En agosto de 1975, Montoneros llegaba a la siguiente conclusión: “el 20 de junio de 19731 empezó la gran traición al pueblo y a los trabajadores peronistas. Advertimos desde aquel día que aquella masacre era sólo el anticipo de lo que le sucedería al pueblo argentino si no se rectificaba el rumbo, si no se lo echaba a López Rega y si no se impedía la candidatura de Isabel Martínez. Perón se equivocó. No sólo se equivocó en no echarlo a López Rega, más se equivoca cuando prefirió pelearse con la mayoría del pueblo reunido en la plaza el 1º de Mayo de 1974. Toda nuestra lucha por tratar de evitar la traición y recuperar el gobierno popular fue en vano”.2
En menos de un año del retorno de Perón al país, la experiencia era concluyente. El general no había venido a impulsar el ascenso de luchas de masas hacia una victoria revolucionaria, sino a derrotarlo. Su objetivo no era la “patria socialista” que Montoneros le adjudicaba. Eran ellos quienes se habían equivocado. Al restringirse a la disputa de posiciones hacia dentro del “gobierno popular”, la izquierda peronista colaboró ella misma a contener el proceso de luchas obreras y populares que se había abierto desde el Cordobazo, y de esa manera se condenaba a la impotencia. Incluso llegando a demostrar una enorme capacidad de movilización, y por lo tanto que era una pata necesaria del gobierno, no dejó de capitular sucesivamente ante cada golpe. Al cargar la “equivocación” a Perón, bloqueaba el camino a las conclusiones políticas que dejaba esa experiencia.
La tesis de este ensayo es que la izquierda peronista de los ‘70 quedó atrapada en un callejón sin salida porque, en el punto más alto de la lucha de clases, no pudo superar el nacionalismo burgués. Esta contradicción se sintetizaba en la consigna de la “patria socialista”, que intentaba armonizar la revolución obrera con los intereses “patrióticos” de la burguesía nacional, en momentos en que esta agudizaba su servilismo al imperialismo para aplastar a los trabajadores. Esta encerrona estratégica llevó a la derrota de una generación trabajadora, que protagonizó el más grande combate por una transformación social del país.
Argentina era una fiesta
A fines de los ‘60 se había abierto un proceso revolucionario. Las organizaciones combativas habían experimentado desde el Cordobazo un desarrollo fenomenal, y nuevos “azos” se iban sucediendo en Tucumán, Mendoza, Rosario, Salta, Corrientes, Chubut, y más. Un amplísimo sector del movimiento obrero combativo y clasista recuperaba cuerpos de delegados, comisiones internas y seccionales de sindicatos; la juventud formaba coordinadoras estudiantiles y ganaba centros y federaciones; se organizaba en las villas y barriadas populares; surgían agrupamientos políticos y culturales. “Argentina era una fiesta”, lo resumiría con sencillez, parafraseando a Hemingway, alguien que por entonces era un joven partícipe de los acontecimientos.3
Avanzado este proceso, iban a ser mayoritarias las corrientes de la izquierda peronista, con epicentro en Montoneros y su Juventud Trabajadora Peronista (JTP), además de las FAR y las FAP, Peronismo de Base, y otros agrupamientos, que atrajeron a millares de cuadros y militantes. Gran parte de ellos formó organizaciones armadas, pero pusieron sus expectativas en las elecciones en las que se habilitó la presentación del peronismo tras casi dos décadas de proscripción, apuntalando el operativo de encauzar institucionalmente la crisis de poder que habían dejado planteadas las puebladas que echaron al gobierno militar de Onganía y sus sucesores.4 A tal punto canalizaron las expectativas en conquistas sociales y democráticas que lograron una movilización política arrolladora, y terminaron copando en gran medida la campaña electoral y los propios cargos electos.
El equilibrio era menos que precario. Días después de las elecciones del 11 de marzo que ganó el Frejuli, el nuevo gobierno de Héctor Cámpora declaraba que no iba a juzgar ni purgar a las fuerzas represivas por los crímenes contra el pueblo; pero, en contraste, el día de la asunción presidencial la movilización popular arrancó a los presos políticos de las cárceles sin esperar ningún decreto oficial, en lo que se llamó el Devotazo. Simbólico 25 de mayo de la Argentina de la época.
Que el nuevo gobierno venía a intentar contener el proceso de luchas quedó formalizado a los pocos días con la firma del Pacto Social entre la CGT conducida por José Ignacio Rucci y el ministro de Economía y titular de la Confederación General Empresaria, José Ber Gelbard, por el cual se suspendían las paritarias bajo promesa de cesar las remarcaciones de precios; y al cual se sumarían luego la UIA y la Sociedad Rural. Pero Cámpora no tenía capacidad de imponer esa tregua. En apenas el mes que transcurrió entre su asunción hasta el retorno de Perón aquel 20 de junio, se generalizaron las tomas de fábricas, radioemisoras, facultades, colegios, hospitales, dependencias públicas y pensiones; más de 700 ocupaciones que en una enorme mayoría obtuvieron sus reivindicaciones y lograron la expulsión de burócratas y funcionarios de las dictaduras.5 Para desviar el ascenso de masas había que proceder a una fuerte regimentación, y eso fue lo que quedó en claro desde que “el general” volvió a poner un pie en el país.
La masacre de Ezeiza condensaba la tarea estratégica que venía a cumplir Perón. Al día siguiente dio un discurso sin ambigüedades: “Es preciso volver a lo que en su hora fue el apotegma de nuestra creación: ‘de casa al trabajo y del trabajo a casa’; porque solo el trabajo podrá redimirnos de los desatinos pasados. Ordenemos primero nuestras cabezas y nuestros espíritus, reorganicemos el país y dentro de él al Estado, que preconcebidamente se ha pretendido destruir”.6 Tres semanas después ponía fin a la efímera presidencia de Cámpora. La izquierda peronista no reaccionó ante este golpe, cuando venía de movilizarse en la campaña electoral bajo el lema “Cámpora al gobierno, Perón al poder”.
La “reconstrucción del Estado” burgués era un objetivo contrarrevolucionario porque apuntaba a cortar el ciclo abierto con aquella consigna coreada en el Cordobazo: “luchar por un gobierno obrero y popular”. En esa orientación, Perón avaló el golpe de Pinochet en Chile y responsabilizó por él a la guerrilla, presentándose como quien venía a evitar el desenlace de una salida militar a la chilena. Con ese norte, y no por “equivocación”, más tarde designaría como jefe de la Policía Federal a Miguel Ángel Iñiguez, partícipe de los hechos de Ezeiza, y promovería la formación paraestatal terrorista Alianza Anticomunista Argentina, conocida desde entonces como Triple A, dirigida por José López Rega, quien sería su ministro de Bienestar Social.
Aún cuando necesitara de la izquierda peronista para mantener la expectativa popular en su gobierno y para contrabalancear los sectores derechistas que disputaban abiertamente su sucesión, Perón no iba a dejar de buscar su regimentación y el disciplinamiento de la vanguardia obrera. El choque era inevitable porque, de la misma manera que Cámpora no pudo contener la radicalización de las luchas de masas, la dirección de Montoneros estaba sometida a la presión de la movilización obrera y juvenil. Este juego de tensiones alimentaba la ilusión de que el gobierno era un campo en disputa, cuando en realidad era una trampa mortal.
Perón al poder
El Pacto Social que venía a implementar Perón era incompatible con la tendencia en desarrollo hacia la emergencia de nuevas direcciones sindicales clasistas y combativas que venían expulsando a la burocracia sindical en fábricas e importantes concentraciones obreras del país. La regimentación no esperó un solo día. La CGT nacional declaró que desde el 1 de julio quedarían caducos todos los mandatos de las regionales, y pocos días después intervino la CGT Salta que acababa de ser recuperada bajo la dirección de Armando Jaime, del Frente Revolucionario Peronista. La toma de la sede gremial emprendida en defensa de la dirección combativa, en la que participaba la JTP, fue desalojada por la policía. La resistencia a la intervención fue derrotada no sólo por la represión, sino también porque su dirección no podía llevar hasta el final la lucha sin confrontar con el gobierno nacional. Ese camino se iba a profundizar tras las elecciones de septiembre que consagraron la fórmula Perón-Perón, a la cual apoyó la izquierda peronista boicoteando la constitución de una alternativa clasista en torno a la fórmula Tosco-Jaime, referencias de las direcciones combativas de Luz y Fuerza Córdoba y la CGT Salta.
El nombramiento de Isabel como vice fue otro cachetazo a la izquierda peronista. Y aunque ésta iba a dar una demostración de enorme capacidad de movilización, mucho mayor a la que podía ofrecer la burocracia sindical de Rucci o las bandas derechistas de López Rega, estaba políticamente atrapada en su propio laberinto. Un concurrido acto que Montoneros hizo en el estadio de Atlanta en agosto dejó explicitada esta encerrona. Su principal dirigente, Mario Firmenich, defendió la integración en este armado político, en que ganaba posiciones la derecha, en los siguientes términos: compartía con Perón la “táctica del frente antiimperialista”, pero agregaba que este debía ser conducido por la clase obrera. Lo cierto es que el general no venía a liderar ningún frente contra el imperialismo y que la JTP, al defender a Perón, atentaba contra la tendencia en desarrollo hacia la independencia política de los trabajadores, condición esencial para que éstos puedan postularse como el liderazgo de la lucha por las aspiraciones nacionales y sociales. Sin un programa propio, una clase no puede liderar una alianza.
Para el 31 de agosto la burocracia sindical de la CGT había convocado una movilización en apoyo a la fórmula justicialista. En la sede Azopardo de la central obrera se montó un palco donde se sentaron Perón, Isabel, Rucci y López Rega. Estos tuvieron que ver el imponente desfile de unas cien mil personas de la columna de Montoneros y otras organizaciones de la llamada Tendencia Revolucionaria peronista. Esta formidable demostración de fuerza, con todo, no dejaba de ser un apoyo que fortalecía a Perón. La justificación era la teoría de que el general estaba “cercado” por un entorno copado por la derecha y la burocracia, y por lo tanto la presión se dirigía a “romper el cerco”. Sin haber logrado avances, el siguiente paso fue el asesinato de Rucci que, por supuesto, no torció el rumbo de quien venía a recomponer la “vertebralidad” de la burocracia sindical y disciplinar al movimiento obrero. Perón tenía claros sus objetivos.
Inmediatamente después que a fines de septiembre la fórmula Perón-Perón se impusiera por amplio margen, el nuevo gobierno -que contaba con mayoría parlamentaria- presentó un proyecto de modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales para fortalecer el poder de la burocracia en los sindicatos y la injerencia del Ministerio de Trabajo. Dirigido contra el reguero de conflictos y el ascenso del sindicalismo combativo, cosechó fuerte oposición en el movimiento obrero. En lugar de pelear por su rechazo, la JTP llegó a organizar a principios de noviembre un plenario sindical nacional para presionar por cambios en el proyecto. Un mes después la ley había sido sancionada, y los ocho diputados que conformaban el bloque de la JP habían contribuido con su granito de arena: “Por razones de disciplina, los legisladores juveniles aportaron sus votos para la obtención de los dos tercios, pero luego no participaron ni en el debate ni en la votación final de la ley”.7 Ni siquiera abrieron la boca en el recinto para repudiar esta ofensiva. En definitiva, lo que quedó sobre la mesa fue que la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero era estratégicamente antagónica a la misión que se proponía Perón, y sin romper con él no podía emprenderse esa tarea.
En esta claudicación de la Tendencia Revolucionaria quedaba de manifiesto el límite al que podía llegar la JTP sin romper con el nacionalismo burgués, el cual por definición requiere la subordinación de la clase obrera. En sus orígenes el peronismo pudo apoyarse sobre la movilización de los trabajadores como relación de fuerza en sus roces con fracciones de la burguesía o el imperialismo; pero nunca podía tolerar que se independizaran en la lucha por sus intereses de clase. Ahora, Perón había vuelto del exilio como última carta de la clase capitalista para contener la irrupción obrera y popular.
Desde entonces Montoneros no haría más que retroceder. Se radicalizaba a través de atentados guerrilleros como el asesinato de Rucci, pero políticamente rehusaba al combate contra Perón, que era quien guiaba el reforzamiento represivo emprendido por el gobierno. Ya en octubre de 1973 había encomendado al teniente coronel Jorge Osinde y a López Rega, junto a unos 300 suboficiales del ejército, la organización de lo que sería la Triple A. En simultáneo presentó una “ley antiterrorista” para modificar el Código Penal incorporando y endureciendo penas contra la subversión y el terrorismo, además de criminalizar las huelgas. Unos días antes de la sesión en la que sería sancionada esta ley, a fines de enero, Perón recibió en su despacho a los diputados de la JP que acusaban el carácter represivo de la norma; fue una entrevista televisada, en la que les advirtió: “Si no tenemos la ley, el camino será otro; y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio”. El episodio decantó en la renuncia de los ocho legisladores, una vez más, para no votar en contra del paquete oficialista. Finalmente Perón obtuvo su ley antiterrorista, pero no se privó de recurrir al accionar terrorista de las bandas fascistas de la Triple A.
Las palabras de Perón habían sido más suaves que las pronunciadas días antes, luego del fallido ataque del ERP al regimiento de Azul, cuando llamó a “aniquilar el terrorismo criminal”, acusó una “tolerancia culposa” por parte del gobernador Oscar Bidegain, cercano a la Tendencia Revolucionaria peronista, y lo obligó a renunciar. Era el primero de una serie de golpes para destituir a los mandatarios provinciales que simpatizaban o simplemente eran permeables a la izquierda peronista. Un mes después estaba en marcha el Navarrazo, llamado así por el jefe de policía de Córdoba, Antonio Navarro, quien lideró un acuartelamiento golpista que dio el pretexto a la intervención federal y el derrocamiento de Obregón Cano y Atilio López. En el mismo momento, la CGT “normalizaba” la regional Córdoba para expulsar al secretario general, que era el propio vicegobernador, y comienza una nueva fase en la ofensiva contra las direcciones clasistas del Smata y Luz y Fuerza, y el amplio activismo sindical combativo de la provincia. Este “anti Cordobazo” no tuvo una reacción popular a la altura, empezando por los propios Cano y López que acataron la orden de Perón. Seguirían en la lista Mendoza, Salta, Santa Cruz, y luego otras provincias.
La JTP mostraba que estaba atada de pies y manos para resistir políticamente estos embates. Ya había actuado del mismo modo la JUP ante el desplazamiento de Rodolfo Puiggrós como rector de la UBA a fuerza de amenazas, en un ataque enfrentado por el estudiantado con tomas de facultades. A su vez, Perón había cortado en seco la estrategia de Montoneros que apuntaba a integrarse al Estado y las Fuerzas Armadas, cuando eyectó al comandante en jefe, Jorge Raúl Carcagno, luego del Operativo Dorrego, en que cientos de militantes de la Tendencia Revolucionaria participaron junto al ejército realizando tareas de reconstrucción en barrios bonaerenses que había sufrido inundaciones. Allí colaboraron los Montoneros con oficiales mayores de las Fuerzas Armadas como Albano Harguindeguy, futuro ministro de Interior de la dictadura de Videla. Para Montoneros ese era un ejemplo de “acercamiento entre las Fuerzas Armadas y el pueblo”. Semejante desorientación se fundamenta también en las limitaciones de clase porque, al igual que tantas experiencias en América Latina, mostraba la expectativa que el nacionalismo pequeñoburgués deposita en los militares como bastión de la defensa nacional, en la medida en que no conciben una pelea acaudillada por la clase obrera con sus propias organizaciones, su programa y su partido.
Semanas antes del Navarrazo, cuando estaba ya claro que el golpe vendría, Política Obrera llamaba en su periódico a un frente único para defender Córdoba, trazando una caracterización ajustada de la situación. Destacaba que “la JP constituye un canal de movilización y de presión ante el gobierno. Pero dado que su política se basa en la ilusión de que Perón es quien va a satisfacer las aspiraciones democráticas de las masas, la JP lleva y orienta la movilización que canaliza y emprende a un callejón sin salida, a la vía muerta de la capitulación ante Perón”, y más adelante concluía que “dentro del peronismo, la JP no tiene otra salida que desintegrarse o sumarse al curso derechista de Perón”.8
En oposición, desde PO le reclamaban un frente único para defender las libertades democráticas y luchar contra el Pacto Social, con la perspectiva de “abrir un canal de centralización de la lucha obrera independiente del gobierno y la burguesía”. Poco después quedaría en claro que esta era una necesidad objetiva del movimiento obrero. Fue con la pueblada de Villa Constitución, ese cordón obrero del sur santafesino donde se había abierto un proceso de organización ejemplar a partir de la recuperación de la comisión interna de Acindar, que cuando intentó ser expulsada por la UOM nacional suscitó una rebelión que contó con el apoyo de otras fábricas metalúrgicas y paros en solidaridad de portuarios, ferroviarios, docentes y comisiones internas de la zona. El conflicto fue un triunfo contundente, y meses más tarde terminaría con la recuperación de la UOM de Villa Constitución.9 La repercusión del Villazo fue enorme, al mostrar un camino para doblegar los ataques de la burocracia sindical y las patronales.
Con esa autoridad convocó a un plenario nacional antiburocrático que se realizó el 20 de abril,10 al que la JTP le dio la espalda. Sí participaron otras corrientes como Peronismo de Base, además de la izquierda marxista como el PCR, el PC, PST, PO, entre otras organizaciones. Pero las resoluciones no fueron más allá del apoyo a la lucha. La mayoría se opuso a la propuesta que formuló Jorge Fischer, delegado de la fábrica de pintura Miluz y dirigente de Política Obrera, de constituir una coordinadora nacional en defensa de las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los activistas combativos, y para enfrentar el Pacto Social. Hubiera sido un desafío directo a la cúpula de los sindicatos, que intervenía y expulsaba seccionales enteras para impedir el avance de las corrientes combativas; y por supuesto a Perón. Al rechazarlo, hasta el sector más a la izquierda dentro del peronismo volvía a operar como un bloqueo para la pelea por una nueva dirección del movimiento obrero. La ausencia de la JTP actuaba también en ese sentido. Pero el planteo tampoco fue recogido por la mayoría de las direcciones que se definían clasistas y combativas; ni Alberto Piccinini de UOM Villa Constitución, ni Agustín Tosco de Luz y Fuerza Córdoba, ni René Salamanca del Smata Córdoba. Adujeron que no había condiciones para romper políticamente con Perón, lo cual impidió el desarrollo de un canal alternativo para procesar esa ruptura.
Esta situación iba a decantar en el acto del 1 de Mayo de 1974, en que Perón terminó por echar a la JP de la Plaza de Mayo. En ese “festival” oficial, de concurrencia muy reducida en comparación con las movilizaciones que había sabido protagonizar el peronismo, el choque quedó planteado en forma abierta. “¿Qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?”, coreaban los jóvenes, a lo que Perón respondió con una defensa cerrada de la burocracia sindical y el aparato del justicialismo contra “esos imberbes que gritan”. La JP se retiró entonces de la plaza, pero no sacó las conclusiones políticas que se desprendían de estos hechos. La muerte de Perón y la asunción del gobierno directamente por Isabel y López Rega encontraron así a la dirección de la Tendencia Revolucionaria encerrada en un laberinto. La tragedia se avecinaba.
El pase a la clandestinidad
Muerto perón, la dirección de Montoneros siguió cercándose a sí misma. Lo reivindicó como un líder “antiimperialista y antioligárquico”, y respaldó la asunción de Isabel. Pero ella, ante las disputas generalizadas por la sucesión y careciendo del poder de arbitraje que en su momento tuvo su esposo, la flamante presidenta se recostó decididamente en la fracción de la camarilla de López Rega y el vandorismo de Lorenzo Miguel. En lugar de plantear una salida propia, Montoneros llamaba a preservar esa alianza de clases que llamaba el “Frente de Liberación Nacional”, cuando ésta no tenía base alguna: al poco tiempo renunciaba Gelbard al Ministerio de Economía, con el Pacto Social hecho trizas por la corrida inflacionaria y las aguerridas luchas obreras; y Ricardo Balbín, líder radical, no iba a sellar la “unidad nacional” de la oposición liberal con el gobierno, como Montoneros le solicitaba. En este cuadro se multiplicaban los crímenes de la Triple A contra trabajadores y militantes clasistas, de izquierda y de la Tendencia Revolucionaria. Entre ellos sería asesinado José Ortega Peña, principal dirigente del Peronismo de Base, por lo que esa ala de la izquierda peronista más combativa y cercana al clasismo quedaba descabezada, cortando una posible evolución hacia la izquierda y la independización del peronismo.
Fue en este contexto que Montoneros anunció, el 6 de septiembre de 1974, su decisión de pasar a la clandestinidad e iniciar una “nueva fase de resistencia” basada en acciones de guerrilla urbana. Sostuvo entonces que la represión criminal ponía “de manifiesto que este gobierno ha dejado de ser peronista y representativo, y deja en claro que su objetivo es la destrucción de quienes mantienen su lealtad a los intereses históricos del movimiento peronista”, por lo que definía emprender una “guerra popular integral” contra “la ofensiva imperialista y oligarca que ha logrado copar las posiciones claves del gobierno, poniendo a éste al servicio de sus intereses”.11 En realidad lo que había entrado en colisión directa eran los intereses de la clase obrera con los del peronismo, y en este choque la Tendencia Revolucionaria intentaba rescatar las expectativas populares que habían depositado en él. Esto cuando el copamiento del gobierno por “la ofensiva imperialista y oligarca” era expresión de que la burguesía nacional se había volcado a esa alternativa con el objetivo de estrangular el proceso revolucionario que la amenazaba de muerte; en las antípodas de un “frente de liberación”. La etapa de contención se estaba agotando a pasos acelerados.
Con su “vuelta a la resistencia”, aquellos que alegaban que no podían romper con el peronismo porque las masas eran peronistas optaron por “romper” con el “movimiento popular”. El pase a la clandestinidad implicaba el retiro de todos los frentes de masas (lugares de trabajo, sindicatos, universidades, colegios, barrios) y el cierre de todos los locales. Esta definición, adoptada verticalmente, sería fuertemente cuestionada y en ocasiones desobedecida por quienes mayor inserción tenían en sus frentes, y por lo tanto respondían a sus compañeros. Agrupaciones de la JTP, regionales de la JP, sectores de la UES, se negaron a abandonar sus puestos en la lucha de masas. Las consecuencias del pase a la clandestinidad no tardarían en notarse, como en el abandono de la JUP de la UBA en medio de ocupaciones del movimiento estudiantil reprimidas por la Policía Federal, en un proceso que terminaría en la intervención designada por el fascista y clerical Oscar Ivanissevich que dispuso el cierre de la universidad.
Esta política dejaba sin base social a la fuerza que pretendía encarnar y cristalizó más claramente el divorcio entre las acciones armadas y la lucha de masas. Los métodos guerrilleros escondían que en realidad iban al combate políticamente desarmados. Al actuar en nombre de “los intereses históricos del peronismo” bloqueaba la única salida del laberinto, que requería sacar conclusiones estratégicas sobre el rol del nacionalismo burgués y la necesidad de la independencia política de la clase obrera para luchar por su propio poder.
Significativamente, la resolución de pasar a la clandestinidad y concentrarse en la lucha armada se tomó junto con la de formar un partido político propio, formalizada a principios de 1975, con la intención de proyectarse hacia las elecciones que estaban previstas para dos años después. “Los peronistas tenemos ya claro que la actual estructura partidaria ha traicionado los objetivos para la que fue creada, es decir, impulsar, sostener y defender las banderas revolucionarias del peronismo (…) Surge entonces como desafío y como tarea la organización del Auténtico Partido Peronista que responda a la voluntad de las bases y se entronque con sus treinta años de historia”.12 Quiere decir que ni siquiera la decisión de encarar una construcción política separada del justicialismo les permitió arribar a la conclusión del carácter de clase del partido revolucionario.
El militarismo de Montoneros escondía la ausencia de una perspectiva estratégica, que solamente puede sustentarse en el interés de alguna de las clases sociales en pugna. Todavía en noviembre de 1975, cuando se realizó el congreso del Partido Peronista Auténtico, en un difuso programa se enunciaba la intención de promover medidas para “transferir ingresos de la oligarquía agropecuaria y de las multinacionales hacia la clase trabajadora, la pequeña y mediana empresa y al Estado”.13 Perseveraban en la formulación de un frente de colaboración de clases y la defensa del Estado burgués, cuando la lucha de clases se acercaba a momentos decisivos. Así, este retiro de los frentes de masas hacia la clandestinidad iría a contramano del proceso que terminó en la mayor huelga general de la historia argentina.
Para fines de 1975 no solo se habían intensificado los crímenes de la Triple A, sino que ya se había probado en una escala concentrada la maquinaria de exterminio de los militares, incluidos los primeros centros de tortura y muerte montados con el Operativo Independencia contra el combativo proletariado azucarero tucumano y el Operativo Serpiente Roja del Paraná contra el proceso del Villazo. Se había firmado además el decreto para “aniquilar a la subversión” que dejaba en manos de las Fuerzas Armadas la represión interna. Sin embargo, el gobierno había sido liquidado por el movimiento obrero con la huelga general de junio y julio que enterró el plan de ajuste conocido como Rodrigazo14 y arrancó conquistas laborales y salariales generalizadas. Una huelga política de masas que fue impuesta desde abajo por coordinadoras interfabriles formadas por los gremios y comisiones internas recuperadas, contra la conducción de la CGT. Producto de ella terminó cayendo el ministro Celestino Rodrigo y López Rega tuvo que salir del país. La capacidad de contención que aún podía tener el gobierno de Isabel Perón, fundamentalmente apoyada en la burocracia sindical, había quedado fuertemente cuestionada.
En resumen, la clase capitalista no podía todavía imponer a los trabajadores el costo de una salida en sus términos a la desorganización económica, que era crítica y expresaba una crisis profunda del capitalismo semicolonial argentino. Quien le puso nombre al obstáculo fue el dirigente radical Balbín, cuando dijo que había que terminar con la “guerrilla fabril”; pero ninguna fuerza política de la burguesía tenía esa capacidad. Se preparaban para asumir esa tarea los militares formados en la Escuela de las Américas del imperialismo yanqui.
En el campo de la clase obrera, en cambio, no pudo constituirse un estado mayor que dirija la lucha a la única salida favorable que podía tener la confrontación planteada: un gobierno de trabajadores que emprendiera una reorganización social a costa del gran capital y el imperialismo. La izquierda peronista no podía constituir esa dirección revolucionaria, porque sin romper con el peronismo no podía encarar la construcción de una alternativa estratégica. Al contrario, se proponía evitar que las masas agotaran definitivamente su experiencia con el peronismo. Sin jugarse a desenvolver a fondo las luchas obreras y populares hasta derrotar definitivamente al gobierno de Isabel, no podía ofrecer vía alguna para derrotar el golpe que se gestaba a plena luz del día.
La capacidad de contención del peronismo estaba superada, pero para entonces la situación se había invertido respecto a la de tres años atrás: a pesar de la lucha tenaz, el movimiento obrero estaba atomizado políticamente; mientras que la burguesía, que en su momento había tenido que recurrir desorientada a Perón, ahora buscaba en las Fuerzas Armadas un centro de comando para aplastar a la vanguardia obrera. Una vez que los militares estuvieron en el poder, Montoneros se condenó en el único punto en que el poderío de la dictadura era aplastante, el de las armas separadas de las masas.
En contraste, en septiembre Política Obrera caracterizaba que “en las Fuerzas Armadas se encuentra el estado mayor de la ofensiva antiobrera, y ésta tomará más tarde o más temprano la forma de un golpe militar para sustituir por completo el régimen político basado en el parlamento, las elecciones y la libertad de organización de los trabajadores. La clase obrera debe tener una actitud militante contra el golpismo, porque los propósitos de éste serán en definitiva el aplastamiento de los explotados. Pero en ningún caso la necesidad de la lucha contra el golpe militar debe ser una razón para defender políticamente al actual gobierno. Esto porque el gobierno peronista no sólo es un gobierno antiobrero sino que está en completa descomposición, y detrás de él se preparan las soluciones impulsadas por el imperialismo. Toda conciliación con este gobierno con el pretexto de ‘no provocar’ el golpe significa exactamente atarse las manos para la resistencia antigolpista. Sólo mediante la más enérgica movilización contra el gobierno actual, construyendo en esta lucha los órganos del poder político de los explotados, podrá el proletariado derrotar al golpe militar”.15
Esta comprensión fue afinada en el primer congreso de Política Obrera, que sesionó en diciembre de 1975, bajo la presidencia honoraria de Fischer y Bufano, asesinados por la Triple A. En sus resoluciones nuevamente enfatizaba que “un golpe militar que emerja del desarrollo de esta crisis no tendrá el carácter de la ‘libertadora’ ni del onganiato: se tratará de un golpe de liquidación de todo el régimen de libertades democráticas y de ilegalización del movimiento obrero, con métodos de guerra civil”. Esa caracterización era opuesta a la del ERP que pronosticaba el inicio de una “guerra popular revolucionaria”, y la del PC y al PST que previeron una “dictablanda” que buscaría reencauzar la situación con un proceso institucional electoral. El PO planteó entonces nuevamente que “la agitación antigolpista tiene que ser una agitación antigubernamental, porque es bajo la cobertura del gobierno oficial que el golpe se prepara”, y llamó a que “las coordinadoras interfabriles convoquen a todos los partidos que se reclaman obreros o antiimperialistas” a un frente común de lucha en defensa de los partidos y las organizaciones obreras contra el terrorismo derechista, el fin del estado de sitio y la liberación de los presos políticos, echar al gobierno antiobrero de Isabel y la convocatoria a elecciones generales sin proscripción.16
El golpe
El 18 de diciembre del ‘75 hubo un intento de golpe dirigido por un sector de la aviación encabezado por el brigadier Jesús Orlando Capellini. La agitación que generó llevó a la CGT a convocar a un paro general para el lunes 21, lo cual terminó por hacer retroceder la asonada. La clase obrera no estaba derrotada, pero sí estaba agotada, en cambio, la que había sido su principal dirección política.
Las semanas anteriores al 24 de marzo de 1976 fueron de una fuerte agitación. Un agrupamiento de las grandes empresas venía de organizar un lock out patronal reclamando mano de hierro para “suprimir todas las trabas a la producción y la comercialización”, es decir barrer la organización obrera. Asumía un nuevo ministro de Economía y se anunciaba el “Plan Mondelli”, que por supuesto no era nada nuevo: una “tregua social” de 180 días tras un aumento del 12% por ciento en los salarios mientras se aplicaban tarifazos en electricidad, gas, teléfonos, correo, ferrocarriles y combustibles. Cinco días después, el 10 de marzo, Isabel anunció en un acto en la CGT que el aumento salarial finalmente sería del 20% y habría paritarias. En el medio se había producido una reacción obrera, que dividía hasta la burocracia sindical y reanimaba la posibilidad de un desarrollo hasta la huelga general. La misma estaba planteada, más aún cuando naufragaba este plan de ajuste del gobierno y el FMI le negaba el crédito para refinanciar la deuda externa. Su suerte estaba echada y el golpe quedaba a la orden del día. Pero la concreción de la huelga general requería trabajar con esa orientación, y no fue lo que primó.
“Ninguno de los sectores que se encuentran a la cabeza de la huelga actúa por la huelga general activa, manteniendo la lucha en forma dispersa, dislocada, y esto se debe a que no quieren convertir el actual combate en una huelga política de masas, que conduzca a la caída del gobierno terrorista”, reflexionaba Política Obrera.17 Reseñaba que la coordinadora de La Plata, Berisso y Ensenada dirigida por la JP no hacía campaña por la huelga general activa porque era inconciliable con plantear “que el Congreso de la Nación se haga cargo del gobierno”, lo que dejaba la iniciativa a la burguesía. Entre la respuesta obrera y el golpe militar que se esperaba, la conducción de la CGT anotaría una nueva entregada: “yo me borré”, fueron las palabras del secretario general, Casildo Herrera, cuando llegó a Uruguay en la vísperas del 24 de marzo; y como él se borraron los burócratas del Smata, Gastronómicos, Comercio, entre otros.
Desde el principio la dictadura apuntó contra la “guerrilla fabril”. El mismo día en que asumía la Junta Militar un operativo ocupó Propulsora Siderúrgica en La Plata para quebrar la organización obrera y en Córdoba fue secuestrado René Salamanca. Al día siguiente capturaron a decenas de delegados y activistas de Ford en Pacheco, donde funcionaría un centro clandestino de detención, al igual que en Mercedes Benz, Siderca y Acindar. El terrorismo de Estado actuó en coordinación con las grandes patronales contra las comisiones internas y los colectivos obreros combativos de Volskwagen, Chrysler y Fiat Concord; de Astilleros Río Santiago, Astarsa y Mestrina; de Swift, Molinos Río de la Plata, Ingenio Ledesma y otros azucareros, Loma Negra, La Veloz del Norte, La Nueva Provincia. Pero aún bajo la feroz represión de los primeros años de la dictadura, los trabajadores seguían dando pelea.
Fue el movimiento obrero el que opuso una mayor resistencia: recibió a la dictadura con huelgas en 200 establecimientos, como la que en IKA Renault no se dejó doblegar ante el despliegue militar. Otros conflictos incluso obtendrían victorias, como en abril en General Motors de Rosario donde el cerco represivo no logró levantar la huelga, tuvieron que liberar a los detenidos y la patronal dio marcha atrás en su intento flexibilizador. Además de huelgas en las automotrices, metalúrgicas y puertos, fuertemente reprimidas, se sumó un proceso de sabotajes y trabajo a desgano.18 Tan extendido era el boicot que el gobierno genocida no solo prohibió las huelgas sino toda otra medida que afectara la producción.
La JTP no solo había retrocedido mucho en su inserción por la orientación foquista de Montoneros, sino que iba a profundizar su aislamiento respecto de este proceso de luchas semiclandestinas. Después de sus capitulaciones en la lucha por una nueva dirección del movimiento obrero, de haber abandonado las posiciones que había conquistado en el momento de ascenso, y en las condiciones de atomización de abril de 1976 cuando las peleas se libraban lugar por lugar, resuelve impulsar una “CGT de la Resistencia”. Era un manotazo al aire, porque Montoneros no podía jugar ningún papel en la conflictividad que paulatinamente iría creciendo durante los años siguientes. Sin norte estratégico, no le quedaba más opción que llevar las acciones militares de aparato hasta sus peores consecuencias. La tragedia era inevitable.
Políticamente, seguía metida en el callejón sin salida que representaba el peronismo para sus aspiraciones de transformación social. En un análisis de coyuntura de mayo de 1976 explicaban que “el tránsito de organización político-militar a partido es un cambio cualitativo indispensable para legitimarnos como conducción del movimiento peronista”.19 En él, sostienen, conviven “dos proyectos políticos irreconciliables: el de la traición y el de la revolución”. Fue con este horizonte ilusorio que Montoneros emprendía la suicida “contraofensiva militar”.
Las contraofensivas montoneras de 1979 y 1980 consistieron en el retorno al país de militantes exiliados para retomar acciones guerrilleras sin ninguna posibilidad de éxito. Fue el corolario de un voluntarismo militarista que llevó al exterminio y a la quiebra de la continuidad política de la organización. El desfasaje era completo. La organización quedaba deshecha justo cuando cobraban impulso nuevamente las luchas obreras y la movilización popular. En abril de 1979 ya se llevó a cabo un paro nacional con importante acatamiento, en rechazo a una ley de la dictadura que directamente barría con los sindicatos y ante el constante derrumbe del poder de compra de los salarios. Para diciembre de 1981 se convocaba la primera Marcha de la Resistencia, en la que se repudiaron las negociaciones por una salida de la dictadura que fuera concertada con los milicos. El 30 de marzo de 1982 pasaría a la historia como el Porteñazo,20 una jornada de paro general con movilización a Plaza de Mayo que terminó en un combate callejero de horas contra las fuerzas represivas. Luego del interregno de la guerra de Malvinas, ni bien se conoció la rendición en junio volvieron los choques callejeros. La dictadura estaba contra las cuerdas, pero la Tendencia Revolucionaria ya había quedado fuera de combate.
Política Obrera, que se había preparado para preservar la actividad partidaria y a sus cuadros y militantes, realizó su segundo congreso bajo la dictadura, en 1977. En sus resoluciones se valoraba lo siguiente: «La victoria del golpe significó una importante derrota política de la clase obrera, pues ha alterado su ascenso político y provocado la pérdida de grandes conquistas y del derecho de organización. No ha sido, sin embargo, una derrota decisiva, pues no quebró su resistencia por un periodo prolongado. El factor fundamental que impidió que hubiera una derrota decisiva fue la ruptura del proletariado con el gobierno peronista, pues esto evitó que cayera en una desmoralización aplastante”.21 Visto en retrospectiva, esa ruptura producida en la huelga general de junio y julio de 1975 iba a tener un carácter inconcluso, con consecuencias duraderas en la reconfiguración del régimen político post dictadura. En ese proceso, el peronismo “de izquierda” no sacaría nunca las conclusiones de su derrota: en las elecciones 1983 apoyó la fórmula encabezada por Ítalo Luder, firmante de los decretos de “aniquilación de la subversión” pactados con Videla y Massera, y en 1989 al privatizador Carlos Menem.
“El error de los ‘70”
Después del menemismo y el Argentinazo del 2001, cuando se recicló el peronismo de la mano de Néstor y Cristina Kirchner, la “mística setentista” fue un recurso discursivo de la política de cooptación estatal de sectores que habían sido parte de las luchas recientes, sindicales, piqueteras, estudiantiles, por los derechos humanos. Es por eso ilustrativa la conclusión que le plantearon a los jóvenes sobre aquellos años.
“Si nosotros hubiéramos podido sentarnos junto a los jóvenes de la Juventud Sindical, como ustedes se sientan ahora, ¡qué país diferente hubiéramos tenido!” Con estas palabras se dirigía la entonces presidenta Cristina Fernández en un acto en el Luna Park en septiembre de 2010. El error de los ‘70 había sido desafiar a la burocracia sindical. Ese era el mensaje a los impulsores de La Cámpora, que a diferencia de la vieja JP era una organización erigida desde los ministerios. A tal punto era así que ese acto de la “juventud militante” no podía reivindicar ni ofrecer perspectiva alguna al estudiantazo que en ese mismo momento mantenía tomados colegios y facultades de la Ciudad de Buenos Aires. Un mes después, el contraste sería mucho más fuerte.
El 15 de octubre Cristina volvería con el llamado a “no repetir” el error de la JP de los ‘70. Lo hizo nada menos que en un acto en el estadio de River, organizado por Hugo Moyano, en el que otra vez reivindicó a la Juventud Sindical. Allí estaba la burocracia de la Unión Ferroviaria, que solo cinco días después se cobraría la vida de Mariano Ferreyra, un joven estudiante de 23 años, militante del Partido Obrero, que se encontraba acompañando un corte de vías de trabajadores tercerizados. El reclamo de justicia por Mariano se convirtió en una causa nacional, pero más aún su figura fue una bandera de todo un amplio sector de jóvenes que se organizaba de manera independiente para luchar junto a los trabajadores, contra la precarización laboral y en defensa de la educación pública -o sea, por un futuro- y lo hacía con el horizonte estratégico de la revolución socialista. La conclusión era exactamente la opuesta a la del kirchnerismo: la necesidad de recuperar los centros de estudiantes y pelear por una nueva dirección del movimiento obrero. Ese fue el contenido de la proyección política que ganó el Frente de Izquierda desde entonces, desmintiendo a Cristina que pretendía instalar que a su izquierda solo estaba la pared.
Néstor y Cristina no habían llegado recién a la idea de la necesidad de regimentar a la juventud con una corriente dirigida desde el Estado, ni solo por la circunstancia de que ahora gobernaban con el objetivo declarado de la “reconstrucción de la burguesía nacional”. Era un rasgo definitorio de su actividad política. A principios de la década del ‘70 tanto Néstor como Cristina militaron en la Juventud Universitaria Peronista en La Plata, pero rompieron con Montoneros tras el asesinato de Rucci. Cristina recordaría, en un acto en la Casa Rosada previo a cumplirse 40 años del 1 de Mayo de 1974, que entonces “me peleé con varios compañeros porque era una de las que sostenía que la conducción de Perón no podía discutirse”.22
Es ilustrativo que quien hoy se presenta como una cabeza alternativa para reagrupar al disperso peronismo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, haya hecho un acto en homenaje a Rucci, en La Plata, al cumplirse el 50 aniversario de su asesinato, en octubre de 2025. Lo hizo junto a la cúpula de la burocracia de la CGT, como Andrés Rodríguez de UPCN, Héctor Daer de Sanidad y Hugo Moyano (hijo) de Camioneros, pero también con Sergio Palazzo de La Bancaria, referente de la Corriente Federal que posa de ala crítica dentro del sindicalismo peronista. Todos unidos por el espanto al cuestionamiento a la dirección burocrática de los gremios y centrales obreras.
Con el peronismo y el kirchnerismo integrados como una corriente más del Estado, encabezando gobiernos que hundieron al país en la inflación para pagarle al FMI, una rueda auxiliar en la tarea de intentar bloquear una ruptura hacia la izquierda de su base social es la función que cumple Juan Grabois. Por eso va desde posar de combativo y hablar del hambre en los barrios a atacar a la docencia por hacer paros, sumarse al lobby patronal contra la “industria del juicio” y el macartismo contra la izquierda revolucionaria. Sin ser ese canal de masas que la JP ofreció a miles de luchadores en los ‘70, se propone realimentar las ilusiones en la disputa de la interna peronista. Es un peronismo que ha seguido la misma decadencia que la clase capitalista a la que se propone representar, esa que concentró sus negocios durante la dictadura y desde entonces, aun habiendo hecho retroceder a los trabajadores, nunca cesó en la fuga de capitales y el saqueo del país.
Para concluir este puente histórico vamos a citar a alguien a quien ya nos referimos al principio, y que encarnó en todas estas etapas una lucha convencida por la construcción del partido obrero para la revolución socialista. Reseñando un debate con Horacio González que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en 2012, Pablo Riezknik llegaba a la siguiente conclusión:
“Los jóvenes que reivindicó querían una ‘patria socialista’, mediante una política que los llevaba a un callejón sin salida. Sus apologistas vergonzantes de hoy, que se encuentran en el gobierno, ya no vivan ‘la patria socialista’ sino ‘la reconstrucción de la burguesía nacional’ -y se sientan en la mesa del imperialismo, el G20”.
“Mariano no es el testimonio de una tragedia porque no cayó en una lucha con ilusiones en sus victimarios. Es parte de una epopeya que escribirá la clase obrera mundial en esta etapa de bancarrota del capitalismo. La militancia de Mariano pertenece al género épico: contribuir a desarrollar la conciencia de la crisis insuperable del capital, de una transformación histórica revolucionaria, de la lucha por erradicar la explotación del hombre por el hombre llevando a la clase obrera y a los explotados al poder. Por eso es que no solamente inspira su figura, sino la lucha histórica que encarnó en vida”.23
Qué más decir…
Notas
1. Ese día, en que Perón retornó al país, se perpetró la llamada masacre de Ezeiza, cuando grupos armados de la derecha peronista en coordinación con el operativo represivo montaron una emboscada a las columnas de la izquierda que arribaban a recibirlo.
2. El Montonero nº 6, agosto de 1975, citado en Baschetti, Roberto; Documentos 1973-1976, vol.II. De la ruptura al golpe. De la campana, La Plata, 1999; págs. 518-523.
3. Pablo Rieznik usó esa expresión en una charla de diciembre de 2014, con motivo de los 50 años del Partido Obrero, para definir aquel período de principios de los ‘70. En esa época fue dirigente de la Unión de Juventudes por el Socialismo, integró el comité ejecutivo de la FUA, y más tarde sería secuestrado por la dictadura.
4. Rafael Santos recuerda el debate entre las organizaciones guerrilleras que precedió a la fuga del penal de Rawson: “Para los Montoneros, la fuga era perjudicial para el proceso electoral en curso; para las FAR, por el contrario, lo favorecería, al obligar a los militares a hacerlas rápidamente y con menores limitaciones políticas. Queda en claro que, para unos y para otros, el objetivo estratégico era la realización de las elecciones”.
5. Nievas, Fabián; “Del ‘Devotazo’ a Ezeiza. Guerra de posiciones en junio de 1973”, en Izaguirre, Inés (comp.); Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina, 1973-1983; Eudeba, Buenos AIres, 2009; pág. 121 a 123.
6. Extraído del discurso transcrito en Altamirano, Carlos; Bajo el signo de las masas (1943 – 1973), Emecé, Buenos Aires, 2007.
7. “La ley sindical entró a martillazos”, Noticias, 1/12/1973; citado en Löbbe, Héctor Eduardo; “Entre la clase y Perón: la Juventud Trabajadora Peronista ante la Ley 20.615 de Asociaciones Profesionales”, XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2013.
8. Política Obrera núm. 185, 2/2/1975.
9. Barraza, José (h); “El ‘Villazo’. Un análisis desde una perspectiva clasista (1969-1976)”, En Defensa del Marxismo núm. 52, diciembre de 2019.
10. Barraza, José (h); “El Plenario Antiburocrático de Villa Constitución de 1974 y el Cordobazo”, Prensa Obrera, 27/5/2019
11. Citado en Baschetti, Roberto; Documentos 1973-1976, vol.II. De la ruptura al golpe. De la campana, La Plata, 1999; págs. 239-240.
12. Citado en Baschetti; Documentos…, pág. 474.
13. El Auténtico, 26/11/1975; citado en Guerrero, Alejandro; El peronismo armado. De la resistencia a Montoneros, de la Libertadora el exterminio; Editorial Norma, Buenos Aires, 2009; pág. 532.
14. Un “shock” de devaluación, tarifazos y naftazos contra salarios que ya venían perdiendo con la inflación.
15. Política Obrera núm. 241, 8/9/75.
16. Declaración del congreso nacional de Política Obrera “Fischer-Bufano”, 14/12/1975.
17. Política Obrera núm. 258, 17/3/1976. Concluía con un llamado a formar un frente único de las organizaciones políticas y sindicales antigolpistas para poner en pie piquetes obreros y juveniles de autodefensa, y una campaña nacional por el cese del estado de sitio y la militarización; y planteaba que las coordinadoras interfabriles y plenarios de delegados se pronuncien por la huelga general activa.
18. Bravetti, Miguel; “La resistencia obrera durante la dictadura”, Prensa Obrera, 24/3/2020.
19. Evita Montonera nº 13, mayo de 1976; citado en Cernadas, Jorge y Tarcus, Horacio; “Las izquierdas argentinas y el golpe del 24 de marzo de 1976. Una selección documental”, Políticas de la Memoria Nº 6/7, Cedinci, 2007.
20. Díaz, Domingo; “40 años del ‘Porteñazo’, histórica movilización obrera para acabar con la dictadura”, Prensa Obrera 30/3/2022.
21. Documentos del segundo congreso de Política Obrera, 20/4/1977.
22. Alonso, Maco y Taba, Manuel; “Cristina y una reivindicación al Perón de la Triple A”, Prensa Obrera 3/4/2021.
23. Rieznik, Pablo; “La tragedia del montonerismo y la epopeya de la juventud socialista”, Prensa Obrera núm. 1242, 4/10/2012.