Desde hace unos años se han escrito textos y organizado conferencias y eventos sobre Vaca Muerta que pueden ocupar bibliotecas enteras. Los artículos en los medios masivos y especializados son cotidianos. Es decir, hay un interés marcado sobre el tema, en especial por la promoción mediática de los oficialismos. Los gobiernos y empresas en función de sus propios intereses, pero también sectores obreros y populares que buscan un empleo o una salida progresiva a un proceso de empobrecimiento. Y si bien se ha popularizado el nombre de Vaca Muerta, hay que aclarar que ésta es solo una de las formaciones geológicas de la roca madre sobre la que se practica el fracking. Hay otras formaciones denominadas Agrio, Mulichinco, Lotena; Las Lajas, Los Molles, etc.  (Figura 1), algunas más superficiales y otras más profundas respecto a la formación Vaca Muerta. Pero se engloba todo en éste último término en función que se impuso popularmente.

En el presente texto, uno más, se indaga en los antecedentes de la explotación hidrocarburífera en Neuquén. Y se pretende explicar las alianzas estratégicas que constituyen la base de aquellas conferencias y eventos donde los recursos del subsuelo neuquino se ofertan a las inversiones del gran capital y el imperialismo, en especial de EEUU.

El texto también versa sobre las bases reales de la alianza política de los sucesivos gobiernos provinciales con los gobiernos nacionales y actualmente el abierto alineamiento con Milei del gobernador Rolando Figueroa de “La Neuquinidad” sobre el tema.

Aclaramos para quien ha visto un mapa de Vaca Muerta, que habrá apreciado que muchas áreas tienen junto a su nombre el anexo de “norte”, “sur”, “oeste”, etc., o una numeración romana, que eso se debe a un proceso de división de las áreas originales.

Se trata de un mecanismo para facilitar el negocio, dado que las originales áreas ocupan extensiones del orden de los varios centenares de kilómetros, y en la medida que se desarrollaron los conocimientos sobre la roca madre para el fracking, se implementó un proceso masivo de subdivisiones de esas áreas para adjudicar superficies donde las empresas estiman que se concentra la posibilidad de extracción, reduciendo los riesgos y las inversiones exploratorias.

Algunos datos geográficos

La superficie de la provincia de Neuquén es de 94.078 kilómetros cuadrados. A lo largo de todo su límite oeste, con Chile, corre la cordillera de los Andes que desde su zona media al sur está ocupada por los bosques andinos y los grandes lagos. Hacia el este, nace una zona de estepa patagónica que abarca aproximadamente la mitad de su superficie.

Aunque la explotación hidrocarburífera se ubica principalmente en la zona esteparia, en realidad un 87% de la superficie total provincial está loteada en áreas hidrocarburíferas. De lo que resulta que la provincia de Neuquén es, efectiva o potencialmente, un gran yacimiento.

La explotación Convencional estuvo concentrada en la zona mesetaria, principalmente alrededor de la comarca Cutral Có-Plaza Huincul y de la ciudad de Rincón de los Sauces en el límite norte con Mendoza, a orillas del Río Colorado. Una parte de esa superficie de explotación Convencional (un 12%) ahora está explotada a través del método de fracking. Concentrada en una zona vecina a los lagos Mari Menuco y Los Barreales, donde el pequeño poblado de Añelo pasó a ser la “capital de Vaca Muerta”.

Las formaciones de roca generadora de hidrocarburos No Convencionales, una de ellas Vaca Muerta, ocupa todo el subsuelo provincial a distintas profundidades (a excepción de la zona sur lacustre donde se ubican los departamentos cuyas ciudades de referencia son Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura), y también se extiende en menor medida a las vecinas provincias de Río Negro, La Pampa y Mendoza (ver figura 2).

Desde hace décadas YPF S.A. ocupa un lugar hegemónico en la producción hidrocarburífera de Neuquén y en especial en la explotación No Convencional, por lo que la relación de los gobiernos provinciales con esa empresa, ha sido y es la base material de los grandes acuerdos con las políticas nacionales.

Radiografía de Vaca Muerta

Según datos oficiales existen 56 proyectos para la explotación de hidrocarburos con el método No Convencional (tanto de petróleo como de gas) que ocupan alrededor del 40% de la superficie total de Vaca Muerta.

Pero la explotación desde inicios del siglo pasado (1916), según datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Provincia de Neuquén, lleva perforados 16.906 pozos, lo cual implica aproximadamente que en casi 17.000 hectáreas se destruyeron la flora silvestre y se afectó el entorno ambiental.

Y según fuentes de la Secretaría de Energía de Nación al 30 de abril de 2026, se han perforado 2.718 pozos petroleros y 820 pozos en producción de tigth gas bajo el método No Convencional.

Esas cantidades de pozos están superconcentrada en seis o siete áreas (Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur, Bajada del Palo Oeste, La Angostura Sur en petróleo, y en gas Fortín de Piedra, Aguada Pichana Este,  La Calera, Aguada Pichana Oeste) que son la expresión de la concentración capitalista del negocio de un puñado de empresas (YPF S.A., Vista, Chevrón, Pampa, Pluspetrol en petróleo e YPF S.A., Tecpetrol, Total, PAE, Pluspetrol, Pampa en gas).

Hoy apenas cuatro áreas No Convencionales producen el 60% del petróleo de ese origen. Y también cuatro áreas explican el 60% de la producción de gas No Convencional, que en ambos casos superan el 90% del total que se extrae en Neuquén.

El nivel de concentración es muy importante y es YPF S.A. quien lidera ese proceso desde antes del fracking, y se ha acentuado ahora.

Es una connivencia que sostiene, también, en cierta forma a la propia empresa nacional, ya que según su CEO, Horacio Marín, los resultados financieros de la empresa se deben en buena medida al incremento de barriles en La Angostura Sur I y II, dos áreas que recientemente se le concesionó por 35 años sobre las márgenes y el lecho del Lago Mari Menuco para explotación con fracking. Estas dos áreas surgen, a pedido de YPF S.A, de un fraccionamiento del área original Loma La Lata, según Acta Acuerdo del 21/2/2025 entre la petrolera y la Provincia, representada por el Ministro de Energía, todo avalado por el Decreto 0276/25.

La anunciada depredación ambiental por la ubicación de las áreas en proximidad y en el propio lecho del lago, ha sido denunciada por comunidades mapuches asentadas en la zona y por organizaciones ambientales.

El decreto de concesión, como expresión fiel de esa connivencia, es una adaptación a las decisiones del directorio de YPF S.A., el cual conocedor que esas áreas solicitadas abarcan territorios con presencia de comunidades y una zona sensible de costas y lecho del Lago Mari Menuco, dejó sentado en el acuerdo un blindaje estatal a la petrolera, que la ponen a resguardo de toda acción de defensa del territorio de las comunidades y la crítica de las organizaciones ambientalistas. Todo a cambio de unas chirolas que YPF S.A. entregará a la provincia.

Por el punto 2.1 del Acta (Acuerdo “Goce Pacífico”) el Estado se obliga a “realizar sus mayores esfuerzos y tomar las medidas necesarias con el fin de procurarle al concesionario la utilización y el goce” de ambas áreas concesionadas. Y que “ante cualquier evento que se encuentre más allá del control razonable del concesionario que le impida llevar a cabo sus operaciones en forma regular ….la Provincia deberá evaluar formas mitigantes y/o facilitadoras” para que el concesionario cumpla con sus tareas.

Esto no quedó en el papel, ya que la Provincia cumplió al pie de la letra esa garantía, enviando sus fuerzas represivas ante las medidas de defensa del territorio realizado por la comunidad mapuche afectada, y que tuvo su pico en octubre y noviembre del año pasado, con la represión policial.

Se puede decir que YPF S.A. al poner toda la carne al asador en esas áreas y perforar sin trabas, éstas pasaron en unos meses de una producción de pocos barriles diarios a 55.000 barriles por día en abril pasado. El hecho que entre el 26 y el 31 de mayo se hayan producido 9 sismos de magnitud entre 2 y 3 grados en la zona, no constituye una sorpresa, ya que estas áreas apuntan a convertirse en la Loma Campana, pero del lado sur de los lagos Mari Menuco y Los Barreales. Sendos grandes lagos artificiales que sufrirán el impacto de la contaminación, ya que YPF S.A. cuenta con la protección legal y represiva del estado neuquino a través de sus tres poderes.

Sobre estas ventajas políticas y legales hacia YPF S.A. se volverá más adelante.

Neuquén crea su empresa petrolera: nace Hidenesa S.A.

El gobierno de Alfonsín en busca de promover inversiones en hidrocarburos, lanzó los llamados planes Houston I y II, éste último en 1987, aplicando el sistema de concesiones establecido por la ley “madre” hidrocarburífera Nº 17319. El poder concedente era el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Energía.

La provincia de Neuquén sin embargo apenas terminada la ronda Houston II siguió otro camino, adelantándose al que luego trazó el menemismo. Neuquén como parte de la tendencia privatizadora de fines de los 80, creó su primera sociedad anónima estatal hidrocarburífera. En el año 1988 por el Decreto Nº2828 del gobernador Pedro Salvatori se autorizó a crear a Hidenesa (Hidrocarburos del Neuquén S.A.) y un poco después por el Decreto 3698/88 se aprobó su Estatuto.

Esa empresa con mayoría estatal tenía como objeto “la ejecución de la política de hidrocarburos Provincial, para lo cual podrá realizar estudios, exploración y explotación de hidrocarburos liquidas y/o gaseosos, como asimismo la industrialización, transporte y comercialización de los productos y sus derivados directos e indirectos, a cuyo efecto también podrá elaborarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial”, para lo cual podía “contraer obligaciones y celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos en el país o en el extranjero con personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras” toda clase “de negocios financieros o comerciales sin limitación”.

Con objetivos tan amplios, como sociedad anónima con mayoría estatal, Hidenesa apuntaba a ser “la petrolera” de la provincia. En ese sentido el Estado neuquino le cedió muchas áreas en las cuales la empresa fue suscribiendo contratos con petroleras privadas. La creación de esta sociedad anónima y la reserva de áreas a su favor para que realice contratos con las privadas, se basaban en un decreto-ley nacional de sociedades anónimas del gobierno militar (1972) y la ley provincial Nº 790 del año 1973, cuando la actividad hidrocarburífera en la provincia no estaba en el centro de la escena. Basta leer el discurso de apertura de sesiones legislativas de Felipe Sapag del año 1974.

Aún los yacimientos eran del dominio del Estado nacional.

Pero a partir de la sanción de la ley Nº 24145 y la reforma constitucional de 1994 que traspasó ese dominio sobre los recursos naturales a las provincias, las empresas privadas exigían “seguridad jurídica”, es decir, algún mecanismo de orden provincial que le permitiera acceder a las áreas con un sostén legal más sólido, ya que el poder de concesión había pasado a manos provinciales.

Además la privatización y transformación de YPF en una sociedad anónima por parte de Carlos Menem a inicios de los años 90, desencadenó en que  la española Repsol S.A. adquiriera casi la totalidad del paquete accionario de YPF S.A., quedándose con las áreas que tenía. Entre ellas las ubicadas en Neuquén, con el área estrella Loma La Lata que producía unos 36 millones de metros cúbicos de gas por día. Para tener una idea de la magnitud de esa producción, hoy en día en el país las áreas gasíferas de mayor volumen, no superan los 20 millones de metros cúbicos por día.

Para Repsol era importante asegurar una capitalización de semejante reservorio, por lo que en el año 2000, apenas asumido el gobernador Jorge Sobisch (mandato 1999-2003) firmó con él un acuerdo con 17 años de anticipación, prorrogando la concesión por 10 años (del 2017 al 2027) de Loma La Lata. Sobisch al anunciarlo auguraba un futuro de grandes inversiones, no solo de Repsol sino de otras petroleras.

Pero seguía faltando la “seguridad jurídica” que reclamaban las empresas para el conjunto de la actividad.

Así que con la reelección de Jorge Sobisch (del 2003-2007), ese reclamo empresario originó la sanción de la ley Nº 2453 para dar viso legal a todo lo que estaba sin mayor sustento.

La ley de Sobisch

Así en marzo del año 2004 la Legislatura sancionó la ley Nº 2453, denominada “Provincial de hidrocarburos”, aunque como lo reconoció el propio miembro informante por el MPN, la misma no se hizo en contraposición a las ley nacional (la Nº 17319), sino que “partiendo de la Ley 17.319, que posee ciento seis artículos, se le ha modificado su texto conceptual en unos pocos artículos y se han adicionados otros, la mayoría de carácter reglamentario. Esta singular redacción se ha realizado en forma ex profeso, a los efectos de que en ningún momento se interprete que desde el Gobierno de nuestra Provincia se están alterando las condiciones contractuales originales de los permisos y concesiones, para perjudicar al numeroso e importante empresariado que cree e invierte en Neuquén y que con su accionar complementa el crecimiento y desarrollo que se persigue desde el Gobierno provincial”.

Esta ley provincial recoge lo establecido en la  ley nacional Nº 24145 (de Federalización de Hidrocarburos) del año 1992 que en su artículo 1º establece: “Transfiérase el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las Provincias en cuyos territorios se encuentren”, y en el párrafo final del artículo 124º de la Constitución Nacional incorporado por la reforma del año 1994: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

La ley provincial habilita que “la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos y derivados estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas…” (art. 2º). Copia casi textual lo que establece el artículo 6º de la ley hidrocarburífera madre (la Nº 17319). Y también dice que las “concesiones de explotación serán otorgadas por el Poder Ejecutivo”.

Con esta redacción quedaban cubiertas (seguridad jurídica) las operaciones y contratos que hubiera realizado o realizara Hidenesa con las 100 áreas que la provincia le reservó para que ejecutara “la política hidrocarburífera provincial”.

Pero como Hidenesa ya había realizado contratos con algunas de las áreas que la provincia del Neuquén le había transferido, la ley de Sobisch “salva” esta situación cuando menciona a eventuales reservas de áreas a empresas estatales pero también a las áreas “que ya fueron reservadas a favor de ellas”.

La ley sobischista reitera el sesgo privatista al habilitar a las sociedades anónimas estatales hidrocarburíferas “para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de sociedades…” (art. 118º).

GyP S.A.: una nueva sociedad anónima hidrocarburífera neuquina

A inicios de este siglo cuando se comenzó a considerar la explotación No Convencional en Neuquén, al calor de lo que ocurría en EEUU, el gobernador de ese entonces, Jorge Sapag decidió crear otra petrolera con mayoría estatal, para lo cual emitió el Decreto Nº 0770/2008. Así nació Gas y Petróleo del Neuquén, S.A. para “fomentar la inversión hidrocarburífera” y la autoriza a que “por si, por intermedio de terceros o asociada a terceros” para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto va más allá que las facultades otorgadas a Hidenesa porque se deja explícita la tercerización de facultades del Estado a una sociedad anónima.

En ese sentido se apoyó en el artículo 121º inciso e) de la ley 2453 promovida por Sobisch, que facultó al Poder Ejecutivo para “asignar y modificar las áreas reservadas a las empresas estatales”. Es que la creación de GyP S.A. tenía el objetivo de recibir las áreas reservadas con poco sustento legal que estaban en poder de Hidenesa,

La excusa de ese traspaso fue “la conveniencia de la separación de la actividad empresaria estatal de las funciones propias del Estado como Autoridad de Concesión,  Autoridad de Aplicación y Autoridad de Contralor”. En pocas palabras “la actividad empresarial” del Estado, se terceriza a una sociedad anónima regida por la ley de sociedades comerciales.

Se preparaba la división de áreas y la entrega a la explotación por fracking en función que en el año 2006 se había sancionado la ley Nº 26154 que estableció un régimen promocional de exploración y explotación de hidrocarburos. Por esta ley del kirchnberismo, las áreas que recibirían los beneficios promocionales debían ser “asignadas por las provincias respectivas o la Nación, según corresponda, mediante la realización de concursos públicos, o mediante las herramientas habilitadas por la legislación de cada jurisdicción” (art. 3º).

La creación de GyP S.A. fue la herramienta que a la jurisdicción neuquina le faltaba. Y no es casualidad que se haya sancionado bajo el gobierno de Jorge Sapag, de excelente relaciones políticas con el kirchnerismo. Al punto que en el año 2011 la boleta del MPN fue pegada por primera y única vez a una boleta nacional: la del PJ con la candidatura presidencial de Cristina Fernández.

Este vínculo político explica porqué si la ley Nº 26154 decía que si bien “las empresas provinciales constituidas o a constituirse” debían asociarse con ENARSA, también abría la posibilidad de renunciar a dicha asociación de mutuo acuerdo. Por supuesto en el marco de la alianza política del gobernador Jorge Sapag con el gobierno nacional, la provincia de Neuquén tuvo el mutuo acuerdo, y así se montó con una ingeniería legal, la nueva sociedad anónima petrolera de la provincia.

GyP S.A. licitó y …aún licita

Ya con una herramienta legal de “seguridad jurídica” creada en Neuquén se instrumentó que las concesiones sobre parte de las 100 áreas bajo el dominio de GyP S.A. fueran licitadas por ésta sociedad anónima que asumió el papel de poder concedente en los hechos.

Alberto Saggese, ex presidente de GyP SA lo explicaba diciendo que la empresa a partir de su creación “empezó a suscribir contratos con empresas como ExxonMobil, Shell y Total” (Mejor Energía 23/5/2023), y en general se asocia con las concesionadas con un “carry”.

Por su parte el gobernador Rolando Figueroa en el Offshore Technology Conference en Houston en mayo del 2025 definió a GyP S.A. como la “titular de 14 concesiones no convencionales, operadas en conjunto con distintas petroleras, en las que participa con un 10 %”

El actual presidente de GyP S.A., Guillermo Savasta, lo explica de la siguiente manera: “Ponemos el subsuelo, el área, el título. Y después participamos activamente en los comités operativos donde se definen los planes de trabajo anuales, las contrataciones, las aprobaciones. No somos la autoridad de aplicación ni somos la empresa 100% privada. Somos empresa testigo” (VacaMuerta.ar 13/5/2026).

Puede apreciarse que, según quien habla, GyP S.A. es el Estado mismo o no.  La definición de su actual presidente expresa con claridad esa dualidad. Según él GyP S.A. pone el subsuelo (el recurso natural), el área (la superficie) y el título (el dominio) es decir, lo que sería de titularidad del Estado, pero lo tiene una sociedad anónima.

En Neuquén la que ejerce ese dominio (propiedad y por lo tanto autoridad de concesión) es una empresa constituida como sociedad anónima y regida por la legislación comercial (ley Nº 19550).

No se trata de alguna diferencia respecto a la orientación capitalista del negocio, sino que una empresa como GyP S.A. puede ampararse en el secreto comercial societario respecto al uso de un recurso natural, sustrayéndolo a cualquier elemental conocimiento público, al estilo de lo ocurrido con el pacto con Chevrón, para lo cual el Estado provincial se valió, precisamente, de YPF S.A. (otra sociedad anónima) para esa entrega vil.

Esta cadena normativa es un largo proceso que involucró a varios gobiernos emepenistas de distintas fracciones internas, pero no es cosa del pasado, hoy se continúa a través del neoemepenismo de “La Neuquinidad”,  siempre bajo la bandera común de defensa de los intereses del “numeroso e importante empresariado que cree e invierte en Neuquén” como dijo el miembro informante de la ley hidrocarburífera provincial hace más de 20 años atrás.

Esto se verifica en que a mediados del mes pasado (BO 4575 del 15/5/2026) GyP de Neuquén S.A acaba de lanzar una licitación nacional e internacional para la adjudicación de 15 nuevas áreas para la explotación No Convencional, la mayoría de ellas en el llamado hub norte (zona Rincón de los Sauces) y el resto en alrededores de la comarca Cutral Có-Plaza Huincul.

La Ronda 1/2026 de GyP S.A.

Esta ronda que ofrece las 15 áreas, se hace bajo un pliego que GyP S.A. denomina “Bases y Condiciones Selección de empresas interesadas en la exploración, desarrollo y eventual explotación de áreas hidrocarburíferas”. Es un documento emitido  por GyP S.A.

La convocatoria es precisa: “GyP convoca de forma abierta e indiscriminada a quienes estén interesados en presentar Ofertas para la exploración, desarrollo y eventual explotación de áreas hidrocarburíferas ubicadas en la Provincia del Neuquén y reservadas a favor de Gas y Petróleo del Neuquén S.A., a través de la asociación contractual con esta última de acuerdo con estas Bases y Condiciones”.

Según este pliego es la sociedad anónima la que aclarará “cuestiones vinculadas con la presente Convocatoria o a responder consultas formuladas por los Interesados”. Y será su directorio el que tomará la “consideración, evaluación y adopción de la correspondiente decisión” de adjudicar a las empresas oferentes.

En el Punto 2.1 se establece que “Todo lo que no esté expresamente previsto en estas Bases y Condiciones se regirá por el derecho privado argentino”. En realidad toda adjudicación de una concesión en este marco será un contrato entre dos sociedades anónimas que se rigen por la ley que regula a las sociedades comerciales, por lo tanto el derecho privado está implícito en todo el pliego, no solo para las situaciones no contempladas.

Además el pliego tiene una cláusula de confidencialidad sobre determinada información, reforzando que ante cualquier cuestionamiento público, las sociedades anónimas puedan ampararse en que se trata de una relación contractual entre privados.

El antecedente con Chevrón

Como vimos el uso de una sociedad anónima como puente para la entrega de los recursos naturales que formalmente son del dominio de los Estados, es la aplicación de un mecanismo que se venía adoptando en la provincia de Neuquén con Hidenesa primero y luego con GyP S.A..

En el caso del área Loma Campana y Chevrón la sociedad anónima puente fue YPF S.A. Y es un buen ejemplo, porque en este caso particular se verifican dos mecanismos para el saqueo. El mencionado uso de una sociedad anónima puente, y  aquel proceso de subdividir áreas para concentrar la explotación en la parte más productiva de superficies originales más grandes. La actual área Loma Campana surge porque se adiciona al área Loma Campana original una superficie probada que se quita del área Loma La Lata.

El puente se inicia el 24 de julio del año 2013 cuando se firmó un Acta Acuerdo entre YPF S.A. y el ministro de Energía de Neuquén que actuó en nombre del Estado provincial, que fue aprobado por el Decreto 1208/13 firmado por Jorge Sapag. En este Acta Acuerdo la Provincia recalca su papel de administradora de las concesiones según “la legislación hidrocarburífera vigente”. Pero en el artículo 10º de ese Acta se cuela la habilitación para el pacto con Chevrón y el uso como puente de YPF S.A. para la entrega del recurso.

Dice ese artículo 10º: “Los derechos y obligaciones establecidos en el presente Acta Acuerdo podrán ser cedidos por YPF y en consecuencia resultarán aplicables a cualquier cesionario (y sus sucesores)….”.

No se había secado la tinta de la firma del Acta Acuerdo, cuando YPF S.A. cedió parte de los derechos adquiridos por ella a Chevrón. Todo a través de un entramado siniestro de empresas y subsidiarias off-shore radicadas en paraísos fiscales.

Los pedidos, hasta en tribunales judiciales, para que se conozca el acuerdo entre YPF S.A. y Chevrón, chocó contra la protección del secreto comercial de las sociedades anónimas. Es decir, el  mecanismo utilizado como puente para la entrega abierta al imperialismo de los recursos naturales, que la provincia del Neuquén practica desde hace años, funciona de maravillas para el saqueo presente.

Conclusión

La muletilla de los sucesivos gobiernos acerca de “nuestros” recursos naturales y la exaltación de “La Neuquinidad” del actual gobernador, quedan reducidos, como no podía ocurrir de otro modo, a la entrega de esos recursos naturales a la renta capitalista y el sometimiento al imperialismo. La sociedad con el gobierno nacional actual y los anteriores, no son hechos coyunturales: es la alianza estratégica del gran capital y sus regímenes e instituciones estatales con ese saqueo. Expropiar nacionalizando todo el sector hidrocarburífero bajo control obrero es el único paso progresivo para poner esos recursos al servicio de la clase obrera y los sectores populares, para frenar el drenaje exportador de recursos estratégicos y divisas y para revertir el actual proceso de desindustrialización.

Mapa 1

Mapa 2

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