La crisis de la industria argentina es muy profunda. La política económica del gobierno de Milei alimenta la recesión al mismo tiempo que favorece una apertura importadora. Lo hace en nombre de terminar con un esquema fracasado que protegía a los fabricantes locales de la competencia extranjera a costa de los consumidores, que pagan precios más caros. El argumento oficial es que, además de contener la inflación, esto debería reorientar los capitales y la mano de obra a sectores más eficientes. Lo que ocurre en verdad es que hay en marcha una reconversión capitalista hacia negocios basados en la importación, a las exportaciones extractivas, el rubro energético o la simple especulación financiera. Pero en el balance general la economía argentina se va a pique, y por eso Milei se la pasa puteando a “Don Chatarrín de los Tubos Caros” (Paolo Rocca) y a “Don Gomita Alumínica” (Javier Madanes Quintanilla) como ejemplos de los empresarios que solo “cazan en el zoológico”, es decir que sólo subsisten bajo el proteccionismo estatal. Los trabajadores pagamos el costo de la reconversión y de la crisis con despidos y superexplotación.
La burocracia sindical peronista juega un rol clave. Se queja de la política de Milei pero le da la espalda a las luchas durísimas que se libran, mientras se solidariza con los reclamos empresariales contra la “apertura indiscriminada” de las importaciones o el “atraso cambiario”. Profesan una confluencia de intereses entre las organizaciones obreras y las cámaras patronales ante el “industricidio”, en medio de una ofensiva sin precedentes contra los trabajadores. La defensa incondicional de los puestos de trabajo y de las condiciones de vida del pueblo requiere un punto de partida antagónico, que pretendemos desarrollar en este artículo.
La situación de la industria local es tétrica. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabiliza que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se redujo en 24.437 la cantidad de empleadores y se perdieron 327.813 puestos de trabajo en unidades productivas.[1] La propia Secretaría de Trabajo analiza que el “aspecto crítico” no es solo la cantidad de cierres sino la “marcada debilidad en la apertura de nuevas unidades productivas”, concluyendo que “el problema estructural de la dotación empresarial reside en la escasa creación de firmas”.[2] Es una confesión del balance lapidario de la experiencia libertaria, que decía que venía a desplegar el desarrollo capitalista removiendo sus obstáculos. Lo que sucede ante nuestros ojos es una descapitalización del país.[3]
En el planteo de Milei las dos trabas al progreso económico eran el “costo laboral» y la intervención del Estado. Que la reforma laboral esclavista no haya atenuado en lo más mínimo la contracción refleja que el primer punto era directamente falso. En pleno tratamiento parlamentario de la ley, que reclamaban desde hace años los capitalistas, cerró Fate y fue ocupada por sus obreros para defender los casi mil puestos de trabajo. Dos días antes, el ministro Luis Caputo se quejaba en Twitter porque “les bajamos un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”. Vamos a desmentir en profundidad esa falacia del alto costo laboral argentino, y el carácter elemental de la lucha por revertir la reforma antilaboral.
Respecto de la injerencia estatal, la bandera libertaria era terminar con la protección arancelaria de sectores industriales que producían para el mercado interno blindados de la competencia externa, cobrando por encima de los precios internacionales en perjuicio de los consumidores. Las patronales protestan alegando que en realidad las barreras a la importación son una forma de defenderse ante la “competencia desleal” extranjera, especialmente en alusión a China. Primero fueron las ramas textiles y calzado, luego electrodomésticos y artículos electrónicos, ahora va desde el sector siderúrgico al avícola; una a una las ramas industriales se declaran en jaque por la apertura importadora. La cuestión nos obliga a caracterizar a la burguesía argentina y a la industria local, así como el fracaso de las políticas proteccionistas y la naturaleza de la reconversión capitalista en marcha. Evidenciamos de esa forma los intereses que favoreció en su momento el “intervencionismo” kirchnerista y, más aún, lo que busca representar hoy el peronismo como variable de recambio sosteniendo los “logros” patronales del mandato Milei contra los trabajadores.
Solo así se evita quedar entrampado en falsas salidas a la crisis detrás de variantes capitalistas, como una devaluación que licuaría los ingresos ya empobrecidos de los trabajadores, o un proteccionismo a costa de los consumidores. La caracterización de la burguesía criolla explica su incapacidad para desarrollar económica y productivamente al país, por su asociación con el saqueo imperialista y su dependencia de los ciclos del mercado mundial. Por eso acumula fracaso tras fracaso, con su secuela de desempleo y pauperización social.
Son problemas de política económica estrechamente ligados a la intervención en la lucha de clases. La comprensión que se tenga de este proceso guía la acción de los trabajadores en la crisis. El abismo que vemos hoy entre, por un lado, la pasividad de la CGT ante semejante ola de cierres y despidos, y por el otro la pelea tenaz del Sutna en Fate, tuvo su expresión en episodios anteriores. Tomemos como ejemplo el contraste evidenciado el 2 de septiembre de 2025, durante la celebración del Día de la Industria.
La Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) hizo una actividad encabezada por Ricardo Pignanelli en el Smata, junto a Abel Furlán de la UOM y Sergio Palazzo de La Bancaria. Desde ahí difundieron una declaración que empezaba denunciando a Milei por sus “políticas de apertura indiscriminada de importaciones, atraso cambiario, ajuste salarial y desmantelamiento de incentivos”. Es una formulación que condiciona la defensa del salario a los reclamos patronales, y efectivamente concluía invitando “al sector empresarial a consolidar juntos un camino en defensa del trabajo”.[4]
El sindicato del neumático tuvo una actitud opuesta. Ese mismo día la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó la planta de Fate en San Fernando. Ahí se le plantó el secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, y le entregó en mano una declaración que sostenía: “No es cierto que estén sufriendo las multinacionales ni los grandes holdings nacionales. Los balances globales reales de las patronales arrojan ganancias mientras quien está padeciendo la crisis social y económica es el pueblo trabajador argentino”.[5] Denunciaba que las multinacionales Pirelli y Bridgestone eran las principales importadoras de cubiertas mientras reducían a la mitad la producción local, y que patronal de Fate achicaba en la misma proporción mientras mudaba inversiones a otros rubros del grupo, como el monopolio de Aluar en aluminio y los parques eólicos en el sur. A diferencia de la postura rastrera de la burocracia sindical, llamaba a enfrentar los ataques a los trabajadores e incluso postulaba la necesidad de la intervención obrera en el control de las importaciones.
La postura a adoptar ante la “cuestión de las importaciones” tiene, como vemos, enormes implicancias prácticas a la hora de organizar la defensa de los puestos de trabajo en medio del desmantelamiento industrial. La gran ocupación de Fate fue preparada por toda la experiencia de lucha previa ante cada avanzada patronal, en contraste con las constantes entregadas de la burocracia. En definitiva, la propia crisis es abordada por las patronales como la oportunidad para una ofensiva a fondo contra las conquistas y organizaciones obreras.
Tomada en toda su dimensión, para no caer en una falsa dicotomía hace falta un programa y una organización política independiente, de clase, para luchar por un gobierno de trabajadores que emprenda una reorganización económica y social sobre nuevas bases. Planteamos algunas medidas elementales de un programa obrero.
Lo que vivimos en Argentina, son los efectos que tienen sobre los países semicoloniales, la sobreacumulación capitalista mundial, que motiva la guerra comercial y las aventuras militares del imperialismo. La revolución socialista abrirá el terreno para una verdadera división internacional del trabajo, basada en la cooperación y las necesidades sociales, dejando de subordinar la producción y el trabajo de la sociedad al miserable objetivo de la acumulación capitalista de un puñado de grandes monopolios y los Estados que los defienden.
Lo que importa
Lo primero a desmentir es que estemos ante una pulseada entre fabricantes versus importadores. Las empresas que conforman la industria argentina son las primeras protagonistas del negocio importador -y de hecho tienen muy poco de argentinas. Lo que en el caso del neumático vale para Bridgestone y Pirelli es más notorio aún en la rama automotriz, por lejos la de mayor peso económico.
Según las cifras del Indec el intercambio comercial del sector acumuló en 2025 un saldo negativo de 8.400 millones de dólares, más que duplicando el déficit del año anterior.[6] Esto porque ante el encarecimiento de los costos productivos en Argentina (por la desventaja cambiaria, las altas tasas de interés, los tarifazos energéticos, la menor escala del mercado) las multinacionales como Toyota, Stellantis o Volkswagen optan cada vez más por traer los vehículos que producen en Brasil. Estas firmas son las grandes beneficiarias del Mercosur -protegidas de los competidores externos al bloque regional por un arancel del 35%- y se radicaron a ambos lados de la frontera para explotar las ventajas del “mercado común”; pero la pérdida de competitividad en nuestro país fue deteriorando cada vez más el comercio bilateral.
El rojo de la balanza comercial se concentra sobre todo en el rubro “Chasis, partes y neumáticos”, lo cual quiere decir que las unidades que se fabrican en las terminales locales utilizan cada vez más componentes producidos afuera. El tema fue alertado por la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (AFAC), que cuestiona las reglas de origen del comercio automotor entre Argentina y Brasil[7] porque “facilitan la triangulación de piezas importadas desde terceros países, principalmente Asia”, y que un vehículo puede ser considerado origen Mercosur con solo 16% de autopartes de la región. La misma queja expresan desde Sindipecas, la cámara brasilera, en referencia a las marcas chinas que abrieron plantas en Brasil y que importan kits de piezas (sistema knock-down) incumpliendo las exigencias mínimas de partes locales que establece la Política Automotriz Común. La amenaza es seria si se suma que la enorme fábrica que instaló la china BYD en el estado brasileño de Bahía será una plataforma de exportación hacia la Argentina sin el 35% de arancel externo.
Ante este panorama tanto las metalúrgicas autopartistas como desde la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) reclaman la prórroga de las restricciones comerciales del Mercosur que fijan cuotas de intercambio entre ambos mercados, llamado Flex, y que en su momento equilibró la balanza comercial para favorecer la instalación de terminales en Argentina.[8] Este vence en 2029 para dejar lugar a un libre comercio con arancel cero entre ambos países, lo cual es visto como el fin de los motivos para seguir radicados de este lado del Iguazú.[9] Este proceso ya se aprecia en la participación en los patentamientos en el mercado local, en el que los vehículos de fabricación argentina pasaron de representar dos tercios en 2023 a menos de la mitad en 2025 y poco más de la tercera parte en enero de 2026.[10] Lo definió sin rodeos en una entrevista Martín Zuppi, el CEO Stellantis (que produce las marcas Fiat, Peugeot, Citroën), al decir que “la Argentina está bastante complicada a nivel de costos para producir (…) Si volvés a tener un mercado cerrado necesitas producir localmente. La decisión de sostener la producción es por si llega a pasar algo así”.
El ejemplo de la industria automotriz sirve para retratar que las mismas empresas que declinan la producción, aplican suspensiones y recortan planteles, son también las que están detrás del negocio importador. No hay ninguna contradicción en eso, porque lo que se suele denominar industria argentina es un entramado dominado por un puñado de multinacionales.
Milcíades Peña[11] resaltaba este rasgo parasitario al caracterizarlo como una seudoindustrialización alentada por los pulpos imperialistas, que se aseguran así la colocación de su producción de maquinaria e insumos para abastecer a armadurías radicadas en los países semicoloniales, donde reciben protección del Estado y su mayor escala les permite monopolizar el reducido mercado interno. Eso explica que se produzcan mayormente bienes de consumo importando gran parte de sus componentes, que no se avance hacia la fabricación de medios de producción sino que se importen los bienes de capital, y que la productividad del trabajo quede cada vez más rezagada respecto del mercado mundial porque las ganancias, en lugar de reinvertirse, se fugan hacia los países de origen de los grandes capitales.
Así es que las importaciones son, de hecho, uno de los mecanismos por los que las patronales industriales están a la cabeza de la fuga de dólares. Además del giro de utilidades y el pago de dividendos, generan una monumental deuda externa privada con empresas de su mismo grupo en el exterior. Según los informes del Banco Central, la industria manufacturera es el sector que lidera la deuda comercial por importaciones y representa la mitad de los más de 56.000 millones de dólares de deuda externa acumulada con empresas relacionadas.[12]
Otro caso paradigmático de todo esto es el de la industria tecnológica que se radicó en Tierra del Fuego para gozar de las exenciones fiscales y la protección arancelaria. Cuando el gobierno informó en mayo de 2025 la baja de los aranceles a la importación de celulares y otros artículos electrónicos, amenazando la principal fuente laboral de la población de la isla, los obreros metalúrgicos y el pueblo de Río Grande y Ushuaia se rebelaron en una huelga general. Ellos fueron los que combatieron esa política “anti industrial” de Milei, mientras las patronales ya venían posicionándose como importadoras y achicando planteles. Lo definió clarito a los pocos días del anuncio oficial el presidente y CEO del Grupo Newsan, Luis Galli, cuando dijo en el congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que “es muy difícil que se sigan produciendo celulares en Argentina… Fabricamos o importamos según la economía argentina se abra o se cierre”.
Es muy elocuente el ejemplo de Mirgor, la firma de Nicolás Caputo (primo del ministro de Economía), radicada en Uruguay para evadir al fisco argentino. La empresa controla más de la mitad de la fabricación de celulares, entre otros productos electrónicos, y en los últimos años ya venía despidiendo a cientos de tercerizados y atacando conquistas laborales, motivo de varias luchas obreras. Antes que asuma Milei firmó un convenio con Millicom para que Mirgor USA gestione desde Miami la cadena de suministro de celulares hacia doce países de América Latina, aprovechando sus contactos en China para comerciar Samsung, JBL y Hisense. Así, en sus balances de 2024 reportó una ganancia sólida a pesar del derrumbe a la mitad de la producción de celulares (-56%) y de televisores (-46%). En 2025 cuadruplicó su facturación en Centroamérica y América del Sur. Todo un exponente de la “burguesía nacional”.
Es otro caso que revela cómo los capitalistas criollos protegidos por los regímenes de promoción industrial son meros socios menores de multinacionales como Motorola o Samsung. Se trata de industrias ensambladoras de componentes, con balance comercial estructuralmente deficitario.[13]
Lo dicho hasta acá desmiente uno de los puntos comunes del discurso peronista, que presenta a la “industria argentina” como una víctima de políticas que favorecen apetitos extranjeros. Es un recurso para encubrir el carácter antinacional y parasitario de la burguesía argentina, socia menor del saqueo imperialista.
Paolo Rocca ya venía chocando con el gobierno de Milei a poco de andar, reclamando sin éxito que le “nivelen la cancha” para poder competir con las importaciones de acero chino. Pero a principios de 2026 el cruce escaló luego de su amenaza de cerrar la planta de Tenaris en Valentín Alsina, tras perder la licitación para proveer la construcción del gasoducto para la exportación de GNL del consorcio Southern Energy. Sin embargo, al mismo tiempo el pulpo viene haciendo fuertes desembolsos de capital en efectivo para adquirir activos en el exterior: Tenaris acaba de sellar la adquisición de Artrom Steel Tubes en Rumania y de anunciar inversiones para modernizar su acería de Koppel y la planta de tubos sin costura de Ambridge, en Pensilvania; Ternium está por inaugurar una nueva planta en el estado mexicano de Nuevo León y compró la totalidad de Usiminas en Brasil; mientras Tecpetrol concentra inversiones en Vaca Muerta. Ni Don Chatarrín ni Don Gomita Alumínica son víctimas del “industricidio”.
Aquella licitación del gasoducto Vaca Muerta – Punta Colorada que Tenaris perdió, adjudicada a la empresa india Welspun, fue festejada por el ministro Federico Sturzenegger como un “abaratamiento de costos”, pero este jamás llegará a los usuarios sino que irá a engrosar los márgenes de beneficio de las petroleras y sus proyectos de exportación. Los proveedores acusan una pérdida de participación en la cadena de valor del sector hidrocarburífero y una creciente capacidad ociosa porque hasta YPF compra sus válvulas a China. El boom de Vaca Muerta no genera un ciclo virtuoso para la industria local, menos aún para los consumidores que pagamos cada vez más caro en el surtidor.[14] Es que no apunta a mejorar la estructura productiva ni el abastecimiento del país, sino únicamente a oportunidades de exportación.[15]
No debería sorprender, siendo un negocio que nació de la asociación de YPF “reestatizada” con pulpos yanquis como la petrolera Chevron, empresas de servicios como Halliburton y fondos de Wall Street. En la última década muchas multinacionales se desprendieron de sus activos (Exxon, Equinor, Total, Petronas), tanto por el cepo cambiario como por la lenta inversión en infraestructura que deriva en cuellos de botella para exportar y por mejores resultados en otros yacimientos. Su lugar fue ocupado por capitalistas argentinos, pero todos radicaron sus firmas controlantes fuera del país: Tecpetrol, del grupo Techint de Paolo Rocca, lo hizo en España, al igual que CGC de Eurnekian y que Pan American Energy (Axion), que es una sociedad de Bulgheroni con la china CNOOC y la británica BP; Pluspetrol inscribió su casa matriz en los Países Bajos; y Vista, fundada por el expresidente “nacional y popular” de YPF, Miguel Galuccio, en México. Eso les permite fugar las ganancias al exterior mediante diversos mecanismos.[16] Así, en paralelo a los récords de producción de Vaca Muerta se disparó la deuda externa financiera de las empresas de extracción de petróleo y gas,[17] vía por la cual una parte jugosa de la renta petrolera va a parar a las cuentas de grandes fondos de inversión.
Reconversión capitalista y ofensiva antiobrera
En definitiva, el gran capital se acomoda a los cambios en los ciclos de acumulación, achicando (o abandonando) la producción y orientándose hacia ramas donde obtiene mayores ganancias.
Hay en curso un proceso de concentración capitalista: en los primeros 27 meses del gobierno de Milei el 99,7% de los cierres de empresas fue en firmas de menos de 500 trabajadores, mientras que la pérdida de puestos de trabajo registrado se dio en un 66,4% en empresas con plantillas de más de 500 empleados.[18] La crisis saca a la luz lo que en momentos de crecimiento es presentado como una integración virtuosa: el dominio del capital monopolista, que perpetúa el carácter semicolonial de la economía argentina.[19] Para dimensionar la primacía, apuntemos que las grandes empresas (más de 500 empleados) son apenas el 0,35% del total, pero aglutinan al 48% de la masa de trabajadores de unidades productivas.[20]
Por eso la situación es crítica en las pymes, que paradójicamente alertan al mismo tiempo por el “alto costo laboral” y por la crítica caída de las ventas. El verdadero estrangulamiento viene por el costo financiero que cobran los bancos con tasas impagables, de los precios monopólicos que fijan los grandes emporios industriales en los insumos difundidos,[21] del regateo y la imposición de condiciones por las grandes empresas compradoras o contratistas, del precio dolarizado de la energía. Todos ellos son mecanismos por los que la plusvalía fluye de los pequeños capitales hacia los más concentrados, que dominan las ramas estratégicas.
Un análisis de la reconversión en marcha permite identificar el carácter antiobrero y antinacional de la burguesía industrial. Como vimos, algunos dejan de producir para dedicarse a negocios de importación. Casos con mucha repercusión fueron Whirlpool, que cerró su planta de Pilar para traer electrodomésticos de afuera, y Lumilagro, que dejó de fabricar termos para importar las ampollas de vidrio desde India y Vietnam y termos de acero inoxidable desde China. Pero esta reconversión importadora tiene sus límites, tanto por la compresión del consumo interno como porque depende de la estabilidad del tipo de cambio. Por eso otros, en cambio, van hacia rubros de exportación primaria o el negocio energético.
En esto vuelve a ser emblemático el caso de Tierra del Fuego, donde el fin del proteccionismo a la industria electrónica llevó a Newsan y Mirgor a intensificar el lobby hasta lograr la eliminación de la prohibición de la salmonicultura, una ley que se había conquistado con la movilización popular ante el enorme daño ambiental y sanitario que representa la cría industrial de salmones enjaulados.[22] La acuicultura de exportación sería la carta para suplantar la electrónica, desmantelando la fuente laboral de la mayoría de las familias fueguinas. Con todo, estos holdings ya tienen cubierta la diversificación de sus negocios.
Mientras despide empleados en sus plantas de Ushuaia, Monte Chingolo y Avellaneda, Newsan crece en el sector de energía a través del flamante grupo Edison,[23] que en pocos meses se quedó con las distribuidoras de Tucumán y Jujuy, la central hidráulica Potrerillos en Mendoza, la transportadora Líneas de Transmisión del Litoral, las represas de Alicurá y Cerro Colorado, y ahora compró la mitad de Transener asociado a Brito. Newsan Foods, además, exporta pescado y mariscos a 70 países.
Nicolás Caputo también es un peso pesado del sector energético, donde igualmente hace negocios garantizados por el Estado. Su firma Central Puerto se quedó con las licitaciones directas que el gobierno nacional hizo para sumar baterías de gran escala como parche al sistema eléctrico del AMBA, accediendo a financiamiento del Banco Mundial para… traer las baterías de China. Mirgor Agro, a su vez, exporta granos e incursiona en la producción de proteína animal y vegetal para el mercado externo. Pero incluso se metió en otro sector estrella del discurso libertario: el primo del ministro de Economía viene de fundar en octubre American Minerals -en asociación con el mendocino Orlando Terranova-, inscripta en el estado norteamericano de Florida para aprovechar los beneficios a las compañías extranjeras como el RIGI y los acuerdos coloniales del gobierno argentino con Trump.[24]
En conclusión, las patronales ven oportunidad en la crisis. Aplican fuertes reestructuraciones a costa de los trabajadores, reducen o abandonan la producción para el mercado interno, mientras concentran las vetas de exportación en un puñado de empresas.
Un claro ejemplo de reconversión capitalista al calor de esta disociación entre el mercado interno y los rubros de exportación es el grupo Pérez Companc. Este holding clásico de la burguesía criolla embiste contra los trabajadores de Molinos Río de la Plata[25] para facturarles la retracción del consumo masivo,[26] pero en simultáneo volvió a desembarcar en la actividad petrolera en Chubut, amplió su participación en el sector vitivinícola comprando la bodega salteña de las marcas Etchart y Cafayate, y proyecta construir un mega complejo prontuario en Timbúes con Molinos Agro, su pata dedicada a la exportación de derivados de soja y cereales.
Otro tanto podemos decir de La Anónima, una de las principales cadenas de supermercados del país, que al tiempo que acusa una caída del consumo en sus tiendas y el aumento de la morosidad de sus clientes se perfila hacia el negocio frigorífico de exportación.[27] Idéntica apuesta hizo Coto, el supermercadista que se convirtió en uno de los principales faenadores y exportadores de carne, junto a Swift, Frigorífico Rioplatense y el grupo Lequio (que viene de adquirir cuatro frigoríficos del grupo santafesino Mattievich). Es un proceso de concentración empresaria que corre paralela a una mayor superexplotación obrera[28] y al hambre de las familias argentinas: la política de promover exportaciones en medio del incremento de los precios internacionales hizo caer el consumo a un piso histórico.[29] Esa contracción del consumo agrava los cierres de plantas y despidos en la industria frigorífica.[30]
Un contraste muy similar se ve en el caso del vino, otro consumo típico argentino que se desplomó a sus niveles más bajos en décadas,[31] con el correlato del cierre de más de 1.100 viñedos en el último año y la retracción de más de 3.200 hectáreas cultivadas.[32] El resultado es la concentración del negocio exportador y su mayor primarización.[33] Ya hay en marcha un cambio en la composición exportadora vitivinícola hacia un menor valor agregado: lo que crece es la venta al exterior de vinos a granel sin mención varietal mientras pierden participación los vinos varietales embotellados. “Esto refuerza una inserción internacional cada vez más apoyada en segmentos de bajo valor unitario”.[34]
Para concluir este capítulo podemos dar un último ejemplo. Las exportaciones de yerba mate baten récords,[35] pero las estadísticas del Instituto Nacional de la Yerba Mate revelan que en 2025 tres de cada cuatro kilos que salieron hacia el mercado externo fueron concentrados entre el Grupo Kabour, Amanda y Piporé. Mientras, cientos de pequeños productores quiebran o deciden no cosechar por los bajos precios que les pagan las molineras, otro eslabón superconcentrado: solo tres empresas (Liebig, Las Marías y La Cachuera) representan casi la mitad de la molienda industrial. La región noreste vive directamente un éxodo de trabajadores hacia Brasil.
Nos explayamos en esta caracterización de la clase capitalista local para evidenciar que la crisis de la industria no se resuelve con medidas que protejan a empresarios “nacionales” de la competencia importadora. Un ejemplo es la “ley anti Shein” que reclamó en su momento la Cámara de la Indumentaria para fijar aranceles, impuestos internos y controles sobre las compras en plataformas internacionales, fundamentalmente chinas. Es una rama donde los cierres de talleres y los despidos son generalizados. Desde el gobierno de Milei, sin embargo, lo ponen como ejemplo virtuoso para los consumidores porque cortó el encarecimiento constante de la vestimenta. Que esto suceda en el rubro textil, en que los salarios son bajísimos y la precarización laboral es la norma, ¿no refuta que el problema de la industria sea el alto “costo laboral”?
El “costo argentino”
El gobierno justifica la eliminación de aranceles y las trabas a la importación alegando que beneficia a los consumidores, porque abre a la competencia con mejores precios y achica el margen de maniobra para las remarcaciones de los empresarios locales.
En el caso de la industria fueguina, por ejemplo, los precios de celulares, TV y aire acondicionado en Argentina llegaban hasta el doble que en Brasil, México, Chile o Estados Unidos. El proteccionismo sería, pues, perjudicial para los trabajadores, quienes gastan la mayor proporción de sus ingresos en artículos de consumo.[36] En Tierra del Fuego vemos cómo favoreció un proceso de concentración empresaria, en una industria altamente deficitaria para la balanza comercial porque importa casi todos los componentes.
Es lo que le enrostra Milei a Madanes Quintanilla, que monopolizó el aluminio gozando de un mercado interno cautivo. El caso es significativo, porque Aluar produce insumos difundidos para muchas ramas industriales, y aumentó los precios locales mientras caía el del aluminio a nivel internacional.[37]
El caso también revela la contradicción en que caen los capitales menores, que adoptan posturas aperturistas para comprar insumos pero reclaman medidas proteccionistas sobre los productos que ellos venden porque no pueden competir. Eso pone sobre la mesa que la industria local depende de la acción del Estado para restringir el acceso al mercado argentino; pero esa ausencia de competencia favorece la concentración en las ramas clave, a través de las cuales las grandes empresas embolsan parte de la plusvalía que las pymes extraen a sus trabajadores -quienes pagan parte esa transferencia con una mayor explotación.
Así planteado estamos ante una encerrona: entre proteger con aranceles y controles a la industria local y pagar los productos más caros de los Rocca y Madanes, o abrir la importación para que ingresen más baratos a costa de la liquidación masiva de empleo. El consenso de los políticos capitalistas sobre la necesidad de la reforma laboral plantea que uno de los grandes problemas a resolver es el alto “costo laboral”. Pero esto es difícil de conciliar con la situación de empobrecimiento generalizado de las familias trabajadoras.
¿Cómo se explica que en Argentina tengamos salarios cada vez más bajos y un supuesto “costo laboral” ascendente? La explicación está en el desplome de la productividad. “La paradoja de un salario bajo para la gente, pero alto para los productores, se explica porque cada empleado produce menos”, concluye un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). Según sus cálculos, el PBI por asalariado privado cayó 22% entre 2017 y 2025, a la par que el salario privado registrado medido en dólares disminuyó 29%. Su recomendación es “que la actualización de los salarios se defina a nivel de cada empresa a los fines de que sean consistentes con su productividad para no forzar a que se pierdan empleos”.[38] Es decir, este think tank patronal se resigna a que siga cayendo la productividad y solo le preocupa simplemente que los salarios caigan más aún. Es un indicio de que la reforma laboral no va a resolver el problema del empleo ni la huelga de inversiones.
Otra investigación que refleja esto es la realizada por Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, titulada “Transferencia de ingresos del trabajo al capital durante el período 2016-2024”. Registran que en ese período la participación de los asalariados en el valor agregado total cayó 7,8 puntos porcentuales, por una tendencia doblemente regresiva. Como explican, la participación de los asalariados en el ingreso podría reducirse incluso en el caso que los salarios reales aumenten, si el aumento de la productividad fuera superior (y, a la inversa, aún con pérdida salarial podría incrementar su participación si cayera más la productividad). En este caso, el escenario es el peor: encuentran que la productividad cayó un 13%, pero igual se redujo la participación de los trabajadores porque esa caída fue superada por un descenso del salario medio del 24,1%.[39]
La decadencia secular es notoria si miramos el promedio anual de crecimiento de la productividad: cayó del 2,9% de la década del ‘90 al 0,1% en la del 2010, hasta directamente un decrecimiento (-0,7%) en la iniciada en 2020.[40] El hecho de que incluso los años en que hubo un aumento de la rentabilidad no fuera el fruto de una mayor productividad ni de una expansión del mercado, sino de la superexplotación obrera y el aprovechamiento de esquemas parasitarios (devaluaciones, subsidios, aranceles), derivó en que ni siquiera con grandes ganancias los capitalistas reviertan su desinversión. Con salarios de convenio cayendo debajo de la línea de pobreza, queda claro que la reforma laboral busca imponer un retroceso estratégico al movimiento obrero pero no aporta un ápice a salir de la crisis industrial, y debe ser barrida. La cuestión es el costo capitalista.
Las barreras proteccionistas y los controles cambiarios que blindaron el mercado interno permitieron a los capitalistas gozar de fuertes ganancias mientras se desplomaba la productividad, cobrando precios por encima de sus equivalentes internacionales mientras fugaban utilidades. Eso porque sin competencia no hay motivación alguna para invertir en mejorar la eficiencia y la técnica para abaratar costos. La inflación les permitió sostener sus ganancias aún en un cuadro de contracción de la economía nacional.
La cuestión nos obliga a otra reflexión: ¿cómo puede sostenerse en el tiempo este esquema parasitario? El valor no puede crearse de la nada. De algún lado debe provenir la capacidad de pago de esos productos más caros que aseguran el flujo hacia los capitales concentrados. Una parte puede ser absorbida por los trabajadores mediante el aumento de su costo de vida, pero eso tiene el límite físico de la supervivencia y el que le imponen las luchas salariales, que terminan encareciendo la mano de obra. Otra parte es el plusvalor que extraen de las empresas menores, pero nuevamente existe un límite a partir del cual obstaculizaría el proceso de acumulación de capital. La fuente de riqueza que permitió perpetuar en el tiempo esta situación es la renta diferencial que dejan las ramas dedicadas a la exportación primaria, especialmente agrícola pero también ganadera, minera y petrolera.
Mucho se dice que la industria argentina históricamente sólo subsistió “a costa del campo”. Pero importa hacer una precisión. En realidad lo que se redistribuyó bajo diferentes modalidades para promover la industria nunca fueron las ganancias normales del capital agrario, que en ese caso no hubiera invertido, sino una parte de la renta de la tierra. Esa diferencia en la productividad natural del suelo, que no es reproducible en otras latitudes (vale también para los yacimientos de minerales e hidrocarburos), genera una renta extraordinaria al vender la producción en el mercado mundial. Esa renta es apropiada por los terratenientes propietarios y por las cerealeras que concentran el comercio exterior, pero también es pasible de reapropiación por otros sectores gracias a la intermediación del Estado.
Las retenciones que gravan la exportación de granos sustraen una porción del valor hacia las arcas estatales. Eso puede hacerse sin bloquear el ciclo normal de acumulación de capital gracias a que se produce en Argentina en tierras y condiciones climáticas excepcionalmente productivas. Los impuestos a la exportación dejan recursos fiscales para políticas de promoción industrial (subsidios, créditos) y a la vez permiten escindir los precios locales de los alimentos de las cotizaciones internacionales de las commodities, evitando un encarecimiento de la fuerza de trabajo. La baratura relativa de los productos agrícolas compensa así los caros precios industriales en el mercado interno.
La caracterización que hicimos de la industria criolla muestra que eso no implica una redistribución progresiva sino una sobreganancia para el capital monopolista, que equilibra así la baja productividad industrial y la reducida escala del mercado. Ahora que Milei sigue el camino inverso, es decir que desgrava las importaciones y reduce las retenciones, vemos sus efectos recesivos y el encarecimiento de los alimentos aún en un escenario de derrumbe del consumo (pan, carnes, lácteos, huevos, aceites). Podemos hacerlo extensivo a los combustibles, que se extraen en Vaca Muerta con un precio de equilibrio menor al de cuencas similares en el mundo[41] pero equiparan en el surtidor la cotización internacional del petróleo. El desmantelamiento industrial es proporcional a la creciente apropiación de la renta por las cerealeras, las petroleras y las mineras, que tienen la llave maestra del saqueo en el carácter privado del comercio exterior.[42]
Para resumir lo analizado hasta acá insistamos en que los pulpos imperialistas, que invierten en Argentina en proporción a la reducida escala del ámbito nacional de acumulación de capital, se valorizan a tasas similares a las que obtienen en otros mercados gracias a que “a la plusvalía que extraen a sus obreros le suman una porción de la renta diferencial de la tierra que escapa a los terratenientes y de la ganancia que escapa a la apropiación de los pequeños capitales. (…) La reproducción de esta base lleva consigo la apertura continua de la brecha absoluta de productividad del trabajo, hasta resultar en el estancamiento y retroceso de la masa de valor producida en la economía nacional, generando una creciente población obrera sobrante para las necesidades del capital. Con lo cual, lejos de superar su base específica, esta modalidad nacional de capital la reproduce incorporando a ella, como pilar principal, la caída creciente del salario por debajo del nivel requerido para la reproducción normal de la fuerza de trabajo nacional. Ni los pequeños capitales, ni los fragmentos de escala restringida de los capitales extranjeros, son portadores del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad en la unidad mundial del modo de producción capitalista”.[43]
Peso liviano
La salida a este laberinto que postula un sector cada vez mayor del empresariado es presionar por una devaluación, que les permita recuperar competitividad sobre la base de licuar sus costos en pesos -fundamentalmente los salarios. Todavía el reclamo no cataliza un cambio de frente de la burguesía o una fuerte división (como ocurrió en 2001 cuando se impuso la salida de la Convertibilidad) que lleve a un choque más abierto con el gobierno, cuya política económica está atada a sostener el tipo de cambio. Cuando llevamos un cuarto de siglo de devaluaciones sucesivas, y en los últimos ocho años la cotización local del dólar se multiplicó por 70, queda claro que esta recomposición de la competitividad no es nada duradera. Importa analizar la cuestión.
El tipo de cambio es otro mecanismo que incide en el curso de apropiación de la renta diferencial. La economía argentina, más o menos cerrada según el período, existe siempre como fracción del mercado mundial. La paridad de la moneda nacional con las de otros ámbitos nacionales de acumulación expresa la capacidad relativa para generar valor: en última instancia, la productividad del trabajo. El Estado, sin embargo, puede intervenir para mantener tanto una subvaluación como una sobrevaluación respecto de sus equivalentes internacionales.
El gobierno de Néstor Kirchner que vino después de la megadevaluación de 2001 – 2002 sostuvo una subvaluación de la moneda (”dólar recontra alto”) en un cuadro de alza en la cotización de las commodities, lo que generaba una renta extraordinaria a los exportadores agrarios. Parte de esa renta les era luego sustraída mediante las retenciones. No era una “redistribución de la riqueza”, como aseguraba Cristina Kirchner, sino una reasignación de una parte de la renta a otros sectores capitalistas, tanto mediante la subvención directa (subsidios, créditos a tasas negativas) como indirecta (abaratamiento de la fuerza de trabajo por tarifas de servicios públicos pesificadas). Además de la licuación de los costos en pesos por la subvaluación, los aranceles proteccionistas permitieron a las patronales industriales vender en el mercado interno sin competencia. Ya vimos que esto no trajo aparejado ningún desarrollo genuino de las fuerzas productivas; por el contrario, agravó la dependencia de la economía nacional respecto de la renta diferencial de las ramas de exportación y por lo tanto la exposición a los vaivenes de los precios de las materias primas en el mercado mundial. Esta naturaleza rentista es el rasgo principal del nacionalismo burgués latinoamericano “del siglo XXI”, y explica su incapacidad para modificar la inserción semicolonial en la economía mundial y el nulo avance en la integración regional.
Así fue que cuando cayeron los precios internacionales de las commodities por la crisis mundial vino el conflicto con el capital agrario en torno a las retenciones y el cepo cambiario. Eso para sostener el pago de la deuda externa, que se convirtió en el destino principal de la renta redistribuida por la intervención del Estado. La contracción de la renta disponible y la creciente apropiación por el capital financiero llevó a la reversión del esquema de transferencias al capital industrial: se estableció un control de cambios que llevó a una progresiva apreciación del peso, comenzó el recorte de subsidios y otros gastos públicos, la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal incentivó la inflación y eso agravó el “atraso cambiario”. El kirchnerismo responsabilizaba por la desorganización económica a los “formadores de precios”, cuando había sido su gobierno el que benefició la concentración de estos monopolios industriales. La burguesía, primero la agraria y luego la industrial, y sobre todo el capital imperialista imposibilitado de girar dividendos, le retiró su apoyo y preparó el recambio que canalizó Macri.
Hoy Milei se abraza a una sobrevaluación de la moneda nacional. Invierte los términos en detrimento del capital industrial, que ya no recibe su porción de la renta mediante fondos públicos ni goza de la protección de la competencia externa que le permitía remarcar los precios a discreción.[44] Si en el pasado la apreciación cambiaria también podía ser aprovechada por la burguesía industrial en la compra de insumos y bienes de capital en el extranjero, en la actualidad el abaratamiento de importaciones en plena recesión solo beneficia a los que comercian productos fabricados afuera.[45] Los importadores se apropian de una tajada de la renta pagando con una moneda sobrevaluada.
El gobierno compensa a los exportadores mediante la reducción de las retenciones, buscando descomprimir presiones devaluatorias. Pero se choca con el límite de que la motosierra no resuelve el motivo principal del déficit fiscal: el pago de la deuda externa. La “presión impositiva” expresa el peso creciente del capital financiero sobre el proceso de acumulación argentino. Y bien sabemos que puede llegar a estrangularlo.
En lo que sí favorece a la totalidad de la clase capitalista la sobrevaluación de la moneda de Milei es al girar sus ganancias al exterior, las cuales se ven incrementadas por la conversión cambiaria gracias a un peso artificialmente alto.
Fugazzeta
Esta inserción semicolonial perpetúa el carácter restringido de la escala nacional de acumulación de capital. Es la propia dinámica del régimen de saqueo la que bloquea una acumulación ampliada de capital en Argentina. Impide la expansión a base de mejoras en la productividad, el desarrollo de ramas estratégicas, de infraestructura, y ascender en la cadena de valor hacia productos con mayor valor agregado. Incluso cuando el capital imperialista que se radica en el país obtiene tasas de ganancia superiores a las de otros mercados, desde su punto de vista es una pequeña fracción de su ciclo de acumulación, que se mide a nivel mundial. En estas condiciones una alta tasa de beneficio no equivale a oportunidades rentables de inversión; por el contrario, depende de mantener el monopolio dentro de una estancado mercado local. Eso es lo que motoriza la constante fuga de capitales, expresión de la incapacidad y el desinterés de la burguesía nacional en impulsar un verdadero desarrollo capitalista, porque atentaría contra su rentabilidad.
Las posibilidades de este capitalismo parasitario dependen entonces de las condiciones del mercado mundial y de los intereses coyunturales del imperialismo. Cuando las perspectivas de acumulación lo justifican, las multinacionales bien pueden incluso tolerar cepos cambiarios o hacer inversiones en faraónicos proyectos de infraestructura que posibiliten la producción. Y viceversa, el retiro del capital imperialista no es un resultado de malas políticas económicas o del intervencionismo estatal sino fundamentalmente de la crisis mundial, de la sobreacumulación de capitales y la guerra comercial que caracteriza al tablero internacional. El MAGA de Trump es una tentativa por recomponer el impulso del imperialismo yanqui. Aún en este escenario la burguesía argentina solo puede seguir siendo socia menor del saqueo. Por eso estamos como estamos.
Así es que Argentina bate récords mundiales en fuga de capitales y sigue sumida en una espiral de devaluación permanente.[46] Este drenaje es el motivo de la ausencia de un mercado de capitales nacional, cuando en simultáneo los capitalistas argentinos tienen casi 400.000 millones de dólares en activos financieros en el extranjero o fuera del sistema financiero local.[47] La descapitalización resultante de esta “exteriorización de activos” es la razón de la nula creación de empleo registrado en las últimas dos décadas.
Estos activos externos no generan ningún retorno al país en concepto de renta, ni interés, ni demanda de productos argentinos.[48] Se insertan en el circuito financiero, en guaridas fiscales, en filiales fantasma, o incluso se destinan a la compra de bonos públicos de legislación extranjera para constituirse como acreedores “externos” del Estado argentino. Por eso la clase capitalista local plantea como una cuestión de vida o muerte la necesidad de volver a los mercados internacionales de crédito para rescatar el pago de la deuda. Vale señalar la diferencia sustancial entre la exportación de capitales desde las potencias imperialistas con esta salida de capitales emprendida por una burguesía semicolonial que no reinvierte sus ganancias ni capitaliza su mercado nacional.
Los desembolsos de capital que la burguesía nacional hizo en los últimos años fueron para quedarse con activos del Estado -sobre todo energía- o aprovechar el retiro de las multinacionales en ramas ligadas a la exportación, especialmente Vaca Muerta. Avanzaron en una integración vertical de verdaderos pulpos que engloban desde la extracción de petróleo y la administración de la red eléctrica hasta la industria y la construcción, como Techint, Pampa Energía (Mindlin), Cresud (Elztain) o Vila – Manzano. No es una capitalización real que desarrolla las fuerzas productivas, como se ve en la crisis de infraestructura (“cuellos de botella”) que pone en cuestión los grandes proyectos exportadores mineros[49] e hidrocarburíferos. Asistimos a un fortalecimiento de grandes grupos en medio del declive de la economía nacional. La tendencia a la concentración y centralización es inherente al capitalismo, pero en medio de la crisis mundial y el hundimiento del mercado interno resalta sus rasgos más parasitarios.
Esta descapitalización es lo que destruye el valor de la moneda nacional. Por eso la devaluación eterna del peso no es “un problema puramente monetario” como dice Milei, cuya política de forzar arbitrariamente una apreciación de la moneda por medio de la absorción de dinero circulante, mediante altas tasas de interés, hace quebrar a miles de empresas. La política monetaria contractiva no encuentra piso porque sigue cayendo la “demanda de dinero”. La “remonetización” que esperan Caputo y los funcionarios económicos del gobierno no se produce nunca porque reina la desinversión.[50]
La naturaleza de la fuga de capitales prueba la importancia de plantear la necesidad de nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero y repudiar la deuda externa fraudulenta, como medidas imbricadas y esenciales para cortar con este régimen de saqueo.
¿Libre comercio vs integración regional?
Si los propios Estados Unidos y la Unión Europea están fijando aranceles proteccionistas, doblemente ruinosa es la política de apertura comercial en una economía semicolonial como la argentina. El mercado mundial no se caracteriza por nada parecido a un libre comercio, sino que está dominado por grandes monopolios. Con la guerra comercial los Estados protegen a “sus” capitales.[51] En Argentina se expresan en toda su dimensión las contradicciones de este escenario internacional, no solo porque el gobierno proyanqui de Milei está favoreciendo cada vez más la importación de productos chinos, sino más importante aún porque la renta que se llevan las cerealeras yanquis (Cargill, Bunge, ADM) y las mineras depende de las exportaciones a China. Como corolario, durante el gobierno más subordinado a Washington se fueron más empresas norteamericanas de las que llegaron.
No es una cuestión de “modelos económicos”, sino de cómo se adapta la clase capitalista al mercado mundial. También de cuál es la relación de fuerza con la clase obrera, del nivel de organización y combatividad del movimiento de masas, que inclina la balanza hacia gobiernos de contención de la lucha de clases o de ofensiva abierta. La burguesía no tiene ideología sino intereses, a veces contrapuestos entre sus distintas fracciones, que se imponen mediante despiadadas disputas políticas y económicas. La primarización de la economía argentina y el “industricidio” son el resultado de todas esas determinaciones, no una cuestión de “políticas industriales” o sectoriales.
Entre los fracasos del proteccionismo que Milei explota a su favor se incluye la desintegración del Mercosur como bloque comercial. Es un balance concluyente de la incapacidad del nacionalismo burgués para alterar el carácter semicolonial de los países de América Latina, lo cual impide cualquier integración regional virtuosa. El “Mercado Común del Sur” aglutina a mercados locales que compiten entre sí por la colocación de granos, carnes y lácteos en los circuitos internacionales; sus incentivos industriales favorecieron en primer lugar a un puñado de multinacionales que accedieron así a un mercado de escala mayor a la de cada uno por separado, pero terminaron agravando la desproporción. Durante los últimos años los Estados del Mercosur naufragaron entre la tentativa de negociar como bloque o en forma unilateral cómo se reinsertan en un mercado mundial fragmentado por la guerra comercial y militar.
Aun habiendo cerrado el paso a los tratados bilaterales que algunos gobiernos sudamericanos sondearon con Estados Unidos y China por separado, tenemos en el acuerdo que firmaron en común con la Unión Europea otra demostración del avance del saqueo imperialista de la región.
Aunque favorece con rebajas de aranceles a los productos industriales del viejo continente, la Comisión Europea presionó para establecer “sólidas salvaguardas” contra “la competencia desleal de los productos del Mercosur que imitan productos auténticos de la UE” y para poner cupos las exportaciones agroalimentarias sudamericanas, como carnes, huevos, quesos, leche en polvo, etanol, azúcar, arroz y maíz. El 1 de mayo de 2026 entró en vigencia el tratado y en menos de un mes ya quedó al descubierto: solo la empresa argentina Ovoprot cubrió en 15 días el total de la cuota anual de huevos que la UE habilitó para todo el Mercosur, y antes el cupo de miel se había agotado en dos días con un cargamento comprado por importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co a productores entrerrianos. Más significativo, las exportaciones de carne vacuna y avícola de Brasil fueron vetadas por la Comisión Europea en base a una normativa sobre el uso de antibióticos y antimicrobianos en animales, que bloquea también las ventas de huevos y lácteos; la producción brasileña quedaría totalmente excluida de la UE si no revierte la sanción antes del 3 de septiembre.
Para colmo, hacia los próximos años el acuerdo fija topes de retenciones a la exportaciones agrarias por parte de los gobiernos del Mercosur, beneficio que va a repartirse entre los pulpos exportadores (entre ellos el francés Dreyfus) y las burguesías europeas que gozarán de menores precios en las materias primas. Otro punto no menor es que “el acuerdo facilitará a las empresas de la UE la inversión en cadenas de suministro clave”, de particular interés de las automotrices europeas asociadas a las mineras en la explotación del litio y el cobre argentino para abastecer la producción de baterías y vehículos eléctricos.[52]
La guerra comercial es la mejor refutación a quienes pretenden reducir la crisis argentina a una tensión entre estatistas y liberales. En definitiva, decir que Milei defiende la libre competencia es una de sus estafas. En los acuerdos coloniales que le firmó a Trump se comprometió a que el Estado iba a intervenir en el mercado interno… para defender a las farmacéuticas yanquis contra las locales y obligar a la población a pagar más caros los medicamentos. Eso, haciendo que se paguen regalías a laboratorios como Pfizer, Bayer o Johnson & Johnson por la monopolización fraudulenta de patentes. De todas formas no es tan sencillo, y el gobierno por el momento volvió a recular. Es que el lobby de los laboratorios argentinos es muy poderoso, ya que los beneficiados por las resoluciones ministeriales sobre patentes fueron pocos: Elea (Sigman), Roemmers, Bagó, Richmond y Andrómaco. En contraste con el estatismo burgués que blinda el mercado de un par de monopolios, un gobierno de trabajadores se plantearía la fabricación de medicamentos y vacunas genéricas en laboratorios públicos, para poner el acceso a la salud por delante de las ganancias, sean de capitalistas nacionales o extranjeros.
Los negocios a costa de la salud son la muestra más dañina de los costos que paga la humanidad al restringir la integración internacional de la producción social sólo para satisfacer los intereses de los monopolios capitalistas. Es sintomático que numerosos dirigentes peronistas reivindiquen hoy el proteccionismo de Trump cuando esta forma parte de la ofensiva del imperialismo yanqui por recomponer su hegemonía, y por lo tanto es antagónico a toda aspiración nacional de países como Argentina. Desde los orígenes del capitalismo como modo de producción dominante las potencias que controlan el mercado mundial impiden cualquier integración regional para evitar la formación de mercados con la escala suficiente como para permitir una inserción autónoma en el mercado mundial. Por eso América Latina fue balcanizada en una veintena de Estados diferentes, con burguesías que compiten entre sí en su asociación subordinada a los centros imperialistas.
Las consecuencias las paga en primer lugar la clase trabajadora. La globalización de las cadenas de valor llevó a la relocalización de numerosas industrias y la “deslocalización” de la contratación de servicios, lo cual permitió a los capitalistas imponer un retroceso en las conquistas obreras. Los reveses que sufrimos en Argentina las últimas décadas son inseparables del cuadro internacional, de las derrotas del movimiento obrero y la incorporación de masas de trabajadores que se desempeñan en condiciones de mayor productividad y/o altos niveles de explotación. La utilización de la competencia de productos más baratos del exterior para encorsetar a la clase obrera detrás de la protección de la “industria nacional” tiene como premisa la resignación de las conquistas laborales.
En las antípodas, es la unidad internacional de los trabajadores lo que puede contrarrestar esta ofensiva. Lo puso de manifiesto la gran huelga del neumático de 2022 cuando recogió la adhesión del Sitrabor con su amenaza de escalar el conflicto si las patronales enviaban las cubiertas brasileñas para quebrar la lucha en Argentina. Un proteccionismo ejercido por gobiernos de trabajadores no pretenderá valerse de la competencia para presionar hacia abajo las condiciones laborales sino cortar con el saqueo imperialista y convocar a la unidad de los obreros del mundo contra la explotación capitalista.
Los gobiernos de trabajadores podrán superar el encierro de la producción social dentro de fronteras artificiales uniéndose en una federación de repúblicas socialistas de toda América Latina, para avanzar en una verdadera integración regional y poner fin al saqueo. Será el más poderoso llamado a la unidad contra el capital de los explotados del mundo, tanto de las naciones oprimidas como de las potencias imperialistas. La movilización popular en los centros imperialistas será el aliado fundamental para derrotar definitivamente la opresión nacional. La construcción de un partido internacional de la clase obrera, que por experiencia histórica condensamos en el planteo de refundación de la IV Internacional, es la premisa básica para luchar por esa transformación.
Una tarea de la clase obrera
Pasando en limpio, concluimos que no hay un programa común de la clase obrera con la burguesía nacional. Por su condición de socia menor del capital imperialista, por su carácter parasitario, por su inserción semicolonial en un escenario de guerra comercial como tentativa del imperialismo de superar su crisis de sobreacumulación de capitales; es una clase que no representa ningún interés progresivo para el país.
Esa es la razón de fondo por la cual el peronismo adelanta que si volviera al poder sostendría los “avances” reaccionarios de Milei, como la reforma laboral o el ajuste fiscal para pagar la deuda. Sus planteos de “defensa de la industria nacional”, que incluyen hasta el Fresu, cumplen el papel reaccionario de condicionar los reclamos obreros a las ganancias patronales en un cuadro de ofensiva generalizada contra los puestos de trabajo y las conquistas.[53] La pelea por una nueva dirección del movimiento obrero es una necesidad vital, y está asociada a la construcción de una organización política propia, de un partido de combate de la clase obrera.
El único proteccionismo que puede quebrar esta inserción semicolonial y terminar con el parasitismo capitalista es el que puede ejercer un gobierno de trabajadores. Para que la protección a la producción local no deje como resultado, altos precios, concentración monopólica y desinversión es imprescindible el control obrero de la producción, con la apertura de los libros para conocer los costos reales. La medida proteccionista progresiva es la nacionalización del comercio exterior en el marco de un plan económico conducido por los trabajadores. La nacionalización de la banca y del sistema financiero es su complemento elemental, para poner fin a la descapitalización del país y dirigir el ahorro nacional a la atención de las necesidades productivas y sociales. Si la renta y las ganancias capitalistas dejaran de fugarse, Argentina contaría con grandes activos para invertir en el desarrollo de las fuerzas productivas en las ramas que el pueblo defina como prioritarias. Eso requiere además la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda ilegítima y usuraria, cortando la sangría de plusvalor que se lleva el capital financiero. Son planteos con los que el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, batalló toda la última etapa tanto contra el nacionalismo burgués como contra la derecha proimperialista.
Al argumento de Milei sobre la apertura económica como vehículo para concentrar la producción local en las ramas competitivas, que en los hechos desmantela el parque productivo del país y las fuentes de empleo, vale contestar que los trabajadores no tenemos por qué circunscribir el desarrollo económico a la rentabilidad capitalista. Un proteccionismo obrero podría destinar recursos a sectores que hoy están rezagados respecto de la productividad de los grandes monopolios, pero que abordan necesidades sociales y nacionales. Los obreros de Fate pusieron sobre la mesa estos problemas: ¿Argentina no necesita preservar la única planta que fabrica neumáticos para camiones y colectivos? ¿Es inocuo depender de la importación de insumos clave en un mundo de guerras?
El capitalismo de Estado en China es un ejemplo del papel que cumple una planificación centralizada que dirige la inversión a los eslabones que se consideran estratégicos, aunque no sean los más rentables. Mucho más podrá una planificación económica decidida y supervisada por las masas que ponen sus músculos y sus nervios para hacerla funcionar, las cuales no van a limitar el progreso de las fuerzas productivas a la ambición de acumular capital.[54] La clase obrera, que no tiene propiedad para valorizar sino sólo una fuerza de trabajo que liberar de la explotación, puede perseguir intereses históricos menos mezquinos. Por eso es la única clase que puede reorganizar la sociedad sobre nuevas bases.
La desindustrialización que resulta del régimen de saqueo que impera en el país, acelerada con la política económica de Milei, pauperiza a la única clase que es portadora de un futuro diferente y que puso a la burguesía argentina y el imperialismo contra las cuerdas en más de una oportunidad. La uberización del mercado laboral no expresa sólo una tendencia del capitalismo a implementar la tecnología para aumentar la explotación del trabajo, sino también el anhelo de quebrar al movimiento obrero como colectivo con intereses y organizaciones comunes.
Para terminar con la decadencia argentina, entonces, hay que expropiar al gran capital. Sin trastocar las relaciones de propiedad que sostienen hoy a los dueños del poder no existe margen de transformación social. Esa fue la dinámica que se impuso en todos los procesos revolucionarios, en que incluso las limitaciones programáticas de sus direcciones (aquellas que no se proponían avanzar sobre la propiedad privada capitalista) fueron superadas al calor de la resistencia de la contrarrevolución y la agudización de la lucha de las masas. Es lo que Trotsky teorizó como la dinámica de la Revolución Permanente.
En la lucha programática contra los partidos burgueses, es esencial que consignas como la nacionalización de la banca y del comercio exterior o de ramas estratégicas no se confundan con la falsa idea de que los socialistas somos estatistas. No se trata de medidas aisladas sino de un programa transicional dirigido a promover la intervención de la clase obrera y orientarla hacia la lucha por su propio poder. Son consignas para la acción política, para separar al pueblo de sus explotadores.
Finalmente, la intervención en la economía y las nacionalizaciones sólo son socialistas si apuntan a la expropiación del capital y terminar con la división de la sociedad en clases de intereses antagónicos. La revolución socialista, entendida como la toma del poder por la clase trabajadora, es el inicio de la transición hacia la superación tanto del mercado como del Estado, cuya existencia está dada por la vigencia de la ley del valor como rectora de la producción social. La abolición de la propiedad privada de los principales medios de producción solo es el primer paso.
El mercado mundial es el tablero de operaciones de una guerra abierta por la apropiación de plusvalor. La pulseada arancelaria que vivimos hoy, y que Trump proclama abiertamente como vía para recomponer la hegemonía del imperialismo yanqui, vuelve a poner de manifiesto cómo en el capitalismo es imposible de superar la contradicción entre la escala social de la producción y el estrecho límite que imponen las fronteras de los Estados nacionales y la acumulación privada.
Solamente el socialismo puede plantear una superación de los antagonismos nacionales y una división internacional del trabajo en la cual cada región pueda beneficiar el desarrollo material y cultural de las otras. Ese progreso en la productividad del trabajo ya no estará puesto al servicio de la mayor valorización para la acumulación de capital, sino de brindar a la sociedad una mayor economía de tiempo y reducir para todos la jornada laboral. Como decía Marx, sólo entonces empieza el reino de la libertad.
[1] Análisis de la dinámica laboral y empresarial: datos a febrero 2026; CEPA.
[3] En el primer trimestre de 2026 la inversión se hundió un 11,6% interanual, según el Informe de avance del nivel de actividad. Primer trimestre de 2026, del INDEC.
[4] “Colapso productivo: sindicatos industriales advierten que en el Día de la Industria no hay nada que festejar”, CSIRA.
[5] “En momentos en los que su gobierno ataca deliberadamente los puestos de trabajo en Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel visita la industria del neumático”, declaración del SUTNA.
[6] Intercambio comercial argentino. Bienes. Cifras estimadas de diciembre de 2025, INDEC.
[7] El Acuerdo de Complementación Económica N°14.
[8] Hoy establece que por cada dólar que se exporta a Brasil se pueden importar dos dólares libres de aranceles; en julio pasan a ser 2,5 dólares por cada uno.
[9] La desproporción entre ambos mercados es histórica: entre 1999 y 2018 Brasil concentró casi el 85% de la producción de vehículos del Mercosur (un promedio anual de 2,62 millones) contra un 15% de Argentina (un ritmo promedio de 476,6 mil vehículos por año), según Política Argentina. Pero además se incrementa: en Automechanika, una feria de AFAC en La Rural, su director ejecutivo Juan Cantarella sostuvo que “el equilibrio de inversiones, que era proporcional a la diferencia de tamaño entre los mercados (5 a 1), llegó a un pico de 20 a 1”.
[10] En ese período casi se duplicó la participación de los vehículos de origen brasileño y se triplicó la de los provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Asia, según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).
[11] Peña, Milcíades; Industrialización y clases sociales en la Argentina, Hyspamérica Ediciones, Buenos Aires, 1986.
[12] Informe de deuda externa privada, cuarto trimestre 2025; BCRA, 30/4/2026.
[13] No es una cuestión que se reduzca a las industrias tecnológica y automotriz. Recientemente se eliminaron medidas antidumping sobre los kits de ensamblaje utilizados por los principales fabricantes de zapatillas radicados en el país, como Topper y Puma, que pidieron eliminar los valores mínimos de referencia para avanzar en su modelo de producción basado en el ensamblado de piezas importadas de China. Mientras, la fabricación local de calzado se desploma y la utilización de la capacidad instalada tocó el nivel más bajo de la serie. Dass, que produce calzado deportivo para marcas como Adidas y Nike, despidió a más de 900 trabajadores desde que asumió Milei entre su planta de Eldorado y el cierre de la de Coronel Suárez.
[14] “¿Por qué pagamos el petróleo de Vaca Muerta como si pasara por el estrecho de Ormuz?”, Prensa Obrera.
[15] Los gasoductos y oleoductos planificados siguen la misma traza hacia el mar que siguió en su tiempo el abanico de la red ferroviaria, que no conectó a las provincias entre sí sino solamente con el litoral para llevar la producción primaria al comercio exterior.
[16] Un informe elaborado por Ejes, titulado “La Vaca fugada”, estima que cerca de la mitad del superávit de la balanza energética de 2024 se fugó -más de 2.200 millones de dólares- a través de transferencias de ganancias a sus casas matrices, contratación de servicios a compañías vinculadas, compras de activos externos y pagos de intereses por deuda con empresas controlantes o subsidiarias. Este año el Banco Central flexibilizó las restricciones al giro de dividendos hacia las casas matrices y según su presidente, Santiago Bausili, las empresas del sector energético y minero habían enviado utilidades al exterior por 1.600 millones de dólares al 19 de mayo.
[17] Tomando los datos de los informes de deuda externa privada del Banco Central (ver nota 10), pasó de unos 12.000 en el tercer trimestre de 2024 a 19.200 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025.
[18] CEPA, ídem nota 1.
[19] Según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC, las principales 500 firmas representaron en el promedio de los últimos cinco años el 24% del valor bruto de la producción nacional, y concentran al 7,3% de los puestos de trabajo asalariados registrados.
[20] 1.734 empresas concentran a 4.565.112 trabajadores (mientras que las 486.186 empresas de hasta 500 empleados suman 4.964.248 puestos de trabajo), según el citado informe de CEPA.
[21] Son eslabones hiperconcentrados como los ejemplos de la siderurgia, el aluminio o las cementeras. El acero está en manos del grupo Techint, Acindar (de Arcelor Mittal, principal productor mundial) y dos grupos brasileños; el aluminio es monopolizado por Aluar; el cemento por la suiza Holcim y por Loma Negra, que el grupo Mindlin acaba de comprar al holding brasileño Camargo Correas.
[22] La modificación de la ley provincial se logró en forma ajustada con los votos del bloque de La Libertad Avanza, el oficialismo provincial de Gustavo Melella y del PJ
[23] Asociado a los Neuss y Rubén Cherñajovsky.
[24] Desde enero de este año ya firmó acuerdos con las empresas estatales provinciales de Salta (Remsa), La Rioja (Emse), Río Negro (Edhipsa) y Catamarca (Caymen) para la exploración y estudios de prefactibilidad técnica y económica en yacimientos de tierras raras y minerales críticos. Según el CEO de la compañía, Sergio Rotondo: “La transición energética ya no es solo cambio climático, es seguridad nacional. El financiamiento ya no es solo retorno, es si tu cadena de suministro está en jurisdicción aliada o adversaria. Los minerales estratégicos pasaron de nicho técnico a centro del escenario global”. “No estamos buscando cobre ni litio; nos dedicamos a la prospección de minerales críticos para defensa”. La empresa va a trabajar sobre áreas pertenecientes a las provincias utilizando los datos geofísicos del Segemar.
[25] Empresa dueña de las marcas Lucchetti, Matarazzo, La Salteña, arroz Gallo, aceite Cocinero, harina Blancaflor, Exquisita, Granja del Sol, entre otras.
[26] En el primer trimestre de 2026 logró recomponer sus márgenes de ganancia aún con menores ventas, gracias a una reducción del 25% en sus gastos, intensificando la explotación obrera; Clarín.
[27] Las ventas del segmento supermercados cayeron 4,22% en 2025, y se multiplicó casi siete veces en un año el cargo por incobrabilidad en sus planes de financiamiento y tarjeta propia. Pero registró un incremento del 57,71% en el valor de sus exportaciones de carne por la suba de los precios internacionales; Ámbito Financiero.
[28] Récords de producción, sobrecarga horaria y siniestros laborales; Prensa Obrera.
[29] El promedio del kilo de carne vacuna se encareció un 78% en 2025 contra una inflación anual de 31,5%. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados el promedio de los últimos doce meses del consumo per cápita de carne vacuna cayó debajo de los 48 kilos/año.
[30] Se suceden los cierres de plantas, suspensiones y despidos, como en La Taba en Cruz del Eje (Córdoba), San Roque en Morón, Pico y HV en La Pampa, Devesa en Azul o ArreBeef en Ramallo.
[31] Cayó a 15,7 litros por habitante al año, cuando hace medio siglo registraba 90.
[32] “Semáforo de las Economías Regionales”, elaborado por Coninagro, abril 2026.
[33] La bodega Peñaflor, la principal empresa vitivinícola de Argentina y una de las diez más grandes del mundo (produce las etiquetas Trapiche, Finca Las Moras y El Esteco), acaba de adquirir una de las principales firmas del Reino Unido (Off-Piste Wines) con el fin de eludir los costos locales exportando vino argentino a granel para embotellarlo allá; Clarín.
[34] Desempeño de las exportaciones en el mercado vitivinícola: datos a abril 2026, CEPA
[35] En el período enero-marzo de 2026 las ventas externas estuvieron un 26,4% arriba del promedio 2019 – 2026, CEPA
[36] Aún así, los precios no bajaron con la eliminación del arancel a los celulares importados. Un informe de la Fundación Ecosur y la Bolsa de Comercio de Córdoba identificó, sobre un total de 320 modelos, que 92 registraron bajas de precios, 108 mostraron aumentos y 118 no presentaron cambios.
[37] Dos ejemplos son ilustrativos. A partir de reclamos empresarios por la suba de costos fueron eliminadas las barreras antidumping a las chapas y discos de aluminio chino, esenciales en la fabricación de ollas, sartenes, bandejas y componentes para la industria automotriz y sistemas de iluminación; entre 2022 a 2025 el precio internacional del principal insumo del aluminio cayó un 11% mientras el precio promedio de los discos fabricados localmente subió un 7% medido en dólares.
También fue rechazado un recurso de Madanes para sostener medidas antidumping sobre las hojas de aluminio, utilizadas en la fabricación de envases de alimentos, bebidas, medicamentos y membranas aislantes para la construcción. Mientras estuvieron vigentes Aluar amplió su participación en el mercado interno del 64% en 2019 al 91% en 2024, ya que es la única productora de aluminio primario y de foil en el país; situación que según la Comisión Nacional de Comercio Exterior le permitió fijar precios monopólicos, ya que entre 2022 y 2024 el precio relativo del foil nacional aumentó hasta un 7% mientras el precio internacional del aluminio cayó un 16% —es el principal insumo del producto, que representa entre el 60% y el 65% de costo medio.
[38] citado en Ámbito FInanciero.
[39] Manzanelli, P. y Amoretti, L: “Transferencia de ingresos del trabajo al capital durante el período 2016-2024”, FLACSO-Área de Economía y Tecnología/CIFRA, abril 2025.
[40] Datos de Conference Board citados por Michael Roberts en “Argentina: the chainsaw breaks down”, de su blog The Next Recession.
[41] Gracias a la calidad geológica del yacimiento y al “acceso a mano de obra barata”, la consultora especializada Rystad Energy calcula que el coste medio de producción de los operadores de Vaca Muerta es mucho menor al de las principales cuencas del shale de norteamericano.
[42] El comercio exterior es además una puerta de salida para la fuga de capitales: las cerealeras subfacturan sus exportaciones para evadir al fisco, las mineras sacan de contrabando metales sin declarar, etcétera.
[43] Iñigo Carrera, Juan; La formación económica de la sociedad argentina. Volumen I: renta agraria, ganancia industrial y deuda externa; Imago Mundi, Buenos Aires, 2007; págs, 71 y 72.
[44] Al imponer en el mercado precios mayores (a los que correspondería según el precio de costo más una ganancia normal) los monopolios absorben plusvalía generada en otras ramas. El dominio monopolista no es una negación a la ley del valor como la concibió Marx, sino una confirmación cuando se mira la economía como un conjunto
[45] Las importaciones de bienes de capital destinados a la producción registraron una caída interanual del 7,8% durante el primer trimestre de 2016, según un informe de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía.
[46] Desde 2006 los “dólares del colchón” más que se triplicaron (pasaron de 74.282 millones de dólares a 263.798 millones para diciembre 2025), según la serie histórica del INDEC. El otro recurso son los activos financieros: en los primeros dos años de Milei las colocaciones en fondos de inversión y títulos de deuda subieron 55.000 millones de dólares; Clarín.
[47] Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa. Primer trimestre de 2026, INDEC.
[48] En 2025 el saldo positivo de la balanza comercial de 8.700 millones de dólares se fue en pago de “rentas de la inversión”: intereses, utilidades y dividendos. En el primer trimestre de 2026 lo que se fugó por rentas de inversión más que cuadruplica lo que ingresó: 6.140 millones de dólares contra 1.440 millones (ídem nota 46).
[49] Como ocurre en San Juan, donde las gigantes BHP y Río Tinto que tienen el proyecto Vicuña pactaron con el gobierno nacional quedarse con el control exclusivo de la ampliación de la red eléctrica, lo cual cuestiona al resto de los emprendimientos mineros y abrió una crisis en la provincia.
[50] Según el economista Diego Giacomini los niveles de inversión son los más bajos de las últimas dos décadas, promediando el 13,6% del PBI.
[51] Aunque el carácter transfronterizo de las multinacionales choca a menudo con esa dislocación del mercado mundial y de las cadenas globales de valor, como ocurre con los gigantes tecnológicos norteamericanos perjudicados por el MAGA de Trump.
[52] Es el caso de Stellantis, que adquirió el 14% de McEwen Copper, la empresa que desarrolla el megaproyecto de cobre Los Azules en San Juan. BMW ya en 2021 se había asociado con Livent para recibir el litio de Catamarca.
[53] El programa que difundió el Fresu (Frente de Sindicatos Unidos) el 1 de Mayo reclama una “defensa de la industria nacional” y una “sustitución inteligente de importaciones” sin tocar en ningún momento la propiedad capitalista de esa industria, y sin siquiera plantear un control obrero -como figuraba en los programas de La Falda y Huerta Grande que dice reivindicar.
[54] Eso no significa que sea posible un desarrollo autárquico. En la Unión Soviética de los años ‘20 Trotsky combatía a la burocracia estalinista y su planteo del “socialismo en un solo país” haciendo hincapié en que el proteccionismo no era una realización de un régimen social superior, sino un recurso de fuerza para defender la industria soviética porque esta no podía igualar los precios de producción internacionales: “el monopolio del comercio exterior no hace más que regularizar nuestra correlación con el mercado mundial, pero no la suprime” (Stalin, el gran organizador de derrotas; Editorial Yunque; pág. 122).