El Frente de Izquierda-Unidad representa una experiencia política inédita en América Latina e, incluso, a nivel mundial. Partidos que se reivindican como parte de la izquierda revolucionaria han constituido una alianza electoral que ya lleva 15 años de existencia y que propios y ajenos consideran exitosa. El FIT-U no solo cuenta con representación parlamentaria en el Congreso Nacional y en varias legislaturas provinciales, sino que los partidos que lo integramos tenemos, en mayor o menor medida, cierto peso o gravitación en la lucha de clases de nuestro país. Mientras en las recientes elecciones brasileñas los partidos que se reivindican revolucionarios no superaron el 0,04% de los votos, en la Argentina el Frente de Izquierda muestra un crecimiento en distintos sondeos y Myriam Bregman -quien fue la última candidata presidencial del FIT-U- aparece entre las figuras políticas con mayor imagen positiva. De hecho, algunas encuestas le asignan una intención de voto que ronda los dos dígitos.

Esta conquista política indudable, sin embargo, no significa de ningún modo que la evolución del FIT-U como frente o bloque político revolucionario esté asegurada, ni exenta de peligros. Por el contrario, el crecimiento de su intención de voto agudiza las presiones provenientes de clases y sectores sociales hostiles al socialismo y a la clase obrera. Más aún, cuando ese crecimiento no va acompañado de un ascenso de la lucha de clases y, en particular, de una mayor intervención política de los trabajadores. La llamada «opinión pública», que expresa en buena medida los intereses y prejuicios de las clases explotadoras, ejerce una presión permanente sobre la izquierda para que se transforme en una pata del régimen, al tiempo que este le ofrece los beneficios materiales derivados de su integración al aparato del Estado.

Situaciones como estas, francamente excepcionales para la izquierda que se reclama revolucionaria, ponen a prueba a los propios partidos que intervienen en esta experiencia. Por eso, el impulso de un Foro de discusión entre las fuerzas integrantes del Frente de Izquierda, con el objetivo de abordar los desafíos planteados por este ascenso político y debatir las diferencias programáticas y estratégicas, no solo fue una iniciativa importante, sino también necesaria. Solo por medio de una polémica leal, contrastando las distintas posiciones con las experiencias concretas de la lucha de clases, es posible arribar a conclusiones comunes o, alternativamente, clarificar las divergencias, sacándolas del siempre desmoralizante pantano faccional. Sin embargo, solo pudo concretarse la primera jornada de debate de las cinco que incluía el Foro planificado por la mesa nacional del FIT-U. Sucede que el PTS decidió, unilateralmente, poner fin a la iniciativa. En simultáneo, rompió la lista del FIT-U en las elecciones a convencionales constituyentes en Bariloche y «congeló» al Frente hasta nuevo aviso. Aunque en otros trabajos ya hemos criticado el pretexto y los ángulos adoptados por el PTS para justificar este rumbo, volveremos sobre esta cuestión más adelante. Pero en este trabajo, nos concentraremos en desenvolver una crítica de fondo al programa y la estrategia del PTS. Suplimos, en parte, el debate que el propio PTS coartó al suspender el Foro.

Para desenvolver esta crítica, abordaremos el Manifiesto del PTS, titulado ¿Cómo cambiamos la historia?¹. En este Manifiesto, se plasma el programa y la estrategia que el PTS propone para la construcción de un «partido de la nueva clase trabajadora». Como complemento para comprender el rumbo adoptado por el PTS, nos apoyaremos en la entrevista a Emilio Albamonte y Matías Maiello, titulada «Sobre el retorno de la cuestión estratégica y los debates a partir de la nueva ubicación de Myriam Bregman y la izquierda»², publicada por Ideas de Izquierda; y en algunos artículos que los propios entrevistados reconocen como «fundacionales» de la ubicación teórica y la orientación política del PTS. La delimitación política entre los principales partidos de la izquierda argentina, clarificando el alcance de los acuerdos y las divergencias existentes, es una condición sine qua non para explotar, de la mejor manera posible, la inédita oportunidad que se le presenta al FIT-U como campo de independencia política de los trabajadores.

I. La cuestión del poder: asamblea constituyente, sovietismo y dictadura del proletariado

El Manifiesto del PTS le dedica los capítulos cuatro y cinco a la cuestión del poder. Allí se interroga sobre cómo sería «el poder de la clase trabajadora y el pueblo pobre» y la forma de «construir ese poder». Con un desarrollo más amplio, pero con conclusiones similares, los mismos tópicos son abordados por los dirigentes del PTS Emilio Albamonte y Matías Maiello. Particularmente en este texto se enfatiza sobre «el retorno de la cuestión estratégica», es decir, a la cuestión del poder. Corresponde, por lo tanto, analizar estos textos en profundidad con el propósito de establecer cuál es la estrategia de poder del PTS.

En ambos textos citados, el PTS busca dar una respuesta acerca de qué medidas políticas tomaría un eventual gobierno de Myriam Bregman. ¿Aplicaría, por ejemplo, el programa expresado en el Manifiesto desde el primer día de su gobierno? ¿Tomaría medidas de emergencia inmediata y daría satisfacción a las demandas más apremiantes de los trabajadores? La respuesta es no y el Manifiesto en esto es inequívoco. Veamos qué dice:

Aunque esta forma de gobierno se degrada cada día más, millones siguen confiando en el sufragio universal como la mejor forma de expresar su voluntad. Ante eso, en el camino de luchar por un gobierno de la clase trabajadora, pelearemos junto a ellos por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la institución más democrática posible dentro de este sistema. Una Asamblea donde poner en discusión todo: qué hacer con las instituciones o cómo organizar la economía o los recursos estratégicos del país.

El propio PTS se encarga de decir que de llegar al gobierno pondría en «discusión todo» en una institución «dentro de este sistema», aunque se encarga de aclarar que sería «la institución más democrática» de la democracia burguesa. Más allá de esta aclaración, lo que queda claro es que, con esa propuesta, el PTS busca dar garantías de que no piensa, de ningún modo, valerse de su eventual llegada al gobierno para aplicar su propio programa. La idea de ejecutar de inmediato el programa por el que fue votado como gobierno de izquierda, es decir, establecer desde el primer momento un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, el 82% móvil para las jubilaciones, el reparto de las horas de trabajo disponibles entre ocupados y desocupados, el control obrero de la producción, la nacionalización del sistema financiero y del comercio exterior, el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI -medidas destinadas a imprimirle desde el inicio un sello de clase al gobierno, empoderando y movilizando a los trabajadores-, no está de ningún modo planteada. Para el PTS, todas estas propuestas, entre otras, deberían pasar por la instancia de una Asamblea Constituyente de «este sistema» para poder ser efectivamente implementadas. En otra parte de su Manifiesto, el PTS anticipa que los empresarios «boicotearán cada medida favorable al pueblo que vote la Constituyente», dejando otra vez claro que no piensan tomar medidas como gobierno.

La promesa de postergar la aplicación de un programa de ataque al capital, en beneficio de la clase trabajadora, opera políticamente como un planteo de conciliación de clases. Para aventar dudas, aclaran que la Asamblea Constituyente sería convocada bajo el método del sufragio universal, en el que la clase trabajadora aparece atomizada bajo la forma jurídica de un ciudadano con iguales derechos y obligaciones que un burgués. Una elección de este tipo, sometida a la presión de la clase capitalista, con sus recursos políticos, económicos y mediáticos, sería indefectiblemente un instrumento político de la reacción. Fue lo que sucedió históricamente. En la Alemania de 1918-1919, la Asamblea Constituyente sirvió como instrumento para clausurar el proceso revolucionario y reconstruir el poder estatal burgués. La genial advertencia de Engels, cuando anticipó que la república democrática podía convertirse en la última forma de dominación burguesa frente a la revolución proletaria, encontró allí una expresión concreta en la lucha de clases. Poco antes, los bolcheviques habían evitado una deriva semejante en Rusia al disolver por la fuerza la Asamblea Constituyente, cuya mayoría era hostil al poder soviético y al gobierno revolucionario.

Los dirigentes del PTS conocen estos hechos históricos tan bien como nosotros. Sin embargo, insisten en una orientación que ya demostró resultados catastróficos para la clase obrera. La idea de que esta vez sería distinto residiría en la promesa de «impulsar organismos de autoorganización de la clase trabajadora», bajo la perspectiva de que «esa fuerza podrá defender cada conquista y, en esa pelea, abrir el camino para luchar por un poder propio». Pero esta política, en el mejor de los casos, apenas mostraría las buenas intenciones del PTS; nada más. ¿Cómo garantiza el PTS que una Asamblea Constituyente votará medidas favorables a los trabajadores y al pueblo? Más aún: ¿cómo se asegura siquiera su convocatoria, si la Constitución exige para ello una mayoría especial en ambas cámaras, algo particularmente difícil de alcanzar teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados se renueva por mitades y el Senado por tercios? Estas preguntas, elementales para un planteo de poder de estas características, no tienen respuesta.

En el Manifiesto publicado por el Partido Obrero se desarrolla una política opuesta. Parte de reconocer que no podemos confundir el eventual triunfo de una lista de izquierda con un gobierno de los trabajadores. Sucede que un gobierno presidido por un presidente o presidenta de izquierda no cambia de manera automática el carácter de clase del Estado, que seguirá siendo burgués en tanto se asiente en la propiedad privada de los medios de producción y en las instituciones establecidas en la Constitución Nacional. Dicho de otro modo: al otro día del ascenso de un presidente o presidenta de izquierda la Constitución seguirá siendo la misma y las instituciones estatales también, incluidas las fuerzas represivas del Estado. Volver a convocar una elección en este caso de una Asamblea Constituyente, lleva a un desgaste de las masas con procedimientos electorales que no dan salida a sus aspiraciones urgentes y que, para colmo, le dan aire a la reacción política. Muy distinto sería que un gobierno de izquierda decida de entrada avanzar con su programa, asumiendo de manera abierta los choques con el propio Estado que preside y con la clase capitalista de carne y hueso. Para imponerse en esos choques debe llamar a los trabajadores a movilizarse y organizarse, creando en esa dinámica sus propios órganos de poder. De ahí la importancia de la ejecución directa del programa desde el poder que acaba de ser conferido mediante el voto popular (obsérvese que los gobiernos capitalistas no se privan de gobernar por DNU cuando las cámaras les son adversas, y ni hablemos del DNU 70/23 que reformó 300 leyes de un plumazo). Un ataque de semejante envergadura al régimen capitalista inevitablemente desatará una respuesta violenta de la burguesía, por lo que la cuestión no puede ser abordada por fuera del problema del armamento popular para derrotar al aparato represivo del Estado burgués. En la Revolución Rusa la cuestión del armamento fue resuelta parcialmente por la propia guerra mundial, que había armado a los obreros y campesinos mandándolos a morir a los campos de batalla. Pero en otras revoluciones la cuestión del armamento debió resolverse de modos distintos (creando milicias, guerra de guerrillas, etc.).

Supeditar la transición de un gobierno de izquierda a un gobierno de los trabajadores a la convocatoria y las decisiones de una institución burguesa como lo es la Asamblea Constituyente, insistimos, entraña una peligrosísima política de conciliación de clases. Ahora bien, esta conciliación de clases no se limita al período de transición, sino que aparece también en la propia descripción de cómo sería un poder de los trabajadores. Esto se pone en evidencia en el hecho de que, en su Manifiesto, el PTS evita toda definición que pueda interpretarse como una medida de coerción o represión contra la contrarrevolución burguesa, así como cualquier planteo que implique la restricción de los derechos políticos de las clases explotadoras. Veamos cómo presenta el gobierno de los trabajadores el PTS:

Terminando con la dominación de una minoría de explotadores, un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo pobre será infinitamente más democrático que el sistema actual y cualquier democracia capitalista que haya existido. Las grandes mayorías que hacemos funcionar el mundo seremos quienes tomemos efectivamente las decisiones. El verdadero poder surgirá desde los lugares de trabajo, de estudio, desde cada barrio, con delegados y delegadas discutiendo y decidiendo en asamblea los problemas comunes. Esos representantes serán revocables si no cumplen sus mandatos. Ese sistema político permitiría decidir colectivamente cómo organizar la economía, qué actividades priorizar, qué tipo de desarrollo económico necesita el país, cómo reorientar la producción y distribución para satisfacer las necesidades sociales. Todo el pueblo trabajador autoorganizado podría debatir y decidir qué tecnologías (inteligencia artificial, robótica, biotecnología, etc.) utilizar para esta transformación profunda, ponderando riesgos y necesidades de cada una. Podría contar los aportes de científicos del país y de otros países que se sentirán atraídos por una experiencia no capitalista.

Esta descripción omite deliberadamente que un gobierno de los trabajadores, entendido como dictadura del proletariado, sigue siendo un poder estatal y, por lo tanto, un régimen que ejerce coerción y represión. La diferencia decisiva es que esa coerción ya no se dirige contra la mayoría trabajadora de la sociedad, sino contra la minoría privilegeda que busca preservar o restaurar su dominación. Para que los trabajadores puedan ejercer su propio poder de clase, deben destruir el aparato estatal de la burguesía y poner en pie uno nuevo, organizado de acuerdo con sus propios intereses históricos. Estas conclusiones, que Marx dedujo de la experiencia de la Comuna de París de 1871, se mostraron completamente válidas en todas las revoluciones del siglo XX. A diferencia del PTS, el Manifiesto del PO es clarísimo:

La instauración de un gobierno de los trabajadores no equivale, de ningún modo, a la administración del actual Estado capitalista por parte de una fuerza política de izquierda. Desde el punto de vista del Partido Obrero, el gobierno de los trabajadores significa la instauración de un ‘nuevo tipo de Estado’, a saber: un Estado obrero, basado en la democracia de los trabajadores y bajo la dirección política del partido obrero revolucionario. Este nuevo tipo de Estado debe crearse a partir de la destrucción de la máquina represiva del Estado capitalista, como lo marca la experiencia histórica de todas las revoluciones triunfantes.

El gobierno de los trabajadores es, desde sus inicios, un régimen mil veces más democrático que cualquier república burguesa, que siempre será una dictadura de una minoría propietaria. Sin embargo, ese carácter democrático superior de un gobierno de los trabajadores no anula su carácter represivo, pues deberá enfrentar y derrotar la resistencia de la clase capitalista nacional e internacional.³

No se trata de una redacción más prudente frente a otra más cruda; tampoco de divergencias sobre tonos o énfasis. El debate se reduce a una cuestión estratégica, en el sentido más pleno del concepto: el poder de la clase obrera, cómo luchar por él y cómo ejercerlo una vez conquistado. En nuestra comprensión, existe una continuidad lógica entre subordinar la implementación de un programa anticapitalista a la convocatoria y elección de una Asamblea Constituyente de este régimen burgués y concebir el poder obrero como una mera ampliación de la democracia burguesa. El hilo de continuidad está dado por el hecho de negar la necesidad de una acción despótica de un gobierno obrero contra la clase burguesa, cuyo alcance y medidas concretas no es posible precisar con antelación, sino que estará determinada por la lucha de clases a escala nacional e internacional. En la Revolución Rusa, bajo las condiciones impuestas por la guerra civil, los bolcheviques debieron llegar al extremo de proscribir políticamente no solo a los partidos burgueses, sino también a partidos de izquierda adversarios de la revolución. Más aún: debieron prohibir las fracciones internas del propio Partido Comunista. No faltaron quienes, amparándose en estas medidas extremas impuestas por las condiciones de la Revolución Rusa, concluyeron que existía una línea de continuidad entre el bolchevismo y el estalinismo. Para quienes sostenían esta interpretación, la lucha entre Stalin y Trotsky no era más que una disputa por el poder. Trotsky se encargó de rebatir esta tesis en su gran libro Bolchevismo y Stalinismo. Allí señalaba que «es absolutamente indiscutible que la dominación de un solo partido sirvió jurídicamente de punto de partida del régimen totalitario estalinista. Pero la causa de tal evolución no está en el bolchevismo, ni tampoco en la interdicción de los otros partidos, como medida militar temporaria, sino en la serie de derrotas que sufrió el proletariado de Europa y Asia». Dicho de otro modo, el peligro no radica en la dictadura del proletariado, ni siquiera en las medidas represivas excepcionales que puedan eventualmente adoptarse, sino en las condiciones materiales, sociales, económicas, culturales, internacionales, etc. que las hacen necesarias. Estos peligros, desde ya, se potencian de un modo muy nítido cuando las revoluciones triunfantes se dan en países de la periferia capitalista. En estos casos, la escasez relativa y el asedio imperialista han sido los factores principales de la burocratización y la degeneración de los Estados obreros.

A la luz de este análisis no es casual que en todo su Manifiesto el PTS no defienda la dictadura del proletariado. Pero Emilio Albamonte y Matías Maiello van aún más lejos en el reportaje antes citado. Allí, en medio de un ensalzamiento del dirigente del Secretariado Unificado (SU) de la IV Internacional, Daniel Bensaïd, critican que «el Partido Obrero despachó al Secretariado Unificado con el rótulo de ‘contrarrevolucionario’ y con eso se ahorró toda la discusión». En cambio, el PTS reivindica para sí reconocer los «hilos de continuidad revolucionaria» del SU, es decir, del mandelismo (en alusión a su dirigente Ernest Mandel). Los dirigentes del PTS pasan por alto, sin embargo, que la causa por la cual el PO caracterizó como contrarrevolucionario al SU se debe a una larga trayectoria de oportunismo y abandono de los principios cuartainternacionalistas: desde la reunificación sin principios de 1963 -que dejó sin balance la crisis provocada por el pablismo, su teoría de los campos y el entrismo sui géneris en el estalinismo y las corrientes nacionalistas-; su responsabilidad por la integración de la que fuera la más importante organización trotskista al gobierno burgués en Ceylán (actual Sri Lanka) en 1964; pasando por su adaptación al castrismo y a las direcciones nacionalistas y pequeñoburguesas, subordinando la lucha por la construcción del partido obrero revolucionario y la estrategia de la revolución proletaria a la guerrilla y al foquismo, elevado este último a orientación estratégica para América Latina; hasta su posterior renuncia explícita a la dictadura del proletariado, su orientación hacia la construcción de «partidos amplios» de conciliación de clases y su integración a gobiernos de frente popular y administraciones del Estado capitalista, como ocurrió en Brasil bajo el gobierno de Lula. Es decir, una política liquidacionista de la IV Internacional. No fuimos originales en nuestra caracterización del SU, sino que seguimos el planteo histórico de Lenin, quien consideró a la dictadura del proletariado como la línea divisoria entre el marxismo revolucionario y el oportunismo parlamentario de la socialdemocracia.

La crítica del PTS al PO por nuestra caracterización del Secretariado Unificado tiene raíces profundas, que echan luz sobre los puntos de contacto que existen entre ambas corrientes. Sucede que aun antes de su renuncia explícita a la dictadura del proletariado, el Secretariado Unificado desvirtuaba esta estrategia central del marxismo presentándola de un modo más aceptable para la burguesía. La asimilaba a una profundización de la democracia burguesa y aseguraba la vigencia de los derechos civiles para la burguesía y las clases explotadoras y poseedoras. El PTS, haciendo gala de un neomandelismo, se acerca a estos planteos claramente democratizantes. En un artículo de Maiello, llamado «Apuntes sobre la lucha de ideologías más allá de la restauración burguesa», se afirma:

La diferencia con la democracia consejista es que en ella la exclusión es de clase. Al tratarse de una república de trabajadores, los consejos pueden plantear –no necesariamente deben hacerlo, depende de la relación de fuerzas– una limitación de los derechos políticos para la antigua clase de los explotadores. En el caso de una revolución socialista en Estados Unidos, seguramente, afectaría a una proporción infinitamente menor que la excluida en la actualidad.⁴

Tenemos acá una versión light de la dictadura del proletariado, que establece la negación de los derechos políticos de la burguesía solo como una «posibilidad». Es imposible no ver en esta versión light de la dictadura del proletariado una continuidad directa con la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente de este régimen para someter a votación el programa de un gobierno de izquierda. La historia de la lucha de clases, sin embargo, no ha conocido nunca estas versiones light, por la sencilla razón de que tampoco ha sido light la reacción de la burguesía frente a las revoluciones socialistas. En Argentina no fue necesario llegar a una revolución para que la burguesía nacional, con el apoyo de sectores de las clases medias acomodadas, estableciera un régimen de terrorismo de Estado contra la clase obrera -no otra cosa fue la dictadura militar de Videla y Massera. El apoyo del peronismo y el radicalismo al gobierno genocida anticipa lo que harían si la clase obrera fuera todavía más lejos de lo que fue en la década del 70. Con sus particularidades, esa experiencia se repitió en Chile, Uruguay, Bolivia y toda América Latina.

Este retroceso a un neomandelismo («democracia socialista») o a un neomorenismo («socialismo con democracia») está encubierto por lo que el PTS llama «estrategia soviética». Los soviets son presentados como la condición sine qua non de la dictadura del proletariado. Matías Maiello va muy a fondo en ese sentido:

Desde luego, el sistema de los consejos no puede hacer milagros, su función es reflejar la voluntad popular de la forma más dinámica, democrática y amplia posible. La potencia de una democracia de los consejos dependerá siempre de la vitalidad y el convencimiento de las grandes mayorías para avanzar hacia el socialismo. La construcción de una sociedad socialista sólo puede ser fruto de la actividad consciente. Lo que sí podemos afirmar es que la democracia de los consejos basada en el impulso de la autoorganización es la única forma política –de las que hoy conocemos– para emprender una transición hacia el socialismo y hacer viable la perspectiva de la extinción del Estado.⁵

Al declarar que la democracia de los consejos es la «única forma política para emprender una transición hacia el socialismo» el PTS se coloca en el terreno de un apoyo condicional a la dictadura del proletariado. La apoyaría si hay soviets, pero no por ejemplo en caso de un régimen basado en un partido único. Hablando en términos históricos, esto implicaría restarle apoyo al gobierno de Lenin y Trotsky, que no solo censuró a los partidos obreros opuestos a la revolución, sino que, como ya señalamos, llegó incluso a prohibir transitoriamente las tendencias internas dentro del propio Partido Bolchevique. Atar de pies y manos a un gobierno revolucionario a determinado régimen político, haciendo abstracción de las condiciones políticas concretas que deberá enfrentar, es como mínimo una política peligrosa que debe ser combatida sin miramientos. No significa esto, de ningún modo, un rechazo per se al objetivo de defender y expandir -lo más lejos que las circunstancias concretas lo permitan- la participación y la democracia obrera. Pero hay que tener en cuenta que los procesos revolucionarios concretos estuvieron signados por batallas brutales en todos los planos, desde el político hasta el militar. En la mayoría de los casos el fracaso de los procesos revolucionarios estuvo determinado por la negativa de las direcciones a combatir a la reacción capitalista haciendo uso de todos los medios disponibles. La promesa de libertades políticas para las clases poseedoras entraña una política de compromiso potencialmente peligrosa. Que no se trata de una mera conjetura lo prueba con creces la propuesta defendida en el Manifiesto del PTS de que un gobierno de izquierda condicione la aplicación de su programa a la aprobación de una Asamblea Constituyente de este sistema.

La revista Jacobin, órgano político del mandelismo latinoamericano, también promete libertades democráticas para la burguesía. Veamos cómo lo sostiene:

(…) es necesario acompañar un proceso de radicalización social con la construcción de un centro de poder alternativo, basado en los órganos de masas, que pueda decidir tanto presionar como desbordar a las direcciones políticas establecidas, según lo plantee la evolución de los acontecimientos. Pero este papel estratégico del doble poder no implica asignarle la tarea de convertirse necesariamente en órganos de gobierno. Un eventual triunfo revolucionario no debe conducir a la destrucción de las libertades democráticas basadas en el sufragio universal y la ciudadanía política sino a trazar los contornos de un nuevo poder político democrático, que no puede reducirse a organismos de autoorganización nacidos de un momento de irrupción volcánica de las masas.⁶

La fórmula de Jacobin recupera a los soviets como órganos de lucha pero los descarta como órganos de gobierno. Rescata, para esa tarea, a las instituciones burguesas tradicionales. Así, reconoce su oposición cristalina a la dictadura del proletariado. El PTS no va tan lejos, pero se acerca. La combinación no sería ya con las instituciones tradicionales sino con una Asamblea Constituyente de «este sistema». Los soviets, luego, serían una extensión más profunda de la democracia. En definitiva, el “sovietismo” del PTS es una variante izquierdista del mandelismo.

La experiencia ha enseñado que la clave de los procesos revolucionarios no es aplicar modelos abstractos, sino orientar a las masas para que estas puedan desarrollar todo su potencial. No se puede poner un signo igual entre los soviets que representan un canal real para la acción independiente de las masas y aquellos que son transformados por los partidos conciliadores en un freno a esa acción y a la lucha por la emancipación de los trabajadores. Entre febrero y octubre de 1917 Lenin desarrolló tácticas de las más variadas con relación a los soviets, distinguiendo siempre si eran o no un canal para la intervención revolucionaria de las masas obreras y campesinas. En determinadas condiciones, incluso, no puede negarse de antemano que ese canal de las masas lo asuma directamente el partido o ejércitos revolucionarios. El PTS descarta estas variantes de antemano, afirmando que, sin soviets, el proceso revolucionario desembocará inevitablemente en una burocratización. De este modo, pretende abstraerse del hecho de que la revolución realizada bajo la consigna «todo el poder a los soviets» fue, precisamente, la que posteriormente derivó en el proceso de burocratización más monstruoso de la historia.

La necesidad del PTS de dar garantías de antemano a las clases poseedoras, sea mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente o prometiendo libertades políticas a la burguesía en un régimen de gobierno obrero, expresa la presión de la clase capitalista y de su opinión pública sobre la izquierda que se reclama revolucionaria. Aunque el abordaje pretenda justificarse en nombre de evitar una futura burocratización, lo cierto es que no existen garantías que puedan otorgarse anticipadamente. No existe una «póliza de seguros» en la historia de la lucha de clases.

La conversión del «sovietismo» en un dogma va en detrimento del papel del partido revolucionario. Fue el propio Trotsky, presidente del Soviet de Petrogrado en 1917, quien mostró que, sin la dirección de un partido revolucionario, los soviets no pueden convertirse realmente en órganos de poder de la clase obrera. Partía, entre otras cosas, de la experiencia de la Revolución de Febrero, cuando los soviets, dirigidos por los mencheviques y los socialistas revolucionarios, cedieron el poder al llamado Gobierno Provisional, que expresaba políticamente a la burguesía liberal aliada del imperialismo anglo-francés. La consigna «todo el poder a los soviets» fue puesta en cuestión por el Partido Bolchevique luego de las «jornadas de julio», cuando quedó en evidencia que la izquierda pequeñoburguesa y democratizante, que detentaba la mayoría en los soviets, reconfirmó su rechazo cerrado a tomar el poder y cerró definitivamente el paso a la posibilidad de que el poder pasara pacíficamente a manos del proletariado. En ese momento, el Partido Bolchevique colocó el acento en el contenido, y ya no en la forma, planteando abiertamente la conquista del poder por el proletariado y los campesinos pobres. En aquel momento, muchos destacados bolcheviques cuestionaron el retiro de la consigna. Trotsky, en su Historia de la Revolución Rusa retomó el debate señalando que «el fetichismo de la forma de organización constituye una enfermedad muy frecuente en los medios revolucionarios”. Solo cuando los bolcheviques conquistaron la mayoría en los principales soviets, la consigna “todo el poder a los soviets» volvió a escena y los soviets pudieron transformarse en órganos de la insurrección y del nuevo poder estatal.

Pero, incluso en ese caso, el partido revolucionario no puede disolverse en los soviets, por la misma razón por la que la vanguardia no puede disolverse en la masa de la clase obrera. Bajo la sociedad capitalista, y también durante la primera etapa de construcción de un Estado obrero, la clase trabajadora se caracteriza por una profunda heterogeneidad, determinada, en última instancia, por el lugar que ocupan sus distintas capas y fracciones en el proceso de producción y distribución social. La conciencia de clase o, dicho de otro modo, la transformación del proletariado de clase en sí, en clase para sí, no surge espontáneamente de esa heterogeneidad, sino que requiere la acción consciente de un partido revolucionario estructurado sobre la base de un programa. Es precisamente este problema el que Trotsky aborda en Bolchevismo y Stalinismo:

Sin embargo el bolchevismo es solamente una corriente política. Aunque estrechamente ligado a la clase obrera, no se identifica con ella. En la URSS además de la clase obrera existen más de cien millones de campesinos de diversas nacionalidades; una herencia de opresión, de miseria y de ignorancia. El Estado creado por los bolcheviques refleja, no solamente el pensamiento y la voluntad de los bolcheviques, sino también el nivel cultural del país, la composición social de la población, la influencia del pasado bárbaro y del imperialismo mundial no menos bárbaro.⁷

Por medio de este balance histórico, Trotsky busca explicar las raíces sociales que condujeron a la burocratización de la URSS y, al mismo tiempo, refutar a quienes responsabilizan de ese proceso al Partido Bolchevique por haber establecido su propia dictadura. El PTS, de espaldas a estas conclusiones, se refugia en un embellecimiento de los soviets y ofrece, de ese modo, un balance democratizante de la degeneración burocrática de la Revolución Rusa.

Nuestra crítica a la utilización democratizante de la consigna de Asamblea Constituyente por parte del PTS no significa que, bajo otra estrategia y atendiendo siempre a la situación concreta, esa consigna no pueda desempeñar un papel progresivo. Es claro, al menos para nosotros, que la Asamblea Constituyente no cumple la misma función en países sometidos durante largos períodos a regímenes dictatoriales o totalitarios que en aquellos con una extensa tradición democrática. La Argentina se encuentra hoy entre estos últimos. Los 43 años consecutivos de gobiernos constitucionales han sido un factor no ya para el crecimiento de las ilusiones democráticas, sino, por el contrario, de las desilusiones con la democracia burguesa. El gobierno de Milei constituye una de las expresiones más acabadas de este fenómeno, aunque por la negativa: una parte de la población explotada no tuvo reparos en votar a un facho en la medida en que apareciera como capaz de normalizar la situación económica. La izquierda revolucionaria no cuestiona la democracia burguesa desde el punto de vista de la ultraderecha, sino que pone de manifiesto los vínculos y los intereses comunes entre estos y el régimen democrático burgués, al tiempo que llama a luchar en las calles contra todas las expresiones reaccionarias del gobierno, tanto en el terreno de las reivindicaciones sociales como frente a sus ataques contra los derechos políticos y civiles. En este cuadro, la consigna de Asamblea Constituyente no ocupa un lugar central.

En circunstancias anteriores, y para responder a situaciones políticas concretas, nuestro partido sí recurrió a esta consigna. Pero, a diferencia del PTS, nunca lo hizo aclarando que se trataba de una institución «del sistema», sino como parte de una lucha contra ese mismo sistema. Planteos como «Fuera De la Rúa-Cavallo. Asamblea Constituyente» tenían el valor de plantear la caída del gobierno mediante una acción de masas de carácter insurreccional. Como el gobierno de los trabajadores todavía no aparecía en el horizonte inmediato de las masas, la Asamblea Constituyente ofrecía una salida de poder que permitía llevar hasta el final la lucha contra el gobierno sin restarle fuerza. Para acentuar su carácter de confrontación, planteamos además una «Asamblea Constituyente con poder», es decir, una asamblea que no coexistiera con los poderes establecidos del Estado burgués, sino que asumiera la totalidad del poder político, disolviendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial existentes. Buscábamos, de este modo, conferirle a la consigna un contenido de lucha no solo contra el gobierno de turno, sino contra el Estado burgués en su conjunto.

El planteo actual del PTS opera en un sentido inverso. Coloca a la Asamblea Constituyente en su función más conservadora: como límite a la acción directa de un eventual gobierno de izquierda o del Frente de Izquierda-Unidad presidido por Myriam Bregman. En la práctica, la Constituyente aparece como una instancia destinada a garantizarle a la burguesía y a las clases propietarias que un gobierno de izquierda no avanzará contra sus derechos de propiedad hasta tanto esas medidas no sean aprobadas por aquella.

Pero incluso bajo gobiernos totalitarios o militares, la Asamblea Constituyente nunca puede ser una consigna que coloque a la izquierda «dentro del sistema». Fue lo que se encargó de enfatizar León Trotsky en sus polémicas sobre China contra la política criminal de Stalin y la III Internacional. Allí señaló:

El slogan de la Asamblea Constituyente se transforma en una abstracción vacía, a menudo en simple charlatanería, si uno no agrega quién la convocará y con qué programa. Chang Kai-Shek puede levantar el slogan de la Asamblea Constituyente contra nosotros incluso mañana, así como ha levantado ahora su “programa obrero y campesino” contra nosotros. Nosotros queremos una Asamblea Constituyente convocada no por Chang Kai-Shek sino por el Comité Ejecutivo de los soviets obreros y campesinos. Este es el único camino serio y seguro.⁸

La diferencia entre la estrategia del PTS y la de Trotsky es notable. El PTS plantea una Asamblea Constituyente «del sistema». Trotsky, en cambio, rechaza esa posibilidad y postula sin vacilaciones una Asamblea Constituyente convocada por un gobierno obrero. No solo eso. Además, advierte que de otro modo puede «volverse contra nosotros», o sea contra la clase obrera. Es lo que sucedió en la reciente experiencia chilena. Justamente, en el Manifiesto del PO, alertamos sobre ese problema invocando la experiencia de Chile. Allí señalamos que:

(…) el proceso abierto por la gran rebelión popular chilena iniciada en octubre de 2019, donde el reclamo de una Asamblea Constituyente jugó un papel destacadísimo, puso nuevamente en evidencia a la Constituyente como ‘un arma de doble filo’. El proceso constituyente chileno, tutelado primero por el derechista Piñera y luego por el centroizquierdista Boric, mostró su impotencia para dar curso a las reivindicaciones motoras de la rebelión popular y, por el contrario, una gran efectividad para contener la rebelión popular.⁹

Podemos agregar, finalmente, que esa desmovilización y desmoralización allanó el camino para que ascienda al gobierno el ultraderechista José Kast.

Señalemos, finalmente, cuál es el marco teórico en el que el PTS parece apoyarse para fundamentar un programa centrista y una estrategia democratizante: su tentativa de conciliar las elaboraciones de Trotsky con las de Antonio Gramsci. El PTS no introduce una innovación. La recuperación de Gramsci tiene antecedentes importantes en el Secretariado Unificado. Las elaboraciones de Ernest Mandel y Daniel Bensaïd polemizaron contra la apropiación eurocomunista del revolucionario italiano -utilizada para justificar el abandono de la dictadura del proletariado y la sustitución de la revolución por una transición democrática y gradual al socialismo. Sin embargo, los dirigentes del SU avanzaron en su propia tentativa de articular las categorías gramscianas con el trotskismo. La evolución posterior de esta corriente estuvo marcada, como ya señalamos más arriba, por el abandono de la estrategia de la dictadura del proletariado y el aval a la integración de algunas de sus organizaciones a gobiernos de colaboración de clases.

Sucede que esta operación teórica, evidentemente, está atravesada por contradicciones fundamentales. Conviene recordar que Gramsci se alineó en 1925 con la mayoría de la dirección soviética frente a Trotsky y que, en octubre de 1926, aunque cuestionó los métodos empleados contra la oposición y advirtió sobre los peligros de una escisión, mantuvo su respaldo político al bloque Stalin-Bujarin frente a la Oposición Unificada encabezada por Trotsky, Zinóviev y Kámenev.

Pero, a los efectos de discutir esta pretendida síntesis teórica, más importantes que aquellos enfrentamientos políticos son las divergencias estratégicas. En sus Cuadernos de la cárcel, Gramsci contrapuso la «guerra de maniobra» a la «guerra de posiciones». Rechazó claramente la revolución permanente¹⁰, vinculándola con la guerra de maniobra, entendida como una estrategia de ofensiva frontal para la conquista del poder. Frente a ella, desarrolló la noción de guerra de posiciones, concebida como una lucha prolongada de organización y acumulación de fuerzas, orientada a conquistar la dirección política, intelectual y moral de las masas y a disputar la hegemonía burguesa en el entramado de instituciones de la sociedad civil. Esta orientación respondía, según Gramsci, al desarrollo alcanzado por los mecanismos de dominación de la burguesía en los países capitalistas occidentales, donde el aparato coercitivo del Estado se encontraba respaldado por una extensa red de organizaciones e instituciones que contribuían a reproducir el orden existente. Llegó incluso a sostener que, después de 1870, la fórmula de la «revolución permanente» había sido «elaborada y superada» en la ciencia política por la de «hegemonía civil». De este modo, la preparación prolongada de las fuerzas revolucionarias y la conquista de posiciones en la sociedad civil adquirían una centralidad estratégica frente a la perspectiva del asalto frontal al poder. Pero la relación entre esta acumulación de fuerzas y la ruptura revolucionaria con el Estado burgués quedaba indeterminada. La guerra de posiciones podía así ser interpretada no como una preparación para la conquista revolucionaria del poder, sino como una estrategia de transformación gradual de las relaciones de fuerza dentro del propio orden capitalista.

Es claro que, en general, el cuestionamiento de Gramsci a la revolución permanente parte de una interpretación equivocada. La teoría de la revolución permanente de Trotsky no designaba una ofensiva frontal ininterrumpida ni una estrategia insurreccional permanente, sino una teoría acerca de la dinámica de clases de la revolución, la relación entre sus tareas democráticas y socialistas y su desarrollo internacional. Su conclusión fundamental era que, en la época imperialista, las tareas democráticas y nacionales históricamente incumplidas por la burguesía solo podían ser resueltas consecuentemente mediante la conquista del poder por el proletariado, que, apoyado en las masas explotadas, combinaría esas tareas con medidas propiamente socialistas. A su vez, la revolución iniciada en el terreno nacional solo podría desarrollarse plenamente mediante su extensión internacional.

Sin embargo, en el Cuaderno 14, §68, redactado a comienzos de 1933, Gramsci avanza directamente en una crítica a los fundamentos de la teoría de la revolución permanente. Allí sostiene que: «Las debilidades teóricas de esta forma moderna del viejo mecanicismo están enmascaradas por la teoría general de la revolución permanente, que no es otra cosa que una previsión genérica presentada como dogma y que se destruye por sí misma por el hecho de que no se manifiesta efectivamente»¹¹. Esto pone claramente en evidencia los límites que enfrenta la pretensión de conciliar la teoría de Gramsci con la de Trotsky.

Es indudable que el legado teórico de Gramsci ha sido objeto de apropiaciones por parte de corrientes reformistas y de la izquierda democratizante, que recurrieron a sus categorías para justificar una estrategia de transformación política dentro de los marcos del régimen burgués. Pero esta apropiación no puede explicarse simplemente como una manipulación arbitraria de Gramsci. Las ambigüedades y contradicciones presentes en las propias elaboraciones del revolucionario italiano fueron analizadas críticamente por Perry Anderson en Las antinomias de Antonio Gramsci. Muchas de estas críticas son retomadas en el artículo «Gramsci: una lectura crítica de su legado teórico y político»¹² de Pablo Heller, publicado en nuestra revista En Defensa del Marxismo. Anderson señaló, particularmente, las contradicciones en la caracterización gramsciana de las relaciones entre Estado y sociedad civil, coerción y consenso, y sus consecuencias para la estrategia revolucionaria. El problema reside en que, en las democracias capitalistas, la hegemonía burguesa no se ejerce solamente desde la sociedad civil: el propio Estado, incluidas sus instituciones representativas, desempeña un papel decisivo en la organización del consenso, mientras conserva el monopolio de los principales medios de coerción. Por lo tanto, una estrategia centrada en la conquista gradual de posiciones en la sociedad civil corre el riesgo de perder de vista que el aparato estatal burgués no puede ser simplemente neutralizado mediante una acumulación de fuerzas en su entorno, sino que debe ser quebrado por la acción revolucionaria del proletariado. Es en esta indeterminación estratégica donde las interpretaciones reformistas de Gramsci encontraron uno de sus principales puntos de apoyo.

La tentativa del PTS de conciliar las elaboraciones de Gramsci con la estrategia trotskista parecería seguir el camino oportunamente emprendido por el Secretariado Unificado: el abandono de la lucha por la dictadura del proletariado y de la construcción del partido obrero revolucionario. Constituye, en definitiva, otra expresión del neomandelismo del PTS.

II. Delimitación y programa

En los dos primeros capítulos del Manifiesto del PTS -donde se presentan la gran oportunidad planteada para los trabajadores y la izquierda y la necesidad de desarrollar una alternativa política de poder frente a las fuerzas derechistas y del «mal menor»- se establece una caracterización del peronismo.

Para la izquierda argentina, aunque esto vale en general para toda la izquierda latinoamericana, la caracterización y delimitación respecto de las fuerzas políticas que encarnan el nacionalismo burgués representa un problema de primer orden. Como se sabe, el nacionalismo de cuño capitalista ha tenido, a lo largo de la historia argentina y latinoamericana, una enorme gravitación política, logrando incluso una influencia abrumadora en el movimiento obrero. El esclarecimiento, por medio de una lucha política implacable, del contenido burgués del peronismo y de su carácter históricamente reaccionario representa, para las fuerzas que se reclaman del socialismo revolucionario, un aspecto decisivo. Veamos cómo aborda este problema el PTS en su Manifiesto:

Frente a la derecha gobernante, el peronismo se divide entre quienes colaboran abiertamente y quienes denuncian pero no pelean en serio.

En Argentina, sectores del PJ proponen un ‘capitalismo regulado’ o con ‘rostro humano’. Es lo mismo que, por ejemplo, plantearon Lula, Evo Morales o Boric en otros países. Pero estos proyectos fracasaron: no resolvieron las demandas populares que los llevaron al gobierno y desilusionaron a millones que buscaban una salida contra el poder económico y la derecha.

El Frente de Todos mostró la incapacidad del PJ para sacar al país de la decadencia. No enfrentó al gran poder económico. (…) Hoy ningún sector del PJ propone un proyecto diferente a su último gobierno, del que todas sus alas fueron parte.

Como se ve, el eje de la crítica del PTS al peronismo se circunscribe a señalar la inconsecuencia de este último para enfrentar a la derecha y al «gran poder económico». De conjunto, se trata de una concesión política. Porque, si bien señala que «el peronismo se divide entre quienes colaboran abiertamente y quienes denuncian pero no pelean en serio», lo cierto es que el peronismo, en su conjunto, desarrolla una clara política de colaboración con el gobierno libertario. Basta con observar el papel de los gobernadores peronistas, que ejecutan la motosierra en sus respectivas provincias; el de los legisladores, que vienen de aprobar los pliegos de los jueces de Lago Escondido y sin cuyos votos hubiera sido imposible sancionar todas las leyes antiobreras y antinacionales aprobadas durante los dos primeros años del gobierno de Milei; el de todos sus sectores que boicotean la lucha contra el genocidio sionista del pueblo palestino, cuando no hacen causa común con los Netanyahu; y el de la burocracia sindical de todos los pelajes, que ha colaborado en la entrega de conquistas históricas de los trabajadores.

Que existan matices y disimulos en torno al colaboracionismo que desarrollan las distintas alas del peronismo con el gobierno reaccionario no modifica este hecho. De lo que se trata, para las fuerzas que se reclaman de la izquierda obrera y socialista, es de explicar el porqué del colaboracionismo del peronismo, algo que el Manifiesto del PTS no hace. Y la razón es muy sencilla: su carácter de clase, es decir, su condición de movimiento político burgués. El ejemplo más claro y nítido nos lo ofrece nada menos que el ala «izquierda» del peronismo: Axel Kicillof. Su negativa a ejecutar la «ocupación temporánea» de Fate, planteada por el Sutna y la asamblea obrera, y no otorgando siquiera una mísera reunión a los trabajadores -que, con sus siete meses de ocupación y lucha, se han ganado el apoyo del pueblo argentino- representa una señal inconfundible del gobernador bonaerense al patrón Madanes Quintanilla y, más de conjunto, a toda la clase capitalista nacional. Kicillof se anota para ser el candidato de Madanes, no de los obreros.

Por eso, no alcanza con decir que «sectores del PJ proponen un ‘capitalismo regulado'» y que eso «ya fracasó». Pues puede haber «sectores del PJ» que propongan un capitalismo más o menos regulado que el de las experiencias pasadas. Lo que importa es señalar el carácter de clase del peronismo y que el capitalismo, con mayores o menores regulaciones, conduce a una mayor pauperización relativa e incluso absoluta de los trabajadores. De más está decir que la invocación a las «regulaciones» confunde más de lo que esclarece. Tratándose de un manifiesto, es decir, de un texto que pretende abordar cuestiones estratégicas, debería señalarse que no existe un capitalismo sin regulaciones, porque ello supondría, en última instancia, un capitalismo sin Estado: el sueño de los libertarios, que, al descubrir que semejante perspectiva pertenece al reino de la utopía, terminaron arrojándose en brazos del mayor regulacionista del mundo, Donald Trump. Los movimientos políticos de la burguesía que reivindican distintas formas de regulación lo hacen siempre en función de sus propios intereses de clase. El socialismo no consiste en una suma de regulaciones «consecuentes» ejercidas por el Estado burgués, sino en la gestión obrera de una economía basada en la propiedad colectiva de los medios de producción.

Las concesiones del PTS al peronismo se vuelven más marcadas cuando se trata de establecer una delimitación política con la principal figura y referente del nacionalismo burgués criollo: Cristina Fernández de Kirchner. En su intento por tender un puente hacia la base electoral kirchnerista, el PTS se limita a denunciar el carácter proscriptivo de la condena y el encarcelamiento de CFK. Sin embargo, omite señalar sus responsabilidades políticas en el desarrollo y la proliferación de la corrupción durante sus gobiernos. Esa corrupción tuvo consecuencias trágicas, desde el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra hasta la masacre de Once, y también episodios dantescos, como los bolsos repletos de dólares de José López en el convento. No solo el PTS, sino también el MST e IS, participaron de las concentraciones realizadas frente al domicilio de CFK. El Partido Obrero, en cambio, denunció el carácter proscriptivo de la condena contra la expresidenta y se movilizó a Plaza de Mayo, pero sin establecer ninguna solidaridad política con CFK y señalando, al mismo tiempo, sus responsabilidades en la corrupción desarrollada bajo sus gobiernos.

Avancemos ahora con el análisis del tercer capítulo del Manifiesto del PTS, donde se procede al desarrollo de su programa. Detengámonos a analizar algunas de sus formulaciones: «

(…) los Rocca, los Madanes o la UIA son la gran ‘burguesía nacional’ que viene hundiendo al país, atacando a la clase trabajadora, despidiendo y negociando el saqueo nacional como socia menor del imperialismo. Esa clase capitalista no puede darle ninguna salida a las mayorías populares.

Que la «gran ‘burguesía nacional'» carga con una clara responsabilidad por la crisis nacional, por su ataque a los trabajadores y por su asociación con el imperialismo es algo incuestionable. Pero señalar que «esa» clase capitalista no puede darle una salida a las mayorías populares, como afirma la última oración del párrafo citado, es abrir una ventana a la idea de que «otra» clase capitalista sí podría hacerlo. Si se hubiera querido ser claro, bastaba con decir que es «la» clase capitalista, tomada en su conjunto -no «esta» o «aquella»-, la que no puede ofrecer una salida a las masas trabajadoras. No importa que se trate de una clase capitalista más grande o más pequeña, que esté más o menos asociada al imperialismo o incluso en choque con él. La burguesía, en tanto clase usufructuaria de las relaciones de propiedad capitalistas, es incapaz de dar una salida a las aspiraciones obreras y populares. Que no estamos ante una disquisición teórica sin consecuencias políticas acaba de ser desmentido recientemente en el Congreso Nacional. El PTS (junto con IS) brindó su consentimiento para que en la sesión especial para tratar el DNU 70/23 se amplíe el temario con la incorporación del emplazamiento a comisiones para el tratamiento de una «ley de emergencia pyme» de autoría de sectores del peronismo y del panperonismo, cuyo contenido es un rosario de subsidios para las patronales a costa del presupuesto del Estado y en especial de los jubilados presentes y futuros.

Desde la campaña electoral presidencial de 2019 hemos mantenido con el PTS un debate vinculado a esta polémica. En aquel entonces, el PTS propuso modificar la histórica consigna «que la crisis la paguen los capitalistas» por «que la crisis la paguen los grandes empresarios», pasando por alto, por ejemplo, que el 70 % de la fuerza laboral argentina registrada del sector privado tiene como empleadores a las llamadas pymes. Como se sabe, los pequeños y medianos empresarios no solo son explotadores, al igual que los grandes empresarios, sino que en muchos casos son los primeros en acudir a la superexplotación -es decir, a pagar salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo- para poder sostenerse y defender su competitividad. Este mismo debate se ha reproducido recientemente, ya que el borrador de documento enviado por el PTS para ser leído en la Marcha de la Bronca se limitaba a denunciar a los «grandes empresarios».

La cuestión tiene derivaciones de fondo que no pueden omitirse. Para los socialistas, la lucha contra el dominio del capital monopolista no se libra en nombre de un retorno a la pequeña propiedad y al libre mercado, sino sobre la base de un programa de expropiación del capital y de gobierno de los trabajadores. El monopolio es el resultado de la propia dinámica de concentración y centralización del capital, en una etapa en la que el capital financiero adquiere una preeminencia decisiva. Por su dimensión internacional, lleva a extremos inéditos la contradicción entre el carácter cada vez más social de la producción y la apropiación privada de sus beneficios. La planificación económica que los monopolios desarrollan en su interior, sin embargo, no suprime la competencia capitalista, sino que la reproduce en una escala superior y bajo formas más brutales. Lenin captó que esta socialización creciente de la producción y la organización económica alcanzada por los grandes monopolios crean las bases materiales para la construcción del socialismo. De lo que se trata, por lo tanto, no es de retroceder desde el monopolio hacia la pequeña propiedad, sino de extender al conjunto de la economía la planificación que aquellos desarrollan en su interior, suprimiendo su fundamento capitalista. Para ello es necesario terminar con la propiedad privada de los medios de producción y establecer una gestión integral de la economía por los trabajadores, mediante un Estado obrero. La defensa de los pequeños capitales -las pymes, en nuestro lenguaje corriente- como alternativa al gran capital pertenece al horizonte ideológico del socialismo pequeñoburgués, no al del marxismo revolucionario.

Seguidamente al párrafo anteriormente citado, el Manifiesto señala:

La historia de la decadencia nacional es resultado, justamente, de la dominación de una clase capitalista atada por mil lazos al imperialismo. La fuga de capitales, los dolorosos pagos de la deuda, las ganancias que se llevan las multinacionales y la extraordinaria renta agraria, muestran que el problema no es la falta de recursos potencialmente disponibles para realizar inversiones más urgentes que permitan mejorar las capacidades productivas para satisfacer las necesidades postergadas de la población. El problema fundamental es que el poder económico se apropia de la riqueza que generan millones. Necesitamos un nuevo orden económico, político y social.

Repetimos: no se trata de negar el saqueo capitalista de la Argentina por parte del capital imperialista ni tampoco la asociación de una parte de la burguesía nacional con el imperialismo. Pero la formulación plasmada en la primera oración del párrafo de marras coloca estos elementos como los factores excluyentes del hundimiento nacional y de la pauperización de las masas trabajadoras: el problema nodal de la decadencia del país sería el dominio de «una» clase capitalista asociada al imperialismo. Esto está en línea con el párrafo anterior, que señala a «esa clase capitalista» que, por ser «socia menor del imperialismo», es incapaz de dar una salida a las mayorías populares. Nuevamente, se absuelve a una parte de la burguesía nacional y, más de conjunto, al modo de producción capitalista. Los socialistas denunciamos el sometimiento de la burguesía nacional al imperialismo no en nombre de un programa de capitalismo nacional -por completo inviable en la etapa histórica de dominación del capital financiero-, sino desde una perspectiva permanentista. Es decir, desde una estrategia que parte de afirmar que la ruptura con la dominación imperialista solo podrá ser obra de un gobierno de los trabajadores, capaz de combinar desde el poder las tareas nacionales con las tareas socialistas de ataque al capital y, al mismo tiempo, luchar por la extensión internacional de la revolución proletaria.

Cuando se sostiene que la Argentina «tiene recursos», pero que el problema es que las multinacionales fugan o distribuyen las ganancias y no las «invierten» en la mejora de las «capacidades productivas» del país, el Manifiesto del PTS incurre en un planteo de corte nacionalista que de ningún modo cuestiona los marcos del capitalismo. El párrafo señala que el «problema fundamental» de la crisis nacional es el «poder económico», que se apropia de la riqueza que «generan millones». Pero ¿quién sería, exactamente, el «poder económico»? La utilización de una categoría confusa, ajena a la tradición marxista, tributa a la absolución del régimen social de producción capitalista como responsable primordial del deterioro social. Se trata de un lenguaje tomado del peronismo, que presenta al «poder económico» como una esfera separada del «poder político» y alimenta así la ilusión de que el Estado podría actuar con independencia de aquel e, incluso, enfrentarlo, siempre que el gobierno estuviera en manos de… un peronista. No se puede pasar por alto que estamos ante una peligrosa penetración de la ideología burguesa en el seno de fuerzas que se reclaman socialistas. El marxismo elaboró un concepto totalizante que supera esa falsa dualidad del discurso peronista. El concepto de Estado burgués integra dinámicamente la relación entre la clase capitalista y la burocracia que maneja el Estado, que puede ser civil, militar o hasta monárquica. A diferencia de las otras formaciones clasistas del pasado, la sociedad capitalista se distingue por el hecho de que el manejo del Estado es delegado en una burocracia, en vez de que sea asumido directamente por la clase dominante. Esta, sin embargo, sigue manejando los resortes de la sociedad al detentar la propiedad de los medios de producción, de la tierra, las finanzas y los medios de comunicación. Siendo un régimen de competencia, muchas veces, los intereses del sistema capitalista en su conjunto son asumidos por la burocracia estatal más que por los capitalistas de carne y hueso, preocupados antes que nada por la suerte de sus propios negocios. Por ello, separar al «poder económico» del «poder político» es un retroceso a los avances que el marxismo le otorgó a la sociología realmente científica. Ese tipo de discursos son propios de los editorialistas de C5N, no de un manifiesto socialista. En las pantallas de Cristóbal López se desarrolla justamente ese razonamiento. Se cuestiona, por ejemplo, a Alberto Fernández por no haber intervenido el monopolio cerealero Vicentin y se concluye que esa falta de determinación demostraría cómo el «poder económico» terminó imponiéndose sobre el «poder político». De allí se desprende una estrategia: la necesidad de un gobierno peronista que «se le anime a Vicentin» y establezca una suerte de YPF del comercio de granos. Los socialistas debemos combatir este programa por su contenido estrictamente capitalista. Una intervención de Vicentin, indemnización mediante, no solo habría significado el rescate de capitales quebrados, sino que habría apuntado a modificar el reparto de la renta agraria entre distintas fracciones de la propia clase capitalista. El programa socialista plantea, en cambio, el monopolio del comercio exterior bajo un gobierno de los trabajadores, como uno de los resortes fundamentales de una planificación económica dirigida por la clase obrera.

El remate del párrafo, al plantear la necesidad de «un nuevo orden económico, político y social» sin especificar la clase que debe poner en marcha ese «nuevo orden», termina por revelar una formulación reñida ya no solo con el socialismo, sino incluso con el anticapitalismo. A pesar de que los planteos programáticos y de poder están desarrollados en los capítulos tres, cuatro y cinco, hay que llegar al capítulo ocho del Manifiesto para enterarnos de que el fin del PTS es una «sociedad socialista».

Concluyamos esta segunda parte de la crítica al Manifiesto del PTS analizando el pliego de demandas programáticas desarrolladas en el capítulo tres. En las distintas áreas en las que el Manifiesto plantea nacionalizaciones -como, por ejemplo, las fábricas vaciadas por sus patrones, el transporte público, el sistema energético, los recursos naturales, la tierra, etc.- está completamente ausente un plan de expropiaciones sin pago, ni indemnización, al capital.

En el Programa de Transición, Trotsky alertaba contra las «nacionalizaciones» planteadas por los reformistas que, al habilitar indemnizaciones a los capitalistas, representaban una vía de rescate del capitalismo. De hecho, en la actualidad, todas las expropiaciones, nacionalizaciones o declaraciones de utilidad pública de tal o cual empresa o industria contemplan la indemnización al sector «expropiado». Fue lo que sucedió, por ejemplo, con la «expropiación» de Repsol por parte del kirchnerismo. Se trata, en consecuencia, de un rescate al capital.

Por eso, en el Manifiesto del Partido Obrero, titulado Contribución para el desarrollo de la izquierda y el socialismo en la Argentina¹³, los planteos de «estatización» o «nacionalización» fueron acompañados siempre por la fórmula «sin pago». Es decir, fueron concebidos como medidas anticapitalistas de reorganización del país bajo el liderazgo de la clase obrera. De parte del PTS, las omisiones apuntadas no representan un problema accidental. Son, evidentemente, el resultado de una orientación premeditada que, dicho sea de paso, rompe con los sucesivos programas firmados por los partidos del Frente de Izquierda.

III. El «partido de la nueva clase trabajadora»: un partido centrista

El partido que se deriva de este programa y de esta estrategia es, necesariamente, un partido centrista o democratizante. Y así lo confirma el propio Manifiesto en su capítulo siete, donde explica por qué es necesario “un movimiento por un gran partido de la nueva clase trabajadora”.

Para empezar, es evidente que el planteo de construir un partido de la «nueva clase trabajadora» deja afuera a la «vieja» clase trabajadora. La introducción, por parte del PTS, de una división entre la «nueva» y la «vieja» clase trabajadora representa un desatino. No porque pretendamos negar lo evidente, es decir, que existen distintos estratos y sectores de la clase trabajadora surgidos de renovadas formas de explotación capitalista, sino porque, en lugar de combatir esa división que la explotación capitalista impone a la clase obrera, el PTS se adapta a ella, ponderando a la «nueva» clase trabajadora en desmedro de la «vieja».

Nuestro compañero Sebastián Rodríguez, obrero gráfico y secretario general de la junta interna de la fábrica Morvillo (ocupada por sus trabajadores), escribió en la revista En Defensa del Marxismo un artículo titulado «Dos políticas para el movimiento obrero«. Allí desarrolló una crítica aguda a la nueva concepción adoptada por el PTS, explicando que a quien mejor le viene el concepto de «nueva clase trabajadora» es a los libertarios, que le plantean al obrero despedido que se «reinvente». En el artículo se señala también que, para los marxistas, no se trata de hacer «borrón y cuenta nueva», sino que se trata de defender la continuidad histórica de la clase obrera y de esforzarnos para que los trabajadores asimilen esa comprensión. A su vez, se pregunta por qué el movimiento piquetero -que surgió de la desocupación de los 90- nunca fue considerado por el PTS como una «nueva clase trabajadora» a la que haya que prestarle atención.

Justamente, dentro del campo de la izquierda, el PTS fue la fuerza que desarrolló con mayor profundidad una línea de oposición a la construcción del movimiento piquetero. De hecho, Albamonte y Maiello se valieron de citas de Trotsky y de Gramsci para justificar ese rechazo. Llegaron a señalar que «si la izquierda tiene un peligro, es ceder a las presiones del Estado vía administración de la asistencia social en el movimiento de desocupados»¹⁴. Pero es evidente que cualquier argumento destinado a darle la espalda a un movimiento de decenas de miles de trabajadores informales y desocupados -que, mediante sus acciones, logró ocupar un lugar protagónico y de vanguardia en la lucha de clases de la Argentina- no es más que la cobertura de una política conservadora. Se trata de un movimiento de lucha de los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora que, en numerosísimas ocasiones, logró instalar en el centro de la agenda política nacional los problemas de la pobreza, la miseria, el trabajo en negro y los bajos salarios, y poner de manifiesto las consecuencias devastadoras de los planes fondomonetaristas aplicados por los distintos gobiernos. Son estos los motivos por los cuales el movimiento piquetero es hoy objeto de una dura persecución por parte del gobierno de Milei.

Cuando el PTS habla del «partido de la nueva clase trabajadora» con una base programática centrista, que rechaza la dictadura del proletariado, no está produciendo ninguna innovación. Quien fuera la principal organización del Secretariado Unificado, la Liga Comunista Revolucionaria de Francia (LCR), en 2003 eliminó de su estatuto la lucha por la dictadura del proletariado. Fue justamente Daniel Bensaïd, uno de los dirigentes de la LCR con quien el PTS dialoga, quien en 2008 -luego del importante resultado de la LCR en las elecciones presidenciales francesas de 2007- reflotó su concepto «nuevo período, nuevo programa, nuevo partido», para avanzar en la disolución de la LCR y su reconversión en un «partido amplio»: el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA). El NPA fue concebido como un partido para la mera intervención electoral, donde se eliminó cualquier vestigio de estrategia obrera, socialista y revolucionaria. Para el «nuevo partido» el proletariado dejó de ser el sujeto revolucionario y ocupó su lugar una plétora de nuevos sujetos e identidades sociales. Como ya apuntamos más arriba, el Secretariado Unificado había planteado la sustitución del partido revolucionario por el foco armado y al proletariado por el campesinado. Medio siglo después insisten con la misma partitura, ahora planteando a los movimientos identitarios como las «nuevas vanguardias», pasando por alto que el feminismo, el ecologismo, los movimientos de diversidad sexual, etc., están atravesados por distintas clases sociales con intereses distintos y hasta opuestos. Es una ideología que concluye de modo inevitable en la colaboración de clases. Esto explica la evolución derechista del NPA, que concluyó con su integración en 2025 al Nuevo Frente Popular junto al PS imperialista. Esta evolución tuvo una estación previa en 2020: cuando el NPA comenzó a realizar acuerdos electorales con Francia Insumisa, la fuerza centroizquierdista nacionalista que tiene como referente nacional a Jean-Luc Mélenchon.

Que Albamonte y Maiello le reconozcan al Secretariado Unificado «hilos de continuidad revolucionaria» no es un detalle menor. Con esa afirmación están, por un lado, pasando la esponja a su propia participación en los llamados «partidos amplios» y, por el otro, dando una idea del rumbo del nuevo partido que pretenden construir. Pero la participación del PTS en los «partidos amplios» dejó su huella. Recordemos que la corriente del PTS en Francia, Revolución Permanente, en 2020, siendo aún parte del NPA, integró los acuerdos con Francia Insumisa en Burdeos, en aras de conquistar un concejal. La misma orientación oportunista llevó a la corriente brasileña del PTS, el MTR, ese mismo año, a integrar las listas del PSOL a través de las llamadas «candidaturas democráticas». El carácter derechista de muchísimas de las candidaturas del PSOL, en particular la de un excomandante de la Policía militar en Río de Janeiro, llevó al MTR a retirar sus candidatos en algunos municipios. Sin embargo, sostuvo las candidaturas de San Pablo, donde la lista se encontraba liderada por Luiza Erundina, que ya contaba con una larga tradición de participación en gobiernos capitalistas y represores (fue alcaldesa de San Pablo), y Boulos, que más tarde terminó como ministro del gobierno de Lula-Alckmin.

En definitiva, el partido de la «nueva clase trabajadora» -que apunta a organizar a «decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, de jóvenes, mujeres e intelectuales» para dar «pelea en las batallas político-electorales», etc.- representa la renuncia del PTS a la pelea por la construcción de un partido obrero y revolucionario para luchar por el socialismo. Pues es necesario conectar la orientación que el PTS sugiere «entre líneas» para su nuevo partido con su práctica política concreta. El ataque del PTS a la lucha de los obreros de Fate y del Sutna, utilizado como pretexto para romper el FIT-U en Bariloche y distintos frentes antiburocráticos en el movimiento sindical y estudiantil, guarda un enorme simbolismo. El PTS defeccionó de la lucha contra la burocracia sindical en las elecciones de la CTA-T. El frente antiburocrático del que el PTS decidió no participar está encabezado por la secretaria general del Suteba La Matanza y diputada nacional del FIT-U, Romina Del Plá, y enfrentará a la burocracia sindical kicillofista de Yasky y Baradel. Para colmo, la defección del PTS se produjo bajo el pretexto de exigir, como condición para participar, un pronunciamiento que volvía a echar tierra sobre la lucha de los obreros de Fate. En ese mismo tren, en la Marcha de la Bronca, el PTS rechazó otorgarles un lugar protagónico a los sindicatos combativos y prefirió darle un lugar destacado a la denominada «sociedad civil». Como se ve, el PTS ha avanzado sensiblemente en su menosprecio a la lucha por la recuperación de las organizaciones sindicales, que serían, evidentemente, parte de esa «vieja» clase trabajadora de la que su nuevo planteo político toma distancia.

En la misma dirección, el PTS se opuso y se opone al Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), a los movimientos piqueteros independientes y a las organizaciones de jubilados en lucha. Primero se mantuvo por fuera durante los dos años posteriores a su fundación, en el Estadio de Lanús, en 2018; luego pidió incorporarse para torpedear desde adentro buena parte de sus iniciativas; y, más recientemente, volvió a apartarse de la columna que el PSC desplegó en la Marcha de la Bronca. El PSC constituye un polo clasista nacional que desde hace años integra a organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados. Reúne una decena de sindicatos y seccionales recuperadas de la burocracia sindical, junto con cuerpos de delegados y activistas que, en 2025, debatieron un programa de independencia política de la clase obrera en un encuentro realizado en la Facultad de Ciencias Sociales, precedido por otro de similares características en Córdoba. La recuperación de Adosac, en Santa Cruz, y de UEPC Capital, en Córdoba, le dieron un nuevo impulso. Este reagrupamiento ha planteado, frente a cada iniciativa de la burocracia sindical, un curso independiente de lucha contra el colaboracionismo; impulsa listas de frente único y recientemente sumó al Suteba La Matanza, incorporación a la que el MAC-PTS se opuso hasta que el propio plenario de delegados resolvió su participación. Desde luego, el PSC también impulsó listas comunes de frente único en elecciones nacionales del movimiento obrero, como las constituidas en la CTA-A, Ctera y la CTA-T.

El dirigente del PTS, Christian Castillo, tanto en el Foro realizado en Sociales¹⁵ como en el debate de la UNLu¹⁶, denunció al PSC como un mero acuerdo de dirigentes, poniendo un signo igual entre las direcciones antiburocráticas y clasistas y las direcciones de la burocracia sindical. Lo hizo en favor de «formas de coordinación» de carácter nebuloso y sin una definición estratégica sobre una cuestión decisiva: la lucha por una nueva dirección clasista del movimiento obrero. Coordinaciones que, por otra parte, se producen en cada lucha independiente de los trabajadores. El PSC no se propone como una nueva central sindical, sino como una corriente dentro del movimiento obrero que, mediante el frente único antiburocrático y clasista, lucha por una nueva dirección clasista de los sindicatos y centrales obreras. Tampoco se constituye como un brazo del FIT-U, sino como un campo político dentro del movimiento obrero en el que militan distintas corrientes de izquierda, pero que las trasciende.

En este debate resulta particularmente ilustrativa la posición sostenida por el PTS durante la elaboración del documento de la Marcha de la Bronca, cuando planteó «pelear para que las direcciones de los sindicatos se pongan al frente de la huelga general». Es decir, la «autoorganización» y las «autoconvocatorias» terminan significando, en la concepción del PTS, que la izquierda en el movimiento obrero actúe como un factor de presión sobre la burocracia sindical y no como una corriente cuyo horizonte estratégico sea expulsarla de los sindicatos y conquistar una nueva dirección clasista. A ese objetivo sirven también las «coordinaciones» sin programa que el PTS contrapone a la construcción de un polo clasista nacional. En este plano, su política de autoconstrucción aparece nuevamente como la contracara de una orientación que deja las manos libres para adaptaciones oportunistas en el movimiento obrero.

Un recorrido por la intervención del PTS en la última década da cuenta de cómo ha perdido sostenidamente incidencia en el movimiento obrero y se ha volcado, de manera cada vez más pronunciada, a un desarrollo basado en la intervención electoral: «el partido de Myriam y de Nico». Evidentemente, la conversión del PTS en un «partido de la nueva clase trabajadora» representaría un nuevo salto en ese rumbo electoralista. La entrevista a Albamonte y Maiello contribuye a esclarecer las características que tendría ese nuevo partido. Los dirigentes del PTS pretenden justificar esta orientación apoyándose en el concepto leninista de «tribunos del pueblo». Allí sostienen:

Lo que define al ‘tribuno del pueblo’ para Lenin no es solo que denuncie todos los agravios de los oprimidos, sino qué hace con esa denuncia. Es un concepto de combate. Y esto no se soluciona con agitar en general ‘huelga general’ y ‘fuera Milei’ como si fuera un mantra. (…) El problema es cómo se construye efectivamente la huelga general. (…) Hay corrientes que denuncian y se mantienen en el ‘dogma’ socialista, pero en la práctica se adaptan al sindicalismo más ramplón, aunque sin dejar de gritar ‘huelga general’.

El operativo de cobertura teórica por izquierda de una política claramente democratizante, por parte de Albamonte y Maiello, es alevoso. El PTS polemiza, de manera elíptica, con el PO, contraponiendo la figura de los «tribunos del pueblo» a la consigna «Fuera Milei» y a los «dogmáticos» socialistas que, según ellos, practican un «sindicalismo ramplón».

Para empezar, señalemos que los tribunos del pueblo de Lenin repetían como «un mantra» la consigna «¡Abajo la autocracia!». Justamente, es una de las consignas fundamentales que Lenin defiende en su ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento al plantear la necesidad de que la socialdemocracia revolucionaria rusa cuente con sus tribunos del pueblo. Evidentemente, para el PTS, sus «tribunos del pueblo» deben ser más moderados que los que defendía Lenin. Por eso el PTS -al igual que la totalidad de la izquierda argentina dentro y fuera del FIT-U, con la única excepción del PO- rechaza la consigna «Fuera Milei». Apuntemos que el PTS no acompañó siquiera el planteo de juicio político del bloque del PO en Diputados, adaptándose a los límites de la «Comisión Libra», de pedidos de informe en interpelación. El planteo de juicio político, basado no solo en la corrupción sino en el incumplimiento de leyes -como la de financiamiento universitario o discapacidad- cumplió la función de apoyar en el parlamento el planteo de «Fuera Milei», que los movimientos de lucha y acción directa sostienen en las calles.

Pero la consigna «Fuera Milei», unida al planteo de «huelga general», cumple un enorme papel educativo. Existen tres motivos fundamentales. El primero es que subraya que las reivindicaciones obreras y populares, consideradas de conjunto, son incompatibles con el gobierno libertario y que, por lo tanto, es necesario echarlo mediante una huelga general. El segundo motivo es que pone de manifiesto que las necesidades obreras y populares son infinitamente más importantes que la institucionalidad burguesa y su calendario electoral. Se trata de un concepto fundamental sobre el que debe insistir la izquierda, para socavar la idealización que las masas se han formado de la democracia capitalista. En tercer lugar, la consigna sirve para desenmascarar al peronismo, que justamente la rechaza porque no quiere romper con esa institucionalidad, en tanto partido del capital. Por último, debe decirse que este planteo es cien veces más revolucionario que fijar como horizonte estratégico de un gobierno del Frente de Izquierda la convocatoria a una Asamblea Constituyente del régimen y condicionar la aplicación de un programa obrero y anticapitalista a su aprobación en ese ámbito.

Como señalamos en el Manifiesto del PO, en el campo de la izquierda el rechazo a la consigna «Fuera Milei» refleja una adaptación, más o menos solapada, al democratismo burgués. El rechazo del PTS a las consignas «destituyentes» tiene antecedentes. De hecho, rechazó levantar la consigna «Fuera Trump» en el marco de la rebelión popular desatada en 2020 tras el asesinato de George Floyd, debate que tuvo lugar en la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos; rechazó también levantar la consigna «Fuera Berni», que golpeaba como ninguna otra al responsable del aparato represivo y al encubrimiento de los gobiernos de Kicillof y Fernández frente a la desaparición del joven Facundo Castro en Bahía Blanca, en 2020 y al jefe de la salvaje represión de Guernica; y, finalmente, rechazó levantar la consigna «Fuera Macron» durante la huelga general en Francia de 2023. Naturalmente, una eventual materialización de estas consignas no equivalía al triunfo del socialismo en Estados Unidos o en Francia, ni al fin del aparato represivo del Estado en la provincia de Buenos Aires. Pero colaboraban a orientar un movimiento de lucha y, de concretarse, hubiera redundado en un gran empoderamiento popular.

Pero volvamos al concepto «tribuno del pueblo». Desde luego, el concepto leninista mantiene plena actualidad para la lucha revolucionaria. Sin embargo, contraponer los voceros socialistas a la intervención sindical, calificando a esta última de «ramplona», representa una tergiversación que apunta a encubrir una orientación electoralista. Albamonte y Maiello nos explican que no se trata, simplemente, de «gritar huelga general» y, en ese sentido, destacan su impulso a la Marcha de la Bronca. Sin embargo, como ya señalamos, el PTS pretendió ningunear al sindicalismo combativo, tratando de imprimirle a la movilización un contenido «ciudadano». Pero ¿cómo se pretende realizar una huelga general si se menosprecia la organización en los lugares de trabajo, la recuperación de las organizaciones sindicales para la lucha y el combate a fondo contra la burocracia sindical entreguista? La lucha por la huelga general necesita de los organizadores de los lugares de trabajo. El Partido Obrero, incluso, ha destacado a importantes organizadores clasistas del movimiento obrero -como lo son Romina Del Plá, Néstor Pitrola y Vanina Biasi- como verdaderos «tribunos del pueblo». En la Cámara de Diputados y en los grandes medios de comunicación, nuestros compañeros se han destacado por ser grandes agitadores revolucionarios, denunciando los atropellos del capital y de sus Estados contra los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo, y levantando el programa socialista.

Vayamos ahora a otro aspecto que nos permitirá identificar mejor el carácter del nuevo partido que el PTS pretende construir: el «modelo» de partido, de su propia filiación política, en el que el PTS se inspira. Dos artículos de Albamonte y Maiello¹⁷, incluidos en su libro Debates y fundamentos sobre la lucha por el socialismo hoy, nos ofrecen una pista fundamental al respecto. En esos artículos, retoman el balance de la intervención de la corriente de Nahuel Moreno en la Argentina durante la década de 1970. Se trata, a las claras, de una reivindicación prácticamente acrítica del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Recordemos que el PST fue el resultado de una suerte de «disolución-copamiento» del PRT-La Verdad -la corriente morenista de la que proviene el actual PTS- en el Partido Socialista Argentino (PSA), una de las fracciones de la socialdemocracia argentina de aquella época. La disolución política del PRT-La Verdad en un programa de contenido nacionalista y frentepopulista se combinó con el copamiento organizativo del PSA, con el objetivo de hacerse de una personería legal de cara a las elecciones presidenciales. En definitiva, el PST fue el producto de una maniobra carente de principios, que luego tendría graves consecuencias políticas. La ausencia de una crítica por parte de Albamonte y Maiello a esta operatoria constituye una señal política poderosa.

Tengamos en cuenta que la política democratizante del PST no fue inocua. En marzo de 1974, luego del Navarrazo -el golpe policial contra Obregón Cano y Atilio López en Córdoba-, el PST pasó a integrar, junto con la UCR, el Partido Comunista, el Partido Intransigente, el Partido Revolucionario Cristiano, el Partido Socialista Popular, la Unión del Pueblo Adelante y el Partido Demócrata Progresista, el denominado «Grupo de los 8». Mediante una solicitada del 22 de marzo de 1974, el «Grupo de los 8» sostuvo su compromiso de «no ahorrar actitudes y esfuerzos para mantener y consolidar el proceso de institucionalización del país, en el régimen de la democracia y en la práctica de la convivencia y el diálogo constructivo». Se trató del pasaje, con armas y bagajes, del PST al frente popular. A partir de la publicación de este documento, los dirigentes del «Grupo de los 8», incluido Juan Carlos Coral, referente y candidato presidencial del PST, mantuvieron una serie de entrevistas directas con Juan Domingo Perón, en la Quinta de Olivos.

Como puede verse, cuando se articulan los planteos programáticos y de poder que enarbola el Manifiesto del PTS -como base para la constitución de un nuevo partido de la «nueva clase trabajadora»- con la práctica política concreta de ese mismo partido, comienza a delinearse con bastante claridad el rumbo emprendido. No se trata, por lo tanto, de formulaciones aisladas ni de deslices circunstanciales, sino de una orientación política más general. En ese sentido, el PTS aparece como la expresión de una combinación entre un neomandelismo y un neomorenismo.

IV. El lugar del Frente de Izquierda

La crítica rigurosa a la orientación emprendida por el PTS adquiere una importancia fundamental, porque lo que está en juego es el destino del Frente de Izquierda y, más aún, la proyección estratégica del ascenso de la izquierda. Aun con sus limitaciones, el FIT-U sigue constituyendo un campo de independencia política de clase y mantiene en su programa la lucha por un gobierno de los trabajadores. Esta característica lo distingue de numerosas experiencias de la izquierda internacional que, en el último período, han terminado integradas a gobiernos capitalistas, coaliciones de centroizquierda o frentes políticos con fuerzas reformistas y burguesas. Syriza, en Grecia, pasó de presentarse como una alternativa al ajuste, a ejecutar los memorandos de la troika; Podemos integró un gobierno de coalición con el PSOE; el PSOL participa del gobierno de Lula-Alckmin; el NPA-L’Anticapitaliste se incorporó al Nuevo Frente Popular junto a fuerzas como La Francia Insumisa, el Partido Socialista y el Partido Comunista; y los Socialistas Democráticos de Estados Unidos desarrollan buena parte de su intervención electoral en el terreno del Partido Demócrata.

El FIT-U, en cambio, no ha integrado gobiernos capitalistas, ni conformado bloques electorales con el peronismo o la centroizquierda. Esto no elimina sus contradicciones ni las tendencias de adaptación presentes en algunas de sus fuerzas -como se expresó, por ejemplo, en las alianzas que integró el MST antes de su incorporación al FIT-U o en las posiciones adoptadas por esa organización e Izquierda Socialista en el balotaje de 2023-, pero sí establece una diferencia política cualitativa. Una cosa es combatir dentro del FIT-U las tendencias democratizantes, electoralistas o de adaptación; otra muy distinta es borrar la frontera entre esas contradicciones y la integración efectiva a gobiernos o coaliciones de colaboración de clases. En política, más aún en política revolucionaria, no debe confundirse el potencial de conciliación de clases de los programas con su materialización directa. En el primer caso corresponde la polémica teórico-política; en el segundo la ruptura y el combate político directo. Desconocer esta diferencia elemental puede conducir a errores políticos groseros. Es lo que le sucede, por ejemplo, al grupo de Jorge Altamira, que pone un signo igual entre el FIT-U y experiencias abiertas de conciliación de clases y hasta de fuerzas políticas que gobernaron para la burguesía y el imperialismo, como son los casos de Syriza en Grecia y Boric en Chile. Esta posición, que escamotea la lucha política concreta, termina siendo el refugio de un sectarismo impotente y paralizante.

La forma correcta de abordar la defensa del FIT-U consiste en buscar superar sus límites, los cuales están determinados tanto por la situación política como por el programa de los partidos que lo integran. La peculiaridad del presente ascenso electoral del FIT-U y de la figura de Myriam Bregman, debe ser abordada de manera concreta. Aunque parece ocioso decirlo, de una caracterización correcta se desprenden con más facilidad las tareas políticas adecuadas. Por el momento, el ascenso del FIT-U tiene como punto de apoyo principal el reconocimiento popular a la izquierda por su oposición consecuente al gobierno de Milei, así como el apoyo y la participación en las luchas. En contraste con la izquierda, el peronismo es visto por amplios sectores de su propia base como impotente y/o cómplice del gobierno libertario. Pero esta visión crítica del peronismo no equivale a reconocer las razones de esa complicidad e impotencia. Por eso, dentro de quienes son críticos está ampliamente extendido el reclamo de un «frente anti-Milei» entre el peronismo y la izquierda. Así, junto con las presiones para la colaboración de clases de la burguesía aparece una presión desde abajo para que la izquierda renuncie a una construcción política autónoma.

En la lucha política que el FIT-U tiene planteada una de las tareas principales es desenvolver una clarificación de los intereses de clase del peronismo, poniendo de manifiesto que se trata de un partido político de la clase capitalista. Debemos emprender esta tarea más allá de toda especulación electoral, siendo conscientes de que sin esa clarificación el ascenso del FIT-U tiene bases endebles. Por ejemplo, una polarización electoral en 2027 podría golpear al FIT-U y a la candidatura de Myriam Bregman. Es prematuro, claro, trazar escenarios de ese tipo. Un ascenso de la lucha de clases facilitaría notablemente ese trabajo de clarificación política, al permitir a los sectores más activos de la vanguardia obrera y popular verificar por su propia experiencia la acción de cada fuerza política. En cambio, un clima de pasividad daría mayor margen de maniobra a la demagogia de la oposición burguesa.

El lugar conquistado por el FIT-U le permite no ser un observador pasivo sino una fuerza capaz de incidir en los acontecimientos. La condición para ello es, otra vez, la política a seguir. La propuesta de un Congreso o de una Asamblea Nacional del FITU apunta justamente a convocar a la vanguardia que lucha a organizarse políticamente con la izquierda revolucionaria como un medio para superar los bloqueos políticos que impone la burocracia sindical y, más en general, el nacionalismo burgués. El rechazo del PTS a esta propuesta, en función de una política de autoconstrucción, termina atentando contra la proyección misma del FIT-U. Sucede otro tanto con el rechazo a formar comités de base comunes del FIT-U, que potenciarían una intervención política unificada en los sindicatos y en los lugares de trabajo y de estudio.

La experiencia de una intervención común permitiría evaluar en la práctica el alcance de los acuerdos y el peso real de las divergencias. No existe otra forma de abordar, de manera real y leal, la posibilidad de construir en común un partido de la clase obrera. El Partido Obrero no renuncia a esa tarea, y por eso hemos hecho nuestro aporte. Señalamos que un partido de la clase obrera debe estar basado en un programa anticapitalista y socialista y organizado sobre la base del centralismo democrático. Dicho de otro modo: no un partido electoral, sino un partido de lucha de clases; no un partido centrista, sino un partido revolucionario para luchar por la dictadura del proletariado; no un partido de camarillas ni de ciudadanos, sino un partido de vanguardia organizado sobre la base del centralismo democrático; no un partido nacionalista, sino un partido internacionalista.

Con este trabajo -orientado a clarificar las divergencias estratégicas y programáticas que atraviesan al Frente de Izquierda- apostamos al involucramiento de la vanguardia obrera y juvenil en debates de enorme importancia. Ese es el camino necesario para la formación y la elevación política de la clase obrera, condición fundamental para la lucha por el socialismo.

1. Para debatir y organizarse. Salió el nuevo Manifiesto del PTS: ¿Cómo cambiamos la historia? LID 22/05/26 ↩︎
2. Entrevista con Emilio Albamonte y Matías Maiello: «Sobre el retorno de la cuestión estratégica y los debates a partir de la nueva ubicación de Myriam Bregman y la izquierda». Ideas de Izquierda 29/08/26 ↩︎
3. Manifiesto del Partido Obrero. Contribución para el desarrollo de la izquierda y el socialismo en la Argentina Prensa Obrera 26/6/2026. ↩︎
4. Maiello, Matías : «Apuntes sobre la lucha de ideologías más allá de la restauración burguesa» Ideas de Izquierda 14/01/24 ↩︎
5. Ídem ↩︎
6. Mosquera, Martín: «Luces y sombras de la ‘vía democrática’ al socialism» revista Jacobin n° 10. ↩︎
7. Trotsky, León: Bolchevismo y Stalinismo. Sobre la cuestión de las raíces teóricas e históricas de la IV Internacional https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1930s/bolchev.htm ↩︎
8. Trotsky, León: La Revolución China y las tesis del camarada Stalin 17/5/1927. https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/pcr/01.htm ↩︎
9. Manifiesto del Partido Obrero. Contribución para el desarrollo de la izquierda y el socialismo en la Argentina Prensa Obrera 26/6/2026. ↩︎
10. Las críticas de Gramsci a la teoría de la revolución permanente de Trotsky aparecen en distintos pasajes de los Cuadernos de la cárcel. En el Cuaderno 1, §44, al referirse a la fórmula de Marx de 1848-1849, sostiene que, retomada y reelaborada por el grupo Parvus-Trotsky, resultó «inerte e ineficaz en 1905 y después», y la caracteriza como una construcción abstracta. En el Cuaderno 6, §138, considera a Trotsky «el teórico político del ataque frontal en un período en que éste sólo es causa de derrota». En el Cuaderno 7, §16, se pregunta si la teoría trotskista de la permanencia del movimiento no constituye «el reflejo político de la teoría de la guerra de maniobras» y llega a afirmar que su teoría «no era válida ni quince años antes ni quince años después», contraponiendo esta orientación a la guerra de posiciones que atribuye a Lenin. Finalmente, en el Cuaderno 13, §7, sostiene que, después de 1870, la fórmula de 1848 de la «revolución permanente» fue «elaborada y superada» por la de «hegemonía civil». Véase Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, edición crítica a cargo de Valentino Gerratana, Ediciones Era, México, cuadernos y parágrafos citados.
      ↩︎
11. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Cuaderno 14, §68, «Maquiavelo», edición crítica a cargo de Valentino Gerratana, Einaudi, Turín, 1975, p. 1730 (traducción propia del italiano). ↩︎
12. Heller, Pablo: «Gramsci: una lectura crítica de su legado teórico y político» En Defensa del Marxismo N° 50. ↩︎
13. Manifiesto del Partido Obrero: Contribución para el desarrollo de la izquierda y el socialismo en la Argentina ↩︎
14. Maiello, Matías y Albamonte, Emilio: «Trotsky, Gramsci y la emergencia de la clase trabajadora como sujeto hegemónico» Ideas de Izquierda 7/3/21. Ver: ↩︎
15. Las vías, el método y el programa, Foro del Frente de Izquierda ↩︎
16. Debate del FIT-U en Luján ↩︎
17. Emilio Albamonte y Matías Maiello: «Los herederos del Cordobazo: conclusiones políticas del ‘1905′ argentino» en Ideas de Izquierda  05/05/24, y «Liberalismo y peronismo: dos ‘relatos’ para borrar la insurgencia de la clase trabajadora de la historia política nacional» en Ideas de Izquierda  21/04/24 ↩︎