En un mes, el 4 de octubre, se realizarán las elecciones generales para elegir presidente, gobernadores, diputados y senadores nacionales y legisladores estaduales en Brasil. Son seguidas con mucha expectativa política continental y mundial. La elección presidencial está polarizada entre el actual presidente centroizquierdista (Frente Amplio, PT y otros), Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), el derechista hijo del expresidente Jair, que está preso, condenado a 27 años de prisión por haber planificado un golpe de Estado. Las encuestas hablan de “empate técnico”: Lula iría ganando en primera vuelta por 3 o 4 puntos de ventaja, lo que obligaría a ir al balotaje el 25 de octubre. En esa instancia, las encuestadoras también computan empate en torno al 44% de cada uno.

Lula se impuso a Bolsonaro en el 2022 en la segunda vuelta por escaso 1,8%. Cuatro años después, su gestión gubernamental no ha logrado revertir en un consenso político que lo distancie drásticamente de la ultraderecha bolsonarista.

Si triunfara Bolsonaro en Brasil, el continente latinoamericano se pintaría de “trumpismo”, siguiendo las recientes elecciones donde la derecha en sus variantes más fascistizantes viene de imponerse en Chile (Kast), Perú (Keiko Fujimori), Bolivia (Rodríguez Paz) y Colombia (De La Espriella) y de cooptar al gobierno “nacionalista” burgués de Venezuela (Delci Rodríguez) luego de haber invadido y llevarse secuestrado a Nicolás Maduro.

Para Trump y la derecha fascistizante internacional, la elección brasileña es un objetivo central. Lo demostró el viaje intempestivo del presidente argentino, Javier Milei, quien viajó a Brasil, fuera de todo protocolo diplomático, solo para participar en un evento de campaña de Flávio Bolsonaro e insultar a fondo a Lula.

¿Lula antiimperialista?

A esto se han sumado diversas provocaciones directas de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. En primer lugar, aumentando drásticamente (37,5%) los aranceles a centenares de productos importados a los Estados Unidos provenientes de Brasil, acusando al gigante sudamericano de usar “trabajo forzado” y/o prácticas comerciales incorrectas. Estamos hablando de cerca del 20% de las exportaciones de Brasil a los EE. UU. Uno de los reclamos trumpistas es por las tarjetas electrónicas yanquis (Visa, Mastercard) que han sido violentamente desplazadas del mercado comercial cotidiano dentro de Brasil. 170 millones de brasileños (más los turistas que arriban) usan el Pix, un sistema de pago electrónico nacional que no cobra ningún tipo de arancel, ni a los usuarios de las tarjetas, ni a los comerciantes, y que realiza los pagos en forma instantánea, a diferencia de las tarjetas yanquis, que cobran un interés por el “servicio” y demoran los pagos a los comerciantes 30 días. Es una tendencia que se está implementando en forma creciente en el mundo (India, etc.) y que golpea el monopolio parasitario de la banca comercial imperialista.

Marco Rubio también reclama por contratos ventajosos en la minería de las “tierras raras”. Brasil es el segundo productor mundial de estos escasos y costosos minerales (después de China), ultranecesarios para la fabricación de chips, Inteligencia Artificial y productos electrónicos. Ya sabemos qué significa “ventajoso” para el imperialismo yanqui: lo acaba de evidenciar el acuerdo de Trump con la “presidenta” venezolana Delci Rodríguez, por el cual entregará a los Estados Unidos alrededor de 50 millones de barriles de petróleo como “resarcimiento” y permitirá el control de 65 mil millones de barriles de la reserva existente y su explotación prioritaria.

Marco Rubio también ha declarado a las mafias de las drogas brasileñas (Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho) como “organizaciones terroristas”. Esto lo habilitaría -en los términos del acuerdo firmado a principios de año con una decena de gobiernos derechistas latinoamericanos (sin la presencia de Brasil), el llamado “Escudo de América”- a intervenir, incluso militarmente (bombardeos a barcos en el Caribe y el Pacífico, invasión a Venezuela, etc.), para combatir el llamado “narcoterrorismo”.

A esto se han sumado provocaciones diplomáticas: no reconocimiento y expulsión del embajador brasileño en los Estados Unidos y otros ataques de similar tenor.

La protesta y rechazo de Lula a estas provocaciones de Trump y Rubio han sido presentadas por el gobierno como una actitud nacionalista, de reafirmación de la soberanía, que sectores de la izquierda brasileña han calificado rápidamente de antiimperialista, apoyando al gobierno, sumándose al “espíritu” de un frente nacional para resistir la presión imperialista.

Lula hizo votar el año pasado por el Parlamento una “ley de reciprocidad” de eventual retaliación para aplicar aranceles a la importación de productos norteamericanos, pero no pasó de la declaración altisonante para fanfarronear y negociar. A diferencia del primer ministro canadiense, que ha puesto en práctica el aumento de impuestos a la importación de productos norteamericanos en respuesta a los aranceles aplicados a las exportaciones de Canadá, Lula ha preferido el “diálogo”. Pasado el primer momento, la mayoría de la burguesía brasileña se ha negado a que esta “reciprocidad” -aumentando los aranceles a los yanquis- se ponga en práctica. Teme un escalonamiento de choques y una desestabilización interna.

La cuestión es que en materia de minería de “tierras raras” se anunció la venta de la mina Serra Verde al monopolio estadounidense USA Rare Earth, garantizando a los Estados Unidos la producción total de este emprendimiento por 15 años. No se trata de un “negocio entre particulares”: el gobierno yanqui ha intervenido directamente, financiando en agosto, con fondos estatales (1.600 millones de dólares salidos del presupuesto del Departamento de Guerra) la compra. En forma diferente, pero como Milei, Lula está entregando emprendimientos mineros clave a los monopolios imperialistas, en primer lugar al yanqui. Un proyecto de ley sobre las “tierras raras” enviado para el tratamiento parlamentario pretende instaurar cierto “compre nacional” y negociar algún aspecto de industrialización en origen.

Bajo el tercer mandato en curso de Lula se ha venido avanzando en la privatización de empresas públicas (subte de Belo Horizonte, etc.) tanto a nivel nacional como estadual. En el caso de privatizaciones hechas por gobernadores derechistas/bolsonaristas, el Frente Amplio le dio apoyo nacional y estadual, como hace el peronismo en Argentina con las iniciativas reaccionarias de Milei.

También en materia de seguridad, Lula se ha ido amoldando a la presión “antiterrorista” de Trump y Rubio, que buscan ir fascistizando el panorama político brasileño y latinoamericano. Lula ha dicho que no está de acuerdo en calificar como terroristas a los “comandos” del narcotráfico, pero emprende nuevas cárceles y ha anunciado una ley de Seguridad que plantea la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. En materia educativa ha mantenido -e incrementado ligeramente- la constitución de “escuelas militarizadas” en el ámbito nacional (1.100) y municipal (más de 500), tanto a nivel primario como secundario. La Policía Militar interviene directamente en su gestión para fijar normas de disciplina, vestimenta y formación de valores. En los últimos 3 meses, 60 establecimientos educativos públicos pasaron al régimen de “escuelas militarizadas”.

En materia internacional, Lula hizo mutis por el foro frente a la invasión yanqui a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. También acompañó activa y solidariamente la represión de Rodrigo Paz en Bolivia contra la Huelga General de 53 días con centenares de miles de trabajadores y campesinos en lucha. Mientras Lula hace algunas declaraciones en favor de los palestinos, sigue enviando petróleo al Estado sionista. Y también se ha sumado al boicot petrolero dictado por Trump y Rubio contra Cuba. Los sindicatos petroleros brasileños han votado resoluciones criticando el envío de combustible al genocida Netanyahu.

La lucha contra el 6×1 y la cuestión social

Lula ha mantenido las reformas laborales y previsionales antiobreras impuestas tras el golpe de Temer y de los Bolsonaro. Las organizaciones obreras de masas (CUT, etc.) -al igual que Lula- hacen declaraciones altisonantes, pero el régimen superexplotador sigue de pie. Los sufrimientos físicos extenuantes de los trabajadores llevaron a que en el 2024 se desarrollara un vasto movimiento de reclamos para eliminar el régimen laboral vigente del 6×1: 6 días de trabajo por un día de descanso.

Un “outsider” (Rick Azevedo) había lanzado con un video una campaña por eliminar el régimen del 6×1, que había impuesto un promedio de 44 horas semanales de trabajo durante 6 días laborables. La propuesta se denominó VAT, en portugués “Vida Além do Trabalho” (La vida más allá del trabajo). Proponía reducir a 4 días y 36 horas de trabajo y 3 días de descanso por semana, lógicamente sin reducción salarial. Casi sin ningún apoyo, ni siquiera de las organizaciones sindicales dirigidas por la burocracia del PT, detonó un gran impacto en la opinión pública, especialmente en las fábricas y el mundo del trabajador, y el inicio de una movilización nacional. En pocos meses obtuvo más de 1 millón y medio de adhesiones por las redes, se fueron organizando núcleos en diversas ciudades y comenzaron a realizarse demostraciones callejeras. Prensa Obrera reflejó la profundidad del reclamo y la movilización que estaba provocando en sus páginas.

El gobierno de Lula y la burocracia sindical lulista se vieron obligados a afrontar el reclamo. El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, planteó en ese momento (2024) no derogar por ley la semana del 6×1, sino pasar de las 44 horas a 40 horas semanales, y que esto se realizara a través de negociaciones entre patrones y sindicalistas. Voceros de la Central Única dos Trabalhadores (CUT), lógicamente, coincidieron con “su” ministro (del PT) en que las 40 horas semanales fueran negociadas por las patronales y los sindicatos por gremio o incluso por fábrica.

Este reclamo entró en una serie de negociaciones con las cámaras patronales que, dispuestas a “discutir”, reclamaban una serie de compensaciones en materia de mayor flexibilidad laboral, disminución de cargas sociales e impuestos y subsidios gubernamentales. Gobierno y burocracias se “movilizaron” para tratar de convencer a las patronales de lo beneficioso de la eventual concesión. Finalmente, en el marco de diversas negociaciones, se introdujo en el Parlamento un proyecto de ley por las 40 horas semanales en 5 días de trabajo. Se volvía a las 8 horas de trabajo por las cuales salieron a luchar los “mártires de Chicago” a fines del siglo XIX y que tomó como bandera mundial la formación de la II Internacional en 1889. Con sus limitaciones, era una primera respuesta ofensiva de la clase obrera brasileña contra la “reforma laboral” superexplotadora impuesta por Temer y Bolsonaro, que dejó pasar el PT de Lula y las burocracias sindicales.

Pero el proyecto fue discutido, modificado y relativamente cajoneado. Recién a fines de mayo de este año fue aprobado por la Cámara de Diputados casi por unanimidad: 461 votos a favor y solo 19 en contra. La cercanía de las elecciones hizo que incluso diputados bolsonaristas y de la derecha lo apoyaran. Lógicamente, los dos años de “discusiones” y “negociaciones” llevaron a que la propuesta inicial de Rick Azevedo de 4 días de trabajo y 36 horas semanales, con 3 días de descanso sin reducción salarial, fuera modificada por la de las 40 horas semanales con dos días de descanso, “preferentemente” que uno de esos días abarcara el domingo. Pero el proyecto plantea que esto se haga en forma paulatina: reducir dos horas un par de meses después de la eventual aprobación de la ley y las otras dos horas un año más tarde. También se deja de lado a los trabajadores y profesionales que ganan más de 21.000 reales (unos 6 millones de pesos). Y se autoriza a negociar “regímenes especiales” para actividades esenciales (salud, transporte, etc.). Los dos días de descanso pueden no ser consecutivos, aunque se recomienda que uno de ellos sea el domingo. Se prevé también que salga una “ley complementaria” para ver la situación de “transición” particular de las pequeñas empresas (pymes).

De todas formas, la derecha y las cámaras patronales han impugnado en los debates que han comenzado a desarrollarse en la Cámara de Senadores para su aprobación final el proyecto que cambia el 6×1 por un nuevo régimen laboral de 5×2. Las cámaras empresarias afirman que esta reducción horaria incrementará los precios al consumidor, porque allí es donde las patronales descargarán las pérdidas de ganancias que tendrán, y que muchas pymes se verán obligadas a cerrar por la reducción horaria, además de muchos otros ítems antiobreros y antisindicales. Repiten los argumentos que levantaban en el siglo XIX los economistas burgueses para oponerse a las leyes de las 8 horas de trabajo. Propugnan, como alternativa, que la eventual disminución de la jornada laboral no sea impuesta por ley, sino negociada mediante discusiones entre patrones y trabajadores (la propuesta inicial de Lula y el PT). Esta oposición está encabezada en los debates de la Comisión del Senado por el senador Rogério Marinho, uno de los líderes del Partido Liberal que defiende la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (el propio Flávio Bolsonaro planteó días previos que era inconveniente la discusión de esta ley en vísperas electorales, porque era una medida demagógica electoralista y que debía encararse después de la segunda vuelta electoral). El senador Omar Aziz (PSD, partido que integra con ministros el gobierno de Lula), que presentó en el Senado el informe para que fuera aprobado el proyecto, insistió rebatiendo los argumentos derechistas y tratando de convencer a la clase patronal de los beneficios, afirmando que “el trabajador descansado rinde más y se equivoca menos”. El senador Paulo Paim (PT) hizo un llamado a una votación rápida planteando: “No tiene sentido no votar este tema. Es un suicidio político. Esta reforma tiene que ser votada ahora y no después de las elecciones. Los empresarios no serán perjudicados, al contrario. ¿Por qué se tiene tanto miedo?”.

Finalmente, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, en el día de hoy (2/9/26), terminó votando por mayoría el proyecto de ley que anula el régimen del 6×1, el cual ahora pasa al debate en el plenario de la Cámara de Senadores, donde debería ser aprobado por una mayoría especial de tres quintos de los senadores (60%) en dos sesiones diferentes. Si se introdujera alguna reforma particular, por mínima que sea, obligaría a que vuelva a la Cámara de Diputados y alargaría los tiempos para su sanción preelectoral. El gobierno y el PT presionan para que la Cámara de Senadores se reúna a la brevedad y vote el proyecto así como está, acelerando los tiempos de convocatoria de las dos sesiones.

Acuerdos con la derecha (y el imperialismo)

Lula ha negociado el 26 de agosto un acuerdo con los presidentes de las dos cámaras (Davi Alcolumbre, del Senado, y Hugo Motta, de Diputados) para garantizar algunas sesiones parlamentarias en estas últimas semanas preelectorales. Allí se han comprometido a allanar el camino para que se vote la reforma del régimen del 6×1 a cambio de que se toquen también otros proyectos, entre ellos el de seguridad y el de promoción de la minería (“tierras raras”) que hemos comentado anteriormente, los cuales son guiños de conciliación a las presiones de Trump y Rubio. Esta sería la explicación de la tregua circunstancial en la ofensiva antiLula que se está viviendo luego de la larga conversación de más de una hora que tuvo Lula con Trump el 21 de agosto pasado. Cinco días después se llegó al acuerdo para el funcionamiento parlamentario con Alcolumbre y Motta. Esto no quiere decir que Trump y Rubio renuncien a seguir apoyando a Bolsonaro Jr. para desplazar a Lula en la elección presidencial…

Sobre Flávio Bolsonaro, no insistiremos demasiado en la denuncia de sus planteamientos y propuestas reaccionarias (bajar la edad de imputabilidad contra los menores, etc.), que es larguísima. Los Bolsonaro han promovido, no solo bajo cuerda sino también públicamente, el pedido de aumento de los aranceles por parte de Trump contra la economía brasileña. Su planteo central es que un gobierno de la ultraderecha bolsonarista lograría la derogación o reducción de estos, como de otras medidas adoptadas por el presidente yanqui. Una copia en portugués de la “política” de Milei.

Entre los proyectos lulistas está eliminar el “impuesto a las blusas”, a la importación de productos menores a los 50 dólares de valor, que sería un tributo al “libre comercio” y a la clase media (también a las exportaciones de mercancías chinas a Brasil).

Pero, mientras Lula “promete” mejoras sociales en sus declaraciones, sigue llevando adelante un “ajuste” que beneficia al capital financiero y al gran capital y golpea las condiciones de vida del pueblo trabajador. Entre gallos y medianoche, las dos cámaras del Parlamento votaron también en agosto, en forma exprés, un protocolo para limitar aumentos en los gastos sociales -perjudicando directamente a la salud y educación públicas- en el próximo presupuesto 2027 que deberá tratarse próximamente, si no se disminuye drásticamente el déficit fiscal existente (más del 9% del PBI). De las limitaciones a los aumentos presupuestarios se excluye el aumento en el pago de los intereses de la deuda pública. Una nueva señal de Lula a Trump y al capital financiero extranjero y nacional de que se defenderá a viento y marea el pago de la deuda pública y se limitarán los aumentos en los gastos sociales.

También parecido a Milei, Lula se jacta de que la deuda pública es manejable y que disminuirá el porcentaje de su peso en la economía nacional con el crecimiento económico que pronostica para su eventual nuevo gobierno. Pero el crecimiento económico se viene frenando: en el último trimestre creció solo 0,6% respecto al trimestre anterior, que había crecido 1,1%. En este freno, el sector industrial aumento solo un 0,1% (compensado por el crecimiento de 2,8% del agro). La situación social de las masas se ve comprometida. El endeudamiento de las familias abarca al 80% de los hogares, con un aumento de la morosidad que afecta a 82 millones de personas que tienen deudas con tarjetas de crédito y préstamos a altas tasas de interés. Es el nivel más alto de morosidad en los últimos 20 años. El gobierno dice que está discutiendo regímenes de financiación con tasas de interés menores para reducir esta crítica situación, pero poniendo como garantía de pago el 50% de los fondos por indemnización de cada afectado. Este endeudamiento de las familias va de la mano del aumento de la precarización laboral y el trabajo en negro.

A pesar de los discursos “progresistas” de Lula, las desigualdades sociales se acrecientan y mantienen a Brasil entre los 10 países más desiguales del mundo.

Una primera conclusión elemental: el gobierno de Lula compite con la derecha bolsonarista en cuáles son los métodos y pasos a dar para que la crisis capitalista la sigan pagando las masas trabajadoras.

El Frente Amplio no es un freno al ajuste capitalista, sino de contención a la resistencia popular

El gobierno de Lula y el Frente Amplio -que incorporó como vicepresidente al histórico dirigente neoliberal Geraldo Alckmin y lo vuelve a llevar ahora en la fórmula presidencial- han jugado un papel de contención de la lucha obrera y popular. Las organizaciones de masas, las centrales obreras, campesinas y estudiantiles dirigidas por burocracias ligadas al PT han llenado los oídos de las masas de un palabrerío progresista, pero no han encarado la lucha por sus reivindicaciones. Las reformas laborales y previsionales antiobreras siguen plenamente vigentes. Las privatizaciones han seguido progresando. La lucha por los derechos de la mujer no ha pasado del palabrerío, donde el eje consiste en “educar” a las nuevas generaciones contra el machismo, sin atacar las bases sociales de explotación y represivas del Estado y la sociedad capitalista. El derecho al aborto ha sido proscripto de la agenda gubernamental y del Frente Amplio. La derecha mantiene sus posiciones y progresa incluso dentro del gabinete ministerial de Lula y en el control de las cámaras legislativas. Las Fuerzas Armadas siguen siendo un reducto reaccionario con gran peso de la ultraderecha. No olvidemos que fue Lula el que envió tropas brasileñas (alentando el entrelazamiento orgánico con los mandos militares yanquis) a la ocupación imperialista de Haití en su anterior gobierno. Hasta negó la posibilidad de conmemorar, en un sentido elementalmente democrático y antidictatorial, el 60° aniversario del golpe militar en el 2024, protegiendo a los reaccionarios mandos militares, base de apoyo del bolsonarismo. Así, tarde o temprano, con Lula o Bolsonaro, el pueblo trabajador va a ser empujado a intervenir como carne de cañón en las crecientes guerras imperialistas.

Es necesario romper este callejón sin salida político y encarar en forma abierta el combate por recuperar las organizaciones de lucha de las masas, en primer lugar las centrales obreras, la CUT y demás centrales y sindicatos, además de las federaciones estudiantiles y campesinas. Según las encuestas periodísticas, el 70% de la población brasileña acompaña el reclamo de terminar con el régimen laboral negrero del 6×1. Pero la burocracia sindical petista, en lugar de tomar esta masividad como el punto de partida para impulsar planes de lucha enfrentando la superexplotación y llegar a derogar las reformas antiobreras y reaccionarias de Temer y Bolsonaro, se dedica a poner paños fríos. No es el punto de partida de un ciclo de lucha por las reivindicaciones obreras y populares, sino de cierre. Recientemente convocó a una “jornada de lucha” para el pasado domingo 30 de agosto que consistió en actos con unos pocos centenares de activistas en diversas plazas públicas de Brasil. ¡Y llamó a presionar el Parlamento enviando WhatsApps a los senadores!

Un movimiento obrero organizado podía garantizar un paro general con movilización de decenas de miles de trabajadores para barrer con la propaganda derechista/patronal y abrir un curso creciente de recuperación de conquistas, terminando con los chantajes de Trump y Rubio, el “centrao” parlamentario y la ultraderecha que quieren imponer nuevos avances reaccionarios, antiobreros y de entrega nacional.

El fracaso de la “izquierda amplia” del PSOL

El PSOL (Partido Socialismo y Libertad) se ha presentado, incluso internacionalmente, como un “nuevo modelo” de organización de la izquierda, contrario a las propuestas de formar partidos obreros revolucionarios. Para esta organización se trataría de constituir partidos “unitarios” democráticos, de “tendencias”, cada una de las cuales tendría su propio funcionamiento orgánico permanente. Gran parte de la izquierda brasileña que se reclama revolucionaria participó en el PSOL -que se autoproclamaba de oposición de izquierda al primer gobierno de Lula- durante casi 20 años. El PSOL fue y es un partido centralmente electoralista y subordinado al lulismo. La “independencia” de sus tendencias orgánicas internas se unía en torno a las listas de las campañas electorales. En el 2022 decidieron apoyar la candidatura presidencial de Lula y Alckmin del Frente Amplio. A partir de allí todo se aceleró: no solo integraron interbloques comunes con el oficialismo gubernamental en los parlamentos, sino que pasaron a ocupar ministerios y secretarías de gobierno. Se convirtieron en el “ala izquierda” (si se puede decir así) del trabajo de contención de la lucha de las masas. Uno de los dirigentes más emblemáticos del PSOL, Guilherme Boulos, entró al gobierno de Lula con el supercargo de ministro encargado de la Secretaría General de la Presidencia. Sônia Guajajara, del PSOL, fue ministra de Pueblos Indígenas durante tres años y medio, hasta abril de este año, en que renunció para presentarse como candidata a diputada nacional en las listas del PSOL/REDE, que apoyan al gobierno del Frente Amplio. Bajo su mandato ministerial, la violación de los derechos de los pueblos originarios se ha incrementado. Ambos jugaron como “izquierdistas” cooptados por el poder, que usan su origen y experiencia para contener los movimientos de lucha de las masas y cooptarlos en apoyo al gobierno lulista frenteamplista. Boulos era el encargado del gabinete de maniobrar para contener los movimientos de lucha de las masas y cooptar a sectores dirigentes para desarticularlos. Triste papel. La LSR, una corriente interna del PSOL, ratifica esta caracterización: el PSOL “aceptó el nombramiento de su figura pública más destacada, Guilherme Boulos, como ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, un cargo privilegiado dentro de la jerarquía gubernamental. El propósito de su nombramiento era establecer relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales, apoyando así la campaña de reelección de Lula en 2026. Boulos, líder histórico del movimiento de masas por el derecho a la vivienda, actúa ahora como mediador en los conflictos entre el gobierno y los movimientos sociales, lo que en la práctica desalienta las luchas sociales”.

Algunos sectores de los partidos de izquierda que integraron como tendencias el PSOL se fueron apartando en los últimos tiempos. Por ejemplo: Socialismo o Barbarie (asociada al Nuevo MAS de Argentina) y la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST, integrante de la UIT y asociada a Izquierda Socialista de Argentina). Pero otras prefirieron seguir tragándose “los sapos” de la política frentepopulista y de la asociación del PSOL con el Frente Amplio y el gobierno lulista. Es el caso de Revolución Socialista (asociada al MST de Argentina y a la Liga Internacional Socialista-LIS), que, acorde con lo votado en el reciente congreso internacional de la LIS, se mantuvo hasta el último momento del cierre de candidaturas para ver si podía obtener ganancias en materia de candidaturas y fondos. Recién a fines de junio sacó un documento anunciando su divergencia sobre el tema (pero sin romper con el PSOL). “La disputa por el Fondo Electoral expone la crisis de un proyecto que abandona las bases del PSOL” es el título del documento de Revolución Socialista/LIS, que habla de la crisis creada en divergencias por el manejo antidemocrático de la dirección del PSOL con los fondos financieros y las candidaturas. “La rueda que mueve al PSOL es la supervivencia parlamentaria. No solamente por la «necesidad» de la representación parlamentaria en un momento de ataques de la extrema derecha en ambas cámaras, sino también por la lucha para no perder las condiciones materiales y los privilegios del Parlamento. Obviamente, este problema se extiende al conjunto del partido”, afirma el documento. Revolución Socialista/LIS concluye que “el PSOL fue transformándose, paulatinamente, en un instrumento de aparatos electorales que disputan espacios institucionales mientras abandonan, de manera oportunista, un programa anticapitalista consecuente y subordinan la estrategia del partido a las necesidades de las elecciones siguientes”. Insistimos: aun así, Revolución Socialista/LIS – habiendo sido, incluso, perjudicada en el reparto de candidaturas y fondos- sigue en el PSOL, bebiendo hasta la última gota de la cicuta del oportunismo electoralista consecuente. Revolución Socialista/LIS sigue planteando en su documento del 29/6/26: “La tarea de la militancia anticapitalista es defender al PSOL como instrumento de lucha de los trabajadores y de los sectores oprimidos”.

Pero otra de las organizaciones integrantes del PSOL, la corriente Libertad, Socialismo y Revolución (LSR, adherida a la Alternativa Socialista Internacional —ISL/CSI— y al Comité por una Internacional Obrera), nos dice que estamos ante una amplia descomposición política del PSOL: “El PSOL es hoy un partido con campañas electorales millonarias gracias al “fondo del partido” -fondos estatales destinados a sus gastos corrientes- y al “fondo electoral” -dinero público asignado a las campañas electorales-. Por ejemplo, en 2020, el PSOL recibió 35,5 millones de reales (unos 7 millones de dólares) del fondo electoral, cifra que para 2024 había ascendido a 128,6 millones de reales (unos 25 millones de dólares). Además de esta cantidad, existen cientos o miles de miembros del partido empleados en cargos dentro de las oficinas de funcionarios electos en los poderes legislativos municipales, estatales y federales, así como en ministerios gubernamentales”. Revolución Socialista/LIS está contagiada por este cuadro de descomposición pequeñoburguesa, arribista y oportunista.

El terreno de lucha electoral

Las elecciones son también un terreno de combate contra los partidos, el orden y el Estado capitalista. Es un frente de lucha en el cual los revolucionarios deben intervenir. Tienen que demostrar ante la vanguardia y las masas trabajadoras que no solo ayudan a organizar huelgas, movilizaciones y sacar proclamas clasistas y revolucionarias, sino que son capaces de enfrentarse a los candidatos políticos de las clases dominantes. Lenin planteó hace más de un siglo (en su libro El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo) la necesidad de intervenir en los procesos electorales y en las batallas parlamentarias, usando el Parlamento como una tribuna de agitación y propaganda socialista revolucionaria. No poder presentarse a las elecciones para dar esta batalla indica una debilidad de los revolucionarios, no una virtud.

Por supuesto, las corrientes obreras y de izquierda no deben llamar a votar por la ultraderecha bolsonarista, ni por el frente popular frenteamplista, que de diversas formas vienen a enfrentar la lucha de las masas e imponer el orden de superexplotación capitalista.

Lula, el PSOL y el Frente Amplio -frente popular de colaboración de clases- justifican su accionar capitulador ante el gran capital y de ataques a las condiciones de vida de las masas en que no tienen aseguradas mayorías en las cámaras parlamentarias. Llaman a enfrentar el avance de la derecha votando por Lula. Justifican la parálisis de la CUT y demás organizaciones de masas dirigidas por burocracias oficialistas del PT en no asustar al electorado de clase media que se volcaría al bolsonarismo y la ultraderecha. Llaman a que la izquierda se sume a un frente antifascista que converja en el sufragio del 4 de octubre a favor del “demócrata” Lula. Con esa perspectiva se organizó un Foro Antifascista en Porto Alegre, a principios de año, que pretendía unir a la izquierda y a los sectores combativos de los movimientos de lucha en el apoyo electoral a Lula (allí estuvo Revolución Socialista/LIS). Un frente antifascista pasa por la movilización protagónica de las masas en la lucha por sus reivindicaciones inmediatas e históricas, y para esto deberán enfrentar al gobierno que defiende las reformas reaccionarias impuestas por la ultraderecha de Temer y Bolsonaro. Lula -obligado a dar pruebas ante las clases burguesas de su papel de contención de las luchas de masas- ha declarado claramente y sin rubor alguno: “No soy de izquierda”.

Si las masas trabajadoras se movilizan, arrastrarán también a los sectores de clase media, que verificarán que hay una dirección dispuesta a dar batalla y ganar. De lo contrario, es la derecha, con su prédica de mano dura y acción directa, la que confunde a la clase media (e incluso a sectores desorganizados y atrasados del movimiento obrero), que pueden ser arrastrados detrás de la ultraderecha. Hay que poner de pie a las organizaciones de masas de los trabajadores y los explotados, expulsando a las burocracias corruptas que defienden el orden burgués.

Sobre trece fórmulas presidenciales, cuatro se reclaman de izquierda revolucionaria. Causa Operaria (PCO), que ha devenido en una colateral outsider del lulismo, vive de la corrupción estatal. Entre las otras tres organizaciones que se reclaman de izquierda independiente y opositoras al lulismo frentepopulista (UP, PCB, PSTU), el PSTU aparece con mayor protagonismo en las luchas de clases y con planteamientos formales de independencia de clase. Hubo corrientes que plantearon la necesidad de constituir un “Frente Electoral de Izquierda Anticapitalista”; podía haber producido un mínimo reagrupamiento de sectores de las vanguardias en lucha, pero no se ha producido. Llamamos a votar al PSTU —con el que mantenemos divergencias importantes en materia política— para reagrupar un voto de rechazo a la ultraderecha y al frente popular de conciliación de clases en el gobierno. Influye en esto que varias corrientes y partidos de izquierda, algunos que rompieron hace un tiempo con el PSOL (como la CST/UIT o Socialismo o Barbarie), llevaran candidaturas “democráticas” en las listas del PSTU.

Es esencial dar una batalla política contra el voto a Bolsonaro y Lula en favor de un reagrupamiento de izquierda clasista, y concentrar gran parte de la campaña en el llamado a imponer la derogación de la ley laboral del 6×1 y por la recuperación del salario y las conquistas perdidas, a través de un plan de lucha y la huelga general.

Varias corrientes provenientes del PSOL han abandonado ese frente oportunista y se han sumado a la campaña por el voto al PSTU (o alguno de los otros partidos). En el caso de Revolución Socialista/LIS, finalmente hace pocos días llamó a no votar a Lula solo en la primera vuelta, anunciando desde ya que, al margen de cómo se plantee la situación política nacional, votarán por Lula y el Frente Amplio en el balotaje. No hay en la concepción de Revolución Socialista/LIS una ruptura con las posiciones oportunistas y electoralistas, sino solo una maniobra para pasar el mal trago del callejón sin salida en el que han entrado y mantenerse dentro del PSOL.

Una posición particular es la que está desarrollando el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT, ligado al PTS argentino, integrante de la Corriente Revolución Permanente-Cuarta Internacional): en mitad de la campaña electoral no se han pronunciado aún por quién votarán. Vienen desarrollando una gira de Myriam Bregman presentando su libro Contra la moderación. Han sacado una carta pública dirigida a un sector del PT (y el PSOL) que plantea constituir una Bancada Combativa en el próximo Parlamento, pretendiendo abrir un debate común. El silencio no es una política clasista: el MRT debiera llamar también, ahora, por el voto a las listas del PSTU.

Intervenir en la campaña electoral en Brasil es importante para ir sentando bases de una alternativa obrera, socialista y revolucionaria.