir de dónde se estaba: mientras en 1975 los asalariados participaban del 49,3% del ingreso nacional, en 1976 esa participación había caído al 32,3%.
Si bien la primera cifra está cuestionada por sobredimensionar la participación real, lo que interesa no son los valores absolutos sino «la intensidad del deterioro». Y la intensidad fue sin precedentes. Para julio de 1976, el salario real había caído alrededor del 40% respecto de los niveles de la primera mitad de la década. Fue en ese momento que Martínez de Hoz declaró públicamente que los salarios estaban «en equilibrio» y que a partir de entonces solo deberían crecer con la productividad global de la economía. La definición del piso como equilibrio no era un error técnico, sino una declaración política.
Es imposible no relacionar esta política con lo realizado por el gobierno de Javier Milei en al menos dos aspectos. El más evidente tiene que ver con el nuevo “salario dinámico” impuesto por la reforma laboral, donde se pretende asociar el ingreso de los trabajadores a las mejoras de la productividad, tal como quería la dictadura.
En segundo lugar, la idea de que el equilibrio llega posterior a una licuación sin precedentes, es exactamente lo que hizo el gobierno libertario con las jubilaciones. El gobierno, luego de una intensa presión popular, se limitó a congelarlas en términos reales (que aumenten igual que la inflación), es decir a considerarlas “en equilibrio”, solamente luego de que las jubilaciones hubiesen perdido una parte importante de su poder adquisitivo durante 2024 y se encontrasen en su nivel más bajo en 20 años.
Volviendo a la dictadura, los mecanismos para producir y sostener ese deterioro fueron múltiples y se articularon entre sí. El primero y más inmediato fue la suspensión de la negociación colectiva. Desde el 2 de abril de 1976, los aumentos salariales pasaron a ser fijados por decreto del Poder Ejecutivo. La asimetría era explícita: ese mismo día se liberaban todos los precios de la economía y se le decía al empresariado que el Estado ya no fijaría nada, que la libertad de mercado regiría sus decisiones. A los trabajadores se les decía lo contrario. Martínez de Hoz lo reconoció sin eufemismos: «la libertad de precios decidida el 2 de abril no se aplicaba a los salarios». Libertad para el capital, salarios a punta de pistola para los trabajadores. De más está decir que se impedía el derecho a huelga y toda mínima organización gremial para revertir esa situación.
El segundo mecanismo fue la represión sindical directa. Este punto es el que más claramente revela que la política salarial no puede comprenderse separada del terror de Estado. Guillermo Klein, segundo del equipo económico de Martínez de Hoz, afirmó durante la gestión que la política que aplicaban era “incompatible con cualquier sistema democrático y solo aplicable si la respaldaba un gobierno de facto”.[9][e] No se trata de una interpretación posterior: es el reconocimiento contemporáneo de que la compresión salarial requería la desarticulación violenta de la capacidad de resistencia de los trabajadores. La intervención de los sindicatos, la prohibición de las comisiones internas, la desaparición de delegados y dirigentes gremiales, fueron parte del mismo dispositivo que congeló los salarios. El terror no fue el contexto en el que ocurrió la política económica: fue su instrumento.
El tercero fue la inflación como mecanismo de transferencia. En un contexto de precios libres y salarios controlados, cada mes de inflación era una reducción del salario real que no requería ningún decreto adicional. La espiral precios-salarios que el equipo económico identificaba como causa de la inflación fue resuelta eliminando la capacidad de los trabajadores de recuperar lo perdido. La indexación que se aplicó al sistema impositivo y a los precios -para proteger al capital de la erosión inflacionaria- no tuvo correlato en los ingresos del trabajo. La asimetría de la indexación es una de las expresiones más precisas del carácter clasista del programa.
Estos tres mecanismos operaron de manera articulada y se reforzaron mutuamente. La suspensión de paritarias eliminó el instrumento formal de recuperación. La represión eliminó la capacidad de resistencia informal. La inflación realizó cotidianamente la transferencia. El resultado fue una redistribución regresiva de una magnitud y velocidad que no tiene paralelo en la historia económica argentina.
La caída salarial fue funcional al nuevo régimen de acumulación de una doble manera. Por un lado, como ya señalamos, liberó recursos que se canalizaron hacia la especulación financiera. Por el otro, al reducir el costo del trabajo, contribuyó a sostener ciertos niveles de rentabilidad en un contexto de apertura comercial y tipo de cambio retrasado que destruía la competitividad industrial. El salario bajo fue, simultáneamente, el combustible de la bicicleta financiera y el analgésico que retrasó el colapso productivo. Y es también lo que permite trazar la línea hacia el presente: no como analogía superficial sino como continuidad de una lógica en la que la compresión del salario real aparece, una y otra vez, como el mecanismo de ajuste disponible cada vez que el régimen económico entra en crisis.
La experiencia de la última dictadura militar no puede ser comprendida como un episodio excepcional, ni como un desvío dentro de la historia argentina. Por el contrario, constituyó el punto de partida de una transformación estructural cuyos efectos se proyectan hasta el presente. El endeudamiento externo, la liberalización financiera, la desindustrialización y la redistribución regresiva del ingreso no fueron fenómenos aislados ni coyunturales, sino los pilares de un nuevo régimen de acumulación que redefinió la forma de funcionamiento de la economía argentina.
Desde esta perspectiva, la discusión sobre el “éxito” o el “fracaso” del programa económico exige distinguir planos. En términos macroeconómicos, el balance es inequívocamente negativo: el Proceso, y antes que la dictadura el propio Martínez de Hoz, salieron eyectados en medio de una crisis económica de primer orden. Pero si se atiende a sus objetivos más profundos -la reconfiguración de la estructura productiva, la subordinación de la economía al capital financiero y la modificación duradera de la correlación de fuerzas entre las clases sociales- muchas de sus metas fueron efectivamente alcanzadas, aunque no sin contradicciones. Porque la paradoja que atraviesa estos cincuenta años es precisamente esa: las transformaciones estructurales que la dictadura impuso perduraron, se consolidaron bajo la democracia y ningún gobierno las revirtió. Y sin embargo la burguesía argentina, que fue su principal beneficiaria, no encontró en ellas ninguna salida histórica. Siguió fracasando, gobierno tras gobierno, en construir un proyecto de desarrollo propio, en competir en el capitalismo global, en algo que no fuera administrar la decadencia. El modelo sobrevivió a sus creadores. Pero tampoco los salvó del fracaso.
En este sentido, la democracia no operó como una ruptura con ese modelo, sino más bien como el terreno en el cual sus principales rasgos lograron consolidarse, adaptarse y reproducirse bajo nuevas formas. El endeudamiento externo, lejos de revertirse, se convirtió en un mecanismo recurrente de gestión económica; la centralidad de las finanzas se profundizó; y la restricción sobre los salarios reapareció una y otra vez como variable de ajuste.
Esto no implica desconocer las diferencias entre períodos, ni caer en analogías simplistas. Pero sí obliga a reconocer la persistencia de una lógica estructural y la subordinación al capital internacional que continúan ocupando un lugar central. En ese marco, cada crisis no aparece como una anomalía, sino como una expresión de los límites de un régimen que, desde su origen, estuvo atravesado por tensiones difíciles de sostener en el tiempo.
A casi cincuenta años del golpe, el problema ya no es solamente histórico. Comprender la naturaleza del proceso iniciado en 1976 no es un ejercicio de memoria, sino una condición necesaria para intervenir en los debates del presente. Porque si algo muestra la trayectoria de estas décadas es que, bajo distintas formas y con diferentes matices, los mecanismos fundamentales de aquel modelo siguen operando.
Y es precisamente allí donde radica la vigencia del problema: no en la repetición mecánica del pasado, sino en la persistencia de las relaciones sociales que lo hicieron posible.
Conclusión: Luis “Toto” Martínez de Hoz y una política repetida
Los rasgos de ese programa se han repetido en distintos gobiernos, pero en ninguno como en el de Javier Milei.
No se trata de decir que “Milei es la dictadura”, como se repite algunas veces de forma vulgar. Se trata de algo más incómodo: el programa de La Libertad Avanza es el sueño húmedo de Martínez de Hoz y, al igual que el resto de los gobiernos democráticos, opera sobre una estructura que aquel fundó bajo el gobierno militar y que ninguno revirtió. La democracia argentina no fue la interrupción del modelo de la dictadura. Fue, en demasiados aspectos, su continuidad administrada.
Uno de los rasgos más persistentes del programa económico iniciado en 1976 fue su presentación como modernización. Martínez de Hoz no hablaba de destruir la industria: hablaba de terminar con el atraso, con el proteccionismo irracional, con la ineficiencia subsidiada. El país debía insertarse en el mundo, competir, sincerarse. Lo que ese discurso llamaba modernización era en los hechos la liquidación de décadas de desarrollo productivo para reemplazarlo por un modelo basado en la renta financiera y la exportación de materias primas.
Hoy Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del gobierno de Milei, usa un lenguaje que podría haber salido de los discursos de Martínez de Hoz sin cambiar una coma. El vocabulario es idéntico y el objetivo político también. Lo que se busca es presentar la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital como si fuera una cuestión técnica de eficiencia, no una decisión política sobre quién gana y quién pierde.
Sobre la deuda como política de Estado y el sometimiento de todos los gobiernos al capital financiero hemos escrito suficiente, pero la dictadura y el gobierno de Milei también comparten -tal como ocurrió con otros gobiernos de la democracia- el rol del FMI como un socio estratégico que avala la política económica.
Respecto de la apertura comercial también existen grandes similitudes. La de Martínez de Hoz no fue gradual, ni planificada: fue espasmódica, impredecible y devastadora para el tejido industrial. La Resolución 6/79 que adelantó todo el cronograma arancelario en pocas semanas es el ejemplo más claro, pero el patrón se repitió a lo largo de toda la gestión. El resultado fue un retroceso de veinte años en el peso de la industria sobre el PBI.
El gobierno de Milei llegó con una apertura comercial acelerada como parte central de su programa. La baja de aranceles, la eliminación de restricciones a las importaciones y el tipo de cambio que en términos reales abarata los productos del exterior están produciendo sobre el aparato industrial argentino un efecto que los economistas del gobierno llaman «competencia» e impacta directamente en el cierre de fábricas. La historia no se repite como farsa: se repite porque las mismas políticas producen los mismos efectos sobre una estructura productiva que no es ni una sombra de la que era en la década del setenta.
Ese contraste no se trasladó, sin embargo, a la política de ingresos. La dictadura congeló los salarios mientras liberaba los precios. El mecanismo era directo: decreto, represión, inflación. En doce meses, la participación de los asalariados en el ingreso cayó casi diecisiete puntos. Martínez de Hoz declaró que los salarios estaban «en equilibrio» cuando habían perdido el 40% de su poder adquisitivo, y que a partir de ese momento solo deberían crecer con la productividad.
Milei no tiene la represión a esa escala como instrumento disponible, aunque sí en las manifestaciones a la protesta social. Además tiene la licuación. Durante 2024, los salarios reales -tanto públicos como privados- sufrieron una caída acelerada producto de la devaluación de diciembre de 2023 y de la inflación que le siguió. Las jubilaciones cayeron a su nivel más bajo en décadas.
Cuando la presión social forzó alguna respuesta, el gobierno hizo exactamente lo que hizo Martínez de Hoz: declaró que el nuevo piso era el equilibrio, que a partir de ahí los ingresos crecerían con la economía, que el ajuste ya había ocurrido y era necesario. El “salario dinámico” que propone la reforma laboral del gobierno libertario es la versión posmoderna del mismo argumento: los ingresos deben atarse a la productividad, no a la negociación colectiva.
Por otro lado, hay una dimensión del programa de Martínez de Hoz que no siempre recibe la atención que merece: la destrucción del Estado no fue un efecto secundario de las políticas de ajuste sino un objetivo explícito. La deuda de las empresas públicas -YPF, Gas del Estado, SEGBA, todas obligadas a endeudarse en el exterior y a entregar los dólares al Banco Central- fue la forma de descapitalizarlas sistemáticamente para volver su privatización posterior no solo posible sino inevitable.
Sturzenegger dirige hoy un ministerio que lleva en el nombre su objetivo: desregulación. El programa de reformas estructurales del gobierno de Milei incluye la privatización de empresas públicas, la eliminación de organismos estatales, la desfinanciación de universidades y ciencia, y la reducción del empleo público como política deliberada. No es austeridad fiscal, sino la misma operación que documentamos para la dictadura, ejecutada por otros medios.
¿Cambia, todo cambia?
Sería deshonesto ignorar las diferencias. Pero importa también lo que no cambió. El régimen de acumulación que la dictadura fundó -centrado en la valorización financiera, el endeudamiento externo, la primarización productiva y la compresión salarial- nunca fue desarmado.
Sobrevivió a Alfonsín, a Menem, a la Alianza, a los Kirchner, a Macri. Cada crisis fue una oportunidad para profundizarlo, pero la estructura de fondo persistió. Lo que hace al gobierno de Milei cualitativamente diferente de sus antecesores no es que aplique un modelo distinto: es que aplica el mismo modelo sin las moderaciones, sin las ambigüedades, sin el pudor. Con orgullo ideológico.
Schvarzer escribió sobre la gestión de Martínez de Hoz que su objetivo real no fue el que declaró sino otro más profundo: “ganar y preservar un poder decisivo dentro del país para los representantes más conspicuos de quienes manejan el poder y las relaciones con los centros financieros internacionales”.[10] [f]Esa frase, escrita en 1986, no necesita ninguna actualización para describir lo que está ocurriendo hoy.
A casi cincuenta años del golpe, el problema ya no es solamente histórico. Es que los mismos mecanismos, con distintos nombres y sin uniforme, siguen operando. Y siguen produciendo los mismos resultados sobre los mismos de siempre.
Notas
[1] Magri, J. (1 de diciembre de 1980). Argentina: La crisis de la dictadura militar y sus consecuencias. Internacional Nro2. Recuperado de https://revistaedm.com.ar/nota/argentina-la-crisis-de-la-dictadura-militar-y-sus-consecuencias/
[2] Schorr, M. (2012). La desindustrialización como eje del proyecto refundacional de la economía y la sociedad. Argentina, 1976-1983. América Latina en la Historia Económica, 19(3), 31- 56. https://doi.org/10.18232/20073496.528
[3] Argentina. Ministerio de Economía (1982a). Información Económica de la Argentina, 1976-1981. Secretaría de Programación y Coordinación Económica. Citado en Terranova, L. (2025). La industria argentina a la luz de la mirada global del equipo económico de Martínez de Hoz (1976-1981).
[4] Magri, op. cit.
[5] Schvarzer, J. (1986). La práctica de la política económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires, Argentina: Hyspamérica.
[6] Cafiero, A. (1974). De la economía social-justicialista al régimen liberal capitalista. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
[7] O’Donnell, G. (1982). El estado burocrático autoritario: 1966-1973. Buenos Aires, Argentina: Editorial de Belgrano.
[8] Basualdo, E. (2006). La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas de la sustitución de importaciones a la valorización financiera. Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales. Basualdo, E.; Arceo, E. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Agosto 2006.
[9] Zicari, J. (2025). Martínez de Hoz, jefe civil de la dictadura. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Continente.
[10] Schvarzer, op.cit.
[a]Argentina. Ministerio de Economía (1982a). Información Económica de la Argentina, 1976-1981. Secretaría de Programación y Coordinación Económica. [ Links ]
Cirtado en Terranova, Lucas (2025)
La industria argentina a la luz de la mirada global del equipo económico de Martínez de Hoz (1976-1981)
[b]Repite cita Magri
[c]Schvarzer, Jorge “La práctica de la política económica de Martinez de Hoz” (1986)
[d]Basualdo, Eduardo M. La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas de la sustitución de importaciones a la valorización financiera. En publicación: Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales. Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Agosto 2006
[e]Zicari, Julian. “Martinez de Hoz, jefe civil de la dictadura” (2025)
[f]Schvarzer, Jorge “La práctica de la política económica de Martinez de Hoz” (1986)