Las elecciones de noviembre en Estados Unidos, aunque serán elecciones parlamentarias de medio término y no una elección presidencial, concentran una serie de contradicciones que exceden largamente la disputa por la composición del Congreso. La crisis económica, el desgaste de la guerra con Irán, la política migratoria, la creciente polarización social, la crisis de representación de los dos grandes partidos y el ascenso electoral de candidatos que se reivindican socialistas se combinan con una ofensiva del gobierno de Donald Trump sobre las propias condiciones en que se desarrollará el proceso electoral.

El resultado de noviembre tendrá, además, una importancia internacional. Para América Latina, la elección estadounidense y la presidencial brasileña de octubre conformarán un cuadro que tendrá repercusiones para los gobiernos de la región y sus relaciones con Estados Unidos, China y el resto de las potencias. Pero, sobre todo, la elección estadounidense constituye un punto de condensación de una crisis política que viene desarrollándose en estos dos años.

Trump llega a las elecciones con una aprobación deteriorada, una economía atravesada por fuertes contradicciones y una política exterior que acumula dificultades. Pero el problema no se reduce a la posibilidad de una derrota republicana a manos del Partido Demócrata. El propio gobierno de Trump, un régimen bonapartista que tiene objetivos de militarización de la sociedad y de transformaciones fascistas, es, en sí mismo, el resultado de una larga descomposición del lugar internacional de la burguesía norteamericana y del régimen político que la expresa. La radicalización del ataque patronal desde el Estado ha tenido por respuesta una importante radicalización de masas. Se combinan de manera explosiva la crisis del gobierno de Trump, una crisis de la estructura partidaria de los demócratas y la búsqueda de una salida política por fuera de los canales tradicionales.

Una economía sostenida por una burbuja

La elección se desarrolla en condiciones económicas adversas para Trump. La segunda presidencia acumula una serie de shocks derivados, en buena medida, de sus propias políticas: las deportaciones masivas, los aranceles y la guerra con Irán han contribuido a elevar costos, presionar sobre el precio del petróleo y amenazar las cadenas globales de suministro.

El cuadro tiene, sin embargo, una particularidad. Una parte de la crisis queda oculta detrás del comportamiento de Wall Street y, especialmente, de las empresas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial. El resultado es una suerte de ilusión óptica: mientras los índices bursátiles y las grandes empresas tecnológicas muestran una expansión extraordinaria, amplios sectores de la economía estadounidense se encuentran estancados.

El PBI estadounidense creció un 2,4% en 2024 y un 2,2% en 2025. Al mismo tiempo, la inversión en equipos y software, impulsada fundamentalmente por la inteligencia artificial, aumentó más de un 8%. Es decir que un núcleo relativamente reducido de inversiones tecnológicas está sosteniendo una economía cuyo ritmo general de crecimiento se desacelera. Sin ese boom de inversión, el crecimiento habría quedado claramente por debajo del 2%.

Esta divergencia es la base de lo que los analistas denominan una economía en K: una rama ascendente asociada a las tecnológicas, la inteligencia artificial, los mercados financieros y los grandes patrimonios, y otra rama descendente o estancada compuesta por sectores productivos tradicionales, construcción, hogares endeudados y trabajadores.

La polarización social y económica también se expresa en los datos sobre consumo. El 10% más rico de la población concentra aproximadamente la mitad del consumo estadounidense. La economía depende cada vez más de la riqueza generada por la Bolsa y por el boom de la inteligencia artificial, mientras amplias capas de trabajadores enfrentan endeudamiento y pérdida de capacidad adquisitiva.

El problema se expresa también en el mercado de deuda. La deuda pública estadounidense llegó a unos 40 billones de dólares, alrededor del 120% del PBI. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años llegó al 5,3%, su nivel más alto desde 2007. La turbulencia del mercado de bonos puso nuevamente en cuestión uno de los pilares del sistema financiero internacional.

El Tesoro debió intervenir con compras de deuda de largo plazo de al menos 4.000 millones de dólares por operación entre septiembre y comienzos de noviembre. Las intervenciones no resuelven, sin embargo, el problema estructural. Las dudas sobre la fortaleza del dólar agregan el riesgo de una nueva presión inflacionaria a través del encarecimiento de las importaciones.

El problema es particularmente significativo porque el dólar y los bonos del Tesoro no son simplemente instrumentos financieros estadounidenses. Constituyen pilares del sistema financiero internacional. Una crisis de confianza sobre estos activos tiene consecuencias que exceden ampliamente a la economía norteamericana.

El combustible agrega una presión política inmediata. El precio de la gasolina ronda actualmente los 4 dólares por galón. Es cierto que se encuentra por debajo del máximo de más de 5 dólares registrado durante el gobierno de Biden en junio de 2022, pero para esta época del año constituye el nivel más elevado registrado. En una sociedad mucho menos acostumbrada que la argentina a convivir con procesos inflacionarios persistentes, el precio de la gasolina tiene un peso político particularmente importante.

La inteligencia artificial y la nueva burbuja

La inteligencia artificial y toda la infraestructura tecnológica en la que se apoya constituyen el gran sector expansivo de la economía estadounidense, pero su desarrollo ha traído consigo una ola de nuevas contradicciones y choques.

Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet proyectan inversiones por más de 600.000 millones de dólares durante 2026, fundamentalmente destinadas a infraestructura para inteligencia artificial. Más de 1.500 centros de datos se encuentran propuestos o en construcción.

Esta gigantesca inversión está modificando la estructura energética y territorial de Estados Unidos. Los centros de datos demandan enormes cantidades de electricidad y agua. Un centro de escala masiva puede consumir hasta 5 millones de galones de agua diarios, equivalentes al consumo de unas 50.000 personas. Cerca de dos tercios de los centros construidos desde 2022 se encuentran en regiones sometidas a estrés hídrico.

El costo ambiental potencial también es enorme. Si la expansión continúa al ritmo actual, para 2030 los centros vinculados con la inteligencia artificial podrían generar entre 24 y 44 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono por año, equivalentes a incorporar entre 5 y 10 millones de automóviles a las rutas estadounidenses.

La presión sobre la infraestructura eléctrica ya tiene consecuencias concretas. En regiones como Virginia del Norte, los precios de la electricidad llegaron a aumentar hasta un 267% en cinco años. La expansión de los centros de datos obliga a las empresas eléctricas a ampliar la infraestructura y una parte del costo termina trasladándose a los consumidores.

De allí surgió una creciente oposición local. Más de un centenar de movimientos comunitarios se han organizado contra los nuevos centros de datos. Según las encuestas reunidas para este informe, el 70% de los estadounidenses rechaza la instalación de un centro de datos en su zona y el 78% quiere frenar su expansión. El rechazo atraviesa las líneas partidarias: alcanza al 60% de los republicanos y al 53% de los votantes que se identifican con MAGA (Make America Great Again).

La contradicción es significativa. La inteligencia artificial aparece como uno de los principales motores del crecimiento bursátil y de la inversión estadounidense, pero al mismo tiempo empieza a ser percibida por sectores de la población como una causa directa del aumento del costo de la electricidad, del consumo de agua y del deterioro ambiental.

Es una expresión más de la contradicción entre la economía financiera y tecnológica, que aparece como triunfante, y las condiciones materiales de amplios sectores de la población.

ICE, represión y vigilancia interna

La persecución a los migrantes constituye otro de los puntos de desgaste del gobierno.

Alrededor de la mitad de los estadounidenses considera demasiado agresiva la política de deportaciones masivas, incluido aproximadamente un cuarto de los votantes que apoyaron a Trump en 2024. El gobierno ha reducido algunos de los operativos migratorios más visibles, particularmente después de las movilizaciones que enfrentaron el despliegue federal en Minneapolis y St. Paul, pero esto no implica un abandono de la política.

Por el contrario, se conocieron documentos que revelan una operación de vigilancia interna dirigida contra sindicatos, organizaciones de izquierda y activistas que participaron en las protestas contra la ocupación federal.

La denominada Operation Puppet Master involucró tareas de espionaje y seguimiento de activistas en iglesias, parques, bibliotecas, escuelas y locales sindicales. El Departamento de Seguridad Interior llegó a mapear a 18 organizaciones vinculadas con Direct Action Minnesota y presentó sus relaciones como parte de una supuesta “conspiración”.

El episodio resulta particularmente significativo porque muestra una ampliación del aparato de seguridad hacia organizaciones políticas y sociales que participan en la oposición al gobierno. La persecución de migrantes aparece así acompañada por una vigilancia más amplia sobre las redes de organización que pueden movilizarse contra las políticas federales.

La crisis de la ofensiva antimigrante es significativa, ya que es el centro de la política de militarización y represión trumpista.

El fracaso de la guerra con Irán

La guerra con Irán constituye otro de los factores de desgaste.

La intervención militar estadounidense ha generado costos y dificultades que exceden las previsiones iniciales del gobierno. El USS Abraham Lincoln, uno de los principales portaaviones estadounidenses desplegados en la zona, lleva 268 días en operaciones, unos 200 sin tocar puerto. Familiares de tripulantes denunciaron condiciones extremas, pérdida significativa de peso y varios intentos de suicidio.

El desgaste militar se combina con un rechazo considerable entre la población. Según una encuesta de AP-NORC, el 64% de los estadounidenses considera que la guerra no valió la pena.

La crítica demócrata, sin embargo, no constituye en general una oposición al imperialismo estadounidense. Por el contrario, sectores dirigentes del Partido Demócrata cuestionan a Trump por la forma en que condujo la guerra y por no haber defendido suficientemente los intereses estadounidenses. El senador Chris Murphy resumió esta orientación al afirmar que Trump “ha perdido esta guerra: EE. UU. está más débil e Irán, más fuerte”.

Al mismo tiempo, existe un importante sostén bipartidista de la política imperialista. El Senado aprobó abrumadoramente nuevas sanciones contra Rusia e Irán y autorizó a Trump a imponer aranceles de hasta un 100% a países que compren petróleo, gas u otras exportaciones rusas.

La contradicción es clara: el conjunto del régimen político participa de la estrategia imperialista, mientras una parte creciente de la población cuestiona los resultados concretos de esa política.

Trump llega debilitado a las elecciones

El deterioro de la situación económica, el desgaste militar y la crisis política se expresan en los índices de aprobación presidencial.

Una encuesta reciente registra apenas un 33% de aprobación y un 64% de desaprobación, uno de los peores niveles del segundo mandato.

El deterioro tiene una relación directa con la evolución del gobierno. La ofensiva arancelaria y la guerra comercial produjeron una caída de la aprobación, y, posteriormente, la guerra con Irán volvió a profundizarla.

El 53% de los votantes registrados sostiene que su situación financiera empeoró desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Esto resulta especialmente importante porque la coalición electoral de Trump en 2024 incorporó a sectores de trabajadores y un mayor apoyo entre votantes latinos y afroamericanos. El problema para el gobierno es que parte de esa coalición se está desarmando. Pero no necesariamente se está trasladando hacia el Partido Demócrata.

Ese es uno de los datos políticos centrales.

Una elección que se vuelve competitiva

Varios Estados y distritos considerados seguros para los republicanos se han transformado en contiendas competitivas.

Texas e Iowa, por ejemplo, pasaron de ser considerados estados inclinados hacia los republicanos a aparecer como carreras sin favorito en las disputas por el Senado. Ya son seis las bancas republicanas consideradas competitivas o inclinadas hacia los demócratas.

En las elecciones anticipadas se produjeron además resultados significativos para los demócratas. En Pensilvania, Brandon Dukes ganó una banca de la Cámara estatal en un distrito que Trump había ganado por 18 puntos en 2024 y que los republicanos habían controlado durante décadas.

En Texas, la candidatura de Ken Paxton, impulsada por Trump, se transformó en una contienda mucho más complicada de lo previsto frente al demócrata James Talarico. El hecho de que MAGA Inc. no haya destinado inicialmente recursos significativos a la campaña de Texas provocó críticas dentro del propio Partido Republicano.

La dependencia de los candidatos respecto de Trump también puede convertirse en un problema. La candidatura de Darline Graham, impulsada por el presidente después de la muerte del senador Lindsey Graham, sufrió un golpe durante un debate en el que la candidata admitió desconocer cuestiones centrales de política exterior. Trump debió intervenir personalmente y pedir a sus seguidores que imaginaran que era él quien aparecía en la boleta.

Esto tiene una consecuencia política: cuanto más convierte Trump las elecciones legislativas en un plebiscito sobre su propia figura, mayor es el costo político de una derrota.

Los demócratas preparan una salida institucional

Los dirigentes demócratas ya preparan una ofensiva parlamentaria para el caso de recuperar la mayoría en la Cámara.

La estrategia contempla investigaciones sobre Trump, su familia y su administración, incluyendo posibles ganancias vinculadas con criptomonedas, contratos federales otorgados a integrantes de la familia presidencial, el Boeing 747 entregado por Qatar y los indultos concedidos durante el segundo mandato. También se ha planteado la posibilidad de audiencias públicas vinculadas con el caso Epstein.

La orientación es clara: canalizar institucionalmente el descontento social mediante el Congreso.

Frente a una crisis que podría expresarse en huelgas, movilizaciones y enfrentamientos sociales, el Partido Demócrata ofrece una salida dentro de las instituciones del régimen. El objetivo es transformar la bronca contra Trump en investigaciones parlamentarias, audiencias y, eventualmente, procesos de destitución.

La disputa electoral es, por lo tanto, también una disputa sobre el canal político que adoptará el descontento.

El ascenso de la izquierda dentro del Partido Demócrata

Una de las expresiones más importantes de la crisis es el crecimiento de candidatos identificados con el socialismo democrático.

Una encuesta citada en el informe indica que el 40% de los votantes registrados consideraría votar por un candidato socialista a presidente. Entre los menores de 30 años la cifra llega al 46% y, entre los demócratas, al 64%. Otra medición del Washington Post encontró que el 46% de los menores de 30 años estaría dispuesto a considerar un candidato demócrata socialista.

El fenómeno tiene una expresión organizativa en Democratic Socialists of America (DSA). La organización superó los 100.000 afiliados durante 2026 y estimaciones internas ubican su membresía potencial entre 120.000 y 130.000 personas.

Sus candidatos han ganado primarias demócratas en Nueva York, Denver, Filadelfia y Washington D. C., y también han avanzado en Estados como Kentucky, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Michigan y Texas.

La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York fue un punto de inflexión, pero el fenómeno no se limita a la ciudad. En agosto, Angie Nixon obtuvo la nominación demócrata para el Senado en Florida, derrotando al exmilitar Alexander Vindman por un 56% a un 44%. Nixon, miembro de DSA, había recaudado menos de un millón de dólares frente a más de 16 millones de Vindman.

La importancia de la victoria reside también en el terreno en que se produjo. Florida es uno de los bastiones republicanos del país y el Partido Republicano ha construido durante años una parte importante de su identidad política alrededor de la denuncia del “socialismo”, con una base central en la población de emigrados anticastristas del Estado, de donde es originario Marco Rubio, secretario de Estado y posible candidato a sucesor de Trump.

La reacción republicana es precisamente levantar la alerta frente a estas victorias de una “amenaza comunista” que llegará envuelta en el Partido Demócrata. Trump ha profundizado su discurso anticomunista. En Carolina del Sur llegó a repetir “comunismo” o “comunistas” 13 veces en un mismo discurso para atacar a los demócratas.

La ofensiva tampoco se limita a los republicanos. El ala centrista del Partido Demócrata comenzó una campaña de 15 millones de dólares para combatir la influencia de DSA. Third Way calificó el crecimiento de la organización como un “peligro mortal” para el Partido Demócrata.

AIPAC, Palestina y la crisis de la política exterior demócrata

La cuestión palestina se ha convertido en uno de los principales terrenos de disputa.

Una parte creciente de la base demócrata se distancia de la política tradicional de apoyo irrestricto a Israel. En ese contexto, candidatos vinculados con DSA y con el movimiento de solidaridad con Palestina enfrentan a candidatos apoyados por AIPAC Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí) y otros grupos vinculados al establishment.

La elección primaria de Michigan fue particularmente significativa. Abdul El-Sayed derrotó a Haley Stevens en una contienda que fue interpretada como un test sobre el rumbo del Partido Demócrata. El-Sayed, de origen egipcio, se presentó con posiciones críticas de la política estadounidense hacia Israel y con un programa de salud pública y reforma del financiamiento electoral.

Su victoria fue especialmente significativa porque Stevens contó con una enorme ventaja financiera y con apoyo de sectores del establishment, como AIPAC. Stevens reivindicó abiertamente la política de Israel y su defensa. La derrota mostró que el dinero no garantiza el control de las primarias cuando existe una movilización política de base, y que el apoyo de AIPAC y las posiciones israelíes se han vuelto un activo tóxico para el propio electorado demócrata.

En agosto, además, se produjo la victoria de Angie Nixon en Florida. El avance de candidatos vinculados con el movimiento por Palestina está obligando a la dirección demócrata a enfrentar una transformación de parte de su base electoral. El movimiento que en 2024 se expresó en el voto “uncommitted” entre sectores árabes y musulmanes está encontrando ahora una expresión electoral más organizada.

Sin embargo, estos avances también tienen límites. El-Sayed, una vez obtenida la nominación, buscó tranquilizar al establishment demócrata y dejó abierta la posibilidad de una futura financiación militar a Israel bajo determinadas condiciones. También reafirmó el apoyo a Ucrania frente a Rusia.

La contradicción es significativa: el ascenso de candidatos que expresan el rechazo a la política exterior tradicional no implica automáticamente una ruptura con la política imperialista.

El corrimiento hacia el centro de la izquierda demócrata

Un episodio significativo de esta tensión fue la derrota de Francesca Hong, candidata vinculada a la izquierda demócrata, en Wisconsin. Hong perdió por apenas unos 4.000 votos, el 0,4%, en una elección muy reñida. Sin embargo, lo políticamente significativo no fue solamente el resultado electoral, sino la campaña que se desarrolló en torno a sus posiciones anteriores.

Hong había realizado en el pasado declaraciones vinculadas con algunas de las consignas que estuvieron en el centro de las movilizaciones de Black Lives Matter en 2020, entre ellas la crítica al carácter colonial del Día de Acción de Gracias y la consigna de defund the police, es decir, la reducción o eliminación del financiamiento de las fuerzas policiales. Estas posiciones fueron utilizadas por el ala derecha del Partido Demócrata para atacarla durante la campaña.

Lo significativo es que Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y Bernie Sanders no salieron en su defensa. La cuestión no pasó inadvertida dentro de la propia izquierda. Pero el episodio expresa un fenómeno más general: una revisión de algunas de las posiciones más radicales que habían ganado espacio entre los demócratas socialistas durante el ciclo de movilizaciones de 2020. AOC hizo viral su demarcación con los dichos antiguos de Hong citando a un concejal de DSA en Nueva York que se “defendió” de sus dichos radicales de hace 5 o 6 años diciendo que “Woke 1.0 fue muy loco”, o sea, que se dejaron llevar embriagados por la radicalización de Black Lives Matter, pero que ya lo han superado, volviéndose maduros y centristas.

El fenómeno puede observarse también en el comportamiento de otros dirigentes. Zohran Mamdani, por ejemplo, se ha desmarcado explícitamente de la consigna defund the police. En Nueva York ha reivindicado, por el contrario, la apertura de nuevas comisarías y el incremento de recursos destinados a la policía. La misma lógica aparece en otras declaraciones recientes de dirigentes de DSA y de la izquierda demócrata, que buscan tomar distancia de las posiciones que la derecha identifica como expresión del “wokismo” o del radicalismo de 2020.

Una corresponsable del comité central de DSA, parte de su ala izquierda, Megan Romer, fue entrevistada por la cadena Fox sobre el programa adoptado por la convención de su organización. Su ratificación lacónica de que han votado una plataforma que pretende reformar el Congreso bicameral, la policía, el sistema carcelario y las fronteras fue repudiada por todo el arco parlamentario y mediático dominante de DSA como un suicidio político, haciéndole el juego a la campaña que quiere meter miedo por el ascenso electoral de estos autodeclarados socialistas.

No se trata simplemente de un cambio discursivo aislado. La cuestión de fondo es qué ocurre cuando una corriente que se reivindica socialista comienza a obtener posiciones electorales dentro del Partido Demócrata. Las organizaciones y dirigentes que habían ganado influencia durante las movilizaciones sociales se encuentran ahora sometidos a la presión de convertirse en una fuerza electoral capaz de ganar primarias, elecciones generales y cargos dentro del Estado.

En ese proceso aparece una contradicción cada vez más evidente. Por un lado, existe una base social y electoral que expresa un rechazo al estado de cosas existente y que incluso está dispuesta a identificarse con el socialismo. Por otro, los dirigentes que buscan representar electoralmente ese descontento tienden a moderar aquellas posiciones que puedan dificultar su integración al aparato demócrata.

El problema no se reduce entonces a la discusión sobre el woke. La derecha utiliza esa categoría para atacar indiscriminadamente las reivindicaciones de los movimientos negros, feministas y de otras luchas sociales. Pero detrás de esa polémica existe una cuestión política concreta: qué queda de las posiciones surgidas de las grandes movilizaciones de 2020 cuando sus dirigentes pasan a actuar dentro de la estructura del Partido Demócrata.

La discusión sobre Hong es importante precisamente por eso. Su derrota mostró que el ala derecha demócrata puede utilizar las posiciones radicales del pasado para golpear electoralmente a candidatos de izquierda. Pero la respuesta de los principales referentes de esa izquierda no fue defender esas posiciones, sino tomar distancia de ellas. Esa adaptación vuelve a plantear el problema central: hasta dónde puede avanzar una corriente que reivindica el socialismo mientras actúa como un ala electoral del Partido Demócrata.

Y ahí es donde el caso de Hong se conecta con la polémica más general que atraviesa a DSA: la dirección que adopta una corriente que tiene una base militante y electoral más radical que los candidatos que logran elegirse y que están sometidos a la disciplina del aparato demócrata.

Eric Blanc ha señalado que muchas de las divisiones internas de DSA se relacionan con la diferencia entre las secciones que han demostrado capacidad para construir campañas electorales de masas y aquellas que mantienen posiciones más doctrinarias. La propia estructura de DSA, fuertemente descentralizada, permite que convivan ambas tendencias.

La nueva plataforma de la organización contiene posiciones mucho más radicales que las que defienden en la práctica varios de sus dirigentes electos. El problema es, entonces, la contradicción entre una plataforma que contiene elementos anticapitalistas y una práctica política crecientemente integrada al Partido Demócrata.

Bhaskar Sunkara, editor de Jacobin y uno de los ideólogos de la derecha de DSA, por su parte, ha planteado que desmantelar ICE no significaría necesariamente una transformación revolucionaria del régimen migratorio, sino en determinados aspectos volver a las formas de administración existentes durante los años noventa.

La discusión sobre woke, policía, fronteras e inmigración muestra así un proceso de adaptación política de sectores de la izquierda demócrata.

No es simplemente un desplazamiento cultural. Es una cuestión de integración política.

La gestión de Mamdani en Nueva York, la capital del mundo capitalista, con un PBI mayor al de muchísimos países, será el principal terreno de comprobación del carácter de la política de DSA. Como hemos reflejado en Prensa Obrera, las reformas que fueron eje de su campaña dependen en gran medida de acuerdos con la gobernadora Kathy Hochul, de la derecha demócrata, en tanto no avanza realmente con afectar al gran capital financiero instalado en la ciudad. Esto ha dejado congelados o con avances muy modestos los cambios sociales anunciados. Mientras tanto, se ha mantenido a la policía reaccionaria y violenta y a sus mandos ligados al sionismo. Se han tomado múltiples medidas antisindicales contra empleados de la ciudad. Ver a la policía de Nueva York detener a los manifestantes contra Netanyahu, en vez de al genocida, como Mamdani había insinuado demagógicamente, es el mejor resumen de las decepciones que acumula su mandato.

La crisis del bipartidismo

La contradicción más importante aparece cuando se observa hacia dónde se dirige el voto que pierde Trump.

Entre los votantes que lo apoyaron en 2024 y hoy dudan de volver a hacerlo, menos de uno de cada cinco dice que votaría por el Partido Demócrata. Un 22% se inclinaría por un candidato independiente o de un tercer partido, mientras una mayoría permanece indecisa o directamente no votaría.

Esto coincide con una tendencia más amplia. Gallup registró en 2025 un récord de un 45% de adultos que se identifican como independientes, frente a un 27% que se identifican como demócratas y otro 27% como republicanos.

Pew encontró en abril de 2026 que el 58% de los estadounidenses tenía una opinión desfavorable del Partido Republicano y el 59%, una opinión desfavorable del Partido Demócrata. El 26% tenía una opinión desfavorable de ambos partidos, frente al 21% en 2020.

El dato es importante porque muestra que el problema no es simplemente la impopularidad de Trump. Existe una crisis más profunda de representación política.

El capitalismo estadounidense conserva dos grandes partidos burgueses, pero una parte creciente de la población considera que ninguno representa sus intereses. La crisis del bipartidismo no significa automáticamente el surgimiento de una alternativa independiente. Pero crea un espacio político para ella.

La experiencia de Kshama Sawant

La candidatura independiente de Kshama Sawant constituye una experiencia particularmente significativa porque se ubicó por fuera del mecanismo de las primarias demócratas.

Sawant obtuvo alrededor de un 17,3% y casi 24.500 votos en la primaria para el Congreso en el distrito 9 de Washington. La elección utilizaba un sistema en el que solamente los dos candidatos más votados podían avanzar a noviembre, por lo que quedó excluida de la elección general.

El resultado adquiere mayor importancia cuando se observa la distribución territorial. En la ciudad de Seattle, Sawant reunió el 35% de los votos, ubicándose primera o segunda según los circuitos, y obtuvo una votación especialmente fuerte en las zonas obreras.

Su campaña planteó un programa de salud pública universal, fin de la ayuda militar a Israel y embargo de armas, desmantelamiento de ICE y de los centros de detención migratoria, freno a la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial, cancelación de las deudas estudiantiles y médicas, protección frente a despidos vinculados con la automatización y un plan nacional de control de alquileres. La campaña vinculó estas demandas con la intervención directa de los trabajadores, la huelga general y la lucha por el socialismo.

La campaña movilizó alrededor de 800 activistas, reunió unos 645.000 dólares de aproximadamente 5.000 aportantes y consiguió una base de apoyo particularmente fuerte entre trabajadores y sectores populares.

La experiencia muestra simultáneamente la posibilidad y las dificultades de una candidatura socialista independiente.

Las reglas electorales como parte de la lucha política

El problema de noviembre no es solamente quién ganará las elecciones. También está en discusión bajo qué condiciones se desarrollará la elección y qué ocurrirá si el resultado es adverso para Trump.

La experiencia de 2020 y el intento de desconocer los resultados del 6 de enero de 2021 constituyen un antecedente. En 2026, el gobierno ha profundizado una política destinada a instalar previamente la sospecha de fraude.

Uno de los ejes es la denuncia de un supuesto voto masivo de personas que no son ciudadanas estadounidenses. Trump y sus aliados han utilizado informes controvertidos para sostener esta acusación, pese a que las autoridades electorales y especialistas han señalado errores metodológicos importantes y que el voto de no ciudadanos es extremadamente infrecuente.

El objetivo político de instalar esta denuncia no es solamente modificar una legislación. También puede servir para cuestionar anticipadamente los resultados de noviembre.

En mayo, el FBI había incautado alrededor de 600 cajas de boletas correspondientes a las elecciones de 2020 en el condado de Fulton, Georgia. Posteriormente, el Departamento de Justicia obtuvo imágenes de boletas de 2020 en el condado de Maricopa, Arizona, y exigió material correspondiente a las elecciones de 2024 en Wayne County, Michigan. WIRED señaló que estas incautaciones plantean una cuestión particularmente delicada: qué ocurriría si una autoridad federal intentara apoderarse de boletas durante o inmediatamente después del conteo, antes de la certificación estatal.

La incautación de material electoral durante un conteo activo sería extraordinaria y requeriría una justificación judicial. Pero la experiencia muestra que la administración de Trump está utilizando las elecciones anteriores como materia prima para construir denuncias de fraude que podrían ser utilizadas políticamente en el futuro.

El ataque al voto por correo

El voto por correo es otro frente de la ofensiva.

Trump dictó en marzo una orden ejecutiva que busca restringir el sistema de voto por correo, incluyendo mecanismos por los cuales el Departamento de Seguridad Interior debe proporcionar a los Estados listas de votantes considerados elegibles y el Servicio Postal debe entregar boletas de acuerdo con esas listas. La orden también instruye a priorizar el procesamiento penal de funcionarios que distribuyan boletas a personas consideradas inelegibles.

La disputa llegó a la Corte Suprema. El 24 de agosto, por seis votos contra tres, el tribunal levantó una medida cautelar que había bloqueado parte de la orden presidencial. La Corte no resolvió, sin embargo, todos los obstáculos judiciales al programa.

Dos días después, el 27 de agosto, el Servicio Postal confirmó la entrada en vigor de nuevas restricciones para el voto por correo, mientras continúan las impugnaciones judiciales.

La cuestión tiene importancia porque el voto por correo no constituye un mecanismo marginal en Estados Unidos. Cualquier modificación de los procedimientos de recepción, verificación y entrega de boletas puede afectar de manera desproporcionada a trabajadores, personas con dificultades para trasladarse, población rural y sectores que dependen de modalidades alternativas de votación.

La ofensiva también plantea un conflicto constitucional entre el poder federal y los Estados, dado que estos últimos conservan amplias atribuciones sobre la administración electoral. Los Eestados gobernados por demócratas han denunciado que el gobierno federal intenta apropiarse de competencias que no corresponden al Ejecutivo.

SAVE America Act y prueba de ciudadanía

El otro eje es el SAVE America Act, impulsado por Trump y sus aliados republicanos.

El proyecto exige documentación de ciudadanía para registrarse como elector y establece requisitos de identificación que podrían excluir a ciudadanos que no poseen determinados documentos. La discusión sobre el voto de personas no ciudadanas funciona como argumento para promover una modificación de las reglas de registro que podría afectar a millones de votantes elegibles.

El problema no es solamente que el voto de no ciudadanos sea ilegal. Ya lo es. La cuestión es que una campaña contra un fenómeno extremadamente reducido puede utilizarse para imponer requisitos documentales que recaigan sobre ciudadanos que sí tienen derecho a votar.

La administración también ha impulsado una mayor intervención federal sobre los padrones electorales estatales. Las disputas judiciales han sido numerosas y varias iniciativas federales sufrieron derrotas ante los tribunales.

La cuestión de fondo es quién controla las condiciones de acceso al voto.

Gerrymandering: modificar el mapa para modificar el resultado

A esto se suma una batalla por el mapa electoral.

El redistricting, o redistribución de distritos, suele realizarse después del censo decenal. Pero en 2026 se ha abierto una batalla extraordinaria por realizar modificaciones antes de las elecciones de noviembre.

Texas constituye uno de los casos centrales. La ofensiva republicana busca rediseñar distritos para aumentar la cantidad de bancas que pueden obtener los republicanos. El procedimiento ha provocado una fuerte reacción de los demócratas, particularmente por el impacto sobre distritos con alta concentración de población latina y afroamericana.

La disputa no se limita a Texas. Los republicanos han avanzado con iniciativas similares en distintos Estados, mientras los demócratas buscan responder en territorios bajo su control. El resultado es una carrera nacional por manipular las fronteras de los distritos en función del resultado electoral.

La AP caracterizó el fenómeno como una ola de redistricting extraordinaria para una elección de medio término, con modificaciones en varios estados y millones de personas que podrían votar en distritos diferentes de aquellos en los que votaron anteriormente.

La lógica es elemental: si un partido puede modificar la composición territorial de los distritos, puede modificar la cantidad de bancas que obtiene incluso sin modificar sustancialmente su porcentaje nacional de votos.

El gerrymandering, el diseño de distritos electorales para asegurar un resultado mediante la concentración o división de electorados, es una práctica histórica de la política estadounidense. Lo novedoso en 2026 es la intensidad y el carácter abiertamente nacional de la batalla.

La pelea alcanza incluso a Estados gobernados por los demócratas. En Maryland, un tribunal bloqueó esta semana una reforma constitucional que los demócratas impulsaban para modificar los distritos antes de las elecciones. El conflicto forma parte de una disputa nacional que también involucra a Virginia y California.

La pelea por los mapas electorales muestra que las restricciones al voto no deben entenderse únicamente como impedimentos físicos para votar. También puede modificarse el resultado alterando previamente quiénes quedan agrupados dentro de cada distrito y qué capacidad de representación tiene cada comunidad.

Preparar la disputa sobre el resultado

La combinación de estas medidas tiene una característica común.

Por un lado, se restringe el acceso al voto mediante mayores requisitos de documentación y nuevas condiciones para el voto por correo. Por otro, se interviene sobre los padrones y se amplían las atribuciones federales sobre la administración electoral. Finalmente, se modifica la composición de los distritos y se instala previamente la idea de que una elección puede estar contaminada por fraude.

El gobierno no necesita necesariamente alterar directamente millones de votos para producir una crisis electoral. Puede ser suficiente con construir las condiciones políticas y jurídicas para cuestionar determinados resultados.

La experiencia de 2020 muestra la importancia de esta cuestión. Trump y sus aliados no necesitaron demostrar un fraude masivo para producir una crisis. La acusación de fraude fue utilizada como herramienta política para desconocer el resultado y movilizar a una parte de su base.

En 2026, el escenario tiene una diferencia fundamental: la discusión sobre el fraude está siendo instalada antes de la elección.

Trump ha insistido en cuestionar la confiabilidad del sistema electoral y ha amplificado denuncias sobre votos de no ciudadanos, interferencia extranjera y supuestas irregularidades. Expertos y dirigentes opositores han advertido que esta campaña puede funcionar como preparación política para impugnar resultados adversos.

WIRED, al analizar las incautaciones de boletas, plantea una preocupación similar: si las autoridades federales intentaran intervenir durante el conteo o antes de la certificación de resultados, se produciría una situación extraordinaria que podría afectar directamente la integridad del proceso.

No significa que Trump tenga asegurado un mecanismo para desconocer una elección. Las iniciativas enfrentan resistencias judiciales, estatales y políticas. Varias de sus medidas fueron bloqueadas por tribunales. Hubo un fallo en septiembre de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, en contra de la prohibición del voto por correo. El funcionario nombrado por Trump a cargo del correo, sin embargo, declara que no harán llegar los votos, de acuerdo con la orden presidencial.

La cuestión política consiste precisamente en que el gobierno está preparando, de manera anticipada, las condiciones discursivas, administrativas y jurídicas para disputar la legitimidad de un resultado que le resulte adverso.

Es una obligación de las organizaciones obreras y revolucionarias preparar una respuesta de movilización y huelgas contra cualquier intento de fraude o autogolpe por parte de Trump. Un salto de este tipo al autoritarismo no será un golpe únicamente a sus rivales en la clase dominante, sino, sobre todo, a la clase obrera y los explotados. Trump viene avanzando en la militarización de la sociedad, purgando a las fuerzas de seguridad y armadas para que respondan a su mando. Aunque no cuenta con un apoyo consolidado para una aventura fascista en la propia clase dominante, hay fracciones, como parte de las tecnológicas, que están anotadas en la orientación antidemocrática y militarista a fondo.

El planteo de la huelga general, popularizado en la lucha contra ICE y la militarización de ciudades como Minneapolis, aunque bloqueado en su efectivización por la burocracia sindical de la AFL-CIO, es el planteo estratégico para derrotar al gobierno de Trump. El bloqueo a este desarrollo es un crimen político por parte de la burocracia subsidiaria del Partido Demócrata. La muestra más acabada de la desorientación del progresismo del estilo de DSA y Labor Notes es el apoyo dado a la política proteccionista de Trump por el presidente del sindicato automotriz UAW, Shawn Fain, la estrella de este sector saludado como la gran novedad del sindicalismo combativo.

Levantamos la necesidad de derrotar a Trump con la huelga general. El ingreso de la acción directa y la lucha de masas, como en las jornadas antirrepresivas de 2020, pueden volver a dejar contra las cuerdas a los planes de militarización.

Crisis del régimen y lucha de clases

La elección de noviembre concentra, por lo tanto, contradicciones que no pueden reducirse a una competencia electoral entre republicanos y demócratas.

Trump enfrenta una economía que muestra una creciente polarización entre la expansión de un núcleo tecnológico-financiero y el estancamiento de sectores más amplios. La guerra con Irán acumula desgaste y rechazo. La política migratoria genera oposición. Las operaciones de vigilancia interna revelan una tendencia represiva. Y el propio presidente se encuentra en niveles bajos de aprobación.

Sin embargo, el Partido Demócrata no consigue capitalizar automáticamente esta crisis.

La razón es que existe una crisis más profunda de representación. Las encuestas muestran que los dos grandes partidos tienen niveles de rechazo extraordinariamente elevados y que una parte importante de la población se identifica como independiente.

En ese espacio aparecen dos tendencias.

Una es la absorción institucional del descontento por el Partido Demócrata. La otra es la búsqueda de una alternativa independiente.

El crecimiento de DSA expresa la primera tendencia en su forma más izquierdista: millones de personas incorporan elementos del lenguaje socialista y anticapitalista, pero una parte importante de ese proceso es canalizada hacia las primarias demócratas.

La experiencia de Sawant expresa la segunda: una candidatura socialista independiente puede obtener una votación significativa, movilizar a miles de personas y levantar un programa de ruptura con los dos partidos, pero choca inmediatamente con un sistema electoral construido para dificultar la aparición de terceros partidos.

Esta contradicción es central.

El problema no es que el Partido Demócrata tenga una dirección moderada. El problema es la necesidad de una alternativa de masas opuesta a la maquinaria de los dos partidos de la burguesía imperialista.

Trump puede perder las elecciones de noviembre.

El trumpismo constituye una expresión de la crisis del régimen político, pero también una tentativa de reorganizarlo en condiciones de creciente polarización social e internacional.

Por eso la lucha electoral no puede separarse de la lucha por las condiciones mismas de la elección.

Pero el dato político es que la administración de Trump está preparando una elección en condiciones excepcionales y construyendo anticipadamente una narrativa según la cual un resultado adverso podría ser producto del fraude.

La experiencia del 6 de enero mostró hasta dónde puede llegar esa dinámica.

La cuestión es transformar esa expresión electoral en una fuerza política independiente de la maquinaria demócrata y capaz de intervenir en la lucha de clases.

Las elecciones de noviembre serán, en este sentido, un episodio de una crisis más amplia. Lo que está en juego no es solamente quién ocupará determinadas bancas del Congreso. Está en disputa la relación entre el régimen político y una sociedad atravesada por una creciente polarización económica, política y social.

Este artículo está hecho sobre la base del informe emitido por el programa Fenómeno Mundial del canal de Prensa Obrera el 25 de agosto de 2026.