A 50 años del golpe genocida de 1976, ha quedado corroborado que es un capítulo abierto. Las consecuencias del golpe siguen vigentes, por ejemplo a través del endeudamiento feroz que la dictadura produjo y que todos los gobiernos pagaron e incrementaron, a través de leyes -que surgían de decretos porque el parlamento había sido disuelto- que aún siguen vigentes y que son el pilar del sistema financiero y de muchos otros aspectos de la vida del país. El capítulo tampoco está cerrado en relación a los crímenes de la dictadura: se sigue reclamando juicio y castigo a los culpables, se exige la apertura de los archivos secretos que ningún gobierno constitucional quiso abrir, se pide saber el destino de los desaparecidos. Que no es un capítulo cerrado en el terreno de los derechos humanos lo demuestra también el debate sobre el número de desaparecidos o del papel que deben jugar las fuerzas armadas ¡50 años después! La masividad de las marchas de todos los 24 de marzo revela el fracaso en la pretensión de dejar atrás esta etapa nefasta así sin más.

Y una de las razones de esto es el papel del movimiento de derechos humanos que se desarrolló durante la misma dictadura, de las batallas políticas que llevó adelante y de la perseverancia de sus militantes. 

Hoy con un gobierno que hace del negacionismo un culto, las fuerzas políticas que se rasgan las vestiduras ante ello pretenden ocultar su propia responsabilidad y papel durante el golpe y a posteriori. El negacionismo de Milei y Villarruel no es un rechazo “al orden constitucional, la vigencia del Estado de derecho y la democracia republicana”, cuya defensa Bullrich contrapuso en el Senado a la denuncia del genocidio; el negacionismo es una variante extrema por otra vía para poner “un punto final” como quería Alfonsín; habilitar un indulto como hizo Menem o “dar vuelta la página” como pretendía Alberto Fernández. Por último, con “el orden constitucional, la vigencia del Estado de derecho y la democracia republicana” lograron imponer la reforma laboral que la dictadura pretendía y trasladar sobre las masas trabajadoras los costos de “honrar” una deuda que la dictadura multiplicó por 10 en ocho años y que constituye un monumento a la usura y el saqueo que no deja de crecer.

Política Obrera (como se llamaba el Partido Obrero hasta 1983) fue un activo participe en la lucha de los organismos que nucleaban a los familiares de las víctimas durante la dictadura. Intervinimos condenando la represión, denunciándola sistemáticamente y colocando todas nuestras fuerzas en el desarrollo del movimiento de derechos humanos.

Enfrentamos a la dictadura con una caracterización que guió la acción del partido en todos los terrenos entre ellos la lucha contra la feroz represión. En diciembre del 75, cuando ya había desapariciones y estaba en pleno el “Operativo Independencia” que militarizó a sangre y fuego a Tucumán, con las cárceles repletas de presos de las luchas obreras y populares, y con las bandas parapoliciales actuando, se realizó el 1° congreso de Política Obrera que caracterizó que el golpe que se estaba preparando “no tendrá el carácter de la ‘libertadora’ ni del onganiato: se tratará de un golpe de liquidación de todo el régimen de libertades democráticas y de ilegalización del movimiento obrero, con métodos de guerra civil”. El congreso del PO resolvió impulsar la intervención de los trabajadores con un “conjunto de consignas transicionales. Llamábamos a que ‘las Coordinadoras interfabriles (creadas durante la huelga general) convoquen a todos los partidos que se reclaman obreros o antiimperialistas’ para constituir un frente común de lucha por el cese de los ‘operativos’, del estado de sitio, del trato inhumano en las cárceles y por una Navidad sin presos. Por un frente práctico de defensa de los partidos y las organizaciones contra el terrorismo. Abajo todo tipo de arbitraje estatal, por el derecho a la libre organización de los trabajadores frente al Estado. Fuera Isabel, basta con este gobierno antiobrero, abajo el golpe, por elecciones generales inmediatas sin proscripción”. Un sistema de consignas para desarrollar la movilización de masas, con una perspectiva de armar la lucha por la conquista de su poder” (Prensa Obrera, 24/3/2020).

A la burguesía y sus partidos el golpe no los tomó por sorpresa porque ellos fueron parte de la preparación. Cuando se produjo la derrota del “Rodrigazo” -el ajustazo del peronismo- a manos de los trabajadores con la histórica huelga de junio-julio de 1975 que hirió de muerte al gobierno de Isabel-López Rega (el gobierno de la Triple A) se hizo presente la necesidad de detener la radicalización de los trabajadores y la juventud e impedir una nueva irrupción popular que impidiera el ajuste; el gobierno peronista no estaba en condiciones de desarrollar este mandato. Un sector del peronismo (y de la burguesía) intentó desprenderse de Isabel, la cual se tomó una licencia por “salud” y fue enviada al pueblo de Ascochinga en Córdoba, acompañada por las tres esposas de los jefes militares (Videla, Masera y Fautario). Lúder (presidente del Senado) quedó a cargo del Ejecutivo y firmó el decreto que dio lugar al Operativo Independencia por el cual el Ejército copó Tucumán para “aniquilar” a la subversión  –con Bussi al mando-, pero esto no alcanzó para dar una salida “constitucional” a la crisis. La oposición patronal tampoco aparecía como una alternativa capaz de semejante tarea. El conato de golpe de un sector de la aviación (Capellini) aceleró la preparación del golpe que finalmente se dio el 24 de marzo. Capellini contó con la benevolencia de Videla y Massera. Fautario, que era el jefe de la Fuerza Aérea, y defensor del gobierno, fue desplazado y asumió Agosti. Capellini se “rindió” porque hubo una huelga convocada el domingo por la tarde por la CGT (que no llegaría a realizarse, pero que planteo la amenaza de una nueva movilización antigolpista obrera y popular) y Videla y Massera le aseguraron que la preparación del golpe estaba en curso. Luego de eso la CGT se mandó a guardar para apurar una desmovilización de las masas, tarea en la que colaboraron desde la burocracia sindical al conjunto de los partidos de la burguesía. Por lo cual se acomodaron rápidamente atrás del golpe, “justificando” que este era popularmente reclamado ante el derrumbe del gobierno de Isabel y la descomposición del peronismo, pero en realidad lo que más les preocupaba era la intervención obrera. El 16 de febrero del 75 todas las cámaras patronales declaraban un lockout para que los militares aceleren. Balbín, jefe de la UCR, sostenía que el problema central era la “guerrilla fabril”, es decir, las comisiones internas, delegados y activistas combativos, que pasaron a ser el blanco central de la represión. Como hoy se reconoce, incluso desde las propias filas de los milicos, las organizaciones guerrilleras estaban diezmadas –tanto el ERP como Montoneros.

Esta síntesis importa al análisis de cómo fue la lucha contra el terrorismo de Estado, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las responsabilidades por las “desapariciones”, los asesinatos, los allanamientos criminales, durante la propia dictadura, porque determinó el comportamiento de las fuerzas políticas y desnuda la impostura que busca blanquear la colaboración política con la represión sanguinaria. 

La APDH y la LADH

Antes del golpe, al calor de los crímenes de la Triple A y el crecimiento del número de presos políticos se desarrollaron algunos embriones de agrupamiento para enfrentar la situación pero sin adquirir una preponderancia en la lucha contra la represión. El 18 de diciembre de 1975 –el mismo día del golpe de Capellini- se funda la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), un espacio que se declaraba “multipartidario, multirreligioso y social”, con el propósito de recibir denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y asistir a las víctimas y sus familiares. Los fundadores de la APDH eran representantes de diversos partidos políticos –sobre todo de la oposición- entre ellos Raúl Alfonsín de la UCR; Alicia Moreau de Justo destacada dirigente del socialismo; Alfredo Bravo, luchador docente, fundador de la CTERA y miembro del Partido Socialista Democrático; dirigentes de la Democracia Cristiana, algunos obispos, entre otros.

Mientras Alfonsín estaba en la APDH, Balbín llamaba a terminar con la “subversión” en las fábricas y la UCR le aportó a la dictadura funcionarios, embajadores, intendentes (según algunos cálculos 318 en todo el país) algo que también hizo el PJ. El dirigente más destacado del partido de Alfredo Bravo, Américo Ghioldi, era embajador de la dictadura en Portugal, mientras el propio Bravo fue secuestrado –luego liberado- en el país, mientras dictaba clases. Ninguno rompió con su partido colaborador del régimen, tampoco lo hicieron los obispos que participaban en la APDH mientras la Iglesia colaboraba con la represión e incluso participaba en las torturas. 

El otro organismo existente era la Liga por los Derechos del Hombre (hoy Liga por los Derechos Humanos), que había sido fundada casi 40 años antes y que estaba bajo la tutela política del Partido Comunista. La “Liga” funcionaba en Callao y Corrientes y era un lugar de consulta para iniciar denuncias o reclamos legales (fundamentalmente pedidos de habeas corpus). Está afluencia de familiares que empezaban a buscar a los desaparecidos convirtió a la Liga en un punto de encuentro y a revelar la magnitud de lo que sin dudas era un política sistemática de represión. A instancias de ella ahí se formó la primera Comisión de Familiares de Desaparecidos.

Pero la política del PC frente al golpe marcó el derrotero de la Liga. El Partido Comunista ya venía planteando desde mediados del 75 la necesidad de conformar un “un gabinete cívico-militar” donde estarían incorporados (según ellos) militares “antiimperialistas” y defensores del “régimen constitucional y las libertades democráticas”. El PC, en su “rechazo” al golpe, abrió una expectativa en él: “La experiencia indica que desde 1930 los golpes de Estado tuvieron por objeto defender el latifundio improductivo y aumentar el grado de dependencia del país. Esta vez ¿se romperá esa nefasta tradición?” (primer comunicado después del 24 de marzo del 76). Ese mismo año en un documento señalaba que “…lo que está en juego es la conquista de una democracia avanzada o el pinochetismo. Esos dos proyectos enfrentados conviven todavía dentro del proceso abierto por la Junta Militar. Un sector relevante del gobierno y de las Fuerzas Armadas, que incluye en primer lugar al propio presidente de la República, reitera casi cotidianamente que es su propósito erradicar el terrorismo, de cualquier signo, para consolidar la paz y la seguridad teniendo como objetivo prioritario la revitalización de las instituciones y el retorno a la democracia auténticamente representativa, republicana y federal (…) El otro sector, obnubilado por un odio irracional, de raíz fascista, se propone un baño de sangre generalizado. Con el argumento de que la guerra contra la subversión se debe extender a un espectro más amplio que el delimitado por el terrorismo ultraizquierdista, tiene el objetivo de perseguir a cualquier institución o ciudadano que sustente una ideología o simplemente una opinión, democrática, progresista… ”, no solo se colocaba del lado de Videla el cual era el “presidente de la República” sino que justificaba la represión contra el “terrorismo ultraizquierdista”. El PC además reflejaba los intereses de la burocracia estalinista de la Unión Soviética que mantenía relaciones comerciales con la oligarquía y el capital agrario argentino que la dictadura defendía. 

Tanto el PC como los partidos que integraban la APDH consideraban que las desapariciones eran obra de bandas descontroladas, y eximían a Videla y su camarilla de toda responsabilidad; es más, llamaban a fortalecer a esta facción de la dictadura en oposición a los Suárez Mason y Menéndez. 

Las organizaciones de los familiares de las víctimas de la represión

Trasladada esta política al terreno de los derechos humanos entró en colisión con los reclamos de los familiares tanto de los desaparecidos como de los presos políticos, que se habían empezado a organizar. El Partido Comunista se oponía a una condena explícita al gobierno de Videla cuando era cada vez más evidente que la represión brutal era un “monopolio del Estado” –algo que en su momento el propio PC reclamaba-, las bandas que secuestraban, torturaban y asesinaban salían de las dependencias militares y policiales, las cuales se fueron convirtiendo en los centros clandestinos que pronto salieron a la luz. Por otro lado el PC se oponía a dar asistencia jurídica a los familiares de víctimas que hubieran pertenecido a organizaciones guerrilleras. 

La comisión de familiares que dentro de la propia Liga se había constituido adoptó el nombre de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y en el seno de ella se trasladó este debate sobre la política que el PC impulsaba a través de sus familiares o militantes en el seno de la comisión, lo cual llevó a que la comisión comenzara a tomar distancia incluso física de la LADH –alquilando sus propias oficinas. 

La política del PC, a través de la Liga y en el seno de la comisión de familiares, no buscaba impulsar un reagrupamiento para enfrentar a la dictadura, ese no era su propósito, y además tenía una orientación expulsiva de aquellos que querían desenvolver una lucha activa. La magnitud de la represión iba volcando a las calles cada vez más madres y padres que buscaban respuesta por la desaparición de sus hijos. Así nacieron las Madres de Plaza de Mayo, en abril del 77, que con sus rondas frente a la Casa Rosada pusieron en la calle un reclamo que crecía: saber dónde estaban sus familiares, dar testimonio del terror estatal, denunciar al gobierno. Un grupo de mujeres se empezaron a relacionar en las recorridas por dependencias, realizando gestiones –infructuosas- para saber el destino de sus hijos y eso las llevó a organizarse y dar nacimiento a las Madres. Empezaron reuniéndose en iglesias, pero el movimiento pretendió ser aislado por lo tanto la orden de la jerarquía eclesiástica era no darles cabida –salvo escasas excepciones-, los partidos políticos que no estaban ilegalizados también las aislaban, lo mismo que la APDH y la LADH que pretendían se sometieran a su política. Las Madres expresaban una fuerte tendencia a la ruptura con esa política que fue cobrando fuerza también en Familiares, por lo tanto su constitución debía ser apoyada. Política Obrera fue la primera corriente de izquierda que abrazó su lucha y movilizó con ellas, en soledad, bajo la dictadura (y no cuando esta ya había caído).

Nuestra orientación en el seno de los organismos de familiares confrontaba abiertamente la que llevaba el PC a través de la LADH o los “demócratas” reunidos en la APDH y planteábamos un frente común entre las Madres y los Familiares para extender la lucha y desenvolver una batalla contra la dictadura. Contraponíamos a la pretensión de presentar a Videla como el “ala democrática” la necesidad de denunciar al gobierno y a las fuerzas armadas como los responsables, a reclamar que digan dónde tenían los desaparecidos, qué habían hecho con ellos y denunciar la existencia de los centros clandestinos.

Esa política el PC la rechazaba abiertamente en Familiares con el argumento de que ponía en peligro la vida de los desaparecidos; como el PC no había sido ilegalizado por la dictadura y mantenía lazos con funcionarios del gobierno, además de las relaciones con la embajada de la URSS, había introducido entre los familiares de su partido la información de que el gobierno preservaba la vida de los desaparecidos del PC y que los liberaría no bien se dieran las condiciones. Eso no sucedía (ni sucedió), lo que sí pasaba es que seguían desapareciendo militantes comunistas. 

La acción de PO en el seno de las organizaciones de derechos humanos

Editamos un boletín llamado “Libertades Democráticas” donde sumamos más denuncias y desenvolvimos la pelea con las corrientes colaboracionistas. Nuestro boletín publicó, por ejemplo, el testimonio ante la Asamblea Nacional de Francia de Ana María Martí, Alicia Milia de Pirles y Sara Solarz de Osatinsky. Estas tres mujeres habían sido liberadas de la ESMA y, tras llegar a París, dieron un relato detallado que permitió al mundo conocer la estructura interna de la ESMA, los «Vuelos de la Muerte», el trabajo esclavo dentro de la Escuela. Ese testimonio tenía una importancia enorme porque demostraba que había una política de Estado tras las desapariciones, que eran parte de un plan sistemático y que eran crímenes de lesa humanidad. Por eso era vital su divulgación y eso es lo que hicimos. 

La orientación de PO en el seno de Familiares fue ganando adhesiones al calor de las propias revelaciones que aparecían y que hacían más necesario denunciar al gobierno y a las fuerzas armadas toda por el terrorismo de Estado. Esa lucha tuvo el liderazgo de nuestra compañera Catalina Guagnini, que tenía dos hijos y una nuera desaparecidos y otro hijo en el exilio. Cata se caracterizaba por su agudeza, su firmeza y su rol de organizadora. 

En 1980 se suscitó una polémica, el PC insistía que la principal actividad debía ser llevarle una carta al Papa Juan Pablo II que iba a estar en Brasil en junio, y se oponía a una campaña contra el gobierno que reforzara las acciones que ya se iban haciendo (ronda de los jueves, por ejemplo). Un plenario nacional de Familiares le dio la espalda al PC y armó una campaña para realizar en común con las Madres de Plaza de Mayo, de allí surgió la solicitada publicada en los diarios Clarín y La Prensa el 12 de agosto donde se reclamaba al gobierno que dé la lista de detenidos-desaparecidos y que diga dónde están. La solicitada contaba con las firmas de Jorge Luis Borges, que inicialmente había apoyado el golpe, de César Luis Menotti que era el técnico del seleccionado de fútbol y de muchas figuras de la política, la cultura, el arte. Esa solicitada marcó un ante y un después porque la responsabilidad del gobierno era sostenida por un espectro de personalidades y no solo por los familiares de las víctimas, las cuales habían ganado trascendencia fuera del país, por su campaña por el boicot durante el Mundial de Fútbol de 1978, por la concurrencia masiva cuando vino la misión de la CIDH en 1979 a recibir denuncias y se formaron colas de cuadras de familiares para hacerlo (y fuimos de los primeros que luego publicamos las conclusiones de la CIDH, en Libertades Democráticas, con su larga lista de secuestrados-desaparecidos). La solicitada las sacaba dentro del país del aislamiento que todos fomentaron. El conocimiento de los crímenes de la dictadura que afloraban por la lucha consecuente de Madres y Familiares empalmaba con una crisis dentro de la propia dictadura y el malestar social creciente ante el fracaso de la política económica, las evidencias de corrupción y el creciente endeudamiento del país. 

Hay que resaltar que la lucha de los familiares de las víctimas no solo vivió el “ninguneo” de los partidos de la burguesía sino que sufrió una represión feroz también. La desaparición de Azucena Villaflor una de las fundadoras de Plaza de Mayo es la expresión más conocida de ello, el movimiento fue infiltrado (¡Astiz como familiar de desaparecido!), las rondas de la Plaza eran reprimidas y los jóvenes eran víctimas especiales. 

Aparición con vida y castigo a los culpables

El movimiento de derechos humanos comenzó a cobrar más fuerza y masividad y se convirtió en un punto de referencia para la lucha contra la dictadura, lo cual hablaba desde ya de su fracaso en preservarse por la vía de la represión. La consigna de “Aparición con vida” empezó a colocarse en el centro, porque actuaba en oposición a la pretensión del gobierno de dar por muertos (sin reconocerlo públicamente) a los desaparecidos y como una respuesta política a la negativa de la dictadura militar argentina de dar información sobre sus paraderos. A esta consigna se agregó el reclamo de “castigo a los culpables”. Un salto que quebraba la orientación que la LADH y la APDH había querido imprimirle al movimiento de derechos humanos.

El Partido Socialista de los Trabajadores (antecesor del MAS), la corriente morenista, actuó a contramano de ese rumbo y casi paralelamente lanzó una campaña para que los militares amnistiaran a los presos políticos, los organismos de derechos humanos le dieron la espalda, no solo querían la libertad de los presos sino también la aparición con vida de los desaparecidos y el castigo a los culpables. No fue la única vez que el morenismo se colocó a contrapelo del movimiento, estuvo en contra del boicot al Mundial 78, propiciado por organizaciones internacionales, con el argumento de que las mismas “exageraban” la magnitud de la represión en la Argentina. El PST entró al período que abrió la instauración de la dictadura con una caracterización que lo llevó a estar prácticamente ausente, o jugar un papel muy secundario, del desarrolló del movimiento de los derechos humanos. Consideraban que “en líneas generales, se ha respetado al movimiento obrero. Pero algunas detenciones, algunos despidos, ciertas amenazas y la persistencia de un terrorismo de ultraderecha, cuya autoría sigue sin establecerse, dejan en pie la posibilidad de una persecución generalizada contra el activismo obrero”. Esta visión complaciente de la dictadura se repetía en otra publicación “legal” impulsada por el PST, La Yesca (segunda quincena de Mayo, 1976) donde se caracterizaba que estábamos frente a la “dictadura más democrática de América Latina”. Luego cambiaron la caracterización pero en 1977 siembran expectativas en apertura política inmediata, por la presión política del gobierno de Carter sobre la dictadura por las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Consideraban que esta presión externa iba a empalmar con la disidencia interna y forzar rápidamente a una apertura política. 

Una expresión del salto que dio la lucha fue la convocatoria a la Marcha de la Resistencia el 10 y 11 de diciembre de 1981, que significó una ronda que duró 24 horas y fue una derrota de la dictadura.

Algunas conclusiones y un homenaje

El movimiento de derechos humanos demostró ser una vanguardia en la lucha contra la dictadura por eso adquirió la relevancia que cobró y se convirtió en la expresión de una lucha consecuente, denodada que era una denuncia de la complicidad de los partidos de la burguesía con el régimen militar.

Después de la caída de la dictadura, el radicalismo pretendió erigirse en el defensor de los derechos humanos, creó la Conadep para “estatizar” las denuncias y establecer una “verdad” sobre la represión de la dictadura inscripta en la teoría de “los dos demonios” que se reivindica en el Nunca Más. (No es casual que en la campaña para cuestionar el número de 30.000 desaparecidos se utilice el número de denuncias que se hicieron en la Conadep.) 

La dirigencia del movimiento de derechos humanos fue finalmente cooptada por el kirchnerismo que pasó de apoyar a Menem y su indulto para autoproclamarse en “hijo de las Madres”, en un viraje marcado por la irrupción popular en diciembre de 2001 y la crisis abierta, que terminó con el gobierno de De la Rúa y que obligó a Duhalde a abandonar su sueño de perpetuarse en el poder, justamente por matar luchadores en el Puente Pueyrredón.

El movimiento de derechos humanos durante la dictadura volcó a la lucha a mujeres –fundamentalmente- y hombres que mayoritariamente no tenían una trayectoria de militancia política, muchos incluso no compartían la de sus hijos. Debieron hacer un curso acelerado al calor del reclamo para saber qué había pasado con sus familiares, se forjaron en una lucha política que hemos descripto acá, cambiaron el rumbo de sus vidas para jugar un papel destacado en la lucha contra la dictadura. Vaya mi homenaje y admiración para todos ellos. Tengo en mi memoria la imagen de muchos con los cuales milite en la Comisión de Familiares de Quilmes, Berazategui y Varela, algunos luego fueron militantes del PO como el caso de Daniel Orieta –que falleció hace poco víctima de una enfermedad- que junto a su madre reclamaba por su hermano secuestrado; tengo en mi memoria el matrimonio de obreros del PC -cuyo hijo había desaparecido- que lucharon denodadamente a pesar de que defendían convencidos la orientación de su partido. Son muchos. Mi homenaje a Chana la madre de Marcelo “Chelo” Arias, nuestro compañero secuestrado en las puertas de Deca Deutz en marzo del 78, que un día al volver de sus primeras reuniones en Familiares me pidió que si Chelo aparecía y ella yo no vivía le dijera que él tenía razón y ella había estado equivocada. A la entrañable Antonia “Tona” Luna que mientras criaba a sus tres nietos, hijos de su hijo desaparecido –uno de ellos Daniel Luna luchador del Inti y militante del PO-, estaba a la cabeza de la lucha de la comisión de Familiares de Lomas de Zamora, acompañada siempre por su sobrino Tato, ambos se hicieron luego militantes del PO. Obviamente a Cata Guagnini, que me enseñó a luchar dentro de Familiares. Todos ellos, y miles más en todo el país, fueron verdaderos héroes en la etapa más negra que vivió el pueblo argentino.