El libro hace un recorrido por la historia del movimiento piquetero tomando en cuenta hitos históricos, datos y testimonios de algunos de sus protagonistas. El autor, para abordar el estudio de casi 30 años de historia de un movimiento lleno de luchas reivindicativas y políticas a lo largo y ancho del país -que atravesó la vida política nacional-, realiza un recorte que le permite abordar un aspecto importante a analizar, pero pierde otro que entiendo es más rico por su dinámica.

El recorte que desarrolla Longa se limita a analizar el proceso que vivieron las organizaciones oficialistas, dejando de lado y por momentos solo mencionando que también existían organizaciones independientes del Estado u organizaciones que a ratos quedaban sumidas bajo la dirección política de las oficialistas y en otros no. De este modo, se pierde el debate entre las distintas organizaciones y sus corrientes políticas.

Centra gran parte de su análisis en lo que llama la «estrategia tripartita de poder»: movilización callejera, obtención de recursos para mantener proyectos barriales y la no ruptura con el sistema político para alcanzar espacios institucionales (cargos en el Estado). Este estudio analiza y da mucha relevancia a los acuerdos de las organizaciones oficialistas ligadas al PJ con los diferentes gobiernos y a sus apoyos político-electorales, así como a las negociaciones palaciegas en las oficinas parlamentarias para la aprobación de leyes como la de Barrios Populares y la de Emergencia Alimentaria, a las cuales coloca como hitos del movimiento, junto con los cargos estatales alcanzados por dichas organizaciones.

En este recorte que desarrolla Longa, y dentro de los hitos del movimiento piquetero, se dejan de lado las marchas federales desarrolladas por la Unidad Piquetera y los plenarios que votaron estas acciones de lucha, lo cual implica omitir acciones no menores del movimiento en el último tiempo.

Claramente, en esta crítica no podemos abordar la totalidad del debate, pero sí es importante tomar en cuenta aspectos que dejan planteadas las diferencias políticas y de método dentro del movimiento piquetero, centrándonos en el punto fundamental: el enfoque limitado con el que Longa aborda la cooptación estatal y la construcción de organizaciones desde el Estado para encauzar institucionalmente a un movimiento combativo y rebelde que enfrentó las políticas antiobreras durante los últimos 30 años.

El movimiento piquetero es parte del movimiento obrero y nace de su seno. La situación de desocupación es una condición a la que el trabajador es llevado por el capital en su etapa de descomposición. Lejos de someterse a ser lo que pretende el capital -es decir, un ejército industrial de reserva utilizado para bajar salarios, flexibilizar el trabajo y debilitar el poder de negociación por el miedo a quedar desocupado-, el movimiento piquetero, tomando la experiencia de las fábricas, organizó la lucha por sus reivindicaciones. Como no podía parar la producción por medio de la huelga interna, detuvo, con sus piquetes, la movilidad del transporte y de los insumos que la garantizaban; para graficarlo, el movimiento piquetero fue a las rutas y a las puertas de las fábricas a luchar codo a codo con los trabajadores ocupados en defensa de sus puestos de trabajo, salarios y condiciones laborales. Ejemplos de esto se vieron en Fate como en tantas otras luchas del país (Metrovías, Fargo, etc.).

Este es un punto nodal de debate incluso dentro de la izquierda trotskista, donde algunos sectores (como el PTS) han llegado a interpretar que el movimiento piquetero se asemeja o directamente constituye un «lumpenproletariado», incapaz de convertirse en sujeto revolucionario. ¿Acaso el PTS y quienes tildan de esta manera al movimiento piquetero se imaginan una revolución social (o incluso un Partido “de la nueva clase trabajadora”) sin estas fuerzas obreras que organizan los barrios populares para enfrentar la descomposición capitalista?

Desde sus comienzos, el movimiento piquetero tuvo sus hitos en Cutral Có (Neuquén, Km 0), con sus réplicas en General Mosconi (Salta), para luego trasladarse a las principales ciudades del país. Allí, las organizaciones y las tendencias políticas intervinieron de manera más directa: ya no se trataba de militantes aislados colaborando en los piquetes, sino del desarrollo de una política deliberada para intervenir en el movimiento.

El autor hace un recuento de los planteos de las organizaciones oficialistas, sus acuerdos y diferencias respecto a las políticas estatales, dejando de lado los planteos de las organizaciones independientes de lucha. Al omitir las posiciones de organizaciones trotskistas y de corrientes autonomistas que se oponían a esta orientación, se pierde la riqueza del debate y de las acciones desarrolladas por quienes enfrentaron la cooptación gubernamental. Longa también realiza un seguimiento de los planteos de las organizaciones en el plano electoral.

La cooptación y la creación de organizaciones desde el Estado

El autor titula el Capítulo 2 como: «LA ETAPA KIRCHNERISTA: ‘la institucionalización en movimiento’ de las organizaciones sociales».

Para analizar este proceso es fundamental tener en cuenta que durante los años de lucha del movimiento piquetero este fue enfrentado por la burguesía que intentó la derrota del movimiento por medio de la represión, persecución judicial y asesinatos como Teresa Rodríguez (1997, Cutral Co-Plaza Huincul), Mauro Ojeda y Francisco Escobar (puente Chaco-Corrientes, 1999), Aníbal Verón (Tartagal, 2000) y Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en 2002 en la estación Avellaneda, en el puente Pueyrredón. Esta masacre de Avellaneda es un punto de inflexión en la historia del movimiento piquetero, porque es una represión desarrollada por el gobierno peronista de Eduardo Duhalde, que ordenó una represión conjunta de las fuerzas represivas del Estado: Policía Bonaerense y Federal, Prefectura y Gendarmería. El objetivo de esta represión fue la eliminación física del movimiento, con el asesinato para generar temor y desarmar el movimiento. Pero, por el contrario, el sector combativo donde estaban las corrientes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y de la fracción trotskista del Polo Obrero convocó a movilizar a Plaza de Mayo y en todo el país. Unos días después, ante el impacto político de la respuesta piquetera y de un sector muy importante de la población trabajadora, Duhalde tuvo que retroceder y anunció el adelantamiento electoral.

La burguesía sacó la conclusión de que en esta etapa no podía terminar con el movimiento piquetero por medio de la represión y se dio una política de cooptación. Es fundamental comprender este cambio en la política de la burguesía para entender el alcance de la cooptación y de la potencialidad del movimiento, como así también la importancia de la política de las organizaciones de lucha que enfrentaron esta cooptación.

El movimiento piquetero experimentó profundas transformaciones durante los doce años de gobiernos kirchneristas (2003-2015). El kirchnerismo integró dirigentes piqueteros a su gabinete y el Estado comenzó a intervenir de manera activa en áreas sociales sensibles que hasta el momento eran potestad casi exclusiva de las organizaciones. Durante esta etapa, el movimiento piquetero sufrió rupturas y perdió capacidad de movilización.

Longa cita una frase de Pérsico que deja ver el problema de la cooptación. Algunas de las organizaciones más emblemáticas de los años noventa dejaron de existir: «Menos la nuestra, todas las organizaciones sociales salieron debilitadas del kirchnerismo», sostuvo Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, «y eso fue un problema», completó (entrevista con el autor, 2 de julio de 2018).

Sin embargo, el problema para el movimiento es muy diferente al que plantea Pérsico, quien en el acto de lanzamiento del Movimiento Evita (ME) afirmó: «El Movimiento Evita es indivisible, compañero presidente, de las políticas de Estado. Este movimiento no tiene destino si a usted le va mal […] porque nuestra estrategia es la estrategia central del gobierno» (Revista Evita, 2006). Pérsico se preocupa por el descontento de las organizaciones ante la falta de espacios de decisión dentro del Estado, una postura muy alejada de las necesidades reales de los trabajadores desocupados y de los barrios obreros empobrecidos.

Por el contrario, la dirección del Polo Obrero planteó el problema de fondo, que es lo que verdaderamente importa para los trabajadores desocupados y el movimiento piquetero. Es por esto que entendemos que el kirchnerismo cooptó y domesticó la rebeldía del movimiento: «Cuando se produce el G20 en la Argentina, Cristina Kirchner hace una declaración -para mí la más importante del kirchnerismo- y se lo decía a la burguesía mundial: ‘Nosotros convertimos el movimiento piquetero en organizaciones sociales’. ¡Extraordinario! La mejor declaración política que le escuché a Cristina […]. Un movimiento indómito, que luchaba, que cortaba la ruta, que les prendía fuego las gobernaciones. ‘Nosotros armamos las organizaciones sociales’ significa que los institucionalizamos y que no van hacia un proceso de radicalización revolucionaria […]. ‘Los metemos dentro de la contención’, ¿y cuál es la voz de orden de la burguesía en el período kirchnerista? Contención, no represión.» Eduardo Belliboni (entrevista con el autor, 2 de octubre de 2023).

Domesticar a un movimiento de lucha y ponerlo bajo la órbita del Estado y de los ministerios fue y es uno de los objetivos principales de la burguesía nacional. Si los desocupados, en vez de cortar rutas y accesos para reclamar trabajo genuino y mejores condiciones de vida en los barrios obreros, están cooptados y lejos de las calles, el Estado y la patronal obtienen mejores condiciones para avanzar en contra de los trabajadores ocupados y desocupados.

Para una organización que no surgió del corte de ruta, sino que fue creada con el objetivo principal de ser un punto de apoyo para las políticas K, la discusión pasa por cuánto logra desarrollarse dentro de la estructura estatal. Por el contrario, para las organizaciones piqueteras independientes, el punto central radica en cuánto se desarrolla el movimiento de lucha y cuánto logra avanzar contra las políticas del Estado burgués.

La cooptación no trajo una mejora estructural para las condiciones de vida del conjunto de los desocupados, quienes conquistaron sus mayores avances gracias a la movilización y al piquete. Las mejoras a las que aluden responden a un marco general: la suba en los precios de los commodities, que produjo una recuperación económica y redujo temporalmente la pobreza y el desempleo, aunque con la característica de que el empleo generado fue mayoritariamente precarizado.

Debate sobre la economía popular

En este punto es fundamental abordar el debate sobre la «economía popular», entendida como una continuidad de la política de contención y de la lógica de autoexplotación y precarización laboral dentro del sistema capitalista. Para el Polo Obrero, la «economía popular» es solo un eufemismo para encubrir la precarización: «Nosotros consideramos que el concepto de economía popular es absolutamente equivocado. Porque no hay economía popular, hay una economía capitalista. No sé qué quiere decir economía popular. Yo me manejo sobre los términos elementales de los principios de la economía, ¿cómo es la economía en este país? Capitalista, está bajo las reglas del capitalismo.» Eduardo Belliboni (entrevista con el autor, 2 de octubre de 2020).

Por su parte, los máximos referentes de este planteo, Emilio Pérsico y Juan Grabois (Movimiento Evita y Movimiento de Trabajadores Excluidos-MTE), en contra de la idealización que advertían en los textos académicos sobre la «economía social y solidaria», escribieron documentos donde señalaban que en las cooperativas también se reproducían lógicas individualistas y de competencia: «En general, en el sector popular somos muy competitivos y egoístas, nos explotamos unos a otros; así, podríamos decir que más que popular es un capitalismo residual o ‘pericapitalismo’.» Pérsico y Grabois (2014, p. 26).

Sostenían que la diferencia no residía en la tensión entre solidaridad e individualismo, sino en que «los medios de producción, los medios de trabajo, están en manos de los sectores populares». En otro trabajo, Grabois define a la economía popular como «el sistema de trabajo de los excluidos del mercado laboral» y agrega que «es fundamental no romantizar la economía popular sino comprenderla como un sistema subsidiario, subsumido en una lógica perversa e inhumana y que tiene al noventa por ciento de su masa trabajadora no organizada y carente de cualquier derecho» (citado en Mazzeo y Stratta, 2021, p. 87). Sobre la organización interna del trabajo, Pérsico llega a afirmar: «Lo que hacen nuestros compañeros […] son otras reglas de juego, es la selva, vivimos en el medio de esa selva» (Longa, p. 107).

Estos planteos dejan en claro que el concepto de «economía popular» es una formulación forzada para encuadrar la contención dentro de la lógica capitalista. Lejos de constituir una fuerza que busque transformar las relaciones de producción, son expresiones que apuntan a la contención dentro del sistema y sus representaciones políticas.

La cooptación bajo el gobierno de Néstor Kirchner

El 5 de junio de 2003, a pocos días de asumir la presidencia, Néstor Kirchner se reunió con la CCC, el FTV y la CTA para ofrecerles cargos en el Estado a cambio de apoyo político; también lo hizo con otras organizaciones piqueteras. Pero otras quedaron marginadas y otras tuvieron un debate interno y rechazaron la propuesta: el Bloque Piquetero Nacional resolvió no ir a reunirse con Néstor Kirchner ante su planteo de excluir de dicha convocatoria a la dirección del Polo Obrero. Néstor K., que venía a reconstruir la burguesía nacional, tenía claro que debía aislar a la fracción trotskista revolucionaria del resto del movimiento para poder disciplinarlo. Esta cooptación dividió aguas en el movimiento entre sectores oficialistas y opositores.

En 2009 se lanzó el programa Argentina Trabaja para 100.000 trabajadores desocupados, con una contraprestación de 4 horas diarias, 5 días a la semana. Las organizaciones recibían además fondos para la compra de insumos y herramientas. El programa quedó bajo la órbita de Pérsico. De esta forma, las organizaciones oficialistas podían ingresar cooperativas y padrones de beneficiarios, mientras que el acceso quedaba vedado para las no oficialistas.

Sin embargo, las organizaciones que no fueron cooptadas demostraron en ese período que el movimiento piquetero mantenía su capacidad de movilización y sus métodos de lucha. La cooptación no había logrado contener al movimiento, que retomó las calles con cortes, piquetes y acampes.

En este período comenzaron los ataques al movimiento por parte del kirchnerismo, los cuales se profundizaron con los años y los sucesivos gobiernos. Cristina Fernández de Kirchner (CFK) planteó en un acto frente a cooperativistas del PAT (Plan Argentina Trabaja): «Cada uno de estos trabajadores va a ser un monotributista que tendrá tarjeta y nadie le entregará el dinero, sino que él personalmente irá a cobrarlo a una entidad crediticia, de modo tal de evitar rehenes de cualquier naturaleza.»

A partir de allí, CFK recurrió reiteradamente a críticas contra los denominados de forma despectiva «intermediarios» (Longa, p. 94). Este discurso continuó hasta el final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sirviendo como antesala del planteo de los sectores libertarios y su caracterización de «gerentes de la pobreza», donde las organizaciones son acusadas de intermediarias mientras ellos administran la riqueza.

La «paz social» durante el gobierno de Macri

La negociación del PJ y el kirchnerismo no fue una postura aislada de las organizaciones sociales ex oficialistas: la CGT mantuvo durante todo el período macrista una actitud «dialoguista», promoviendo la contención bajo la premisa de «esperar a 2019» (al cambio electoral) para evitar que los trabajadores ocupados y desocupados salieran a luchar masivamente.

Las críticas a las organizaciones que pactaron surgieron desde diversos frentes: la derecha, antiguos aliados y la izquierda. En una nota publicada en Página/12, Horacio Verbitsky mostró la cláusula final del acta de acuerdo por la aprobación de la Ley de Emergencia Social (LES): «Habiendo alcanzado un acuerdo de este modo las organizaciones presentes con la finalidad de colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza.»

Frente a las acusaciones, dirigentes oficialistas defendían los acuerdos equiparándolos a las negociaciones provinciales: si Alicia Kirchner negociaba recursos con Macri era calificado de pragmático, pero si el Movimiento Evita generaba recursos para los barrios a través de decretos, se los acusaba de traidores. Por su parte, funcionarios de Cambiemos también criticaban a su propio gobierno por ser demasiado concesivo con las organizaciones cooptadas.

Consultado al respecto, Eduardo Belliboni encuadró la aprobación de la LES dentro de un pacto estructurante de los años macristas: «Ahí hubo un pacto muy importante. Y esto les duele mucho a todos, pero lo único revolucionario es la realidad. Un acta con Carolina Stanley firmada por tres años de tregua. ¡Está firmado! Con la CCC, con la CTEP. Acuerdo que además era más o menos público, aunque después lo negaban todos… Nosotros no entramos en la cooptación del macrismo, en eso de que hay que sacar a la gente de la calle y entonces pactar. No estábamos de acuerdo con eso.» (Entrevista con el autor, 2 de octubre de 2024; Longa, pp. 141-142).

Al respecto, Longa señala: “A pesar de las críticas, la estrategia de las organizaciones de la economía popular iba dando sus frutos. A las conquistas legislativas se sumaba el crecimiento de los planes sociales que el gobierno otorgaba. De hecho, cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia en 2015, el Ministerio de Desarrollo Social adjudicaba no más de 300 000 planes sociales, número que ascendió a cerca de 600 000 durante el macrismo.” (Longa, p. 142).

El autor interpreta la institucionalización del movimiento piquetero como un proceso evolutivo orientado a la obtención de conquistas legislativas y al aumento de planes sociales. Desde nuestra perspectiva, no consideramos esto una salida real para la clase trabajadora desocupada; por el contrario, entendemos que la cooptación fue perjudicial para el desarrollo del movimiento.

El punto de quiebre del gobierno de Cambiemos ocurrió tras las elecciones de medio término, cuando intentó impulsar la reforma jubilatoria a fines de 2017. Esta medida fue enfrentada en las calles por la confluencia de organizaciones sociales, sindicales y piqueteras. Durante las jornadas de diciembre, el Gobierno logró aprobar la ley en medio de una fuerte represión y resistencia popular. Estas acciones de lucha frenaron el intento del macrismo de avanzar hacia una reforma laboral profunda.

Posteriormente, las organizaciones de la «economía popular» se integraron a la campaña del Frente de Todos, aportando candidatos a las listas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Por otro lado, la mayoría de las organizaciones piqueteras independientes apoyaron las listas del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), sosteniendo un programa propio de la clase trabajadora.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

En el Congreso Nacional del Polo Obrero celebrado a fines de noviembre de 2019 en Punta Lara (previo a la asunción presidencial), se caracterizó a la administración entrante como un gobierno de contención socioeconómica subordinado al pago de la deuda externa y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Polo Obrero planteó que el nuevo gobierno aplicaría un plan condicionado por acreedores internacionales y que la renegociación de la deuda se daría a costa del ajuste sobre los salarios, jubilaciones y condiciones de vida populares. Asimismo, rechazó el «Pacto Social» impulsado por el Ejecutivo junto a las cúpulas de la CGT, la CTA y cámaras empresarias, caracterizándolo como un mecanismo para congelar paritarias y disciplinar la protesta.

Se cuestionó también la integración de dirigentes del Triunvirato San Cayetano (CTEP, Barrios de Pie, CCC) en el Ministerio de Desarrollo Social y la creación de la Mesa Argentina Contra el Hambre, entendiéndolas como maniobras para cooptar y transformar al movimiento piquetero en un apéndice del Estado. Frente a esto, el Polo Obrero reafirmó su independencia de clase y sostuvo que las demandas de trabajo genuino, aumento de montos y provisión de alimentos solo se conquistarían mediante la movilización.

Esta caracterización permitió al Polo Obrero y al Frente de Lucha Piquetero organizar la respuesta durante la pandemia por alimentos y asistencia, desarrollando asambleas nacionales con delegados de todo el país. Esto derivó en hitos como las Marchas Federales Piqueteras (destacando la de mayo de 2022, que movilizó a más de 300.000 personas en tres columnas federales y culminó con un acto de 150.000 personas en Plaza de Mayo). Mientras tanto, las organizaciones oficialistas integradas al gobierno no generaron alternativas de lucha.

Durante este período, la presión estatal se endureció: en julio de 2021, el ministro Zabaleta impulsó auditorías sobre las organizaciones para dar de baja programas sociales, política que profundizó Victoria Tolosa Paz desde octubre de 2022. Tras un cruce de datos con la AFIP, se dieron de baja miles de planes Potenciar Trabajo y en febrero de 2023 se anunció la baja de otros 100.000, desencadenando acciones conjuntas entre la UTEP y la Unidad Piquetera. La ministra acusó a las organizaciones de «hacer política con la pobreza» y cuestionó la presencia de familias en las movilizaciones.

Estos ataques tuvieron continuidad y profundización bajo el gobierno de Javier Milei, mediante persecución judicial y represión. Sin embargo, en marzo de 2024, el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetera, la UTEP y un amplio abanico de organizaciones desarrollaron una jornada nacional con más de 500 cortes y movilizaciones en todo el país, ratificando la vigencia del movimiento.

Conclusión

Longa concibe como los mayores logros del movimiento a las leyes promulgadas tras su proceso de institucionalización. Discrepamos con esa lectura: la cooptación atentó contra los intereses generales del movimiento, y las leyes resultantes de «acuerdos de paz social» fueron concesiones orientadas a frenar la movilización y el desarrollo de la conciencia de clase.

Sin embargo, coincidimos con el título de sus conclusiones: estamos ante un final abierto. A pesar de la represión y la judicialización, el gobierno de Milei no ha logrado erradicar al movimiento piquetero que, aun golpeado, continúa organizándose en los barrios y las calles.

Las condiciones objetivas para el resurgimiento de un movimiento piquetero combativo están dadas por el crecimiento de la pobreza, la indigencia y el desempleo bajo el gobierno de Milei. Está más vigente que nunca la necesidad de un movimiento piquetero independiente que, junto al conjunto de la clase trabajadora -tal como se estructura en el Plenario de Sindicatos y Organizaciones Combativas, que desarrolló importantes movilizaciones durante lo que va del gobierno de Milei-, se organice de manera autónoma para enfrentar los planes de ajuste mediante la huelga general y la movilización popular, en el camino hacia una salida política propia y un gobierno de los trabajadores.