Luego de la derogación de las leyes de impunidad se llevó a cabo en La Plata el primer juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien fue Director de Investigaciones de la policía bonaerense, a cargo de los centros clandestinos de detención y exterminio, que operaron en el “Circuito Camps” , una red constituida por al menos 29 centros clandestinos de detención que funcionaron en la jurisdicción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Aquel juicio histórico, en el año 2006, marcó un hito. No solo por haber sido la primera condena a prisión perpetua para Etchecolatz en el marco de un genocidio, sino también por la segunda desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre del 2006, quien había sido un testigo clave. Al día de hoy, casi 20 años después, no existe ningún tipo de avance en la causa que investiga su segunda desaparición, continuando impune, aunque no existan dudas de quienes son los responsables.
En el año 2007, se desarrolló el juicio contra el cura Von Wernich, ex capellán de la Policía Bonaerense, y primer sacerdote juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura: 7 homicidios, 31 torturas y 42 privaciones de la libertad. Von Wernich había sido acusado en el Juicio a las Juntas de haber participado en las torturas de víctimas que permanecieron secuestradas en los centros clandestinos de detención del circuito Camps. Durante este juicio, se comprobó que su presencia en los lugares de cautiverio cumplía la función dentro del engranaje represivo, -y escudado en su rol de sacerdote- de sustraer información a las víctimas y acallar los reclamos de los familiares. Por aquel entonces, desde la Multisectorial de la Plata, Berisso y Ensenada -espacio que nuclea a organizaciones políticas y de DDHH de La Plata- se lanzó una campaña muy clara: “La impunidad tiene cura”. La condena a Von Wernich fue un enorme golpe a la Iglesia Católica, que apoyó públicamente a la dictadura genocida, bendijo las armas con la que las fuerzas armadas asesinaban a los compañeros y compañeras detenidxs desaparecidxs, e incluso consideró a los vuelos de la muerte como una “muerte católica”.
Entre los años 2009 y 2011, continuaron los juicios contra los genocidas de la Unidad N° 9 de La Plata. Se juzgó a Abel David Dupuy, director del penal y condenado a perpetua junto a trece integrantes del servicio penitenciario, entre ellos dos médicos que asistieron en las torturas.
En el 2012 se llevó a cabo el juicio “Causa Circuito Camps”. Se trató de una megacausa, que tiene como origen la enorme investigación llevada a cabo por la Asociación ex Detenidos Desaparecidos de Trabajo, de Recopilación de Datos, que debió realizar el estado, en la que se investigaron los delitos cometidos en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, que funcionaron en Comisaría 5ta de la Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco (Puesto Vasco), COT I Martínez (Centro de Operaciones Tácticas I) y la Brigada de San Justo. También se investigaron los hechos conocidos como “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López, y los hechos sucedidos en la casa de Teruggi-Mariani, incluida la apropiación de la menor Clara Anahí. La sentencia recayó sobre veintitrés genocidas, condenando a quince policías bonaerenses a prisión perpetua y el resto de los imputados con la pena de entre 25 y 2 años de prisión. Las víctimas fueron un total de 281.
Nuestra trayectoria como querellantes en los juicios en La Plata.
En el 2014, conformamos la Asociación de profesionales en lucha -APEL- La Plata, y nos sumamos al espacio jurídico-político Justicia Ya!, integrado por la Asociación ex Detenidos-Desaparecidos, Hijos La Plata, y demás organizaciones de DDHH, con gran referencia en la materia como Nilda Eloy, Carlos Zaidman y María Laura Bretal. Nuestro primer primer juicio como abogadas querellantes fue el juicio conocido como “La Cacha”, un centro clandestino de detención y exterminio, que funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ’78, e intervinieron conjuntamente el Ejército, la Armada, las Policía Bonaerense y la Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y la SIDE. Según los testimonios de sobrevivientes, el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, nombre puesto por los genocidas porque allí se “hacía desaparecer gente”.
Una de las intervenciones centrales de nuestra querella fue impulsar el tratamiento de los delitos sexuales ocurridos en los centros clandestinos donde las mujeres, además de ser sometidas a todo tipo de interrogaciones y torturas, fueron violadas, abusadas, y maltratadas. La incorporación de delitos sexuales, como delitos específicos, diferenciados de los tormentos en general, tiene el propósito de visibilizar y condenar también este aspecto específico de la tortura. Nuestro planteo fue rechazado por el tribunal, al igual que la ampliación de la acusación por homicidio, para lo cual alegaron cuestiones formales.
El juicio de La Cacha fue el primer juicio en el país en el que se condenó a los imputados por su complicidad en el delito de genocidio al intervenir en la matanza de un grupo nacional, solicitado por nuestra querella, por los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de niños. Hubieron en total 147 víctimas y 20 imputados, de los cuales 15, recibieron la pena de prisión perpetua, otros tres a 13 años de prisión, el ex jefe de la Armada en la región, Juan Carlos Herzberg, recibió doce años de prisión y el guardia del Destacamento 101, Luis Orlando Perea, resultó absuelto.
En el 2015 fuimos parte de un juicio clave contra el accionar represivo llevado a cabo por las Fuerza de Tareas 5 (FT5) en el cual se juzgó a cuatro ex jerarcas de la Armada, dos ex jefes de la Prefectura Naval y otros dos ex oficiales, acusados por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica (hoy Ternium, grupo Techint), Astilleros Río Santiago y el frigorífico Swift en la región Berisso-La Plata-Ensenada. Fue un juicio particularmente vinculado a la lucha obrera de la región, siendo sus protagonistas los principales perseguidos por la dictadura genocida. Los represores fueron condenados a penas de prisión perpetua y de 25 años de cárcel. El tribunal también resolvió revocar las prisiones domiciliarias de las que gozaban siete de los ocho imputados y derogar las jubilaciones que cobraban de la Armada.
Logramos un triunfo histórico, fuimos lxs únicxs que reclamamos que los genocidas fueran condenados como tales: por primera vez fueron condenados por el delito internacional de genocidio. Como antecedente, sentencias anteriores mencionaban la “complicidad con el genocidio” o “en el marco de un genocidio”. Fue el propio Estado, a través de uno de sus poderes, quien reconoció por primera vez la calificación por genocidio como la persecución específica a clase obrera argentina.
Nuestra querella denunció a todo el arco civil que fue partícipe del genocidio: la Iglesia Católica, los medios de comunicación, el Poder Judicial -que rechazaba sistemáticamente los habeas corpus de los familiares de los desaparecidos- y lo que fue mucho más evidente en ese juicio, la complicidad absoluta de las patronales empresariales de las fabricas donde trabajaban lxs compañeros cuyxs casos se juzgaron, tanto del ámbito privado como estatal. El testimonio de lxs compañerxs sobrevivientes y familiares fue contundente respecto al rol de la burocracia sindical, que le entregaba a la Marina las listas de compañerxs combativxs. Es el caso de ATE Ensenada, encabezado por Juan Carlos Marín, secretario general en aquel momento y que tiempo antes de que comenzara el juicio fue elegido como secretario de Finanzas del centro nacional de jubilados de ATE, de la mano de la verde de Hugo «Cachorro» Godoy. El mismo rol jugó la burocracia de la UOM La Plata, del sindicato de la carne y el Supe.
En el 2017, continuamos con un juicio muy particular: por primera vez en La Plata se juzgaron hechos de lesa humanidad que ocurrieron antes de la última dictadura militar, bajo el gobierno peronista de Isabel Perón y López Rega. Los genocidas eran de la banda paraestatal conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU), los civiles: Juan José “Pipi” Pomares y Carlos Ernesto “El Indio” Castillo. Ambos fueron protegidos, con la vuelta de la democracia, por el peronismo, reciclando a estos genocidas como asesores del bloque del FpV (Frente para la Victoria) en el senado provincial y en cargos municipales en las gestiones de Julio Alak, actual intendente de La Plata.
La CNU fue una organización paraestatal de derecha peronista que , entre 1974 y abril de 1976, sus integrantes cometieron más de un centenar de secuestros y asesinatos de estudiantes y docentes universitarios, alumnos de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, militantes de izquierda, sindicalistas e integrantes de comisiones internas. Contó con el aval político de la burocracia sindical peronista, especialmente de FOETRA, SUPE, UOCRA y el núcleo “más duro” de la CGT de Mar del Plata; algunos de sus miembros se integraron en espacios sindicales relacionados con la estructura de la UOM y las 62’ Organizaciones; Patricio Fernández Rivero, imputado en el marco del juicio oral y público “CNU Mar del Plata”, fue custodio personal de José Rucci. Calabró, desde la gobernación bonaerense, López Rega, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Oscar Ivanissevich, al frente del Ministerio de Educación de la Nación, aportaron al financiamiento y sostenimiento de esta organización criminal.
Hacia fines de 1975, la CNU queda bajo el mando del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Sus miembros fueron incorporados a los grupos de tareas que operaron durante la dictadura como miembros de inteligencia u operativos. De esta «escuela» salió Gerardo Martínez, el actual jefe de la UOCRA.
Desde la querella de Justicia Ya! La Plata denunciamos en nuestro alegato la responsabilidad política del tercer gobierno peronista en el armado del esquema represivo para la consecución de estos crímenes, tanto de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez en el gobierno nacional como del gobernador Victorio Calabró (UOM) en la provincia, remarcando la responsabilidad estatal y la complicidad de la burocracia sindical en la represión. La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables.
Otro avance muy significativo que logramos fue que hicieran lugar al pedido de nuestra querella de retirar un enorme crucifijo que adornaba la sala de audiencias, justo en frente donde lxs compañerxs debían sentarse a brindar su testimonio. Fundamentamos formalmente haciendo referencia al principio de imparcialidad que debe estar presente en todos los aspectos que impliquen al debate oral, a lo que agregamos: “las víctimas han expresado el agravio que implica para ellas tener que prestar su testimonio ante un símbolo religioso, no solamente por la discriminación frente al resto de los cultos religiosos o frente a quienes somos ateos, sino por lo que significa especialmente dicho símbolo. En primer lugar, por la vinculación directa entre la Iglesia Católica y la última dictadura cívico-militar. Fue en esta misma sala de audiencias que este mismo Tribunal condenó al sacerdote Christian Von Wernich por 7 asesinatos. Sumado a ello, en la actualidad la cúpula de la iglesia se ha expresado abiertamente por la reconciliación entre las víctimas del genocidio y los genocidas, como así también, monseñor Aguer, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que estableció el beneficio de impunidad del 2×1 se ajusta plenamente a derecho ya que la aplicación de la ley más benigna no admite excepciones.”. Fuimos acusadas por los genocidas de “echar a Cristo de la sala”.
Finalmente, Carlos Ernesto “El Indio” Castillo fue condenado a perpetua y cumple condena en cárcel común. En el caso de Pomares, fue absuelto por el Tribunal, fue anulada dicha absolución por la Cámara Federal de Casación Penal, y se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. Hace poquitos días, el 23 de febrero del 2026, comenzó el juicio de CNU 2, donde también participamos como querellantes.
Un año después, en agosto de 2018, comenzó el juicio por los hechos aberrantes ocurridos en la Brigada de San Justo, perteneciente al circuito Camps de la Subzona 11 y Zona I, que dependía del Primer Cuerpo del Ejército. Estaba ubicada en Salta 2450, en San Justo, partido de La Matanza, contiguo a la Comisaría 1.
La particularidad que tuvo este juicio fue la demostración de que los genocidas, además de secuestradores, torturadores, apropiadores de niñas y niños y asesinos, ejercieron a su vez violencia sexual. Durante todo el debate surgieron contundentemente declaraciones sobre ataques sexuales, mayoritariamente hacia mujeres pero también hacia compañeros varones, quienes tuvieron la enorme valentía de denunciarlo y solicitar que los genocidas sean juzgados específicamente por delitos sexuales, para no quede invisibilizado dentro del delito de torturas. No fue casual que compañeros y compañeras que vienen declarando hace años hayan declarado por primera vez, luego de más de 40 años que sufrieron delitos sexuales. La influencia del impacto del enorme movimiento de mujeres es insoslayable.
Fueron condenados 16 imputados: diez represores a prisión perpetua, otros seis a penas de 25 años de prisión. Además, el Tribunal exhortó al Ministerio de Seguridad de la Provincia a desafectar la Departamental La Matanza donde funcionó el CCDYE Brigada de San Justo, que fue parte del Circuito Camps para convertirlo en un Espacio de Memoria. Los jueces consideraron todos los crímenes como de Lesa Humanidad, entre los que incorporaron los delitos sexuales.
En el año 2020, participamos como querellantes del juicio más grande y de mayor duración que involucró los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 605 víctimas secuestradas en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Infierno de Avellaneda y Brigada de San Justo contra 18 genocidas. El juicio comenzó en plena pandemia y duró tres años y medio. Durante el desarrollo del juicio, 6 genocidas fallecieron impunes; el múltiple condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz; Miguel Ángel Ferreyro, cabo de guardia del CCD el Infierno, quien fue reconocido como su violador por la compañera Nilda Eloy; Ricardo Armando Fernández, exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata; Carlos del Señor Hidalgo, capitán del ejército; Emilio Herrero Anzorena, jefe de grupo de actividades especiales; y Eduardo Samuel De Lio, jefe del Batallón de Depósitos de Arsenales 60. De los 12 imputados, solo Jorge Héctor Di Pasquale se encuentra detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo; el resto goza del beneficio de la prisión domiciliaria. El tribunal rechazó el planteo de nuestra querella de condenar por el delito de genocidio.
Este mega juicio tuvo varias particularidades que sintetizaron todos los condimentos del genocidio en argentina, siendo La Plata un centro de enorme organización militante obrera, estudiantil, barrial, que la dictadura genocida intentó exterminar. Entre los casos más destacados se consiguió la condena por la detención ilegal y el asesinato de los estudiantes secundarios en la Noche de los Lápices, que fueron vistos por última vez en el Pozo de Banfield. También, sin ningún tipo de antecedente previo, fue la primera vez que participó una querellante travesti trans en un juicio de lesa humanidad). Entre noviembre de 2022 y abril de 2023 prestó testimonio la querellante Valeria del Mar Ramírez, seguida por Julieta Gonzalez, Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Analia Velázquez y Marcela Viegas Pedro, que declararon por primera vez, dejando sentado que existió una persecución particular contra el colectivo travesti trans y de todas aquellas personas que desafiaban la moral católica con su identidad de género, situación que estuvo invisibilizada en el marco de los juicios anteriores.
Caso particular el de Banfield, donde existió una “maternidad clandestina” a cargo del genocida Jorge Antonio Bergés, quien regenteaba el tráfico de niñxs. Se probaron los casos de 23 madres que estuvieron detenidas desaparecidas estando embarazadas.
Otro de los hechos de enorme trascendencia fue la recuperación del nieto N°133 Daniel Santucho Navajas, nacido en cautiverio en 1977 en el «Pozo de Banfield». Su hermano, Miguel “Tano” Santucho, declaró previamente que su madre Cristina Navajas estaba embarazada cuando fue secuestrada. En la causa están involucradas 442 víctimas, entre ellas 23 mujeres embarazadas. Falta recuperar más de 400 hijos e hijas que continúan apropiadxs, lo que pone de relieve la necesidad de seguir exigiendo la apertura de los archivos. También quedó demostrado el secuestro de niñes; en diciembre de 1975, Mario y Marcela Santucho festejaban un cumpleaños cuando se llevaron secuestrados a Ofelia Santucho y a 9 menores de edad, que tenían entre 15 años y 9 meses. Todos integrantes de la familia Santucho, más el bebé del “Turco” Abdón. Otro aspecto que se demostró en el juicio fue la participación de los medios de prensa como actores del genocidio, como fue el caso que citó Alejandrina Barry. En 1977 se publicaron diversas notas en los medios que formaban parte de la Editorial Atlántida, como las revistas Gente, Somos y Para Ti, donde se mostraba a una niña sola (la misma Alejandrina) que había sido “supuestamente” abandonada por sus “padres terroristas”. La nota más conocida tenía como título “Los hijos del Terror”. Por otro lado, se probó cabalmente el funcionamiento del Plan Cóndor en la región, la coordinación represiva entre las dictaduras de Argentina y Uruguay; 28 militantes uruguayos fueron secuestrados y fueron llevados a las Brigadas.
Actualmente desde APEL estamos participando de tres juicios: una causa fragmentada del CCD Comisaría 5ta, otro por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la sede central del Cuerpo de Infantería y en el predio contiguo del Regimiento de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (ubicado en la capital provincial en la calle 1 entre 59 y 60, junto con en el Regimiento de Caballería en 60 entre 1 y 115), y en los hechos cometidos en la Comisaría 8ª de La Plata (ubicada en la avenida 7 y esquina 74, en Villa Elvira), todos pertenecientes al circuito Camps. Las víctimas que estuvieron secuestradas, privadas ilegalmente de su libertad y torturadas entre marzo y diciembre de 1976 provenían del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. El mismo 24 de marzo de 1976 se registraron secuestros en los Astilleros Río Santiago, en Propulsora Siderúrgica, la empresa R.A.B. SRL de laminados, en la Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión (SIAP), en el Frigorífico Swift y en YPF, constituyendo una práctica sistemática y planificada como parte del terrorismo de Estado con el claro objetivo de disciplinar y desaparecer la organización independiente y de clase de los trabajadores. En total corresponden a 193 víctimas de la causa 1 y 60, y 106 víctimas de la causa de comisaría 8va.
Entre las víctimas, se encuentra el militante de Política Obrera (hoy Partido Obrero) Juan Carlos Interlandi, trabajador de la fábrica Alpargatas, secuestrado en abril del ’76 en 1 y 60, quien luego fue liberado (y vuelto a detener y torturado en 1982, luego de Malvinas, en la etapa final de la dictadura). Falleció antes y no pudo declarar, si lo hizo como testigo su hija Cecilia.
Este 23 de febrero, comenzó el juicio CNU II por delitos de lesa humanidad por 13 víctimas contra Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares y Antonio de Jesús, este último sin condena previa, todos integrantes de la CNU.
Sin lugar a dudas que los juicios de lesa humanidad en Argentina representaron un enorme avance contra la impunidad, producto de la enorme e incansable lucha que llevaron adelante, familiares, organizaciones sociales y políticas y el pueblo en general, desde la dictadura. Los organismos de DDHH independientes del Estado y todos sus gobiernos fueron fundamentales en todos estos años de lucha. No se puede luchar contra el Estado siendo parte de él. A la par de que se desarrollaban estos debates, unificamos las luchas contra los asesinatos, las desapariciones y todo tipo de violencia estatal bajo la “democracia”.
Actualmente, en nuestro país, de los 1197 represores condenados, hay 539 genocidas detenidos, de los cuales 454 se encuentran con el beneficio de prisión domiciliaria según informe elaborado la procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad del Ministerio Publico Fiscal. Si tenemos en cuenta que en Argentina existieron al menos 800 centros clandestinos de detención y exterminio, da un promedio de 1.3 genocida por centro clandestino, ello sin contabilizar la participación civil en el genocidio, lo que muestra el nivel de aniquilamiento de la última dictadura militar y la enorme impunidad que aún sigue en pie.
Como denunciamos desde el comienzo, los juicios llegaron tarde, de manera fragmentada, condenando en reiteradas oportunidades, a los mismos genocidas de alto rango, mientras muchos otros se beneficiaron con la impunidad biológica, muriendo antes de ser condenados o investigados. Este letargo hizo también que muchísimas víctimas también murieran esperando justicia.
En este cuadro actual de enorme ataque a la clase obrera, de retrocesos de derechos conquistados y de negacionismo Estatal, el gobierno nacional está queriendo impulsar un nuevo indulto a los genocidas condenados. Resulta necesario retomar fuertemente la enorme lucha de los compañeros y compañeras que hicieron frente a la dictadura genocida y dedicaron su vida a la lucha contra la impunidad. Como declaró nuestro enorme compañero Pablo Rieznik en el juicio de la ESMA: “Ojala que no haya nunca más no porque aplicamos un código penal, sino porque transformamos la sociedad toda”. Sabemos perfectamente que la única penalidad que les cabe a los genocidas –a todos sus defensores- es la destrucción de este sistema y la construcción de un mundo sin opresión ni explotación.
No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.
Fue genocidio, son 30400.
